LAS ORGANIZACIONES DE DD.HH. EN CHILE
LAS ORGANIZACIONES DE DD.HH. EL INDH Y EL CONCEPTO DE LESA HUMANIDAD
“En materia de Derechos Humanos, el gobierno de la Concertación ha logrado su objetivo más emblemático: Obtener la aprobación de “su” Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Para nosotros, las víctimas de la dictadura de Pinochet es un retroceso en la búsqueda de la verdad y la justicia y un avance para imponer la impunidad en Chile”, sostuvo el presiente de la Agrupación Nacional de ex Prisioneros Políticos a Crónica Digital, Héctor Cataldo.
Según el líder de los encarcelados por la dictadura de Pinochet (1973-90) “para los sectores sociales y sus organizaciones, vinculados al tema de las violaciones a los derechos humanos durante y después de la dictadura, esta aprobación en una materia tan trascendente como es la institucionalidad en derechos humanos que nuestro país requiere. Para nosotros es claramente un retroceso y no un avance”.
Hace algunas semanas, el gobierno se auto-congratuló de otro avance en derechos humanos: Ratificó el Estatuto de Roma, mediante el cual se pone bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sin aclarar el trasfondo político de ello.
En ese sentido, el senador Alberto Espina (RN) presentó un proyecto de ley que redefinió el concepto internacional de crimen de lesa humanidad por otro de estilo “chilensis” que lo desvirtuó totalmente y lo redujo a una suerte de crímenes cometidos entre bandas de civiles armados, además de rebajar todas las penas a la mitad y por supuesto esta ley no es retroactiva.
EL ESTATUTO DE ROMA Y EL CONCEPTO DE LESA HUMANIDAD
“Resulta muy grave que Chile haya ratificado el Estatuto de Roma desconociendo la competencia de la Corte para investigar y juzgar eventuales crímenes que se cometan en Chile o por chilenos. Ello a través de la presentación una ‘declaración interpretativa’ que en realidad por su contenido constituye una ‘reserva encubierta’ al Estatuto de Roma”, indicó Cataldo.
Por su parte el vicepresidente de la ANEXPP-CHILE, Patricio Negrón, explicó que el Congreso Nacional desestimó “el principio de base del concepto de crimen de lesa humanidad, cuya esencia está en su calidad de crímenes imprescriptibles e inamnistiables”, y agregó que “los criminales de lesa humanidad de nuestro país durante la dictadura, están al abrigo de ser enjuiciados por dicha ley”.
Para analistas en derechos humanos“ Lo más notable es que la Concertación ha pretendido presentar este virtual retroceso como un avance: Chile ha logrado una meta importante, pues está entre los países más avanzados en derechos humanos –tronaban las trompetas del oficialismo”.
Cabe recordar que desde la presentación en el año 2007 del proyecto de INDH hasta su recién aprobación por la Cámara de Diputados, fue rechazado de modo categórico por las organizaciones de ex prisioneros políticos y de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Más aún, el día en que fue votado, no había mayoría para aprobarlo por lo que la votación fue retardada por los diputados, pese a tener suma urgencia, pero in extremis, el Ejecutivo, como último recurso, prometió enviar un veto aditivo al Parlamento para enmendar las insuficiencias del proyecto lo que determinó, con dos excepciones notables, su aprobación.
Patricio Negrón recordó que fue la derecha, que pese a haber declarado previamente su rechazo, se abstuvo mayoritariamente anunciando que si se pretende agregar algo a este Instituto no se contará con su apoyo. “En otras palabras, el veto aditivo prometido por la ministra Tohá, para “decidir” la votación abortó antes de nacer. Tampoco es menor, la presión ejercida sobre los parlamentarios oficialistas, para mantener su cupo en las elecciones de este año”, reveló.
Además el proyecto sobre el INDH fue cuestionado por el Comité Contra la Tortura de la ONU, al analizar el quinto Informe Periódico de Chile (CAT/C/CHL/5), en reuniones celebradas los días 4 y 5 de Mayo de este año. En particular instó al gobierno chileno a respetar los Principios de Paris. Por su parte, el Estado chileno, pese a estos cuestionamientos, lo presentó en los mismos términos ya negociados con la derecha.
