No se vislumbra el fin del conflicto entre CODELCO y los contratistas

La incertidumbre sobre una solución al conflicto laboral entre la estatal Corporación del Cobre (CODELCO) chilena y los trabajadores contratistas se mantiene latente y no se vislumbra un final satisfactorio para ninguna de las dos partes.

Desde hace 33 días, la Confederación de Trabajadores del Cobre (FTC) mantiene una huelga con el fin de lograr aumentos salariales y beneficios sociales, y la cual ha provocado pérdidas a la cuprífera por valor de unos 40 millones de dólares.

Asimismo, se han registrado episodios de violencia, como la quema de autobuses y el descarrilamiento de un convoy cargado con cobre, así como la detención de unos treinta huelguistas.

La FTC acusa a CODELCO de no cumplir la ley de Subcontratación, que entró en vigor este año y está encaminada a regular el trabajo de los contratistas y las empresas de servicios. CODELCO cuenta con 30.300 trabajadores contratistas, empleados en empresas que realizan actividades de apoyo a la producción de cobre, y cuyos salarios son muy inferiores a los que reciben los 17.000 operarios de la estatal.

Esta empresa produce cerca de un 11 por ciento del total mundial de cobre.

Según CODELCO, la producción mundial se redujo este viernes un 3 por ciento debido a la huelga. El precio del cobre se mantuvo en los 3, 574 dólares la libra, mientras se espera que suba en los próximos días.

Tras varias rondas de negociaciones, se había llegado a un acuerdo sobre la extensión de los beneficios sanitarios de los contratistas, el seguro de vida, la vivienda y la educación, pero no en los puntos principales como el abono anual por producción, el pago de los días no trabajados durante la huelga y los despidos de los huelguistas. CODELCO ofreció el abono de 450 mil pesos (unos 860 dólares) mientras la FTC aspira a que sea de 1 millón de pesos (unos 2 mil dólares).

Según CODELCO, el convenio alcanzado el lunes 23 de julio representaba un 'gran avance' para los trabajadores contratistas y la prueba de ello es que cada día se han adherido al Acuerdo más organizaciones sindicales, como ocurrió en Codelco Norte, donde hasta hoy 54 empresas colaboradoras y sus organizaciones sindicales, con más de siete mil trabajadores, se han sumado a la iniciativa.

La mina El Teniente, la segunda división más importante de la productora de cobre chilena CODELCO, paralizó su producción este jueves como prevención tras los acontecimientos protagonizados por grupos de subcontratistas, quienes buscan mejoras salariales, y los cuales bloquearon los accesos a la mina y lanzaron piedras a los autobuses de transporte del personal de la división.

El presidente ejecutivo de CODELCO, José Pablo Arellano, estimó en 9 millones de dólares las pérdidas para la empresa por cada día de paralización de El Teniente, cuya producción de cobre representa cerca del 25 por ciento del total de la minera estatal chilena. Arellano dijo que todos los trabajadores de CODELCO 'se están esforzando al máximo para llegar lo más cerca posible de nuestras metas de producción' y que se han seguido cumpliendo sin problemas los compromisos comerciales con todos sus clientes a nivel mundial.

La menor de las divisiones de CODELCO, El Salvador, permanece sin operaciones desde el inicio de la huelga, debido a un bloqueo en la ruta de acceso al yacimiento, a más de 1.000 kilómetros al norte de la capital chilena.

Las otras tres divisiones de la cuprífera, Codelco Norte, con una producción de 940.000 toneladas al año, Andina y Ventanas, que sólo refinan, se mantienen operando con normalidad.

Crece el apoyo a los huelguistas

Las peticiones de los huelguistas han ido ganando importante apoyo de nueve parlamentarios de la coalición de gobierno, así como el respaldo del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile y del propio cardenal Francisco Javier Errázuriz.

Esta amplia adhesión es una muestra de lo razonable que son sus demandas y deja de manifiesto la necesidad de que las remuneraciones guarden relación con los resultados globales de la actividad de la empresa, siendo la negociación colectiva una herramienta indispensable para calcular esa ecuación.

Según los parlamentarios, miembros de la coalición del gobierno, los huelguistas persisten en 'su lucha justa' por la igualdad de derechos y salarios, mientras los ejecutivos de CODELCO, y muy especialmente su presidente José Pablo Arellano, 'han mostrado una intransigencia que limita con la irresponsabilidad'.

En una declaración señalan que el espíritu de la nueva ley de Subcontratación busca cerrar la brecha de ingresos y beneficios entre trabajadores contratados directamente y subcontratados, lo que no se estaría cumpliendo.

'Han utilizado las mismas prácticas antisindicales de la dictadura, amenazando y dividiendo al movimiento sindical. Han desplegado toda su artillería tecnocrática para impedir concesiones razonables, lo que resulta paradójico con los altos precios del cobre y los miles de millones de dólares acumulados en las cuentas de CODELCO y en la caja fiscal', sostienen los parlamentarios.

Además, acusaron a Arellano y al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, de ser unos 'neoliberales de pura cepa, preocupados exclusivamente por entregar indicadores de buena conducta al FMI, a las corporaciones transnacionales y a la banca internacional', convirtiéndose en 'una pesada carga para la presidenta Bachelet'.

Por último, le solicitan a la presidenta del Estado que atienda directamente las demandas de los trabajadores del cobre, a quienes les piden no dejarse provocar y buscar una solución pacífica al conflicto. Por su parte, Bachelet dijo que la gerencia de CODELCO está realizando esfuerzos para resolver el conflicto y agregó que esperaba que entre los trabajadores en huelga 'haya una explícita renuncia a formas de violencia y presión ilegítima'.

El dirigente de la FTC Cristián Cuevas, que no aceptó la primera oferta de la estatal, responsabilizó a CODELCO de la prolongación del conflicto y señaló que 'hemos llegado al día 33 de una huelga que se ha extendido por responsabilidad de Codelco'.

Además, el sindicalista insistió en que la empresa estatal no se ha mostrado dispuesta a terminar con la situación de discriminación que viven los subcontratados frente a los 17.000 empleados de planta de la compañía.

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El ministro del Interior, Belisario Velasco, no descartó que el gobierno aplique la ley de Seguridad Interior del Estado por las acciones que protagonicen los huelguistas, pero advirtió que 'hay que solucionar los problemas de fondo que causan los desórdenes, pero mientras tanto nosotros tratamos de mantenernos usando todo el ingenio y toda la experiencia enorme y profesional que tiene Carabineros (policía) para solucionar un problema de esta naturaleza'.

Mientras tanto, el sector privado se mantiene alerta y preocupado ante una extensión del conflicto hasta sus empresas.