“No olvides nunca que los menos fascistas
de entre los fascistas, también son fascistas.”
Roque Dalton
Por Andrés Figueroa Cornejo
8 meses de cautiverio y casi dos meses de huelga de hambre llevan los jóvenes prisioneros políticos acusados por lo jamás probado; por un régimen que mortifica con inquina brutal la disidencia de las ideas y las formas de vivir distintas a las que reproducen al disciplinado consumidor y al cliente manso.
Como resumen del odio de la minoría mandante que organiza la miseria en Chile, el mal llamado “Caso Bombas” resulta un paradigma, un modelo ejemplar que persigue atemorizar las manifestaciones de descontento social, criminalizar la protesta legítima, y acentuar las condiciones de un Estado policial en el país.
El miércoles 13 de abril, en la acostumbrada manifestación pacífica de solidaridad de los familiares, amigos y personas de honda sensibilidad ante la situación de los prisioneros políticos, el centro de Santiago estaba copado de Carabineros y Fuerzas Especiales a lo largo de cuadras completas y bocacalles. Cualquier joven que pasara por allí en una de las horas punta de la Capital fue revisado por la policía. Y los que alcanzaron a cantar por la libertad de los prisioneros políticos fueron reprimidos dura e inmediatamente con gases y carros lanzaaguas. Se desconoce el número de detenidos y heridos.
El día anterior se había realizado una actividad solidaria, esta vez en la Plaza Ñuñoa, y el lunes 11 de abril un grupo de muchachos logró encaramarse a una pasarela a varios metros de altura de la Alameda, en la Plaza Italia, donde desplegaron un cartel por los mismos motivos. Allí también hubo detenidos.
Alejandra Morales es hermana de Pablo Morales, encerrado en el Módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad por el caso en cuestión. El juez Alejandro Peña solicitó para él presidio perpetuo simple como supuesto ‘líder de asociación ilícita’. Alejandra dice que debido a la huelga de hambre, los jóvenes “están muy débiles, pero fuertes de espíritu. Han bajado entre 10 a 12 kilos”, y agrega que “con el traslado del fiscal Peña al Ministerio del Interior se confirma la condición eminentemente política del caso. Pablo fue prisionero político en la década de los 90’ y esta en su huelga de hambre número 17. Nuestra única expectativa es la verdad y la libertad”. Explica que “las pruebas son irrisorias” y siente que “estamos luchando contra Goliat. Hoy nos está tocando a nosotros en particular, pero la aplicación de la Ley Antiterrorista puede ser utilizada contra cualquier persona. Además, ¿cómo puede usarse una ley antiterrorista si en Chile no existe el terrorismo, según los propios organismos internacionales?”
Verónica Garín es pareja de Omar Hermosilla, también privado de libertad en el Módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad. El fiscal Peña pide para él 10 años de presidio por ‘asociación ilícita’ y tres años por ‘financista de la asociación’. Verónica tiene un hijo con Omar y cuenta que su pareja “estuvo detenido en los 90’ por ser miembro del Mapu-Lautaro. Luego salió en libertad condicional a fines de 1999, y jamás dejó de solidarizar con los compañeros aún detenidos en aquel entonces. El fiscal Peña lo acusa de ‘financista’ porque en septiembre de 2009 recibió un monto de 900 euros ($ 700 mil pesos, 4 sueldos mínimos) desde el extranjero para ayudar a los familiares de algunos prisioneros políticos, y para una biblioteca popular de una casa ocupa. Cuando lo detuvieron él trabajaba en una empresa desde hace 10 años, a la cual sigue vinculado, y no lo han despedido. Sus colegas de empleo se han organizado para hacer colectas y llevarle alimentos a la prisión”.
Omar fue presidente del Comité de Administración del Block 72 de la Villa Olímpica, inhabitable después del terremoto de febrero de 2010. Como damnificado, Omar fue dirigente, ganándose la animadversión del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat (ex miembro de la dictadura de Augusto Pinochet como alcalde designado en esa municipalidad en 1987).
Verónica, periodista profesional, relata que “el fiscal Peña ha presentado, entre otras pruebas ridículas, una enorme cantidad de libros, entre los que están incautados textos periodísticos que se venden en las cunetas y librerías del país. Nosotros no somos ni anarkistas ni ocupas. Desde el gobierno se ha intentado generar temor entre las personas y organizaciones sociales para que no apoyen la libertad de los prisioneros”.
-¿Cómo luchar contra el temor?
“Blindados de solidaridad. Gente sin militancia ninguna nos ha hecho preciosa compañía.”
La solidaridad tiene relación originaria con la palabra ‘sólido’. Sólido amor y colaboración entre los seres humanos. Relación donde nos reconocemos en la necesidad, en la igualdad y la justicia. Síntesis de aquello que nos vuelve más humanos. La solidaridad es el arma ardiente que destruye el egoísmo y el temor.
Las razones profundas de la defensa
Alberto Espinoza es acaso, el abogado más brillante, sólido y riguroso en materia de Derechos Humanos en Chile. Él lleva la defensa del imputado y joven comunicador social, Rodolfo Retamales Leiva, para quien el fiscal Peña ha pedido cadena perpetua simple por su supuesto liderazgo en la igualmente supuesta ‘asociación ilícita’ de la que se le acusa.
El jurista Alberto Espinoza dice que “en el plano estrictamente judicial nos encontramos con una investigación desarrollada al amparo de la Ley Antiterrorista, que no tiene ningún sustento material probatorio que permita a cualquier tribunal con independencia formarse ninguna convicción condenatoria”.
-¿Por qué?
