Dicoex Informa. INFORMATIVO EXTERIOR
Santiago, 20 de octubre 2006
Estimados y estimadas compatriotas:
La Dicoex quiere contribuir a una mejor información sobre algunos temas de interés y es por esta razón que les adjuntamos las siguientes notas.
Senado aprueba bono para exonerados políticos del sector privado
El pasado 18 de octubre el Senado aprobó el proyecto de ley que concede por una sola vez un bono extraordinario de $ 3 millones, a los ex trabajadores del sector privado de las empresas autónomas del Estado intervenidas, y que fueron expulsados de sus trabajos por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 29 de septiembre de 1975.
El bono se pagará en su totalidad por el Instituto de Normalización Previsional, INP, de acuerdo a un cronograma establecido, a partir del mes subsiguiente a la acreditación del beneficio. Según información entregada por el INP, el pago de este bono a los chilenos residentes en el exterior se hará de la misma forma en que, actualmente, se cancelan las pensiones no contributivas de la Ley de Exonerados.
Según el reglamento, el otorgamiento de este bono extraordinario solamente lo recibirán aquellas personas que hayan optado y que estén recibiendo la pensión no contributiva establecida por la ley 19.234. Incluyendo, los beneficiarios de sobrevivencia.
No podrán acceder a dicho bono, aquellas personas que por distintas razones optaron a jubilaciones del sistema de régimen normal o por el beneficio de las pensiones fijadas por la Ley Valech, que estableció la incompatibilidad entre la pensión de exonerados y la pensión Valech, además de los exonerados políticos que optaron por la reliquidación del Bono de reconocimiento por estar percibiendo pensión por AFP o Compañía de Seguros.
Los senadores de la Concertación reclamaron hacer justicia con los siete mil exonerados políticos de las cajas de empleados particulares. La iniciativa será despachada al Poder Ejecutivo para que la Presidenta de la República lo promulgue.
En lo esencial, el proyecto tiene por objeto reparar las diferencias que se produjeron entre los ex trabajadores del sector publico y privado intervenido, como consecuencia de un error en el método de cálculo de los beneficios previsionales otorgados por gracia a los exonerados políticos, dado que no se contempló la devaluación que sufrió el Escudo en Septiembre de 1975 que fue de un 1000%, lo que redundó en pensiones de jubilación inferiores. Los gobiernos de la Concertación solucionaron el problema a los afiliados del Instituto de Normalización Previsional, INP, los que jubilan con el 80 por ciento del promedio de los tres últimos años. A diferencia, de esos ex trabajadores que jubilan con el 30 por ciento del promedio del sueldo.
Piden reapertura de Comisión Valech
La reapertura de la Comisión Valech, a objeto de incorporar los casos que por falta de información no se presentaron en el plazo que venció en julio del 2005, fue solicitada por la bancada de diputados del PPD al Ministro del Interior, Belisario Velasco.
La diputada Adriana Muñoz, una de las impulsoras de esta iniciativa, señaló que pretenden solicitar al gobierno que los beneficios educacionales, en este caso las becas que establece la Ley, y cuyos beneficiarios no podrán hacer uso por edad o enfermedad, sean transferidos a sus hijos o nietos.
La ley Valech estableció que pueden optar a los beneficios educativos las personas que fueron impedidas de continuar sus estudios por motivo de la prisión política y tortura. Sin embargo, dicho beneficio es personal y no transferible a terceros ni a herederos. Por otro lado, los beneficiarios que se encuentren en el extranjero están impedidos de hacer uso de esta regalía ya que la Ley señala que "los establecimientos ya sean públicos o privados tienen que estar reconocidos por el Ministerio de Educación", a fin de cumplir con la devolución de pagos por aranceles mensuales y matrículas.
En Comisión de DD.HH: Propuesta del Gobierno sobre ejercicio del derecho a voto exterior fue aprobada, en general y particular
La propuesta enviada por el Gobierno que otorga el ejercicio del derecho a sufragio a los chilenos residentes en el exterior, y que lleva la firma de la señora Presidenta de la República, fue aprobada en general y particular, en la sesión del miércoles 4 de octubre pasado por la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Tucapel Jiménez.
Actualmente, dicho proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, y es probable que en las próximas semanas pase a la Sala. Corresponderá a la diputada Isabel Allende, encargada por la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, hacer la presentación de este acuerdo ante la Sala de Diputados a fin que continúe la tramitación.
El proyecto establece que "procederá realizar votaciones en el extranjero cuando corresponda elegir Presidente de la República y en casos de plebiscitos regulados por la Constitución Política de la República". En el mismo cuerpo legal se indican las normas sobre los procedimientos preparatorios del acto electoral, los escrutinios y los sufragios emitidos en el exterior, como también de las reclamaciones electorales, mantenimiento del orden público en el acto electoral y sobre diversas sanciones y procedimientos judiciales.
Como "una fecha memorable para los derechos ciudadanos de los chilenos y chilenas residentes en el exterior" calificó la aprobación la Directora de Dicoex, Anita de Aguirre Hoffa, quien asistió a la sesión en la Cámara de Diputados, en Valparaíso. Así, luego de 14 años de debates y propuestas, que se iniciaron con la primera presentación del diputado demócrata cristiano Carlos Dupré, en 1991 con el retorno a la democracia, y que continuaron, en el 2005, con la moción de la Diputada Allende, el Gobierno de la Presidenta Bachelet concreta una de las demandas más sentidas de miles de chilenos residentes en el exterior.
Debido a una serie de reclamos, un grupo de parlamentarios de la Concertación anunciaron que solicitarán al Gobierno la agilización en la entrega de los beneficios que les corresponde a los exonerados políticos.
Los diputados DC, Pablo Lorenzini, Gonzalo Duarte y Carolina Goic; los PPD, Adriana Muñoz y Jaime Quintana; el Radical, José Pérez y el Socialista Iván Paredes señalaron que "hemos decidido apurar a los entes públicos, que consideremos responsables de no dar respuestas a las solicitudes de los exonerados políticos".
Adriana Muñoz dijo que "en el oficialismo hay un gran malestar por la desidia en los procesos de calificación y de entrega de beneficios a unos 24 mil exonerados". Por su parte, el diputado Lorenzini agregó que "se trata de una interpelación para determinar por qué no se ha trabajado con rapidez en el tema".
Los diputados revelaron que presentarán "un proyecto sobre silencio administrativo a fin de que si en el plazo de un mes no se da respuesta a una solicitud de un exonerado político, ésta se debiera entender por aceptada".
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