Derechos de agua complican megaproyecto de HidroAysén

La Nación

Viernes 15 de agosto de 2008   

 Por José Miguel Jaque 

DGA aún no da luz verde al uso de los recursos hídricos para el proyecto que ayer presentó su EIA

El proyecto hidroeléctrico más grande del país presentó ayer su Estudio de Impacto Ambiental y anunció que gastará 150 millones de dólares en compensaciones y mitigaciones de impactos.

 

Foto: Mientras HidroAysén daba a conocer parte de su Estudio de Impacto Ambiental, en Coyhaique, un centenar de manifestantes se apostó con banderas negras y pancartas afuera de la casa de información de la empresa que curiosamente, se ubica al frente de las oficinas de Conama regional.  

En HidroAysén reconocen que hay incomodidad. Pese a que con el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental a la Comisión de Regional de Medio Ambiente de Aysén comienza la cuenta regresiva para la eventual puesta en marcha de su proyecto de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia, el tema de los derechos de agua aún no está resuelto. En agosto del año pasado, luego de anunciar la reducción de las áreas de inundación de 9.300 a 5.910 hectáreas, la sociedad de Endesa y Colbún solicitó nuevos derechos a la Dirección General de Aguas (DGA). Ha pasado un año y el visto bueno no llega.

"Existiendo una normativa clara y vigente respecto al otorgamiento de los derechos de agua, confiamos en que este proceso va a seguir avanzando en paralelo mientras se evalúa el proyecto", comentó el gerente de la sociedad, Hernán Salazar, en Coyhaique.

El proyecto considera esos recursos y la empresa ni siquiera se pone en el escenario de que no le sean otorgados. Argumentan que el nivel de caudal que se requiere en la operación es superior al caudal máximo ecológico establecido y que el tema ya pasó el filtro del Tribunal de la Libre Competencia. Lo que está claro es que, de no haber luz verde por parte de la DGA, el proyecto se cae.

"Ninguna persona que haya hecho una solicitud a la DGA tiene la certeza de que se le va a otorgar el derecho de aprovechamiento, porque las solicitudes tienen que cumplir requisitos legales", responde desde Santiago el director de Aguas, Rodrigo Weisner. "Para nosotros no constituye una presión extra que el proyecto haya ingresado al SEIA, para nada", agrega y asegura que la resolución puede tardar incluso otro año.

Más claro está el tema de la acusación de ecologistas de incumplimiento por parte del Estado chileno del Tratado de Recursos Hídricos Compartidos con Argentina (se requieren planes conjuntos para aprobar este proyecto). Salazar explicó que Weisner zanjó la controversia al considerar que si bien los ríos Baker y Pascua nacen en lagos binacionales, se desarrollan y llegan al mar en Chile.

El riesgo judicial

Hernán Salazar explicó que el proyecto hidroeléctrico va a iniciar sus obras cuando éste y el sistema de transmisión tengan su aprobación ambiental. "Uno y otro proyecto por sí solo no se pueden desarrollar".

-¿Eso no podría retrasar los plazos?
-En general la ruta crítica de los proyectos pasa por las lí­neas de transmisión, eso es así­, pero no hablaría de retraso. Va a tomar más tiempo que un proyecto importante y al pasar por ocho o nueve regiones se tiene que tomar el tiempo necesario para que el estudio de impacto ambiental sea adecuadamente evaluado y los impactos muy bien medidos.

-El director de Sernatur se refirió a la preocupación del sector por el impacto de las líneas.
-Transelec está a cargo de la solución técnica de las lí­neas y estamos tranquilos porque, en general, los sistemas de transmisión en corriente continua son los que menos impactan y es posible encontrar soluciones amigables incorporando las mejores técnicas para disminuir su impacto visual sobre todo. En todo el mundo hay centrales hidroeléctricas y lí­neas de transmisión. Por lo tanto, es posible encontrar soluciones. Las amenazas llegan cuando la oposición trabaja en base a los mitos y leyendas que hay sobre las líneas, pero trabajando con la comunidad e informándola de los aspectos técnicos reales, eso se puede mitigar.

-Usted habla de dos proyectos que no pueden existir uno sin el otro. ¿Por qué no evaluarlos como un solo proyecto? Hay recursos judiciales presentados por ese tema.
-En Chile el sector generación está desagregado del sector transmisión y los proyectos los presenta cada titular. Si miramos el marco legal existente, no percibimos riesgos.

-¿Cree que los recursos judiciales puedan demorar el proyecto al punto que sea evaluado en un próximo gobierno?
-La judicialización es una lí­nea de acción que tienen los opositores y puede transformarse en un obstáculo, lo veo como un riesgo real. ¿Si alcanzan los plazos en este gobierno? No lo sé. Un proyecto como este abarca mucho espacio de tiempo, pero pensamos que este es un proyecto importante para el país por su calidad y tiene que estar por sobre un régimen presidencial. Esto impone a las autoridades el desafío de mirarlo con visión de Estado.

 

US $ 150 millones por impactos

Doce millones de dólares costaron las 10.500 páginas que completan el Estudio de Impacto Ambiental que a las 8:30 horas de ayer fue ingresado en las oficinas de la Conama en Coyhaique. La autoridad tiene ahora cinco días hábiles para determinar la admisibilidad a trámite del EIA. Luego empiezan a correr los 60 dí­as del proceso de participación ciudadana y para las observaciones de los servicios públicos. La empresa calcula la tramitación en 14 meses, cinco más que el plazo legal. El gerente técnico de HidroAysén, Bernardo Canales, explicó que se gastarán 150 millones de dólares en compensaciones y mitigaciones de impactos. Uno de ellos es la relocalización de 14 grupos familiares que habitan en zonas de obras o en superficie de embalses. Aunque aun no hay acuerdo con las familias, la empresa tiene avanzadas conversaciones para ubicarlos en lugares donde puedan mantener su desarrollo económico, social y cultural dentro de un plan de manejo social. Ante la pérdida de vegetación arbustiva, la empresa propone un plan de manejo forestal que contempla reforestar con especies nativas -lenga, siempreverde, coigüe de Magallanes y ciprés de las Guaitecas- más de 4.500 hectáreas. También incorpora la creación de un área de conservación de más de 5.700 hectáreas para seguir desarrollando estudios sobre la conservación de las especias que la región requiera proteger. Sobre la población de huemules que habita en el valle del Pascua, la sociedad planea la realización de más estudios para caracterizar a los cérvidos. Otro punto sensible es el impacto sobre el turismo. La empresa propone un manejo integrado para explotar el potencial cultural y religioso del patrimonio de la región, para lo cual plantea la creación de un centro de difusión cultural en Cochrane. También aborda la realización de estudios de potencial turí­stico para incorporarle nuevos conceptos además de los relacionados con el paisaje, por ejemplo, el tema cientí­fico.