Segundo triunfo judicial de José Cariqueo

Por: Lucía Sepúlveda Ruiz 

“La resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco por la cual el gerente de Forestal Mininco, Hernán Rodríguez Wilson, tiene que pedirme disculpas por las calumnias e injurias graves, me parece bien. Estoy contentísimo con haberle ganado una demanda a una forestal, aunque hubiera preferido que la audiencia no se hubiera postergado hasta el 30 de julio y se realizara en la fecha fijada, el 4 de julio. La empresa lamentablemente tendrá tiempo para prepararse”, expresa José Cariqueo (37 años, casado, cuatro hijos) en entrevista vía celular. Se encuentra en su comunidad, José Guiñon, ubicada en el sector Pidima de la comuna de Ercilla (Novena Región), ayudando a la machi Adriana, su esposa, a atender unos pacientes, tarea que le corresponde habitualmente desarrollar como “dungumachife”, (ayudante de machi). No pudo ejercer esa función mientras vivió perseguido o encarcelado por la acusación formulada por Forestal Mininco y la Gobernación de Malleco, entre los años 2001 y 2006.

El 30 de julio se realizará una audiencia privada en el Juzgado de Garantía de Collipulli, para acatar la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que cita al general de Forestal Mininco a dar disculpas públicas a José Cariqueo Saravia, quien está patrocinado por el abogado privado Lorenzo Morales. El fallo unánime de los ministros Lenin Lillo, Víctor Reyes y Roberto Contreras, del tribunal de segunda instancia que ratificó la sentencia expedida por el Juzgado de Garantía de Collipulli, se conoció el pasado 26 de junio.

Si Hernán Rodríguez Wilson no se disculpa, deberá enfrentar un juicio oral. La pena puede ir de los 71 días hasta los 3 años y un día de prisión remitida. Mininco podría llamar a declarar a su favor al fiscal Sergio Chifelle Márquez, y al gobernador de Malleco, Rubén Quilapi para inculpar nuevamente a Cariqueo en el hecho que originó el juicio contra el mapuche: el incendio de una plantación de pinos en el fundo Poluco-Pidenco, de la comuna de Ercilla, el año 2001. Los abogados Rolando Franco Ledesma y Francisco Boera Villagra de Mininco, que actúan en todas las causas de la forestal contra los mapuche, se ven incómodos ahora pues están acostumbrados a ganar.

Expresó Cariqueo: “La Forestal Mininco tendrá que asumir los costos del juicio y posteriormente pagar por todo el daño que me hizo a mí, a mi familia y comunidad. Todavía persiste la vigilancia policial en nuestras tierras, siempre estamos con carabineros encima, a mí me gustaría que usted como periodista fuera a ver cómo actúan ellos contra nosotros. Yo no puedo salir de la Novena Región, todavía estoy sufriendo medidas cautelares que me impiden moverme de la zona, y eso también tiene que ver con una forestal, llamada Bosques Cautín, ex dueña de los terrenos que ahora constituyen nuestra comunidad”.

Montaje policial

Las medidas cautelares, según explica Cariqueo, datan de 2004, y fueron dictadas porque se acusó al detenido de portar un arma.

¿Por qué siguen vigentes hasta ahora?

“Cuando me detuvieron el 2004 por el juicio del que fui absuelto el año pasado, me hicieron un montaje. Espero que se haga pronto ese juicio por porte de armas y sé porqué lo postergan: los fiscales no pueden demostrar que el arma es mía, en realidad es de Bosques Cautín. A mí en esa oportunidad me detuvieron de madrugada, en una garita de vigilancia de la Forestal, en ese tiempo todavía los terrenos no habían pasado a poder de mi comunidad, CONADI estaba en etapa de negociación con la forestal, pero ya Bosques Cautín había abandonado el lugar y la comunidad lo administraba. Yo estaba clandestino, no quería presentarme al juicio porque arriesgaba penas demasiado grandes”.

Relata Cariqueo que de día él trabajaba en el campo, y en la noche, como por seguridad no se podía ir a dormir a su casa, lo hacía en la garita. Luego de ser detenido de madrugada, a unos 6 km del lugar del arresto, el jefe del operativo pidió al grupo detenerse y posteriormente llegó con un arma. “Yo dije de inmediato que no era mía, que era de la Forestal, pero me cargaron con ella. Y ahora no hallan cómo acreditar eso, pues el arma debe de estar registrada por ellos. Mi abogado me comentó que un carabinero declaró a favor mío porque el arma no fue hallada en mi casa” asegura el comunero.