Para los máximos líderes de los ex prisioneros políticos chilenos, “examinado en su forma y en su contenido este INDH no puede cumplir con las funciones elementales para las que fue creado”.
Para Cataldo y Negrón, en primer lugar no respeta los Principios de Paris ([1]) que rigen este tipo de organismo, que garantiza su autonomía e independencia del Estado, y la composición independiente de sus miembros, las condiciones materiales de funcionamiento y sus capacidades cuasi jurisdiccionales.
Además el INDH aprobado por la Cámara Baja no tiene ninguna capacidad para perseguir a los violadores de DDHH, con lo cual se le cercena una de las atribuciones más temidas por los criminales de lesa humanidad y no tiene facultad para hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales relacionados con la determinación del paradero de los detenidos desaparecidos reduciendo su función a recopilar, analizar y sistematizar la información.
Otro aspecto que indicaron los dirigentes humanitarios es que el INDH está expresamente facultado para extender beneficios a los agentes del Estado causantes de violaciones a los derechos humanos, con lo cual no hay distinción entre víctima y victimario, lo que repugna la moral, y por último este Instituto carece de facultad para emitir reportes sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país a las organizaciones internacionales correspondientes.
TRANSFONDO POLÍTICO
Lo relevante de la aprobación del INDH está en el trasfondo político que emerge con él: la impunidad en Chile o la ley de punto final ha sido impuesta en sordina. El INDH solo pudo ser adoptado una vez que lo aprobó la derecha, por tanto es un INDH ajustado a lo que la Derecha pinochetista neoliberal entiende como derechos humanos.
“Si lo analizamos, más en detalle, este INDH pudo perfectamente haber operado bajo la dictadura de Pinochet. En la medida que no cumple ningún rol efectivo de salvaguardia, denuncia y promoción de los derechos humanos es totalmente funcional con el modelo de dominación post pinochetista que la Concertación ha ido perfeccionando durante los últimos 20 años”, apuntó Héctor Cataldo.
Por su parte, Patricio Negrón, acusó a la Concertación de mantener la institucionalidad de la dictadura: “la Constitución redactada por Jaime Guzmán y otros próceres conservadores ha seguido y sigue vigente, pese a los retoques cosméticos aprobados por Ricardo Lagos y muy sabiamente negociados con la Derecha”.
Negrón reveló que el andamiaje institucional represivo de la dictadura de Augusto Pinochet sigue vigente, con la excepción de que la CNI no opera hoy a la luz del día, además, acusó a la coalición de gobierno de permitir que las Fuerzas Armadas gasten 6 mil millones de dólares americanos en compras de armamento al exterior entre los años 2003 y 2009, lo que deja a Chile como un virtual peligro y factor de desequilibrio regional en el plano geopolítico.
Según los lideres humanitarios, la política de Estado, implementada en materias de DD.HH., ha sido producto del cogobierno Concertación – Alianza, “eso ha llevado a impedir que se investigue la verdad sobre las víctimas, hacer justicia castigando a los torturadores y asesinos, reparar adecuada y oportunamente, ni proteger ni hacer respetar los DD HH hoy en el país. Un ejemplo de ello son los recientes asesinatos de comuneros mapuches por parte de la fuerzas represivas del Estrado”.
“El principal “argumento” político que ha dado la Concertación para aprobar el INDH es que forma parte de una iniciativa tendiente a mejorar la “convivencia entre los chilenos”. No olvidemos que la Iglesia Católica, de tiempo en tiempo, se encarga de entregar el mismo mensaje y la fórmula del Cardenal Raúl Silva Henríquez “ser la voz de los sin voz” quedó muerta y sepultada y no tendrá jamás resurrección. Si a esto agregamos las recientes declaraciones solicitando el indulto para los militares genocidas, pues en una buena sociedad cristiana debe primar la misericordia, entendemos la ola de fondo que se levanta para abrir paso a la impunidad”, indicó Cataldo.
LA TAN ANSIADA RECONCIALICIÓN
Para abogados y dirigentes de la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, el objetivo central de los gobiernos concertacionistas en este ámbito ha sido lograr la tan ansiada “reconciliación” y con ello han logrado captar algunos sectores de ex prisioneros políticos para sus objetivos. Pero los porfiados hechos están a la vista: la Concertación y la Derecha pretenden cerrar definitivamente los temas de derechos humanos sin importar llevar a la verdad y mucho menos a la justicia.
