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Porque es un granchileno y por La defensa del cobre
Por Hernán Soto Henríquez
En diciembre de 1970, en el mensaje enviado al Congreso para nacionalizar la gran minería del cobre, el presidente Salvador Allende constataba los “niveles increíbles de falta de información” del país en torno al cobre, a su explotación y a su significado. Casi cuarenta años después -tanto con dictadura como con gobiernos democráticos- esa desinformación continúa, porque conviene a los intereses de las transnacionales mineras que intervienen en la explotación y aprovechamiento de los yacimientos de cobre.
La nacionalización del cobre, en julio de 1971, fue la principal medida económica y de cambio estructural del gobierno de Salvador Allende. Para muchos especialistas constituye la principal medida económica adoptada en Chile en el siglo XX. El cobre fue tema central en la vida política de Allende. Estuvo presente en todas sus campañas presidenciales.
La nacionalización constituyó un éxito histórico. En el período posterior, Codelco se ha convertido en una de las empresas más importantes del mundo, con cuyos excedentes desde la nacionalización, de sesenta mil millones de dólares, Chile ha financiado infraestructura, gasto social y hasta armamento y equipos para las FF.AA. Manejada por técnicos chilenos, pasó a ser una empresa de alta eficiencia y tomó en sus manos la comercialización de una producción cuyo valor al momento de ser nacionalizada representaba el 70 por ciento de las exportaciones chilenas.
Sin embargo, y debido al golpe militar y sus secuelas y a la pasividad de los gobiernos de la Concertación, no se convirtió en el centro y motor de la economía, como era la idea original, dinamizando investigación, avance tecnológico, empresas encadenadas y crecientes grados de agregación de valor mediante manufactura del cobre y metales asociados y/o derivados de la explotación.
A partir de los años 90 la penetración de las transnacionales se hizo abrumadora. A la fecha, más de dos tercios de la producción de la gran minería proviene de empresas cupríferas privadas -casi todas transnacionales- que han obtenido enormes ganancias. Sin embargo, produciendo dos veces más que Codelco, pagan menos impuestos que la empresa estatal. Incluso se las arreglan para evadirlos. En estos momentos el Servicio de Impuestos Internos investiga a las mineras que declararon y pagaron un veinte por ciento menos de impuestos que el año 2006.
Uno de los objetivos del golpe militar de 1973 fue recuperar el favor de las compañías norteamericanas del cobre y del gobierno presidido por Richard Nixon. En este afán de “normalización” (y pago de favores conspirativos) se indemnizó a las cupríferas norteamericanas (Anaconda, Kennecott y Cerro Corporation) con varios cientos de millones de dólares. Se vulneró el proceso de nacionalización que había aprobado unánimemente el Congreso en 1971, conforme al cual ni Anaconda ni Kennecott recibieron en su oportunidad pago por la expropiación, debido a rentabilidades excesivas que fueron descontadas del valor de los activos. Estimando utilidades normales hasta de un 12 por ciento, esas empresas norteamericanas las habían excedido ampliamente: Braden (filial de Kennecott) había tenido un promedio anual, entre 1955 y 1970, de 52 por ciento en el conjunto de sus negocios y Anaconda una utilidad media del 21,5 por ciento, en igual período.
Junto con cancelar indemnizaciones a gusto de las compañías, la Junta Militar decidió estimular aún más la inversión extranjera, mediante el Decreto Ley 600 que otorgó privilegios y granjerías que sólo podrían haberse establecido en dictadura, por no existir posibilidad de crítica ni menos de oposición. Sin embargo, ni el pago de indemnización a las empresas mineras norteamericanas ni el nuevo Estatuto del Inversionista Extranjero (DL 600) lograron la anhelada afluencia de capitales foráneos.
Apelando a la memoria
Con la nacionalización del cobre durante el gobierno de Salvador Allende culminó una lucha que se había prolongado por decenios. Se había generalizado la conciencia de que la acción de las compañías norteamericanas que controlaban el cobre era nefasta para Chile. Con un aporte inicial de solamente treinta millones de dólares se habían llevado del país más de 4 mil millones de dólares. Su gravitación en la economía nacional limitaba la soberanía de Chile a tal punto, que en varias ocasiones las compañías y el gobierno estadounidense habían fijado al cobre chileno precios inferiores a los del mercado mundial, como ayuda a Estados Unidos durante la segunda guerra mundial y en los conflictos de Corea y Vietnam.