La primera victoria

La victoria judicial de Cariqueo fue posible a partir de su primer triunfo judicial: la absolución en 2006 de cargos de incendio terrorista y asociación ilícita formulados por Forestal Mininco. Fue juzgado por la Ley antiterrorista vigente desde tiempos de dictadura. “Yo no podía creerlo. Todavía estoy sorprendido, yo renuncié a que mi defensa la hiciera la Defensoría Penal Mapuche. ¡Cómo yo iba a creer que un defensor que depende del mismo Estado que era parte de la acusación, me pudiera defender de verdad! Ahora fue muy diferente, me defendió un abogado solidario a quien estoy muy agradecido.”

Esa absolución fue por tanto mérito del análisis jurídico realizado por los jueces Ricardo Larenas (presidente de la Sala), Julio Sandoval Berrocal y Luis Soto Méndez, integrantes del tribunal oral en lo Penal de Angol en la oportunidad. Dos años antes, en 2004 Cariqueo había sido declarado en rebeldía cuando no se presentó al juicio a Patricia Troncoso, Jaime Marileo, Juan Marileo, Juan Millacheo y José Huenchunao, juzgados por los jueces Valdemar Koch, Georgina Solís y Luis Sarmiento, que examinaron las mismas pruebas desestimadas por los jueces ya nombrados. Los cinco acusados, en cambio, fueron condenados a 10 años y un día por el delito de incendio terrorista, y además a pagar una indemnización a Forestal Mininco de 425 millones de pesos. Hasta hoy permanecen en prisión sin acceso a ningún beneficio carcelario. En ese juicio hubo además de testigos pagados por el Estado para declarar contra los mapuche, una flagrante intervención previa de la Corte Suprema que removió a la jueza que estuvo en la primera etapa de la causa, Nancy Germany, de Collipulli, por haberse negado a calificar como “terroristas” los delitos imputados.

Entre los documentos que acompañan la demanda de Cariqueo están el certificado de absolución expedido en 2006 y un informe técnico del Servicio de Psiquiatría del Programa de Salud Mapuche del Servicio de Salud Araucanía Norte de Angol, con un diagnóstico de los efectos de la represión en la comunidad. También se incluye un proyecto de acuerdo, que figura en la web del senador Alejandro Navarro (www.alejandronavarro.cl) elaborado cuando era aún diputado, dando cuenta de la vulneración de los derechos de once niños mapuches de esa comunidad “debido a los constantes allanamientos allanamientos nocturnos, golpizas, amenazas y arrestos extrajudiciales, de menores apuntados por el frío metal de una subametralladora, niños observando aterrados, a altas horas de la noche, el violento ingreso de hombres uniformados en sus casas” .

Mininco y los allanamientos

Esas prácticas continúan en la zona, como quedó de manifiesto con el recurso de protección contra la Prefectura de Carabineros de Malleco presentado recientemente por el abogado José Aylwin, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, junto a Rodrigo Curipan, werken de la Comunidad Mapuche de Ranquilco Bajo (Collipulli) en la Corte de Apelaciones de Temuco. El recurso (www.observatorio.cl) es por tres menores de esa comunidad, los hermanos Felipe y Jaquelin Curipan Mendoza, alumnos del Colegio Lonco Mahuida, y Luis David Curipan Huenchupan, del Colegio Villla Chihuaihue, ubicados en un área cercana a la comunidad José Guiñón. El pasado 18 de junio estos niños mapuche fueron interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Policial de Carabineros de Collipulli. El procedimiento se efectuó al interior de la escuela pública Villa Chiguaigue a la que asisten los niños. Los docentes confirmaron que no es la primera vez que ello ocurre.

Según denunció la propia comunidad afectada a través de un comunicado, estos procedimientos policiales se iniciaron cuando la empresa Forestal Mininco comenzó a realizar faenas de plantación de pino insigne en el predio el Retiro Tres, el cual es demandado por la comunidad desde hace más de cuarenta años.

¿Se atreverá la Corte de Apelaciones de Temuco a practicar las diligencias que le pide el Observatorio de Derechos Indígenas? En el recurso se solicita que el Prefecto de Carabineros de la Novena Zona Policial informe acerca de si iniciará un sumario interno para esclarecer estos hechos, y se solicita además que envíe los nombres del personal que interrogó a los escolares. Están en juego el derecho a la integridad psíquica de las personas, garantizado constitucionalmente y el respeto a la Convención Sobre los Derechos del Niño.

'Cada vez que esta empresa realizar trabajo en ese lugar -dicen los comuneros- comienzan los interrogatorios clandestinos y arbitrarios. Esto demuestra que el gobierno sigue practicando su política de persecución en contra de los mapuches que mantenemos nuestra posición por la restitución de las tierras”.

La flagrante discriminación afecta a los más vulnerables, los pichikeche, los pequeños mapuche a quienes los carabineros les dijeron que sus padres robaban, por lo que debían denunciarlos. Igualmente se les interrogó acerca de quienes estaban peleando tierras y si los menores eran parientes de quienes peleaban la tierra, señalando que Carabineros allanaría la comunidad.