Piden que Raúl Iturriaga vaya a Punta Peuco y que se indague quién lo protegió

Organizaciones de derechos humanos y diputados oficialistas

Ministro Solís aclaró que la fuga y la ayuda de particulares a la evasión de un condenado no están tipificadas como delito y ordenó el ingresó del ex agente de la DINA al Penal Cordillera, en Peñalolén.

Foto: Al mediodía de ayer el prófugo general (R) fue trasladado hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones

La Nación

Bajo una andanada de insultos y de huevos a las 14 horas de ayer el general (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann ingresó al Penal Cordillera. Poco después la actuaria Valeska Villalón lo notificó de la condena de cinco años y un día que fue dictada en su contra por el secuestro calificado del ex mirista Luis Dagoberto San Martín, detenido y hecho desaparecer en 1974.

Ese mismo trámite debió haberse cumplido el 11 de junio pasado, pero Iturriaga rompió el compromiso “de caballeros” que había adquirido ante el ministro Alejandro Solís -quien lleva la causa de San Martín- de presentarse voluntariamente –“solo y sin prensa”- en la cárcel para militares de Peñalolén. Sin embargo, el ex agente de la DINA optó por enviar un video en el cual declaraba su rebeldía: “Se me ha condenado por un delito no acreditado en el proceso (…), es el ministro quien debe demostrar que el mirista San Martín está vivo y secuestrado (…), abiertamente me rebelo a esta arbitraria y antijurídica condena”.

Sólo 52 días le duró su rebelión. En la mañana de ayer la Policía de Investigaciones puso fin a su fuga, “fue un trabajo lento, paso a paso para ir indagando las situaciones”, señaló un radiante Arturo Herrera, director de Investigaciones, al dar a conocer oficialmente la captura del fugado. Mientras que un no menos feliz ministro de Defensa, José Goñi, afirmó que “esta buena noticia para el país” no es un tema “de las Fuerzas Armadas, sino que estrictamente de la justicia”.

Sin embargo, el capítulo de la fuga del ex jefe de la Brigada Purén no ha quedado cerrado del todo. Al menos no para un conjunto de parlamentarios y de organizaciones de derechos humanos que exigen que se indague el apoyo con que contó Iturriaga para mantenerse casi dos meses prófugo y que se terminen con los privilegios del Penal Cordillera.

A pesar de que el ministro Solís aclaró que “respecto a particulares no hay ninguna norma que sancione” la ayuda a la evasión de un detenido -el Código Penal sólo lo contempla respecto a empleados públicos que tienen a cargo su custodia-, numerosas voces se alzaron ayer para pedir que se esclarezca quiénes conformaron la red protectora.

El abogado Nelson Caucoto, querellante en la causa de San Martín, afirmó que “no era un prófugo común”, sino que tenía vinculación con aparatos de inteligencia que pueden “formar una red que le permitiera burlar la acción de la justicia”. De una opinión similar es el diputado (PS) y jurista Juan Bustos, “tienen que hacerse las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones que establece la ley para todas las personas que lo que hayan protegido y permitido que escape a la acción de la justicia”.

La parlamentaria (PPD) Laura Soto manifestó su preocupación porque el general (R) fuera encontrado “en un centro urbano tan poblado como Viña del Mar, entonces es dable preguntarse quién lo ayudó… esperamos fervientemente que no sea la Armada” y recordó que “incluso hubo un senador -Jorge Arancibia (UDI)- que se permitió decir que está muy bien que Iturriaga estuviera en clandestinidad (…) es muy importante saber si se han cometido ilícitos penales con esta situación”.

Mientras que Tucapel Jiménez (PPD) “nadie puede entender que haya estado solo en esto y los tribunales deben averiguar esto porque va a marcar un precedente para los futuros procesamientos y condenas de militares. Ojalá que no haya ningún militar activo del Ejército que esté detrás de esta red de protección”.

PUNTA PEUCO

Varios parlamentarios oficialistas consideraron que el general (R) Iturriaga no merece cumplir condena en el Penal Cordillera, “es un Triángulo de las Bermudas, donde desaparece gente como abducida por ovnis”, y pidieron que sea trasladado a un lugar de mayor seguridad, como Punta Peuco, “Para que no tengamos la sorpresa de encontrarlo comprando verduras en la feria, como ha pasado con otros”, dijo la diputada PPD Adriana Muñoz.