“Los antecedentes son muy precarios, muy débiles, muy repetitivos. La acusación que ha formulado el fiscal Peña resulta francamente poco seria hasta en su estructura formal. El fiscal Peña hace alusión a más de 7 mil evidencias, 800 testigos, unos 300 peritajes. Sin embargo, nos encontramos con que hay más de 3 mil evidencias repetidas.”
-¿Cómo así?
“Por ejemplo, una misma cuenta del BancoEstado se encuentra repetida 4 veces dentro del listado. Un mismo certificado universitario está tres veces. Igual cosa ocurre con material fotográfico. Se utilizan como evidencia colillas de cigarrillo que carecen de todo peritaje. Hay tarjetas del transporte público y hasta juegos de llave que se emplean como pruebas. Existen hechos ocurridos en 1992 que ni siquiera son motivo de la investigación, como la compra y venta de un automóvil. Toda esta ‘prueba basura’, después de ser despejada, puede quedar reducida a unas 500 evidencias, que tampoco comportan un mérito probatorio como para que un tribunal se haga una convicción de condena. Confiamos en que cuando un tribunal conozca estos antecedentes no podrá llegar a otro resultado que a la absolución de los acusados.”
Una de las acusaciones más graves que cae como techo de plomo sobre los jóvenes, hombres y mujeres, involucrados en el llamado ‘montaje del caso bombas’ corresponde a una pretendida ‘asociación ilícita terrorista’. Pero el abogado Espinoza es vehemente cuando señala que “elementos de terrorismo no se logran advertir de ninguna manera. No hay armas, ni explosivos incautados. Nada puede sostener que este grupo de personas pudiera estar comprometido en hechos ilícitos, y menos en ilícitos de carácter terrorista.”
No obstante, la cuestión de fondo es política. Alberto Espinoza indica al respecto que “aquí nos encontramos frente a una acción política de parte del Estado, donde se han articulado las fuerzas del Poder Ejecutivo con la fuerzas del Ministerio Público, más las fuerzas de las policías –Investigaciones y Carabineros-, para emprender un proceso de criminalización de la protesta social. Los muchachos efectivamente, son conciencias antisistémicas, descontentas del neoliberalismo, de las formas como se administra el Estado, de las políticas represivas, de las desigualdades sociales generadas por el modelo económico. Y ello es legítimo. Pero aquí se busca criminalizar esta forma distinta de pensar respecto del actual estado de cosas”.
-¿Y de dónde nace el castigo a la disconformidad social, política, económica y cultural?
“Se arrastra desde los gobiernos de la Concertación. Y es una estrategia represiva que se expresa en la persecución al pueblo mapuche. Ahora se amplía a estas personas antisistémicas. Y todo al amparo de la Ley Antiterrorista.”
-Hay gente que mira hacia el lado, pensando que no es asunto suyo…
“Esto es altamente preocupante desde el punto de vista de los derechos cívicos y ciudadanos, porque bajo la actual dinámica represiva pueden extender el ‘terrorismo’ a acciones absolutamente poco relevantes. Si están empleando una tarjeta Bip (sistema de pago del trasporte colectivo Transantiago) como evidencia para acreditar que una persona es parte de una asociación ilícita terrorista, estamos entonces, llegando a extremos insólitos, absurdos, abusivos. Sobrepasan incluso prácticas utilizadas por la dictadura militar.”
-Ha sido un caso, en general, muy explotado por los grandes medios de comunicación…
“Eso lo prueba el hecho de que ante las cámaras, el fiscal Peña se presenta hablando de 7 mil evidencias. Eso es fácil decirlo, toda vez que la defensa no tiene la cobertura para contravenir fundadamente esas afirmaciones. Por tanto, la opinión pública se queda con la sola versión del fiscal. Pero, tanto las evidencias, como los testigos y los peritos están multirepetidos.”
Hace pocos días, el fiscal Peña sorprendió al país, informando que del Poder Judicial partiría a trabajar al Ministerio del Interior, junto al jefe de la Cartera, Rodrigo Hinzpeter. Los textos escolares explican que las democracias se caracterizan, entre otras cosas, por la independencia de los poderes del Estado. Ello constituiría una garantía ciudadana, que en este caso, a través del salto de los tribunales al marcapasos de La Moneda del todavía fiscal Alejandro Peña, se violentaría con velocidad lumínica y en portadas a todo color.
En este sentido, el abogado Espinoza califica el episodio como “vergonzoso. Y refleja con claridad el sustento de fondo que tiene esta investigación. El Ministerio Público es un organismo autónomo e independiente del Poder Ejecutivo; sin embargo, aquí ha quedado en evidencia que el fiscal Peña estuvo actuando como un paniaguado del Ministerio del Interior, el cual es querellante de esta causa. De algún modo, siempre hay que guardar algún grado de decencia pública porque Alejandro Peña no es una persona común y corriente que anda buscando trabajo. Se trata de un funcionario público en quien la sociedad ha confiado la potestad institucionalidad de perseguir a gente ligada a hechos ilícitos. Es criticable el suceso porque debe primar siempre el principio de objetividad del Ministerio Público, esto es, investigar con igual celo aquellos elementos que son inculpatorios de los imputados, como aquellos elementos que los eximen, los extinguen o los atenúan. Pero aquí el fiscal operó de manera estrecha con el Ministerio del Interior”, y el jurista añade que “esto quedó reflejado desde que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, removió al fiscal Armendáriz para nombrar al fiscal Peña en la causa. Y entonces existen también responsabilidades en la aplicación de la Ley Antiterrorista en el fiscal nacional Chahuán. El ministro del Interior, Hinzpeter visitó al fiscal Chahuán e inmediatamente después se cambia a Armendáriz por Peña. Por eso el fiscal Sabas Chahuán tiene cuestiones que responder al respecto”.
Abril 13 de 2011