“Para la Concertación los derechos humanos son como un pariente que padece alguna enfermedad infecciosa e incurable al que hay que soportar hasta que fallezca. No se entiende de otro modo las visitas a desayunar con la AFDD, o el financiamiento otorgado a Villa Grimaldi, o la construcción del edificio de José domingo Cañas o el emblemático Museo de la Memoria. Todo entra en el concepto de “gestos simbólicos” orientados a opinión pública internacional”, sostuvo Cataldo.
Sobre la verdad en los miles de casos de derechos humanos, es decir, el esclarecimiento de las circunstancias y posterior destino de los prisioneros desaparecidos, es imposible pensar en obtener resultados sin el levantamiento del secreto que debe durar 50 años. En este caso es particularmente evidente la impunidad que la Concertación y la derecha pretende imponer. En definitiva y al calor de estos hechos, el conocimiento sobre lo ocurrido quedará hasta donde llegue la investigación judicial que los jueces designados han desarrollado.
“Ya se levantan voces en la Derecha reclamando que hay que darle una fecha tope a estas investigaciones y los juicios pendientes simplemente cerrarlos. No se escucha réplica alguna desde la Moneda, ni siquiera de la oficina encargada de los derechos humanos dependiente del Ministerio del Interior, menos puede esperarse reacción de algún parlamentario, así sea miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”, alertó Negrón.
.
En cuanto a tan ansiada justicia, hay que recordar que de un total de 1.898 víctimas reconocidas en informes oficiales de las comisiones Rettig I y II, sólo hay 489 causas en tribunales, cuyos procesos han demorado tanto, que apenas 42 oficiales han sido condenados. “No hablemos de las condiciones de detención de esta oficialidad, pues son más próximas de un veraneo prolongado que de una cárcel. Las 1.164 víctimas restantes solo esperan la paz de los cementerios”, denunció el vicepresidente de la ANEXPP-CHILE.
Respecto a los 1.000 centros de detención y tortura, al interior de cuarteles militares y a los 28.000 torturados reconocidos oficialmente por la Comisión Valech, el Estado de Chile simplemente no ha presentado ninguna querella en contra de los violadores de derechos humanos. “Al parecer, ser sobreviviente de tortura no es tan grave como haber muerto o desaparecido, sin olvidar que los muertos fueron torturados también”, subrayó Negrón.
NO HABRA REPARACION
.
“Las personas que esperaban reparación de parte del Estado en esta materia ya están sobre aviso: no habrá reparación, como no sean las dos o tres migajas aprobadas junto con el INDH. La reapertura de la inscripción de las personas que no se inscribieron ante la Comisión de Prisión Política y Tortura por 6 meses, permitirá incorporar un remanente de casos a los “beneficios” de la ley 19.992. Los 12 puntos a que se redujo la plataforma de Quillón quedaron letra muerta, así como lo han sido todas las promesas de reparación incumplidas por la Concertación desde hace 20 años”, denunció Héctor Cataldo, presidente de los ex prisioneros políticos.
Distintos juristas, han sostenido que el Estado de Chile no ha reparado a las víctimas bajo el concepto que este tiene en la jurisprudencia internacional. Hay que recordar que El articulo 14 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, ratificado por el Estado Chileno establece: “Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización” (Art.14).
“Entonces, cuando nos referimos a este tema tan escabroso, sabemos que contamos con el respaldo jurídico que los tratados e instituciones internacionales nos entregan, no estamos pidiendo limosna ni montos exagerados, solo el mínimo que la dignidad humana impone”, indicó Cataldo.
¿Qué alternativa queda al movimiento de DDHH en Chile?
En términos generales hay que decir que la unidad de acción y coordinación entre todas las víctimas, junto a sus organizaciones, es el primer requisito para mantener viva la esperanza de lograr nuestros objetivos tan reclamados. Esta unidad requiere neutralizar aquellas organizaciones que hoy día sirven de correa transportadora a las directivas de la Moneda, como algunos sectores de ex prisioneros políticos y algunas ONG, que la opinión pública conoce por sus recientes declaraciones oficiales.
