La Ley del Cobre y los gángsteres

Se prolonga una situación insostenible
Por: Camilo Taufic  

argenpress.info

Todos los sectores políticos están contestes en que el pertrechamiento de nuestras FFAA debe pasar a financiarse en forma regular con partidas de la Ley del Presupuesto General de la Nación.

Ahora que cesaron las huelgas de los trabajadores de la minería del cobre en Chile, mientras continúa el circo parlamentario y pocos se acuerdan de dos reformas pendientes verdaderamente importantes y que espera todo el país -educación y previsión social-, habría que traer a foco una tercera: la modificación o derogación de la Ley Reservada del Cobre, que beneficia a las FFAA con el 10 % de las ventas brutas de Codelco en el exterior. Situación de privilegio (este porcentaje y la forma de calcularlo), que crea asociaciones indebidas con circunstancias históricas y sociales totalmente diferentes a las nuestras, como las vigentes en Chicago durante el imperio de la Ley Seca (1920-1932), en los EEUU.

Nadie discute que las Fuerzas Armadas tienen el derecho preferente de renovar a tiempo su material bélico, de acuerdo a las necesidades de la defensa nacional, fin “exclusivo” al que se destinaría el 10 % de la Ley Reservada del Cobre, porcentaje que alcanzó a los 1 mil 300 millones de dólares el año 2006 y que en el 2007 llegaría a los 1 mil 700 millones de la misma moneda, cifra astronómica, suficiente incluso para hacerle la guerra a los marcianos.

La “torta” se reparte así: 1/3 para el Ejército, 1/3 para la Marina y 1/3 para la Fuerza Aérea, independientemente de sus necesidades anuales, con la compulsión de gastar la suma completa antes del 31 de diciembre de cada año, para no perderla, como si fueran los minutos excedentes de un plan de telefonía celular.

Todos los sectores políticos representados en el Parlamento, incluso la derecha más extrema, están contestes en que el pertrechamiento de las FFAA debe pasar pronto a financiarse con partidas aprobadas regularmente dentro de la Ley del Presupuesto General de la Nación, que establece prioridades en los gastos e inversiones destinados a los diferentes sectores en que se manifiesta la acción del Estado, incluyendo, desde luego, agricultura, salud, vivienda y educación, entre otros.

El lunes 26 de marzo de 2007, incluso, la Presidenta Bachelet tenía en su despacho un preproyecto de ley elaborado por la entonces ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, que modificaba la Ley Reservada del Cobre en este sentido, y en cuya formulación técnica habían participado el jefe del Estado Mayor y el jefe de Finanzas (ambos oficiales generales), de cada una de las ramas de las FFAA. Pocas horas después se producía el cambio de Gabinete, salía Blanlot y desde entonces no se ha vuelto a retomar esta iniciativa.

La última mención del tema, de cara a la opinión pública, ocurrió el 3 de abril, cuando el senador PS Jaime Gazmuri, haciéndose eco de un cierto consenso de las diferentes bancadas, se mostró “confiado en que el proyecto se tramitará en un corto plazo, para que sea el Congreso quien apruebe el financiamiento de las adquisiciones militares, sobre la base de proyectos plurianuales, de al menos cinco años”. El día 4 de abril coincidieron en la necesidad de lograr un “financiamiento ajeno a circunstancias coyunturales” (léase, el precio del cobre), el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Adolfo Zaldívar, y el propio Comandante en Jefe del Ejército, general Oscar Izurieta.

Y después de eso, silencio total, en el Gobierno, el Parlamento y las FFAA.

Es en este vacío político y legal que vino a mi memoria un hecho, en el cual nadie ha reparado en Chile, sea por desconocimiento o falta de imaginación: que el 10% sobre las ventas brutas, como “impuesto especial y secreto” era el porcentaje que calculaban las bandas de gángsteres en los EEUU, tras la crisis de 1929, para dar “protección” a los comerciantes de sus respectivos barrios, si no querían ver sus establecimientos incendiados por sus propios efectivos.

No hay, desde luego, ni podría existir, ni la más remota semejanza entre las organizaciones de la defensa nacional y aquellas perversas bandas de malhechores, aparte del monto de 10% y el método para calcularlo. Se trata de una coincidencia meramente matemática. El rol histórico e institucional de nuestras Fuerzas Armadas, a estas alturas del siglo, está fuera de toda referencia al respecto. No se quiere ofenderlas al sacar a luz esta curiosa coincidencia, sino de razonar en torno a un tema de alto interés nacional.

En efecto, el cobro gangsteril del 10% se establecía sobre las ventas brutas y no sobre las ganancias reales de los afectados. Era suficiente para Al Capone y otros mafiosos cuantificar el total de ventas diarias de los comerciantes chantajeados, sin ningún estudio de costos, auditoría o fiscalización de ingresos y egresos normales, que tampoco estaban en condición de hacerlos.

Y es una triste semejanza para todos los chilenos, a pesar de que ya no somos una democracia “protegida”, que con el 10% de la Ley del Cobre se proceda de la misma manera, sin tope establecido, agarrando a manotazos los dólares que dejan las ventas totales de cobre en el exterior, sin calcular las ganancias efectivas. Método que, además, produce en Codelco un desequilibro financiero inconcebible en cualquier mega empresa de su envergadura, y frente a la cual no falta el bocón que le reproche periódicamente “una mala administración de los recursos del Estado”.