Una Corte sin Pinochet
Fueron ocho años en que sumó cientos de investigaciones, procesamientos, querellas, demandas y recursos, todos ahora se reducen a una simple palabra: sobreseído. Los tribunales que antes rechazaron escritos, hoy terminaron este ciclo sin poder concretar las aspiraciones de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, una condena. Ahora los jueces confían en agilizar sus pesquisas, cerrar procesos, y por fin sentenciar a quienes sobreviven al general (r).
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Aunque los procesos siguen adelante con la muerte de Augusto Pinochet se cierra una era en los tribunales, la de las pesquisas en materias de derechos humanos, y se acerca a paso más firme la dictación de condena a los cientos de personas, ex uniformados en su mayoría, que aparecen involucrados en estos ilícitos.
Las casi trescientas querellas que conoció en su momento el ministro Juan Guzmán hoy se han convertido en procesos que en manos de no más de cinco jueces permitieron levantar presunciones fundadas de su participación en delitos y sólo eso.
Lamentablemente para la comunidad de derechos humanos, Pinochet dejó la historia como un mero inculpado y no como un responsable de delitos, dato no menor, aún así su muerte destraba más de una pesquisa y con ello las condenas aparecen cada vez más cerca, al punto que a mediados del 2007 podría haber una en algunos de las causas emblemáticas.
La incógnita que sigue adelante es qué sucederá con otros procesos que se tramitan en el extranjero como España, Francia, Italia y Alemania, en donde las legislaciones podrían permitir que las pesquisas se mantuvieran inalterables, incluso sentenciándolo.
Si primero fue el ministro Víctor Montiglio ( Caravana de la Muerte y Operación Colombo) y luego Juan González (subrogante en el caso Riggs) luego será el turno de Alejandro Solís (con permiso en la actualidad), quien deberá firmar el documento en que se constata el sobreseimiento parcial y definitivo de Pinochet por muerte en la causa de Villa Grimaldi.
Con esto se cierra el círculo que comenzó en enero de 1998 cuando la entonces presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín plasmó el primer escrito en que pedía que se investigara al ex dictador por la desaparición de personas. Desde ese minuto e impulsado de sobremanera por su detención en Londres, los procesos judiciales en Chile permitieron a los jueces hacer lo que antes no hicieron: aplicar justicia a favor de las víctimas de la represión.
A paso de tortuga avanzaron en su primera etapa estas investigaciones, pesquisas que de pronto tuvieron un vuelco con el primer desafuero (agosto del 2000), el primer procesamiento (diciembre del 2000), el primer interrogatorio, sus primeros exámenes médicos (enero de 2001), actividades que conmocionaban a los tribunales y los instalaban en el ojo del huracán.
Hoy los pasillos en cambio denotan que la calma se ha instalado ya no hay más maniobras dilatorias como denunciaban los querellantes acusando al equipo jurídico de Pinochet y por lo mismo sólo se encuentran los ex agentes de la DINA y la CNI algunos de los cuales ya son habitantes de los penales de Punta Peuco o del Regimiento de Telecomunicaciones.
Más aún gran parte de ellos, con el correr de los años, han optado por colaborar como sucedió por ejemplo en Operación Albania con tal de acceder a pequeños beneficios, valiosos para personas que enfrentan cargos de homicidio o aplicación de tormentos.
En la retina de estos mismos ex agentes o ex oficiales pesa y pesará con seguridad las constantes evasivas del ex dictador quien nunca admitió los horrores cometidos bajo su régimen y se limitó a decir simplemente que fueron “excesos”, al punto incluso que en la controvertida entrevista que dio a canal de Miami sostuvo que era un “ángel” y se autoconsultó: “¿por qué tenía que pedir perdón?”.
Si bien muchos esperan que con la muerte del ex dictador se acabe el pacto de silencio que por años se mantuvo entre los más fieles pinochetistas, no es menos cierto de que ya muchos han decidido colaborar y sólo confían en que sus sanciones sean suavizadas con fórmulas como la media prescripción que se impuso en el caso del homicidio de Tucapel Jiménez o bien de plano se liberen de responsabilidad a los bandos medios.
La plata sí importa
Aunque fueron ocho años de pesquisas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por la DINA, CNI, SIFA, Comando Conjunto, por mencionar algunos, el verdadero golpe que sufrió Pinochet vino por la plata.
Las pesquisas que concluyeron en el hallazgo de su fortuna repartida por el mundo, en especial en el Riggs Bank de Estados Unidos, fue sin duda el mayor dolor de cabeza del ex uniformado, pues puso a su familia tras las rejas por algunos momentos y promete restar algo de su fortuna. En este caso las pesquisas impulsadas por el Servicio de Impuestos Internos, seguirán manteniéndolo n la noticia, así como a su clan altamente complicado en esta causa.
Con ello se cierra definitivamente un círculo en que Pinochet abandona por siempre su paso por la justicia.
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