¿A dónde debería centralizar sus próximas acciones?
Nuestra acción debe orientarse a la denuncia pública de los atropellos que día a día se cometen, a pesar de no contar con la difusión nacional necesaria, por el control de los medios de comunicación monopolizados por la derecha. Pero sí podemos contar con los medios y las instancias oficiales de derechos humanos a nivel internacional y con los recursos de todo el movimiento social. El emplazamiento a las candidaturas presidenciales en esta temática, sin ilusionarse, es también una línea a seguir.
Las instancias judiciales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han mostrado muy efectivas en la acogida de las querellas que en materia de derechos humanos hemos presentado, como personas y como organizaciones. Esto preocupa de modo especial al gobierno. Es una herramienta que debemos pulir y utilizar con criterio y tino.
Eso implica que…
La propia movilización de los afectados tiene sentido y presiona al gobierno, pues va dejando una huella en la opinión pública que ha sido manipulada desde los tiempos de la dictadura. Cuando Sebastián Acevedo se inmoló en Concepción, en tiempos de Pinochet, su sacrificio fue noticia nacional e internacional. Cuando un jubilado, cansado de ser tramitado, se inmoló en la Moneda durante el gobierno de Lagos, fue noticia del informativo de TV de mediodía, en la tarde ya desapareció. Cuando un preso político se inmola por fuego en la cárcel de El Manzano en Concepción en Mayo último, simplemente no es noticia. Estos ejemplos grafican el grado de anestesiamiento de la opinión pública nacional en manos de medios privados, insensibilizada con la dosis de crónica roja cotidiana.
Para los dirigentes de los ex prisioneros y ex prisioneras políticas el futuro de los derechos humanos en Chile no se ve promisorio en el marco institucional actual. “No lo ha sido desde 1973, y cuando una luz de justicia iluminó durante la detención de Pinochet en Londres, esa luz fue rápidamente apagada por el gobierno chileno y sus aliados políticos internacionales. Los adversarios nacionales e internacionales de los DD HH son fuertes y tienen múltiples cabezas, pero esta es una causa justa y las futuras generaciones de chilenos sabrán reconocer la labor de quienes hoy luchan por ella. Ya forma parte de la historia que la Concertación no supo abrir las grandes alamedas, quizás tampoco nunca se lo propuso, pero quienes formamos parte de la conciencia crítica de esta nación seguiremos en esta lucha con la fuerza y la dignidad de siempre”, finalizó el presidente de la ANEXPP- CHILE, Héctor Cataldo.
Por Iván Gutiérrez Lozano, periodista y director de Crónica Digital.
Hace algunas semanas, el gobierno se auto-congratuló de otro avance en derechos humanos: Ratificó el Estatuto de Roma, mediante el cual se pone bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sin aclarar el trasfondo político de ello.
En ese sentido, el senador Alberto Espina (RN) presentó un proyecto de ley que redefinió el concepto internacional de crimen de lesa humanidad por otro de estilo “chilensis” que lo desvirtuó totalmente y lo redujo a una suerte de crímenes cometidos entre bandas de civiles armados, además de rebajar todas las penas a la mitad y por supuesto esta ley no es retroactiva.
EL ESTATUTO DE ROMA Y EL CONCEPTO DE LESA HUMANIDAD
“Resulta muy grave que Chile haya ratificado el Estatuto de Roma desconociendo la competencia de la Corte para investigar y juzgar eventuales crímenes que se cometan en Chile o por chilenos. Ello a través de la presentación una ‘declaración interpretativa’ que en realidad por su contenido constituye una ‘reserva encubierta’ al Estatuto de Roma”, indicó Cataldo.
Por su parte el vicepresidente de la ANEXPP-CHILE, Patricio Negrón, explicó que el Congreso Nacional desestimó “el principio de base del concepto de crimen de lesa humanidad, cuya esencia está en su calidad de crímenes imprescriptibles e inamnistiables”, y agregó que “los criminales de lesa humanidad de nuestro país durante la dictadura, están al abrigo de ser enjuiciados por dicha ley”.
Para analistas en derechos humanos“ Lo más notable es que la Concertación ha pretendido presentar este virtual retroceso como un avance: Chile ha logrado una meta importante, pues está entre los países más avanzados en derechos humanos –tronaban las trompetas del oficialismo”.
