Andrés Figueroa Cornejo
El nuevo patrón de acumulación capitalista inaugurado por la dictadura pinochetista, y profundizado y legitimado por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia –caracterizado por la precarización estructural del empleo y la venta de la propiedad estatal a privados a precio irrisorio- hoy provoca en Chile las primeras expresiones significativas de movilización y protesta de los trabajadores organizados.
La jibarización del Estado, mandatada por los manuales neoliberales y las imposiciones del FMI, el Banco Mundial y la OMC- basada en la privatización de la propiedad pública de importantes sectores de la producción y los servicios existente antes del golpe ultraderechista de 1973, sentó las bases de nuevas modalidades de reproducción capitalista, mucha más radicalizadas que en el período anterior. Así se propició una mayor concentración de la propiedad (oligopolios multisectoriales donde se diluyen las fronteras entre la burguesía nativa y las corporaciones trasnacionales), la hegemonía del capital financiero y especulativo, y altísimas tasas de ganancias, jamás vistas durante los tramos republicanos de la historia chilena.
¿QUIÉNES SON LOS TRABAJADORES CHILENOS?
Para facilitar las nuevas condiciones de superexplotación, y a nombre de la “gobernabilidad” y la “paz social”, los gobiernos concertacionistas desarticularon y cooptaron el movimiento popular y sus segmentos sindicalizados (que, por lo demás, fueron piezas nucleares de las fuerzas antidictatoriales durante la década de los 80’ , y nicho electoral de la propia Concertación).
En Chile, alrededor de un 10 % de la masa laboral permanece sindicalizada. La mitad de este sector comprende a los funcionarios del Estado, y el resto se compone de micro centrales de trabajadores, algunas confederaciones, federaciones y sindicatos de base que, en general, enfrentan negociaciones colectivas en situaciones de resistencia que se vertebran a través de reajustes salariales que tienen a sostener el poder adquisitivo de sus asociados; la aplicación de las actuales normas laborales (frágiles y pro patronales); el fin a las prácticas antisindicales y el no despido de los asalariados organizados.
Hoy en Chile existen más de 7 millones de trabajadores activos. Más de un 70 % de los asalariados laboran como trabajadores eventuales, transitorios y subcontratados. De acuerdo a cifras oficiales, un trabajador chileno cambia de trabajo o relación contractual entre 3 a 4 veces al año. Asimismo, los empleadores prefieren pagar las multas “simbólicas” que aplica el Ministerio del Trabajo, antes que derivar el descuento mensual de 12 % del sueldo de los trabajadores destinado a la previsión social, y otro 7 % al sistema de salud. Estos descuentos establecidos por la ley, que alcanzan casi un 20 % de las remuneraciones de los asalariados, simplemente van a engordar el bolsillo del empleador, a costa del daño previsional y sanitario de la mayoría, y que de manera irreparable, ya presenta nefastas consecuencias a la hora de las jubilaciones o la atención de las enfermedades.
Naturalmente, las evidencias y cifras anteriores son causa sustantiva de las desigualdades sociales que han convertido a Chile en el segundo país más inequitativo y con peor distribución del ingreso del Continente, y 12 en el ranking mundial en este ámbito.
EL CASO DE LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS
La llamada “rebelión pinguina” que protagonizaron cientos de miles de estudiantes secundarios, principalmente de establecimientos públicos o municipalizados (donde estudia la mayoría pobre), el 2006, de manera inmejorable logró en unas pocas semanas, visibilizar y poner en el centro del debate nacional las desigualdades del sistema escolar chileno. Más allá de los importantes recursos públicos y programas gubernamentales destinados al sector, nunca una sociedad de clases expresó con mayor nitidez una enseñanza de clases. La protesta estudiantil, aprobada por el conjunto de la comunidad, hizo añicos la tesis burguesa de la educación como motor de la movilidad social. Con claridad se expresó que uno de los objetivos centrales de los 12 años de escolaridad obligatoria establecidos por el gobierno de Ricardo Lagos, persigue proletarizar la marginalidad juvenil para hacerla rimar con las características de la masa laboral juvenil necesaria para el actual modelo de acumulación de riqueza de los de arriba. Ahora se necesitan más usuarios habilitados para el empleo de la computación y que decodifiquen con mayor precisión las instrucciones del empleador. La malla curricular acentúa la formación técnica –básica, utilitarista, acotada- y desplaza las materias que facilitan la reflexión crítica y las humanidades. Para ese tipo de enseñanza está la educación privada y un puñado de liceos públicos “emblemáticos”. Todo lo anterior está tristemente refrendado por los resultados de las pruebas estandarizadas que se aplican al mundo escolar.
Es así, que los jóvenes testimoniaron con fuerza estremecedora la desigualdad honda del sistema escolar chileno. Sin embargo, sus debilidades internas, formatos fundados exclusivamente en el asambleismo, un gran descreimiento de la política en general y los movimientos apañadores del conflicto por parte del gobierno y algunos partidos políticos –incluso de la nombrada “izquierda tradicional”-, impidieron una formulación orgánica para ordenar, evaluar, sistematizar los aprendizajes, ordenar el repliegue con una estructura organizada en la mano y construir una agenda de lucha amplia, inclusiva y que se proyectara más allá de la coyuntura.
