FORO POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.CABA
DECLARACION DE BUENOS AIRES
Anteproyecto. Buenos Aires, mayo de 2007
Nosotros, los integrantes de este foro: organizaciones, agrupaciones, asociaciones, federaciones, redes, legisladores, representantes de organismos gubernamentales, entidades públicas, instituciones intergubernamentales, personas de la cultura, intelectuales, académicos y personas que trabajan cotidianamente por los derechos humanos y sociales de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, reunidos en la CABA:
Afirmamos nuestro firme compromiso al reconocimiento de sujetos activos de los derechos, a todas las niñas, niños y adolescentes,
Asumimos fomentar la aplicación efectiva de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, (CDN) incorporada al Art. 75, inc. 22[1] de la Constitucional Nacional, la Constitución de la CABA, la Ley Nacional 26.061, la Ley 114 y demás normas vinculadas.
Destacamos que la reglamentación de la CDN, tanto a nivel local (Ley 114 -1998) como a nivel nacional (Ley 26.061 - 2005) propugna poner en marcha los mecanismos para hacer efectivos los derechos reconocidos en la CDN y desarrolla un sistema que establece garantías al reconocer el status de sujeto de derechos a todo niña, niño y adolescente, otorgándole fundamental importancia al fortalecimiento de las organizaciones familiares y de la comunidad.
Manifestamos que es impostergable continuar con este proceso social e institucional, fortaleciendo los objetivos del mismo, sin dejar de reconocer los antecedentes e iniciativas eficaces producidas desde sus inicios en 2004.
Por todo ello, Sostenemos:
Que las leyes de protección integral que han adecuado el marco normativo a la CDN, hoy existen como un logro, y han sido conseguidas después de largos procesos de tensiones y luchas de las organizaciones sociales y actores gubernamentales.
Que el sistema de protección integral establece un nuevo espíritu que nos interpela sobre nuestras prácticas, sobre nuestra cultura, sobre nuestras instituciones, sobre el accionar del Estado, las políticas públicas y las debidas asignaciones presupuestarias. En la actualidad el desafío es hacer efectiva la implementación de la ley en todos sus niveles.
Que un abordaje y una mirada multidisciplinaria nos va a posibilitar acercarnos a un mejor resultado y a optimizar el trabajo que se desarrolla tanto sobre la promoción, la restitución y la exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes-.
Que niños niñas y adolescentes, a pesar de los avances sostenidos en materia legislativa, continúan siendo las principales víctimas de las distintas formas de violencia que el mundo de los adultos ejerce contra ellos, visibilizándose en los últimos años los delitos de violencia intrafamiliar, explotación sexual y laboral, y Trata de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Que resulta imprescindible poner en vigencia tanto la Ley Nacional de Educación Sexual Integral 25.150 como la Ley local 2.110 entendiendo que la enseñanza de la educación sexual integral es parte del cumplimiento de los derechos humanos de niños y adolescentes, además de constituir una herramienta necesaria para el conocimiento y el cuidado del propio cuerpo, de la salud, y la prevención de la violencia de género, entre otros temas de principal interés en la vida de las niñas y niños de esta Ciudad.
Que es urgente avanzar en un nuevo sistema de justicia penal juvenil para aquellas personas menores de 18 años de edad, que son imputados o responsabilizados de haber cometido delitos. Esto es necesario para impedir la discrecionalidad aún imperante y el poder punitivo represivo estatal, otorgando garantías al debido proceso en juicio a los adolescentes involucrados.
Que se debe monitorear el funcionamiento de los órganos gubernamentales para que estos realicen los cambios institucionales para profundizar el sistema de protección integral; promover la capacitación e idoneidad de los recursos humanos; agilizar el funcionamiento y eficacia de su accionar, e impulsar la implementación efectiva de la perspectiva de género en políticas y programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Que un seguimiento y monitoreo de los sistemas de derivación del Estado a instituciones y organizaciones destinados a la infancia, evitara los abusos producidos en algunas de ellas tales como la privación de libertad, o la institucionalización, cualquiera fuese la denominación de las mismas.
Que es necesario integrar la Ciudad de Buenos Aires y los Municipios del conurbano como área metropolitana, para lo cual resulta urgente avanzar en la articulación interjurisdiccional de políticas públicas y sociales en el marco de la protección integral. Estas acciones deben realizarse en forma coordinada e integrada, posibilitando la mejora y optimización en el abordaje de las problemáticas de las niños, niñas y adolescentes y de sus familias que transitan cotidiana y alternativamente la CABA y la Provincia de Buenos Aires.
Que acordamos la importancia de promover la efectiva organización de redes y asociaciones a nivel local en el marco de la protección integral,
Que el sistema de protección integral se convierta en un mecanismo interjurisdiccional , intersectorial, y social que pueda efectivizar a nivel local el cumplimiento de los derechos en la infancia y la adolescencia.
Reafirmamos como Objetivos del Foro:
- Monitorear la aplicación de la ley 26.061, en su articulación con la ley 114 (lo cual incluye nuestras prácticas) y su efectiva aplicación en políticas y programas.
- Impulsar el armado de foros locales en las comunas.
- Promover la formación de organizaciones y redes en el marco de la
protección integral. - Interactuar con el Poder Judicial sobre las nuevas formas de intervención que plantea la Ley 26.061 y su articulación con la Ley 114.
- Proponer diagnósticos y proyectos para su ingreso a la agenda pública.
- Contribuir a la articulación intersectorial e interjurisdiccional.
De este modo expresamos: a través del acuerdo de los abajo firmantes, provenir de diferentes inserciones políticas, partidarias, religiosas, sectoriales, académicas, profesionales o técnicas, así como de la militancia en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de trato y de oportunidades y la participación social;
Afirmamos así nuestro compromiso cotidiano y permanente por el respeto por los derechos de niñas, niños y adolescentes y exigimos la aplicación de la ley y el cumplimiento efectivo de sus disposiciones, reivindicando su ejecución como política de estado, independiente de las ideologías, intereses, posiciones o cuestiones políticas coyunturales.
[1]Las Convenciones de Derechos Humaos, y las Reglas de Naciones Unidas: Reglas de Beijing, Directrices de RIAD y Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad.
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MARIANA -