Cabe recordar que desde la presentación en el año 2007 del proyecto de INDH hasta su recién aprobación por la Cámara de Diputados, fue rechazado de modo categórico por las organizaciones de ex prisioneros políticos y de los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Más aún, el día en que fue votado, no había mayoría para aprobarlo por lo que la votación fue retardada por los diputados, pese a tener suma urgencia, pero in extremis, el Ejecutivo, como último recurso, prometió enviar un veto aditivo al Parlamento para enmendar las insuficiencias del proyecto lo que determinó, con dos excepciones notables, su aprobación.Patricio Negrón recordó que fue la derecha, que pese a haber declarado previamente su rechazo, se abstuvo mayoritariamente anunciando que si se pretende agregar algo a este Instituto no se contará con su apoyo. “En otras palabras, el veto aditivo prometido por la ministra Tohá, para “decidir” la votación abortó antes de nacer. Tampoco es menor, la presión ejercida sobre los parlamentarios oficialistas, para mantener su cupo en las elecciones de este año”, reveló.
Además el proyecto sobre el INDH fue cuestionado por el Comité Contra la Tortura de la ONU, al analizar el quinto Informe Periódico de Chile (CAT/C/CHL/5), en reuniones celebradas los días 4 y 5 de Mayo de este año. En particular instó al gobierno chileno a respetar los Principios de Paris. Por su parte, el Estado chileno, pese a estos cuestionamientos, lo presentó en los mismos términos ya negociados con la derecha.
Para los máximos líderes de los ex prisioneros políticos chilenos, “examinado en su forma y en su contenido este INDH no puede cumplir con las funciones elementales para las que fue creado”.
Para Cataldo y Negrón, en primer lugar no respeta los Principios de Paris ([1]) que rigen este tipo de organismo, que garantiza su autonomía e independencia del Estado, y la composición independiente de sus miembros, las condiciones materiales de funcionamiento y sus capacidades cuasi jurisdiccionales.
Además el INDH aprobado por la Cámara Baja no tiene ninguna capacidad para perseguir a los violadores de DDHH, con lo cual se le cercena una de las atribuciones más temidas por los criminales de lesa humanidad y no tiene facultad para hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales relacionados con la determinación del paradero de los detenidos desaparecidos reduciendo su función a recopilar, analizar y sistematizar la información.
Otro aspecto que indicaron los dirigentes humanitarios es que el INDH está expresamente facultado para extender beneficios a los agentes del Estado causantes de violaciones a los derechos humanos, con lo cual no hay distinción entre víctima y victimario, lo que repugna la moral, y por último este Instituto carece de facultad para emitir reportes sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país a las organizaciones internacionales correspondientes.
TRANSFONDO POLÍTICO
Lo relevante de la aprobación del INDH está en el trasfondo político que emerge con él: la impunidad en Chile o la ley de punto final ha sido impuesta en sordina. El INDH solo pudo ser adoptado una vez que lo aprobó la derecha, por tanto es un INDH ajustado a lo que la Derecha pinochetista neoliberal entiende como derechos humanos.
“Si lo analizamos, más en detalle, este INDH pudo perfectamente haber operado bajo la dictadura de Pinochet. En la medida que no cumple ningún rol efectivo de salvaguardia, denuncia y promoción de los derechos humanos es totalmente funcional con el modelo de dominación post pinochetista que la Concertación ha ido perfeccionando durante los últimos 20 años”, apuntó Héctor Cataldo.
Por su parte, Patricio Negrón, acusó a la Concertación de mantener la institucionalidad de la dictadura: “la Constitución redactada por Jaime Guzmán y otros próceres conservadores ha seguido y sigue vigente, pese a los retoques cosméticos aprobados por Ricardo Lagos y muy sabiamente negociados con la Derecha”.
Negrón reveló que el andamiaje institucional represivo de la dictadura de Augusto Pinochet sigue vigente, con la excepción de que la CNI no opera hoy a la luz del día, además, acusó a la coalición de gobierno de permitir que las Fuerzas Armadas gasten 6 mil millones de dólares americanos en compras de armamento al exterior entre los años 2003 y 2009, lo que deja a Chile como un virtual peligro y factor de desequilibrio regional en el plano geopolítico.