En tanto el parlamentario PS Carlos Montes sostuvo que Iturriaga “fue condenado como un asesino y tiene varios procesos pendientes (…), esta primera condena no debe cumplirla en el Penal Cordillera, que no reúne las condiciones adecuadas, sino a lo menos en Punta Peuco”.LN

Continúa investigación por red de protección Los 52 días que Raúl Iturriaga alcanzó a evadir la justicia no sólo fueron obra de las tácticas aprendidas en su carrera militar. También contó con el apoyo de civiles y ex militares. Fuentes policiales sospechan de la colaboración directa de al menos tres civiles durante todo este tiempo que le permitieron moverse por las regiones Metropolitana, Quinta, Séptima y Octava. Según los antecedentes recabados, los días previos Iturriaga permaneció en un departamento ubicado en Las Condes y otro en Vitacura. Este último, de calle Las Hualtatas, tiene la misma dueña de la propiedad donde fue capturado. Se trata de Laura del Carmen Navarrete Espinoza (75), amiga de antaño. Trascendió que la mujer, casada con un chileno de origen yugoslavo, Peter Rajsic Kukic, tiene vínculos con el ex jefe exterior de la DINA, por parentescos con militares y una antigua amistad con la familia de Máxima Marotta, actual conviviente de Iturriaga. Precisamente, fueron los movimientos de la mujer y de los hijos del ex general, los que fueron seguidos con sigilo por los detectives durante los casi dos meses que duró la aventura. El análisis del tráfico de llamadas de todos los celulares y los teléfonos residenciales vinculados a Iturriaga permitieron triangular los movimientos, los que eran dirigidos con una llamada semanal y por correo electrónico, a través de Internet. En los últimos dos días Iturriaga se comunicó telefónicamente con sus hermanos para darle algunas instrucciones, quien -al cierre de esta edición y por razones no informadas oficialmente-, estaba detenido en una unidad policial por una orden de detención vigente. También se recibió una llamada anónima que alertó al equipo de Investigacions sobre el inminente traslado del prófugo hacia Viña del Mar. Periplo sureño Los datos falsos o distractivos fueron analizados, también, con cautela por el equipo de investigadores. Hasta ahora se tiene certeza de que el general (R) estuvo escondido en una propiedad ubicada en Los Ángeles y en Linares, ambas de propiedad de civiles, pero con vínculos familiares en el Ejército. Ambas ciudades también tienen en común una fuerte influencia castrense debido a la presencia de regimientos históricos como Cazadores, de Los Ángeles, y de Artillería, en Linares. En la ciudad de la Octava Región se detectaron movimientos bancarios, por dos giros realizados desde la cuenta corriente de Iturriaga.

 

PRONTUARIO

La condena de cinco años de Iturriaga Neumann apunta a la “Venda sexy”, uno centro de la DINA donde se ejerció la depravación sexual como tortura contra mujeres a las que se vendaba la vista. El jefe de la Brigada Purén, a cargo de ese lugar, debe cumplir la sentencia por el secuestro y desaparición del mirista Dagoberto San Martín Vergara, ocurrido el 17 de diciembre de 1974.

• ASESINATO DE PRATS

A Buenos Aires Iturriaga ingresó como “Diego Castro Castañeda” y preparó el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. El capturado general supervisó cada detalle del crimen y está acusado como autor en este doble homicidio, al igual que su hermano Jorge.

• OPERACIÓN COLOMBO

En 1975 volvió a Buenos Aires bajo la identidad de Eduardo Rodríguez Pérez, con pasaporte diplomático para preparar la Operación Colombo, montaje para hacer creer que 119 prisioneros desaparecidos en Chile se estaban matando entre sí.

• LA CONDENA EN ROMA

Iturriaga tiene orden de captura internacional por el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno, cometido en Roma el 5 de octubre de 1975. La condena vigente es de 18 años de cárcel. La Corte Suprema de Chile negó su extradición a Italia y el inicio de una investigación por ese atentado.