Dorando la píldora
La arremetida católica contra el Gobierno
La Moneda puso en la agenda un tema de salud pública que atraviesa a toda la población. Y este lunes en los tribunales se sabrá quién habrá ganado la batalla por los derechos de la sexualidad de los jóvenes: si los sectores conservadores del país o el Ministerio de Salud.
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Por Boris Bezama
El lunes por la noche, la directiva de la Democracia Cristiana llegó al Círculo Español con pintura de guerra. El enojo por no haber sido informada antes del sábado 2 de septiembre respecto de las normas sobre regulación de la fertilidad hizo que su presidenta, Soledad Alvear, se explayara ante los ministros y subsecretarios DC sobre “los alcances” de la medida. Media hora antes de que comenzara la comida recibió el documento de la titular de Salud, Soledad Barría. Era la primera vez en seis meses que el Gobierno avanzaba en políticas de salud pública a sabiendas que sería satanizado por quienes se han opuesto en estos 16 años a conformar una sociedad más plural y abierta.
Y tal como ocurrió con el divorcio en años anteriores, esos sectores esgrimieron la tesis de la defensa de la familia. Los partidos se vieron enfrentados a esta disyuntiva, alineándose en uno u otro bando, pero con divergencias internas visibles en la DC y RN.
Aunque en principio, Alvear planteó que no le parecía adecuada la decisión, la DC, en el curso de la semana, debió morigerar su postura de rechazo. De hecho, la vicepresidenta Ximena Rincón fue categórica en señalar a LND que la DC hasta ahora no ha rechazado la medida. A partir de la próxima semana, el tema quedará en manos del vicepresidente Sergio Micco, pues Alvear viajará el jueves a Washington para visitar a su hija, que está embarazada de siete meses.
Micco comparte la misma postura de Alvear y, según cercanos suyos, estima que no es rentable apoyar a La Moneda, por un supuesto éxodo de votos católicos. Punto controvertido, advierten quienes tienen una posición más liberal, ya que, a su juicio, rechazar la medida haría distanciarse de lo que la opinión pública mayoritariamente aprueba.
Las ministras DC se alinearon desde un comienzo tras el dictamen de Salud e, incluso, en la reunión del Círculo Español la titular del Sernam, Laura Albornoz (ver artículos relacionados), y de Educación, Yasna Provoste, defendieron la distribución de la píldora. Con ello surgió de inmediato la interrogante de cuál es el verdadero intercambio entre los ministros DC y su directiva: si Albornoz y Provoste estaban en conocimiento de la medida, por qué la DC denuncia que el tema no le fue compartido. Es más, la propia ministra Barría (ver página 8) asegura que el subsecretario de Redes del Ministerio de Salud, Ricardo Fábrega (DC), estaba en conocimiento y que “aquí no hay una salida de tarro de nadie”.
En la semana, nuevamente quedó en evidencia la división en la falange entre los sectores más proclives a cambios culturales con quienes pretenden mantener el statu quo. Dicotomía que siempre se ha apreciado en los llamados temas valóricos, aunque esta vez fue con mayor intensidad, especialmente al ver por TV que dos diputados DC, Carlos Olivares y Jorge Sabag, integraron una bancada transversal (Parlamentarios por la vida) junto a los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y María Angélica Cristi (UDI) para cuestionar la medida del Gobierno y advertir que ésta es un paso hacia el aborto.
El rechazo fue unánime, pues para algunos fue visto como el fantasma de una alianza espuria derecha-DC. De ahí que Moisés Valenzuela, secretario nacional de la falange, advirtiera que “la DC prefiere que sus militantes expresen su posición en las instancias correspondientes”.
Sin embargo, el dirigente insistió en criticar al Gobierno por no adelantarle que se comenzaría a distribuir la píldora. Consultado cómo era posible que la DC no manejara dicha información si tiene un subsecretario en la cartera de Salud, aseguró que Fábrega estuvo abocado a los temas relacionados con las movilizaciones del sector, por lo que no habría tenido acceso al material que regula la fertilidad.
Todos los ojos estarán puestos este lunes en la decisión de la Corte de Apelaciones de acoger o no el recurso de protección para impedir la distribución de la píldora. En La Moneda confían que no será acogido y, por lo mismo, la derecha ya tiene preparada una batería por si el recurso es desechado.
El diputado UDI Marcelo Forni, quien ha encabezado la cruzada contra el fármaco de emergencia, adelantó a LND que en tal caso podrían presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional o una querella por afectar el derecho del que está por nacer.
OFENSIVA DE LA IGLESIA
Después de que el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, criticara que las nuevas normas de fertilidad van en contra del matrimonio y la familia, fue la Conferencia Episcopal la que propinó la nueva estocada al plan gubernamental. Sus invectivas fueron durísimas, al acusar que el documento “recuerda políticas públicas fijadas en regímenes totalitarios que pretendían desde el Estado regular la vida íntima de las personas. En un texto titulado ¿Hacia dónde camina Chile?”, la Iglesia aseguró que “a los padres se les priva de su sagrada obligación de educar, orientar y acompañar la vida de sus hijos en los momentos de su vida adolescente”.
Lo que más molestó en La Moneda fue la comparación de la batalla contra la píldora con la defensa de los derechos humanos realizada por la Iglesia en dictadura. “Los pastores levantamos hoy nuestra voz a favor de la dignidad de la vida, porque lo sentimos un imperativo moral irrenunciable”, señala el texto.
La reacción vino a través del ministro del Interior, Belisario Velasco, y de la titular del Sernam, quienes manifestaron que el Gobierno no impone conductas, sino que deja a disposición de las personas opciones para enfrentar el inicio cada vez más precoz de la actividad sexual entre los jóvenes.
Dicha defensa fue refrendada el viernes por la propia Presidenta Bachelet, quien estimó necesario, según sus cercanos, intervenir en el conflicto, pese a estar consciente de que podría abrirse un foco de tensión mayor con la Iglesia. “Estamos convencidos que la democracia es el mejor sistema. En este país tenemos democracia, tenemos distintas opiniones, pero lo importante es que en un régimen democrático nadie impone sus creencias y sus valores a otros”.
La declaración de la Iglesia fue calificada en La Moneda como “desproporcionada, injusta y falta de comprensión” de los esfuerzos que hace el Ejecutivo para ayudar a los más desposeídos. Aseguran que aunque exista una contraofensiva de los sectores conservadores, no habrá paso atrás en las políticas de sexualidad porque, a diferencia de quienes se rasgan vestiduras con la familia, “nosotros estamos realmente por la vida”.
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