Según los lideres humanitarios, la política de Estado, implementada en materias de DD.HH., ha sido producto del cogobierno Concertación – Alianza, “eso ha llevado a impedir que se investigue la verdad sobre las víctimas, hacer justicia castigando a los torturadores y asesinos, reparar adecuada y oportunamente, ni proteger ni hacer respetar los DD HH hoy en el país. Un ejemplo de ello son los recientes asesinatos de comuneros mapuches por parte de la fuerzas represivas del Estrado”.
“El principal “argumento” político que ha dado la Concertación para aprobar el INDH es que forma parte de una iniciativa tendiente a mejorar la “convivencia entre los chilenos”. No olvidemos que la Iglesia Católica, de tiempo en tiempo, se encarga de entregar el mismo mensaje y la fórmula del Cardenal Raúl Silva Henríquez “ser la voz de los sin voz” quedó muerta y sepultada y no tendrá jamás resurrección. Si a esto agregamos las recientes declaraciones solicitando el indulto para los militares genocidas, pues en una buena sociedad cristiana debe primar la misericordia, entendemos la ola de fondo que se levanta para abrir paso a la impunidad”, indicó Cataldo.
LA TAN ANSIADA RECONCIALICIÓN
Para abogados y dirigentes de la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, el objetivo central de los gobiernos concertacionistas en este ámbito ha sido lograr la tan ansiada “reconciliación” y con ello han logrado captar algunos sectores de ex prisioneros políticos para sus objetivos. Pero los porfiados hechos están a la vista: la Concertación y la Derecha pretenden cerrar definitivamente los temas de derechos humanos sin importar llevar a la verdad y mucho menos a la justicia.“Para la Concertación los derechos humanos son como un pariente que padece alguna enfermedad infecciosa e incurable al que hay que soportar hasta que fallezca. No se entiende de otro modo las visitas a desayunar con la AFDD, o el financiamiento otorgado a Villa Grimaldi, o la construcción del edificio de José domingo Cañas o el emblemático Museo de la Memoria. Todo entra en el concepto de “gestos simbólicos” orientados a opinión pública internacional”, sostuvo Cataldo.
Sobre la verdad en los miles de casos de derechos humanos, es decir, el esclarecimiento de las circunstancias y posterior destino de los prisioneros desaparecidos, es imposible pensar en obtener resultados sin el levantamiento del secreto que debe durar 50 años. En este caso es particularmente evidente la impunidad que la Concertación y la derecha pretende imponer. En definitiva y al calor de estos hechos, el conocimiento sobre lo ocurrido quedará hasta donde llegue la investigación judicial que los jueces designados han desarrollado.
“Ya se levantan voces en la Derecha reclamando que hay que darle una fecha tope a estas investigaciones y los juicios pendientes simplemente cerrarlos. No se escucha réplica alguna desde la Moneda, ni siquiera de la oficina encargada de los derechos humanos dependiente del Ministerio del Interior, menos puede esperarse reacción de algún parlamentario, así sea miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”, alertó Negrón.
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En cuanto a tan ansiada justicia, hay que recordar que de un total de 1.898 víctimas reconocidas en informes oficiales de las comisiones Rettig I y II, sólo hay 489 causas en tribunales, cuyos procesos han demorado tanto, que apenas 42 oficiales han sido condenados. “No hablemos de las condiciones de detención de esta oficialidad, pues son más próximas de un veraneo prolongado que de una cárcel. Las 1.164 víctimas restantes solo esperan la paz de los cementerios”, denunció el vicepresidente de la ANEXPP-CHILE.
Respecto a los 1.000 centros de detención y tortura, al interior de cuarteles militares y a los 28.000 torturados reconocidos oficialmente por la Comisión Valech, el Estado de Chile simplemente no ha presentado ninguna querella en contra de los violadores de derechos humanos. “Al parecer, ser sobreviviente de tortura no es tan grave como haber muerto o desaparecido, sin olvidar que los muertos fueron torturados también”, subrayó Negrón.
