Senadores socialistas comparan a Chávez con Pinochet

 Salvador Allende se revuelve en su tumba

Por: Ernesto Carmona  / Argenpress.info

El Partido Socialista de Chile se sumó al coro de quienes critican al gobierno de Venezuela por no renovar la licencia de Radio Caracas Televisión, empresa del grupo Boulton que durante 53 años le lavó impunemente el cerebro a los venezolanos con la excusa de la libertad de expresión. El jefe de los socialistas, senador Camilo Escalona, quien viajó a menudo a Venezuela en 2005, durante la campaña electoral por su senaturía, comparó indirectamente a Hugo Chávez con el dictador Augusto Pinochet. El senador socialista Jaime Naranjo llegó más lejos, comparó al venezolano directamente con el dictador y pidió la intervención del gobierno chileno. Sin embargo, la campaña por la televisora venezolana no ha conseguido entusiasmar al palacio de La Moneda ni a su principal inquilina, Michelle Bachelet.

'Para la comunidad internacional, y yo me cuento dentro de esa parte, el valor de la libertad de expresión es esencial', le dijo a la Radio Cooperativa de Santiago el senador socialista. 'Para nosotros, como fuerzas progresistas y de izquierda, que sufrimos la privación de poder informar y opinar, que fuimos perseguidos por publicar un diario ilegal, [pensamos] que el liderazgo venezolano debe comprender que la comunidad internacional está pendiente de que sean capaces de asegurar el ejercicio de la libertad de opinión', recomendó el capitán del Partido Socialista. También se pronunció en términos similares el senador Jaime Naranjo, luchador por los derechos humanos de reconocidas posturas pro estadounidenses, quien comparó directamente al presidente venezolano con Augusto Pinochet.

La campaña por Radio Caracas TV, impulsada temprano por el Partido Demócrata Cristiano y la derecha, cobró fuerza tardíamente en Chile, después que la concesión no renovada fuera otorgada a una nueva estación, la Televisora Venezolana Social (TVes), que comenzó a transmitir a las 0 horas del domingo 27 de mayo. Radio Caracas podrá seguir transmitiendo por el cable y por Internet. La agitación que desarrollan con el tema en Venezuela buscar crear una crisis institucional o un golpe de estado que haga caer al gobierno o por lo menos algún gran desorden, por lo menos con un muerto, que debilite al gobierno de Chávez, quien ha sido imposible de vencer en más de 10 elecciones. Radio Caracas participó en el golpe contra Chávez de 2002, al igual que Venevisión, de Gustavo Cisneros, y las demás estaciones privadas del país, cuyas frecuencias continúan vigentes. En 2002, las muertes de ciudadanos fueron aportadas por la derecha y la policía de Caracas, cuando el entonces alcalde mayor de la ciudad Alfredo Peña participaba del golpismo, pero la televisión hizo montajes para hacerlos aparecer como obra de los partidarios de Chávez. Incluso esos montajes noticiosos de Radio Caracas ganaron premios internacionales de periodismo por una supuesta valentía reporteril, pero los organizadores europeos pidieron después que se devolvieran. La polarización de la sociedad venezolana y el papel de los medios no tienen nada que envidiarle al Chile de Salvador Allende, cuando El Mercurio decidió voluntariamente dejar de publicarse para provocar una campaña internacional contra su “clausura”. Periodistas y empleados del diario de Agustín Edwards intensificaron entonces su jornada de trabajo con horas extras y sobresueldos pagados directamente por la CIA y la compañía ITT, como quedó demostrado en la Comisión Church del Senado de EEUU.

El comentarista José Vicente Rangel mostró en su programa de televisión del último domingo la fotografía de un jefe regional de la CIA participando desfachatadamente en las marchas de la oposición venezolana por Radio Caracas y “la libertad de expresión”. Se trata de Mr Bowen Rosten, ciudadano estadounidense radicado en Colombia, quien opera además en Nicaragua, Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil, además de inglés habla perfectamente español, portugués y francés y está a cargo de la Operación Orión, con base en Venezuela, la Operación Estrella del Sur, con asiento en Bolivia, y la Operación Centauro en Ecuador. La fotografía de Rosten en la marcha de Caracas, mostrada por Rangel, pueden verse en http://www.aporrea.org/tiburon/n95640.html. El jefe regional de la CIA usa remera azul y los típicos anteojos oscuros de la caricatura del agente secreto CIA.

En Venezuela y en el exterior, la campaña cuenta con el empuje y financiamiento de la CIA y del Departamento de Estado, a través de la NED (National Endowment for Democracy), que también financia abiertamente a organizaciones periodísticas de Venezuela como el IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), conectado al IPI (International Press Institute), a su vez adscrito a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El YPYS de Venezuela, fundado en 2002 por Andrés Cañizales, periodista antaño progresista, responde al YPYS de Perú, que data de 1993. Su labor consiste en “monitorear la libertad de expresión” en Venezuela con un esquema parecido al de los “periodistas por la libertad” de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, también con corresponsales en el interior del país. Su actual jefe es Ewald Scharfenberg. La folletería corporativa del IPYS, por lo menos la que distribuyeron en el Hotel Caracas Hilton en mayo de 2005, en ocasión de una visita de John Dinges, declara abiertamente que reciben fondos de la NED y de la Fundación Konrad Adenauer. (Ver fotografía).

El reverso de la medalla

En Venezuela más bien se ha puesto en marcha una saludable democratización del espectro radioeléctrico. Las frecuencias de radio y televisión constituyen un bien público que en todos los países debiera servir a los intereses de la mayoría y no exclusivamente a pequeños grupos de poder económico alentados por EEUU. Tal como en los parlamentos civilizados tienen cabida proporcional los partidos políticos que compiten en elecciones libres, los medios de comunicación debieran tener una composición, dirección y orientación representativa de todos los matices de la sociedad y en particular, los medios radioeléctricos, simplemente porque transmiten por frecuencias que son bienes públicos. Así como un país elige a sus gobernantes, también debería elegir por lo menos a quienes manejen y operen la televisión abierta y, ¿por qué no?, a todos los medios de comunicación. ¿Por qué la difusión de noticias y opiniones debe ser un privilegio exclusivo del dinero?

Contrastan la preocupación de Escalona, Naranjo, ODCA y CIA con la libertad de expresión en el exterior y su indiferencia con lo que ocurre en casa. Se pretende apoyar la “libertad de expresión en Venezuela”, irónicamente desde un país donde esta libertad prácticamente no existe. Ninguno de los defensores locales del Grupo Boulton y Marcel Granier, en particular el Partido Demócrata Cristiano y los socialistas de derecha como el senador Jaime Naranjo, levantan la voz porque dos individuos de su país, Agustín Edwards y Alvaro Saieh, deciden qué noticias deben conocer -y cuáles ignorar- cada día los chilenos, incluidos sus desinformados electores.

Chile es un país donde los canales de televisión abierta y por cable lavan sin cortapisas el cerebro de una población indefensa transmitiendo contenidos aberrantes, antiéticos y violentistas elaborados por los diez grandes mega grupos que controlan los grandes medios de comunicación de EEUU, el entretenimiento y, por extensión, de América Latina y el resto del mundo: AOL/Times Warner, Gannett Company, Inc., General Electric, The McClatchy Company/Knight-Ridder, News Corporation, The New York Times, The Washington Post, Viacom, Vivendi Universal y Walt Disney Company. Chile es un país donde VTR Global Com implantó un monopolio absoluto de la televisión por cable, con el permiso expreso de… la Comisión Antimonopolios y hasta del Tribunal de la Libre Competencia. VTR controla el 99% del mercado, sin darle cabida a otras opciones periodísticas distintas a CNN, como la cadena Telesur, Aljazeera y otras estaciones satanizadas por la propaganda y los lavados de cerebro de EEUU y sus aliados. La única “competencia” de VTR para quienes no tienen fibra óptica es DirecTV-Sky, televisión satelital vía antena parabólica, que pertenece localmente… a VTR Global Com. Todo esto sin protestas del PDC, Naranjo y CIA, y el presidente DC del Consejo Nacional de Televisión, Jorge Navarrete, ex agregado cultura de la dictadura de Augusto Pinochet en Londres.

Precisamente fue esa preocupación por la concentración de la propiedad y el potencial mal uso comercial del nuevo medio, el mayor peligro a futuro que previeron los legisladores. Para evitar que la naciente TV chilena cayera en mano de los grandes grupos de poder económico -denunciado en esos años por el joven abogado Ricardo Lagos- que el legislador decidió entonces que la televisión abierta fuera una actividad exclusiva de las dos grandes universidades de la época, la Chile y la Católica, política que ha sido totalmente desvirtuada en algo más de cuatro décadas. Hoy, el Colegio de Periodistas debiera reclamar que un empresario extranjero, como el mexicano-estadounidense Angel González, posea en Chile dos estaciones de televisión abierta, Canal 2 y Canal 4 La Red, en violación flagrante de la ley y bajo la complacencia del Consejo Nacional de Televisión, en un país donde está expresamente prohibida la propiedad de más de un canal. González es dueño de los 4 canales de televisión abierta de Guatemala y de otras 30 estaciones en América Latina.

Ahora que está por definirse cómo se normará el negocio de la televisión digital se presenta en Chile la oportunidad de democratizar la televisión abierta, como un bien público de todos los chilenos, donde este medio no sea un privilegio exclusivo de los pocos grupos que actualmente detentan el control de ese medio. Una discusión democrática sobre el futuro de la televisión abierta bajo la tecnología digital es mucho más relevante que la elección del estándar europeo, japonés o estadounidense, y que la decisión soberana de un gobierno de no renovar la concesión que favorece a un grupo local que ya usufructuó del negocio por más de medio siglo.

Licencias de TV y soberanía nacional

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reconoce 'en toda su amplitud el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus telecomunicaciones, teniendo en cuenta la importancia creciente de las telecomunicaciones para la salvaguardia de la paz y el desarrollo económico y social de los Estados...'.

En Latinoamérica, muchos países adoptaron antes decisiones soberanas de no renovar e incluso caducar concesiones. Por ejemplo, Perú, en abril de 2007, dispuso el cierre de 2 canales de televisión y 3 de radio por incumplir la Ley de Radio y Televisión, licencias vencidas y utilización de equipos no homologados. En Uruguay, diciembre de 2006, se revocaron los permisos de las emisoras de radio 94.5 FM y Concierto FM, de Montevideo, y también revocaron una resolución que ampliaba la cobertura de la señal de cable Multicanal, perteneciente al grupo Clarín de Argentina.

En El Salvador, en julio de2003, se revocó la concesión de Salvador Network, y en Canadá, junio de 1999, revocaron la concesión a Country Music Televisión - CMT, mientras en Estados Unidos, la Administración Federal de Comunicaciones (FCC, según su sigla en inglés), revocó en julio de 1969 la concesión a WLBT-TV; en 1981 revocó la concesión a WLNS-T, en abril de 1999, a FCC Yanks Trinity License; en abril de 1998, a DAILY DIGEST (Radio). Entre 1934 y 1987 en EEUU 141 estaciones perdieron sus licencias, entre ellas 102 por no renovación. Sólo en 40 casos se revocó la licencia sin esperar a que ésta expirara. Durante la década de los 80 hubo 10 casos en que no se renovó.

En Europa, España revocó en julio de 2004 la concesión de TV Laciana (canal por cable local) y en abril de 2005) cerró las emisoras de radio y de TV de señal abierta en Madrid; y luego, en julio del mismo año, dispuso el cierre de TV Católica. Francia revocó la licencia de TV& en febrero de 1987, en diciembre de 2004 revocó la concesión de Al Manar; y en diciembre de 2005 cerró a TF 1 por poner en duda la existencia real del holocausto.

En Inglaterra, el gobierno de Margareth Thatcher canceló la concesión de una de las más grandes estaciones de televisión de Inglaterra sencillamente por haber difundido noticias no gratas, aunque absolutamente verídicas. Simplemente argumentó que “si ya habían tenido la estación durante 30 años ¿por qué debían tener un monopolio?”. En el mismo Reino Unido, la autoridad dispuso en marzo de 1999 el cierre temporal de MED-TV-canal 22; en agosto de 2006 revocó la licencia a ONE TV; en enero de 2007, la licencia de Look 4 Love 2, en noviembre de 2006, StarDate TV 24; y en diciembre 2006 revocó al canal de televentas AUCTIONWORD.

En 1990, Irlanda revocó la licencia para empezar a transmitir a TV3, mientras en Rusia, en agosto de 2000, se cerró una emisora de televisión por difundir publicidad subliminal y en marzo 2002 clausuraron a TV-6. En agosto de 2002, en Bangladesh, Asia, revocaron la licencia a Ekushey Televisión (ETV). Y en ninguno de estos países hubo campaña como la actual por Radio Caracas Televisión, que duró 53 años. El Colegio de Periodistas de Chile tampoco se interesó en contrariar ninguna de esas decisiones.