Las empresas no sólo habían obtenido utilidades muy superiores a las normales en materia minera, sino habían intervenido también en maniobras políticas para impedir el avance de la Izquierda. En los procesos de “chilenización” y “nacionalización pactada” logrados con el presidente Eduardo Frei Montalva, se habían beneficiado preferentemente las empresas. En esas formas de asociación, las compañías terminaron ganando más que cuando actuaban solas, sin tener de socio al Estado chileno. Así, en el caso de El Teniente, Kennecott a través de su filial Braden Copper, con el 100 por ciento de las acciones había obtenido una utilidad promedio entre 1960-1964 de 12 millones de dólares anuales. Desde 1964 a 1968, con el 49 por ciento de las acciones, Braden obtuvo 26 millones de dólares anuales de ganancia. Anaconda (Chuquicamata, El Salvador, Exótica) entre 1960 y 1968 ganó 45 millones de dólares en promedio anual, y entre 1969 y 1970 casi 82 millones de dólares anuales. A pesar de la “asociación”, las empresas siguieron manejadas por ejecutivos norteamericanos y controlando ventas y adquisiciones.
La operación de las minas, al acercarse la posibilidad de una nacionalización -como era evidente desde hacía un par de años, ya que dos de los tres candidatos a las elecciones presidenciales de 1970 se habían comprometido a abordarla-, empezó a desviarse. Había que obtener las mayores ganancias en el más breve plazo. Para ello se empezaron a “florear” las minas, es decir, a explotar las zonas de más alta mineralización, aunque ello dañara la explotación futura. Se dejaron de hacer obras indispensables para los planes de expansión o no se corrigieron las que estaban defectuosas.
Al consumarse la nacionalización en 1971, los técnicos chilenos se encontraron ante una situación grave, que fue confirmada por informes técnicos de consultores de especial calificación. A ellos se agregaba el retiro de especialistas extranjeros y chilenos, estimulados por las empresas que abandonaban el país, y la oposición de elementos contrarios al gobierno -especialmente supervisores-, que llegaron incluso a intentos de sabotaje.
Todos los obstáculos fueron superados. Trabajadores y técnicos chilenos se abocaron a una tarea que se vio como un compromiso de la nación. Las minas funcionaron mejor que antes. En tres años, la producción aumentó en un 14%, mientras en los tres anteriores había crecido solamente en un 4,2%. Un nuevo clima laboral favoreció la participación e incluso el trabajo voluntario -muy inusitado en actividades dominadas por el economicismo promovido por las empresas-.
En medio de crecientes dificultades derivadas del bloqueo norteamericano a repuestos e insumos, y en un clima político cada vez más enrarecido, los minerales se mantuvieron en actividad desafiando huelgas de transporte y acciones de sabotaje a oleoductos y línea eléctricas. Fue una verdadera gesta que involucró al conjunto de los trabajadores, incluyendo a muchos que no seguían a los partidos de la Unidad Popular. Fue una hazaña unitaria y patriótica que explica, también, que la Caravana de la Muerte que recorrió el norte en octubre de 1973 haya asesinado en forma especialmente cruel a ejecutivos y dirigentes sindicales de El Salvador y Chuquicamata.
La nacionalización del gobierno de la Unidad Popular se visualizaba como parte de un proyecto de largo plazo. Se nacionalizaban las empresas existentes, pero al mismo tiempo se reafirmaba el dominio “absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas” por parte del Estado. Eso significaba que respecto de los yacimientos que se explotaran en el futuro, el Estado podía actuar directamente o bien podría entregarlos en concesión, bajo ciertas y determinadas condiciones y plazos, a empresas privadas cuyos planes se integraran al proyecto general de desarrollo de la gran minería como clave de la economía chilena en transición al socialismo. Todo eso quedó inconcluso. Y lo que es peor, fue distorsionado y reemplazado por el predominio de las transnacionales.
La dictadura y la Concertación en el cobre
A pesar de sus esfuerzos, la dictadura no consiguió inversiones significativas en el cobre. Con una excepción, que explica la mayor parte de los 2 mil 400 millones que llegaron a la minería en los diecisiete años de Pinochet. Esa excepción fue la empresa Exxon, que adquirió Disputada, que había sido comprada antes del golpe por la Empresa Nacional de Minería (Enami) a Peñarroya, transnacional francesa. Exxon hizo un ambicioso plan de expansión y elevó considerablemente la producción. Fue la propietaria, durante 22 años, hasta 2002, de Disputada y no pagó nunca impuestos. Nunca. Finalmente, vendió la empresa y el yacimiento a la transnacional anglosudafricana Anglo American en mil 300 millones de dólares.
Aprovechando las disposiciones del DL 600, Exxon durante su gestión aceleró las amortizaciones -lo que permite postergar los impuestos, lo que en los hechos equivale a un préstamo sin intereses que le hace el Fisco- y, además, obtuvo financiamiento con créditos obtenidos en bancos ligados a su casa matriz, que cobraron intereses más altos que la tasa normal y cuyo servicio hizo desaparecer las utilidades, y con ello no hubo impuestos que pagar.