EL TURNO DE LOS TRABAJADORES SUBCONTRATISTAS
Ahora es el turno de los trabajadores contratistas y subcontratistas, que alcanzan casi a 2 millones de chilenos. El incendio comenzó en el núcleo estratégico-productivo más relevante del país: la producción de cobre. La explotación cuprífera –“el sueldo de Chile”- es de propiedad mixta, donde el Estado cuenta con alrededor de un 35 %, y la mayoría está en poder de corporaciones privadas. Los obreros subcontratistas del Cobre iniciaron su movilización bajo la afortunada consigna “Igual trabajo, igual salario”. Luego de semanas de movilizaciones, paralizaciones de la producción combinada con formas violentas de lucha, los trabajadores lograron una finalización del conflicto a través de mejoramientos salariales. Si bien, la demanda original fue desalojada de la negociación, los subcontratistas lograron llegar a acuerdos con la empresa mandante, superando en los hechos y por la fuerza, la ley determinada por arriba para el sector. Ciertamente, en los últimos años habían ocurrido negociaciones entre subcontratistas y la empresa mandante o principal, pero es primera vez que esta situación cobra proporciones mediáticas y de expresión de fuerzas y organización tan altas, bajo el régimen de la reciente Ley del Subcontratismo.
Desde antes de terminar el conflicto de CODELCO, paralelamente, los obreros subcontratistas de la empresa alemana DSD que trabajan para la Empresa Nacional del Petróleo, refinería Aconcagua en la V Región , habían comenzado sus propias movilizaciones en torno a demandas asociadas a mejoramiento remuneracional, de condiciones laborales, cumplimiento de las normas legales de higiene y seguridad y fin a las prácticas antisindicales aplicadas por los empleadores. Luego de un mes de movilizaciones, que les valió el despido de 200 faeneros, los subcontratistas agrupados en el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Contratistas y Subcontratistas, SINTRAC CHILE, -que tiene presencia en 10 faenas a lo largo de todo el país, y representa a más de 15 mil obreros- cobraron una importante visibilización en los medios al anunciar un programa de nuevas movilizaciones, ante la sordera de la mandante, y con el apoyo de la Confederación de Trabajadores Subcontratistas de CODELCO.
Este hecho provocó inmediatamente la reacción represiva de La Moneda , emplazada permanentemente por la Confederación de la Producción y el Comercio –principal organización de los empresarios chilenos- para liquidar con celeridad y a cualquier costo las expresiones de protesta laboral por el supuesto “daño a la imagen país” que podría poner en riesgo la inversión trasnacional en Chile. Es así, que la refinería de ENAP amaneció el 6 de agosto convertida en un cuartel policial. Un centenar de efectivos de carabineros de fuerzas especiales –el aparato más militarizado de la policía chilena- ocupó las instalaciones de la procesadora del crudo sin mediar razones concretas. Por su parte, los trabajadores todavía realizan asambleas para decidir los pasos a seguir. Al término de este artículo, los faeneros esperan una respuesta de la contraparte a su petitorio. O bien el conflicto se resuelve de manera favorable para los obreros, o la negativa de la patronal agudizará las acciones sindicales.
SIN UNA MOVIMIENTO DE UNIDAD AMPLIA NO HAY POSIBILIDADES DE ÉXITO PARA LOS DE ABAJO
Más allá de la criminalización y represión habituales del Estado chileno para enfrentar cualquier asomo de protesta social, es posible aventurar algunas observaciones ante el actual estado de cosas.
Sin duda, tanto la masiva protesta de los estudiantes secundarios de 2006, como el actual movimiento de los trabajadores subcontratistas, son expresión de los nudos más críticos que ha provocado la versión radical del capitalismo impuesta en Chile. La desigualdad –denunciada incluso por la iglesia católica como “inequidad evidente”- comporta la clave, forma, fondo y necesidad de un modelo diseñado para el beneficio irracional de una minoría. Ambos movimientos testimonian dramáticamente un fenómeno que es sustancia del registro genético del neoliberalismo en Chile.
Por otra parte, independientemente del éxito comunicacional del movimiento de secundarios y subcontratistas en orden a imponer social y nacionalmente la percepción cierta de la crisis educacional y las injustas relaciones laborales y precariedad del trabajo en el país, y la señal clara para otras franjas organizadas del pueblo de que sólo la pelea resuelta garantiza conquistas; se acusa el requerimiento urgente de constelar en orgánicas amplias a los sectores en lucha.
No basta testimoniar las injusticias del modelo, ni propiciar procesos que desenmascaran la realidad profunda de la lucha de clases que la burguesía trata de negar a través de sus medios de propaganda y represión.
Para las proyecciones estratégicas del movimiento popular es preciso construir articulaciones orgánicas que rompan la agenda de las izquierdas clásicas (hace mucho tiempo ya consideradas, controladas, y apañadas por los de arriba), y logren organizar la fuerza acumulada para transformar el orden de las cosas y dirigir -con todos, democráticamente, protagonismo popular y vocación de poder- la crisis de la arquitectura político económica impuesta por la burguesía.
El acuerdo ancho, de composición mestiza, independencia de clase, convicción de lucha, que cristalice en una fórmula orgánica de los de abajo, es el próximo estadio que requieren transitar, tanto los subcontratistas, como los demás sectores dañados críticamente por el modelo.
Está claro: la suma de incidentes asociados a la lucha de los trabajadores y sectores del pueblo no basta, en absoluto, para provocar cambios sustantivos a favor de los de abajo. El papel subjetivo asociado a la voluntad unitaria de ensamblar orgánicamente las diversas expresiones de lucha, junto con la tarea insoslayable de construir un proyecto de poder y programa popular, es condición sin la cual, postergamos inexorablemente el fin de la infamia de un modelo desigual, anti popular e inhumano en toda sus dimensiones.
