Lo que esconde el conflicto de La Escondida

Chile

Por: Pedro Aravena*    ARGENPRESS.info

Haciendo un símil entre el conflicto de los estudiantes con el Ministerio de Educación y el de los trabajadores con la transnacional propietaria de “La Escondida”, bien podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que ambos evidencian las crisis de las instituciones neoliberales que administran tanto la Educación como el Cobre, Así lo vocearon los educandos cuando marcharon por las calles de Santiago, “mineros y estudiantes unidos adelante”.

Actualmente y como consecuencia de la antipatriótica voluntad de la dictadura, la mayoría de la producción cuprífera se encuentra en manos privadas y especialmente de empresas transnacionales, lo que ha redundado en una pérdida ostensible para el patrimonio nacional, a la luz de los altos precios del mineral, que de haber estado en manos estatales pudo haber significado ganancias que hubiesen permitido resolver de raíz las carencias en materia de salud, vivienda, educación y trabajo, afectan a nuestro país. Por el contrario, los directivos de la transnacional, dominada por la anglo-australiana BHP Billiton, han obtenido pingües ganancias que les han permitido recuperar rápidamente el total de su inversión y sólo destinar una ínfima parte de estas a impuestos, dada la regresiva estructura tributaria chilena.

Pero no sólo se trata de una cuestión económica, ya que si bien, la producción de cobre de la compañía equivale al 20 por ciento de la producción total del metal en Chile, lo que representa un 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto del país, cabe señalar que lo hace con una dotación permanente de más de 2.300 personas y con otros 1.900 empleos permanentes a través de empresas contratistas, para todos los cuales no existe el paradigma neoliberal de que las remuneraciones deben estar en directa relación con la productividad y los resultados obtenidos por las empresas. Por el contrario, la patronal ha intentado desprestigiar las peticiones sindicales, omitiendo las extremas condiciones en que se desarrollan las labores y utilizando a los trabajadores del subcontrato para continuar las faenas de manera ilegal, tratando de oponer, de hecho, a los más discriminados en contra de sus compañeros.

Esa enorme proporción existente entre trabajadores del subcontrato y los trabajadores con contrato permanente, de alrededor de un 45% del total del plantel productivo de La Escondida, se acrecienta en el caso de Codelco, a casi dos tercios en algunas de sus divisiones, realizando muchos de estos trabajadores de marginada condición, labores similares a las de los trabajadores de la mandante, con equipos y bajos las órdenes de funcionarios de Codelco, no obstante lo cual sus remuneraciones son arbitrariamente ínfimas y no resisten comparación alguna. Con el agravante, en el caso de Codelco, de que se han detectado que bajo la anterior administración de Villarzú, su ejecutivos superiores han obrado como casta, al auto conferirse jugoso bonos por productividades muy discutibles y al estar vinculados a numerosos contratos a honorarios entre Codelco y terceros, al mismo tiempo que con violencia descalificaban groseramente y reprimían el legítimo movimiento de la Coordinadora de Trabajadores Contratistas por un bono de sólo $ 500.000, llevado a cabo durante el verano recién pasado.

Los trabajadores de las empresas contratistas miraban con interés las posibilidades que podría implicar el proyecto de ley sobre subcontrato y de trabajo temporario, en cuanto a poner término a los abusos e inequidades de que son objeto por parte de sus empleadores con la complicidad y complacencia de la plana mayor de Codelco, esperanza que ahora se esfuma al tenor del cuestionable fallo del Tribunal Constitucional, que imitando las peores prácticas del poder judicial, se ha basado en formalismos para cohonestar una injusticia del porte de una catedral respecto del nuevo concepto de empresa que traía el proyecto, ya que sobre las base de sociedades de papel, se seguirá explotando brutalmente a más de 1.500.000 de trabajadores, según datos extraoficiales, por lo que el senador Escalona tiene toda la razón al emplear términos que exactamente describen lo que ocurre y seguirá ocurriendo con el actual concepto de empresa del Código del Trabajo, que permite todo tipo de subterfugios para eludir obligaciones laborales y previsionales.

Todo esto nos dice que la estructura de propiedad y de explotación de los yacimientos del Cobre, que conforma, al igual que en la educación, un mayor porcentaje de propiedad privada por sobre la pública, es altamente inconveniente para los intereses generales del país, más aun cuando la empresa estatal debe hacer entrega de un 10% de sus ganancias totales para el gastos militares, toda vez que se trata de un recurso no renovable, por el que ni siquiera se paga la renta minera, que a lo menos debiera alcanzar a un 15% del valor del contenido metálico de los minerales, de acuerdo a estándares internacionales y no el supuesto royalty 2, que nunca se pagará, de iniciativa del gobierno de Lagos.

Tampoco el sistema de condiciones de trabajo y de remuneraciones en vigencia en la gran industria minera del Cobre contribuye a mejorar los niveles de vida de los trabajadores y sus familias, pues que gran parte de la mano de obra asalariada es menoscabada social y económicamente de modo deliberado, tanto en la empresa privada como la estatal, lo que ha pasado a constituirse en un mecanismo estructural de dicho subsector productivo, que artificiosamente les permite mantener niveles productividad basados realmente en la miseria de un gran parte de los trabajadores de dicha industria minera, a quienes mantienen divididos sindicalmente y refugiándose en la legislación laboral pinochetista, se les impide negociar colectivamente de manera conjunta, conforme a los principios de la OIT. Sobre esto último, no podemos pasar por alto la gran decisión de lucha y unidad demostrada por los trabajadores de La Escondida, que tras un largo período de acumulación de recursos, han ido adelante decididamente a obtener compensaciones equivalentes a sus esfuerzos, pese a la represión, las amenazas y las prácticas antisindicales. En la movilización del Sindicato de La Escondida, no sólo se juega la suerte de sus socios, sino de la de gran parte de los trabajadores chilenos y su éxito alentará nuevas y mayores jornadas de movilizaciones, como lo fuera la de la Coordinadora Nacional de Contratistas, las que ya se avecinan en la Gran Minería del Cobre, que deben ser abordadas con amplitud de miras y sin las habituales tendencias corporativas, incorporando limitaciones a la discriminación de los trabajadores de empresas contratistas y la igualdad de trato.

De allí la importancia del llamado que hiciera el Presidente la CUT para intercambiar experiencias entre las distintas organizaciones de trabajadores y unificar criterios, entreviendo claramente lo pernicioso que resulta para el interés nacional que el Cobre esté, en gran parte, en manos del capital transnacional.

* Pedro Aravena es Abogado laboralista. Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile.