Comunicado Público

Los días 14 y 15 de marzo del presente año, el Estado de Chile, fue examinado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata del Quinto  Informe Periódico sobre las disposiciones que ha adoptado Chile y que den efectividad a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso en cuanto al goce de esos derechos.

Previamente  al examen realizado en Nueva York los días 14 y 15, al Estado de Chile se le habían formulado 22 preguntas específicas referidas a diversas materias relacionadas con la situación de los derechos humanos en el país que, se debían abordar al examinar el Quinto Informe periódico de Chile.

La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo –CODEPU-, con el apoyo de la Federación Internacional de los Derechos Humanos -FIDH- y su oficina en Nueva York hizo llegar las observaciones a las respuestas formuladas por el Estado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.[1]

Codepu, se hace un deber, informar a la opinión pública nacional e internacional, que el documento entregado a las Naciones Unidas, por el Estado de Chile, en respuesta a las preguntas formuladas por el Comité, incurren en algunos de sus aspecto fundamentales en una franca distorsión de la realidad, omitiendo, o bien tergiversando los hechos.

Dentro de aquellos temas, respecto de los cuales francamente la Cancillería Chilena miente o tergiversa, podemos señalar los siguientes:

Se pregunta sobre el Rol del Consejo de Defensa del Estado en la lucha contra la impunidad y se señala por el Estado que: “En cuanto al rol del Consejo de Defensa del Estado en la lucha contra la impunidad, a este organismo le ha correspondido un papel destacado en un conjunto de causas vinculadas a gravísimas violaciones de derechos humanos … desempeñando en todos ellos un rol activo y de colaboración permanente dirigido a lograr avances y progresos sustantivos en cada una de estas causas…”

Nada dice el Gobierno de Chile, sobre la tesis sostenida hasta el año pasado sobre la Amnistía Impropia , que era la consagración de la impunidad, y menos sobre la sistemática negación por parte del CDE de reconocer, a familiares y víctimas, el derecho a la  reparación por las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado en el pasado reciente.

Sobre la vigencia del DL de Amnistía, se sostiene que este no recibe aplicación por parte de los tribunales de justicia, y que hay voluntad de modificar dicha legislación, sin embargo, omiten reconocer que ninguna iniciativa legislativa auspiciada por el Ejecutivo ha sido promovida a efectos de anular el espurio decreto ley.

Se pregunta al Estado  si se ha acusado de terrorismo a miembros de la comunidad mapuche por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras. El gobierno sobre el particular señala: “El Estado de Chile en caso alguno ha utilizado la legislación que sanciona conductas terroristas para evitar las legítimas demandas de comunidades indígenas por hechos vinculados a la lucha social de la tierra y los legítimos reclamos en torno a ello”.

La respuesta proporcionada por el Gobierno es francamente irritante. Es público y notorio, que el Estado, sí ha invocado la ley antiterrorista para sancionar a comuneros y dirigentes Mapuche. Sólo hace un par de días, el Sub Secretario del Interior, se vanagloriaba de la captura del dirigente Mapuche José Huenchunao, condenado a 10 años de cárcel, precisamente por supuesta infracción a la ley antiterrorista.

Sobre otros temas de preocupación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como la vigencia del sistema electoral binominal, la existencia de jurisdicción militar para sancionar e investigar a civiles, la lucha contra la discriminación y el igual tratamiento de la ley a las minorías, reconocimiento de los pueblos originarios, despenalización del aborto,   etc,  no se reconoce que a pesar de las casi ya dos décadas de transición democrática, ningún avance efectivo se ha experimentado, persistiendo en todos estos temas la legislación heredada de la dictadura.

CODEPU, denuncia y lamenta, que la Cancillería chilena en representación del Estado, intente engañar a la comunidad internacional, comprometiendo gravemente la imagen del país, exponiéndolo a incurrir en responsabilidad internacional al no dar cumplimiento de buena fe a sus obligaciones, derivadas de su condición de signatario de uno de los instrumentos internacional más importantes en materias de Derechos Humanos.

Federico Aguirre Madrid

CODEPU 

Santiago; 23 de marzo de 2007