Con todo, la inversión de Exxon fue la excepción. Las transnacionales no querían negocios con Pinochet. Sobre todo por la incertidumbre en que quedarían sus privilegios en caso de un cambio de gobierno. Por ello, la oportunidad se les dio con la dictación de la Constitución de 1980. Repitió la norma sobre el dominio patrimonial del Estado sobre las minas, pero en la Ley Orgánica Constitucional Minera se estableció el derecho real de concesión que, en los hechos, es un verdadero derecho de propiedad, tan absoluto, que sustituye al dominio del Estado sobre las minas. Es transferible, transmisible por herencia, indefinido en el tiempo -a menos que se agote el yacimiento-, imprescriptible y, virtualmente, a salvo de expropiaciones, ya que exige el pago anticipado al concesionario del valor actual del mineral del yacimiento, como si hubiera sido explotado hasta su agotamiento.
La duración indefinida de la concesión es una anomalía que muy pocos países conservan. En América Latina sólo dos o tres; lo general es que las concesiones duren entre 20 y 25 años. Otra anomalía es que en Chile no existe royalty -porque a lo que se llama así es un simple impuesto sobre utilidades-, un derecho que debe el concesionario sobre el valor de la producción, como pago por el uso del recurso natural no renovable.
Con esas garantías y con el cambio a un gobierno democrático los capitales de las transnacionales comenzaron a afluir. Si en 1980 el 94 por ciento de la producción de cobre correspondía a Codelco y a la otra empresa estatal, Enami, en 1990 el 84 por ciento correspondía a Codelco más Enami, y había bajado al 35 en 2000 y al 31 por ciento en 2007. El 69 por ciento restante corresponde a la producción de las transnacionales. Producción que, por lo demás, está constituida en parte muy importante, virtualmente más del 50 por ciento, por concentrados, que es la forma más primitiva de obtención de cobre, con un contenido de solamente un 30 por ciento de fino, lo que hace que más de dos tercios del material sea tierra y piedra chancada, lo que favorece, además, a las fundiciones del exterior y al transporte marítimo, que a menudo es controlado por los conglomerados transnacionales.
El saqueo
Diversos investigadores han dimensionado la magnitud del saqueo que significa la actuación transnacional en el cobre. Orlando Caputo y Graciela Galarce, Hugo Fazio, Manuel Riesco, Julián Alcayaga, Jorge Lavandero y otros, han hecho aportes significativos. Uno de los principales fue la estimación de la pérdida que significó para Chile la exportación de cobre producido por las transnacionales en volúmenes que excedieron largamente a la demanda, y con ello provocaron una fuerte caída de precios. Representó una pérdida para Chile de más de 10 mil millones de dólares, que comenzó a ser revertida cuando Codelco anunció que restringiría su producción. En todo caso, las empresas no perdieron como lo hizo Chile, ya que vendían cobre a precio bajo a sus fundiciones y refinerías: así recuperaban la pérdida en el precio final del metal procesado y en los subproductos.
Fazio fijó la atención en las rentabilidades excesivas de Escondida. “El año 2007, la rentabilidad de Minera Escondida sobre su patrimonio fue de 165,89 por ciento. En 2006 alcanzó a 190,03 por ciento, o sea, en sólo dos años obtuvo el equivalente de más de dos veces y media la inversión realizada, que por lo demás, desde que se inició el boom en el precio del cobre, ya había recuperado”. Manuel Riesco ha destacado que las utilidades de las transnacionales fueron de más de 9 mil millones de dólares a 2005 y de casi 20 mil millones al año siguiente. Ello significa que en sólo dos años, las mineras privadas recibieron utilidades que superan el total de las inversiones extranjeras directas (IED) en la minería chilena desde 1974 a 2006.
Conclusión
El cobre vive bajo una amenaza que tiende a agravarse por la docilidad de los gobiernos frente al poder de las transnacionales. Chile tiene todavía, como riqueza inmensa, un tercio de la reserva mundial de cobre, que debería estar al servicio de su pueblo. Codelco está también en permanente riesgo de privatización y debe ser defendida a pesar de sus defectos, que deben corregirse. La renacionalización del cobre es la tarea patriótica que se perfila en el horizonte.
Entretanto, corresponde la denuncia y el esclarecimiento de la actual situación, la vigilancia ante el accionar de las transnacionales y la movilización por objetivos específicos. El control tributario, la exportación de cobre fundido y/o refinado en vez de concentrado, el establecimiento de un verdadero royalty minero, el control para evitar la sobreproducción que haga caer los precios, son algunos de esos objetivos.
El cobre para los chilenos es el imperativo, que sigue el rastro histórico del gran proyecto de Salvador Allende y la Unidad Popular y marca un rumbo soberano que no debe olvidarse.
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