El ataque de los salmones
Daniela Estrada
IPS
Organizaciones no gubernamentales llamaron el viernes pasado al gobierno de Chile y a la industria salmonera a hacerse cargo de las consecuencias laborales de la crisis sanitaria del sector, causada por la epidemia de anemia infecciosa del salmón.
Chile es el segundo productor de salmón cultivado del mundo, después de Noruega, y la industria opera principalmente en las sureñas regiones de Los Lagos y Aysén.
Desde enero, más de 1.000 trabajadores han sido despedidos por el cierre de centros de cultivos y plantas de proceso de baja productividad por la muerte de los salmones y las cosechas anticipadas, indicó Flavia Liberona, directora ejecutiva de la ambientalista Fundación Terram.
Terram y la organización humanitaria Oxfam pidieron al gobierno y a la industria elaborar "planes de contingencia" y de "reconversión laboral" para enfrentar los despidos, "que pueden desatar una crisis social en la región de Los Lagos", dependiente de la salmonicultura.
También exigieron perfeccionar las regulaciones y fiscalizaciones para frenar el virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA, por sus siglas en inglés) y evitar otras potenciales epidemias.
Mientras tanto, no deberían efectuarse nuevas concesiones acuícolas ni aprobaciones ambientales que permitan a la industria expandirse hacia otras regiones, como la de Coquimbo y Magallanes, indicaron.
A juicio de los ambientalistas, se debe regular de mejor distancia mínima entre cada centro de cultivo en el mar, la cantidad de jaulas por centro, la densidad máxima de peces que éstas deben soportar, el escape de los salmones y el uso de antibióticos para combatir bacterias (no virus como el ISA).
Ambas organizaciones lanzaron en enero de este año la campaña "Sin miedo contra la corriente", que denuncia malas prácticas ambientales y laborales de la salmonicultura, cuando no se preveía la dimensión que alcanzaría hoy el problema sanitario.
"Si (el gobierno y las empresas) hubiesen intervenido a tiempo, y de manera oportuna, las consecuencias de esta crisis habrían sido menores en todos los niveles", indicó Cecilia Millán, directora de Oxfam en Chile. "El gobierno no tiene capacidad fiscalizadora para una industria tan grande", complementó Francisco Pinto, investigador de Terram. El 12 de este mes, la salmonera Marine Harvest, la más afectada por la epidemia, despidió a casi 600 trabajadores dos meses antes de lo anunciado. En junio, la firma exonerará a otros 400.
El intendente (representante del gobierno) de la región de Los Lagos, Sergio Galilea, señaló que, por ética, la empresa debería pagar los sueldos de los trabajadores hasta mediados de año, como se había comprometido inicialmente, lo que fue descartado por una ejecutiva de Marine Harvest.
Actualmente, en más de 600 centros de cultivos hay 21 contagiados con la anemia, que no es dañina para los humanos, y otros 17 están en observación.
Aunque organizaciones no gubernamentales y trabajadores llevaban años cuestionando las prácticas de las salmoneras, fue un reportaje publicado el 27 de marzo en el influyente periódico estadounidense The New York Times el que puso al sector en el centro del debate.
En el artículo "Virus Kills Chile's Salmon and Indicts Its Fishing Methods" (Virus mata al salmón chileno y delata sus prácticas de pesca), varios entrevistados denunciaron débiles controles sanitarios en la industria, en particular un supuesto uso indiscriminado de antibióticos en los peces.
El reportaje cita al reputado científico chileno Felipe Cabello, quien trabaja en Estados Unidos y ha realizado estudios sobre los antibióticos en la salmonicultura.
Fue tal el impacto del artículo, que la cadena de supermercados estadounidense Safeway decidió suspender sus compras de salmón a Marine Harvest, porque estimó que la enfermedad afecta la calidad del producto.
El gobierno reaccionó de inmediato ante estos hechos, defendiendo a rajatabla a la industria salmonera y designando al director del programa Imagen País, Juan Gabriel Valdés, como coordinador de las acciones tendientes a desmentir las falsedades.
La Asociación de la Industria del Salmón, SalmonChile, inclusive anunció querellas contra del periodista que escribió la nota y Cabello. La ofensiva también contempló la publicación de avisos publicitarios en los principales periódicos estadounidenses.
El 4 de este mes, el New York Times publicó el extracto de una carta enviada por el embajador de Chile en Estados Unidos, Mariano Fernández, quien destacó que una delegación de la estadounidense FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) que visitó el país en 2007 no encontró rastros de antibióticos y otras sustancias químicas cuestionadas en los peces.
"La industria del salmón y la trucha en Chile es responsable de más de 50.000 trabajos, 2.200 millones de dólares en exportaciones en 2007 y 45 por ciento del total de importaciones de salmones y truchas hechas por los Estados Unidos", subrayó el diplomático en la misiva.
Un párrafo de la carta de Fernández, que decía que se "está confundiendo a los lectores a costa de la industria del salmón chileno", no fue publicado.
César Barros, presidente de SalmonChile, ha negado rotundamente que la industria utilice cantidades no permitidas de antibióticos y ha relativizado el impacto del ISA en el país, al compararlo con los graves brotes que ha afectado a otros productores, como las nórdicas Islas Feroe.
Pero Pinto, de Fundación Terram, asegura que hay antecedentes de un uso excesivo de antibióticos en la salmonicultura.
Además de los estudios de Cabello, en 2005 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo una evaluación del desempeño ambiental de Chile y recomendó al país "mejorar la protección ambiental y sanitaria en la acuicultura", mencionando el gran uso de antibióticos. Esto también fue citado por el diario estadounidense.
Sin embargo, la experta de la Universidad de Santiago de Chile, Mónica Imarai, señaló en una columna publicada en el diario chileno La Segunda que "el artículo de The New York Times le hace daño a esta importante actividad económica, ya que en Chile las normas se cumplen y son muy estrictas".
A juicio de Barros, todas las denuncias contra la industria corresponden a una "campaña de desprestigio" orquestada por algunas organizaciones no gubernamentales, que podría estar influenciada por competidores directos o productores de salmón silvestre, que se han visto perjudicados por el auge de las especies cultivadas.
Barros recordó que en 1997 productores de Estados Unidos acusaron a sus pares chilenos de vender a precios muy bajos y de recibir subsidios, lo que fue desvirtuado. Y en 2002 empresas escocesas e irlandesas culparon de dumping (comercio desleal) a los productores chilenos, acusación que fue archivada un año después por falta de argumentos.
El presidente de SalmonChile señaló que la industria está estrictamente regulada por varios organismos públicos, aunque reconoció que han sido "víctimas" de un crecimiento explosivo, el cual ha traído "algunos problemas".
El único aspecto negativo reconocido por el sector es la gran cercanía de los centros de cultivo, lo que contribuyó a la propagación del ISA. Por ello, los productores estarían trabajando con el gobierno en la redistribución de las concesiones.
Según dijo a IPS Francisco Pinto, de Terram, los principales peligros ambientales de la industria son "la alta tasa de conversión (ocho kilogramos de peces pelágicos para alimentar un kilo de salmón), el uso indiscriminado de antibióticos y el escape de salmones" que pueden depredar a otras especies.
También le preocupa la inexistencia de estudios relativos a la "capacidad de carga" de nutrientes (alimentos y heces de los peces) "en los ecosistemas marinos".
Terram y Oxfam también aseguran que los trabajadores del salmón trabajan hasta 60 horas a la semana, que la industria posee la segunda tasa de accidentes laborales más alta del país y que ocho de cada 10 fiscalizaciones terminan en sanción.
En los próximos días, una delegación de la FDA visitará cinco centros de cultivo para tomar muestras de análisis, cuyos resultados podrían arrojar mayores luces sobre esta crisis.
Desde enero, más de 1.000 trabajadores han sido despedidos por el cierre de centros de cultivos y plantas de proceso de baja productividad por la muerte de los salmones y las cosechas anticipadas, indicó Flavia Liberona, directora ejecutiva de la ambientalista Fundación Terram.
Terram y la organización humanitaria Oxfam pidieron al gobierno y a la industria elaborar "planes de contingencia" y de "reconversión laboral" para enfrentar los despidos, "que pueden desatar una crisis social en la región de Los Lagos", dependiente de la salmonicultura.
También exigieron perfeccionar las regulaciones y fiscalizaciones para frenar el virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA, por sus siglas en inglés) y evitar otras potenciales epidemias.
Mientras tanto, no deberían efectuarse nuevas concesiones acuícolas ni aprobaciones ambientales que permitan a la industria expandirse hacia otras regiones, como la de Coquimbo y Magallanes, indicaron.
A juicio de los ambientalistas, se debe regular de mejor distancia mínima entre cada centro de cultivo en el mar, la cantidad de jaulas por centro, la densidad máxima de peces que éstas deben soportar, el escape de los salmones y el uso de antibióticos para combatir bacterias (no virus como el ISA).
Ambas organizaciones lanzaron en enero de este año la campaña "Sin miedo contra la corriente", que denuncia malas prácticas ambientales y laborales de la salmonicultura, cuando no se preveía la dimensión que alcanzaría hoy el problema sanitario.
"Si (el gobierno y las empresas) hubiesen intervenido a tiempo, y de manera oportuna, las consecuencias de esta crisis habrían sido menores en todos los niveles", indicó Cecilia Millán, directora de Oxfam en Chile. "El gobierno no tiene capacidad fiscalizadora para una industria tan grande", complementó Francisco Pinto, investigador de Terram. El 12 de este mes, la salmonera Marine Harvest, la más afectada por la epidemia, despidió a casi 600 trabajadores dos meses antes de lo anunciado. En junio, la firma exonerará a otros 400.
El intendente (representante del gobierno) de la región de Los Lagos, Sergio Galilea, señaló que, por ética, la empresa debería pagar los sueldos de los trabajadores hasta mediados de año, como se había comprometido inicialmente, lo que fue descartado por una ejecutiva de Marine Harvest.
