La Concertación debe alinearse en torno al camino fijado por la Presidenta Bachelet y apoyar esta iniciativa sin dilación

Por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente del Senado

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció recientemente el proyecto de ley que reforma nuestro sistema previsional y que próximamente será enviado al Congreso Nacional. Sin duda, se trata de una iniciativa ambiciosa que beneficiará a todos los chilenos, principalmente a segmentos de la población que se encuentran en una situación desprotegida como las mujeres y los adultos mayores.

Construir una sociedad solidaria es una tarea que tiene en el ámbito de la previsión social una especial significación. Quienes terminan o ven seriamente limitada su vida productiva deben disponer de una protección que les permita mantener una vida digna, libre de apremios o penurias para las personas beneficiadas y sus familias.

En esto no debemos perdernos. Lo fundamental es que tengamos siempre presente que el objetivo de la seguridad social es proteger adecuadamente a las personas, desde que nacen hasta que mueren, cubriendo las diversas realidades del país. Se trata de un bien social, cuyo perfeccionamiento es un imperativo que emana de la responsabilidad pública propia del Estado y esa debe ser la inspiración del desafío que nos ha propuesto el Gobierno.

En sus 25 años de existencia, el actual sistema de administración privada ha mostrado grandes fortalezas y ha sido capaz de evolucionar aprovechando las oportunidades que se le han planteado en el camino. El hecho de que en otras latitudes haya sido recogido como una experiencia de interés, es una buena señal de sus primeros resultados y de la consiguiente acogida que se le brindó.

No obstante, en su funcionamiento a través de todos estos años han quedado en evidencia una serie de vacíos y desigualdades que debemos resolver. Existe un amplio consenso sobre la necesidad de perfeccionar el sistema en ciertas áreas, tales como: ampliar la cobertura a todo tipo de trabajadores, incorporar a los independientes, mejorar las garantías mínimas, introducir más equidad entre hombres y mujeres, aumentar la competencia y la transparencia, e incrementar la rentabilidad de los fondos.

En este sentido, me parece que varias de las medidas anunciadas son muy acertadas, especialmente aquellas que tendrán un fuerte impacto social reforzando el carácter solidario del sistema. Entre ellas, en primer lugar, valoro enormemente la creación del Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) que va a favorecer al 60 por ciento de la población de menores ingresos, la mayoría de los cuales corresponde a un sector que durante su trayectoria laboral, por diversos motivos, no logra ahorrar lo suficiente como para asegurarse una pensión decente.

Lo anterior está directamente relacionado con una de las mayores falencias del actual sistema: la discriminación por género, pues la implementación del SPS no considera requisitos de número de cotizaciones, eliminando las barreras que limitan su acceso, y entrega mayores aportes a las personas que menos han cotizado. Esta medida apunta especialmente a las mujeres, pues son ellas las que mayoritariamente se encuentran en las condiciones antes descritas.

Además, la reforma elimina el requisito de 240 meses mínimos para acceder a las Pensiones Mínimas Garantizadas por el Estado, factor que discrimina a un número significativo de mujeres que realizan labores eventuales o de temporada.

También es un gran avance la entrega de una bonificación devengada por cada hijo nacido vivo a toda pensionada por AFP y a toda mujer que reciba una Pensión Básica Solidaria, lo que también constituye un incentivo a la maternidad.

Por último, me parecen absolutamente necesarias las medidas tendientes a alcanzar una mayor cobertura para los trabajadores independientes y, en especial, para los trabajadores jóvenes, lo que contribuirá a combatir uno de los mayores problemas que hoy tenemos que es el desempleo juvenil.

En suma, la Presidenta fijó un camino y es deber de los partidos de la Concertación y, principalmente, de sus parlamentarios, apoyar sin dilación este proyecto que está llamado a convertirse en uno de los grandes legados de este Gobierno.

En este sentido, no obstante, quiero dejar muy en claro mi rechazo a aquellos que  pretenden dividir la discusión de esta iniciativa, legislando primero lo que ellos califican como “los temas de mayor impacto” y dejar para más adelante los relacionados con las modificaciones a la industria de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Me parece dudosa esa intención. ¿Acaso el objetivo es no tocar a las AFP para proteger sus intereses? ¿Quién nos asegura que luego van a estar dispuestos a aprobar los cambios tendientes a lograr una mayor competitividad y a rebajar los costos del sistema? Este es un proyecto integral y, por lo tanto, debe tratarse en su globalidad. No me prestaré para analizar por separado los deberes y derechos involucrados en la reforma y espero que todos los partidos de la Concertación estén alineados tras esta postura.

La ciudadanía ha esperado muchos años por esta iniciativa. Estoy convencido que es un gran avance en la tarea de darle mayor protección social a la gente, conciliando, en este caso, el reconocimiento a los que ahorran más con el debido apoyo a los que se quedan atrás. Sólo así podremos contar en el corto plazo con un sistema previsional más eficiente, más integrador, más transparente y adecuado a los requerimientos de todos los chilenos.