CARTA ABIERTA DE CHEYRE A LA CLASE POLÍTICA

Ex Comandante en Jefe del Ejército pide ley que prohíba acceder a cargos públicos a los que causaron la crisis del 73, a los que llamaron al golpe militar, participaron en la lucha armada o propiciaron actos terroristas.

            "Concuerdo con las autoridades que enfatizan que una institución básica de la República debe asegurar a la sociedad que sus integrantes, especialmente quienes la dirigen, no dejen dudas, con su actuar presente o pasado, que lleven a los ciudadanos a no creer o confiar en ellas.

            Durante mi período al mando del Ejército ese objetivo constituyó principio básico de mis decisiones. Con apoyo de los poderes del Estado, entonces concebí, propuse, implementé, apliqué y respondí por procedimientos en muchas ocasiones dolorosos. Buscamos la paz social, el reencuentro entre los chilenos, la reinserción de la institución hasta ser vista como servidora de toda la sociedad y no de grupos o facciones.

            La razón de ese actuar del Ejército fue la comprensión, respeto y apoyo a quienes fueron víctimas al perder sus vidas o sufrir apremios que afectaron gravemente a sus familias y sobrevivientes. En estos años, cientos de ellos me han expresado el efecto benéfico de esas decisiones.

            Por esa experiencia y numerosos hechos que veo con inquietud en el presente, con respeto propongo, a quienes tienen la potestad de legislar, que propicien una iniciativa para resguardarnos de procesos que echen por la borda todo lo avanzado. Una ley que ratifique el triunfo del entendimiento sobre intereses de minorías que buscan revivir el odio. Veo con preocupación señales que abandonan la fórmula de que ninguna de las partes busque aniquilar a la otra o erigirse como única poseedora de la verdad. Me inquieta que se terminen dilapidando los acuerdos alcanzados y que se intente imponer una sanción moral precisamente a quienes han defendido y asumido la verdad. Lamento que hoy en algunas autoridades, en parte de la clase política, en tribunales y algunos ciudadanos, haya personas que han dado claras muestras de que sus vínculos con el pasado les impiden ser objetivos.

            Por ello, mi propuesta apunta a que, en la misma línea que avanzó el Ejército, se haga exigible a quienes ocupen cargos de Presidente de la República, ministro, parlamentario, embajador, subsecretario, intendente y jefe de servicio, el no estar o haber estado ---directa o indirectamente--- vinculado a organizaciones o acciones que le impidan ser ajeno a presiones de grupos de poder que ejercen influencia en sus decisiones

            Distingo, entre las principales causales, las siguientes:

            -Haber causado la crisis política que dio origen al gobierno militar.

            -Haber expresado un llamamiento público, amparado en cargos en poderes del Estado, a las FF.AA. para que actuaran y derrocaran al gobierno en ejercicio en 1973.

            -Haber clamado o presionado, desde la sociedad civil, por la intervención castrense.

            -Haber empuñado las armas en la lucha armada, independiente del sector político en que actuaron.

            -Haber propiciado, apoyado o participado en actos terroristas o iniciativas con ese cometido.

            -Haber pertenecido o sido parte activa de organizaciones nacionales o extranjeras que llevaron adelante o promovieron la subversión y la revolución en cualquiera de sus formas. En el fondo, los que crearon condiciones o atentaron contra la vida humana de algún chileno o chilena.

            -También creo necesario que, por ley, la sociedad se precava de aquellos jueces que con sus omisiones no impidieron o disminuyeron toda acción que violó los derechos humanos y que les fue representada en el ejercicio de sus cargos.

            Mi propuesta no considera para ninguno de los casos cárcel, juicio, renuncias a libertades otorgadas, campañas de difamación, denuncias públicas, persecución en cualquiera de sus formas. Sólo apunto a las conciencias para que, vía un documento o certificado exigible, se nos asegure que quienes ejercen el poder están libres de las ataduras con un pasado que les impida un actuar guiados por el fin de la paz social verdadera.

            Esta sugerencia no tiene otro propósito que reafirmar cinco decisiones que constituyeron la más difícil responsabilidad que recayó en mí y de las que nunca me arrepentiré.

            1) Un llamado y un actuar para que "nunca más" se repitan en Chile los hechos que conocimos, unido a una educación en DD.HH.

            2) Exigirme a mí y a quienes comandé la verdad total y el fiel cumplimiento a la legislación, costara lo que costara, sin pedir nada a cambio.

            3) Reconocer la responsabilidad institucional del Ejército en los hechos del pasado.

            4) Modificar el sistema y organización de la Inteligencia.

            5) Dictar, con la firma del Su Excelencia el Presidente de la República, una ordenanza militar que es el código ético del militar.

            Propongo una iniciativa legal, porque lamentablemente nuestros líderes parecen actuar sólo en silencio con la altura y consecuencia que requerimos. Fui testigo de muchas declaraciones y expresiones de esa voluntad en reserva, provenientes de destacadas figuras que en lo público han actuado de otra forma o jamás han concretado sus intenciones. A modo de ejemplo, no consigo entender que el senador Escalona, a quien respeto mucho y con quien desde la década del 90 he debatido estos asuntos, hoy quiera revivir el poder popular y afirme que sólo basta la convicción de grupos de DD.HH. para definir el destino de quienes han salido incólumes ante el único poder que condena o absuelve, que es la justicia.

            Pido legislar en el sentido descrito, porque creo que sólo así transitaremos a recordar que la responsabilidad política de velar por la democracia y evitar su ruptura no está, no estaba y no estará radicada en ciertas instituciones, y menos en quienes las formaban aún no alcanzando la mayoría de edad.

            De no mediar esta u otra acción, el "nunca más" será sólo una esperanza, la verdad será un arma mortal para los pocos que la asumimos, y el reconocimiento de la responsabilidad institucional del Ejército no se valorará en su profunda dimensión. Y lo peor será que así no honraremos la memoria de víctimas de un sistema que a muchos les quitó la vida y sus esperanzas. Pido comprensión y respeto para evaluar una sugerencia que he meditado mucho y que hago recordando el sufrimiento, que he conocido en sus diferentes formas y de todas las partes de este drama que no debemos olvidar o evadir, pero tampoco revivir o eternizar".

"La Tercera"

Reportajes, página 6, domingo 10 de febrero de 2008