NO HABRA REPARACION
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“Las personas que esperaban reparación de parte del Estado en esta materia ya están sobre aviso: no habrá reparación, como no sean las dos o tres migajas aprobadas junto con el INDH. La reapertura de la inscripción de las personas que no se inscribieron ante la Comisión de Prisión Política y Tortura por 6 meses, permitirá incorporar un remanente de casos a los “beneficios” de la ley 19.992. Los 12 puntos a que se redujo la plataforma de Quillón quedaron letra muerta, así como lo han sido todas las promesas de reparación incumplidas por la Concertación desde hace 20 años”, denunció Héctor Cataldo, presidente de los ex prisioneros políticos.
Distintos juristas, han sostenido que el Estado de Chile no ha reparado a las víctimas bajo el concepto que este tiene en la jurisprudencia internacional. Hay que recordar que El articulo 14 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, ratificado por el Estado Chileno establece: “Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización” (Art.14).“Entonces, cuando nos referimos a este tema tan escabroso, sabemos que contamos con el respaldo jurídico que los tratados e instituciones internacionales nos entregan, no estamos pidiendo limosna ni montos exagerados, solo el mínimo que la dignidad humana impone”, indicó Cataldo.
¿Qué alternativa queda al movimiento de DDHH en Chile?
En términos generales hay que decir que la unidad de acción y coordinación entre todas las víctimas, junto a sus organizaciones, es el primer requisito para mantener viva la esperanza de lograr nuestros objetivos tan reclamados. Esta unidad requiere neutralizar aquellas organizaciones que hoy día sirven de correa transportadora a las directivas de la Moneda, como algunos sectores de ex prisioneros políticos y algunas ONG, que la opinión pública conoce por sus recientes declaraciones oficiales.
¿A dónde debería centralizar sus próximas acciones?
Nuestra acción debe orientarse a la denuncia pública de los atropellos que día a día se cometen, a pesar de no contar con la difusión nacional necesaria, por el control de los medios de comunicación monopolizados por la derecha. Pero sí podemos contar con los medios y las instancias oficiales de derechos humanos a nivel internacional y con los recursos de todo el movimiento social. El emplazamiento a las candidaturas presidenciales en esta temática, sin ilusionarse, es también una línea a seguir.
Las instancias judiciales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han mostrado muy efectivas en la acogida de las querellas que en materia de derechos humanos hemos presentado, como personas y como organizaciones. Esto preocupa de modo especial al gobierno. Es una herramienta que debemos pulir y utilizar con criterio y tino.
Eso implica que…
La propia movilización de los afectados tiene sentido y presiona al gobierno, pues va dejando una huella en la opinión pública que ha sido manipulada desde los tiempos de la dictadura. Cuando Sebastián Acevedo se inmoló en Concepción, en tiempos de Pinochet, su sacrificio fue noticia nacional e internacional. Cuando un jubilado, cansado de ser tramitado, se inmoló en la Moneda durante el gobierno de Lagos, fue noticia del informativo de TV de mediodía, en la tarde ya desapareció. Cuando un preso político se inmola por fuego en la cárcel de El Manzano en Concepción en Mayo último, simplemente no es noticia. Estos ejemplos grafican el grado de anestesiamiento de la opinión pública nacional en manos de medios privados, insensibilizada con la dosis de crónica roja cotidiana.
Para los dirigentes de los ex prisioneros y ex prisioneras políticas el futuro de los derechos humanos en Chile no se ve promisorio en el marco institucional actual. “No lo ha sido desde 1973, y cuando una luz de justicia iluminó durante la detención de Pinochet en Londres, esa luz fue rápidamente apagada por el gobierno chileno y sus aliados políticos internacionales. Los adversarios nacionales e internacionales de los DD HH son fuertes y tienen múltiples cabezas, pero esta es una causa justa y las futuras generaciones de chilenos sabrán reconocer la labor de quienes hoy luchan por ella. Ya forma parte de la historia que la Concertación no supo abrir las grandes alamedas, quizás tampoco nunca se lo propuso, pero quienes formamos parte de la conciencia crítica de esta nación seguiremos en esta lucha con la fuerza y la dignidad de siempre”, finalizó el presidente de la ANEXPP- CHILE, Héctor Cataldo.
Por Iván Gutiérrez Lozano, periodista y director de Crónica Digital.
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