Actualmente, en más de 600 centros de cultivos hay 21 contagiados con la anemia, que no es dañina para los humanos, y otros 17 están en observación.
Aunque organizaciones no gubernamentales y trabajadores llevaban años cuestionando las prácticas de las salmoneras, fue un reportaje publicado el 27 de marzo en el influyente periódico estadounidense The New York Times el que puso al sector en el centro del debate.
En el artículo "Virus Kills Chile's Salmon and Indicts Its Fishing Methods" (Virus mata al salmón chileno y delata sus prácticas de pesca), varios entrevistados denunciaron débiles controles sanitarios en la industria, en particular un supuesto uso indiscriminado de antibióticos en los peces.
El reportaje cita al reputado científico chileno Felipe Cabello, quien trabaja en Estados Unidos y ha realizado estudios sobre los antibióticos en la salmonicultura.
Fue tal el impacto del artículo, que la cadena de supermercados estadounidense Safeway decidió suspender sus compras de salmón a Marine Harvest, porque estimó que la enfermedad afecta la calidad del producto.
El gobierno reaccionó de inmediato ante estos hechos, defendiendo a rajatabla a la industria salmonera y designando al director del programa Imagen País, Juan Gabriel Valdés, como coordinador de las acciones tendientes a desmentir las falsedades.
La Asociación de la Industria del Salmón, SalmonChile, inclusive anunció querellas contra del periodista que escribió la nota y Cabello. La ofensiva también contempló la publicación de avisos publicitarios en los principales periódicos estadounidenses.
El 4 de este mes, el New York Times publicó el extracto de una carta enviada por el embajador de Chile en Estados Unidos, Mariano Fernández, quien destacó que una delegación de la estadounidense FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) que visitó el país en 2007 no encontró rastros de antibióticos y otras sustancias químicas cuestionadas en los peces.
"La industria del salmón y la trucha en Chile es responsable de más de 50.000 trabajos, 2.200 millones de dólares en exportaciones en 2007 y 45 por ciento del total de importaciones de salmones y truchas hechas por los Estados Unidos", subrayó el diplomático en la misiva.
Un párrafo de la carta de Fernández, que decía que se "está confundiendo a los lectores a costa de la industria del salmón chileno", no fue publicado.
César Barros, presidente de SalmonChile, ha negado rotundamente que la industria utilice cantidades no permitidas de antibióticos y ha relativizado el impacto del ISA en el país, al compararlo con los graves brotes que ha afectado a otros productores, como las nórdicas Islas Feroe.
Pero Pinto, de Fundación Terram, asegura que hay antecedentes de un uso excesivo de antibióticos en la salmonicultura.
Además de los estudios de Cabello, en 2005 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo una evaluación del desempeño ambiental de Chile y recomendó al país "mejorar la protección ambiental y sanitaria en la acuicultura", mencionando el gran uso de antibióticos. Esto también fue citado por el diario estadounidense.
Sin embargo, la experta de la Universidad de Santiago de Chile, Mónica Imarai, señaló en una columna publicada en el diario chileno La Segunda que "el artículo de The New York Times le hace daño a esta importante actividad económica, ya que en Chile las normas se cumplen y son muy estrictas".
A juicio de Barros, todas las denuncias contra la industria corresponden a una "campaña de desprestigio" orquestada por algunas organizaciones no gubernamentales, que podría estar influenciada por competidores directos o productores de salmón silvestre, que se han visto perjudicados por el auge de las especies cultivadas.
Barros recordó que en 1997 productores de Estados Unidos acusaron a sus pares chilenos de vender a precios muy bajos y de recibir subsidios, lo que fue desvirtuado. Y en 2002 empresas escocesas e irlandesas culparon de dumping (comercio desleal) a los productores chilenos, acusación que fue archivada un año después por falta de argumentos.
El presidente de SalmonChile señaló que la industria está estrictamente regulada por varios organismos públicos, aunque reconoció que han sido "víctimas" de un crecimiento explosivo, el cual ha traído "algunos problemas".
El único aspecto negativo reconocido por el sector es la gran cercanía de los centros de cultivo, lo que contribuyó a la propagación del ISA. Por ello, los productores estarían trabajando con el gobierno en la redistribución de las concesiones.
Según dijo a IPS Francisco Pinto, de Terram, los principales peligros ambientales de la industria son "la alta tasa de conversión (ocho kilogramos de peces pelágicos para alimentar un kilo de salmón), el uso indiscriminado de antibióticos y el escape de salmones" que pueden depredar a otras especies.
También le preocupa la inexistencia de estudios relativos a la "capacidad de carga" de nutrientes (alimentos y heces de los peces) "en los ecosistemas marinos".
Terram y Oxfam también aseguran que los trabajadores del salmón trabajan hasta 60 horas a la semana, que la industria posee la segunda tasa de accidentes laborales más alta del país y que ocho de cada 10 fiscalizaciones terminan en sanción.
En los próximos días, una delegación de la FDA visitará cinco centros de cultivo para tomar muestras de análisis, cuyos resultados podrían arrojar mayores luces sobre esta crisis.
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