Presidenta Bachelet firmó Proyecto de Ley que fortalece y mejora los Tribunales de Familia
Presidenta Bachelet firmó Proyecto de Ley que fortalece y mejora los Tribunales de Familia
Foto: Las modificaciones propuestas buscan enfrentar las demoras que hoy se registran en los Tribunales de Familia debido a una demanda muy superior a la proyectada.
La iniciativa aumenta el número de jueces, profesionales y personal administrativo en los Juzgados de Familia, además de fortalecer la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial y del sistema de mediación.
La Mandataria destacó que el próximo año se contará con una Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, una nueva Justicia Laboral, se creará la nueva Corte de Apelaciones de Santiago y se enviará al Congreso un proyecto que revisa el Código Penal. Además, se espera haber concluido los estudios de un nuevo sistema Procesal Civil.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó esta mañana la ceremonia de presentación y firma del proyecto de ley que introduce modificaciones orgánicas y de procedimientos a la ley Nº 19.968, que creó los Tribunales de Familia. “Propongo dar un nuevo impulso en mi Gobierno a esta línea continua y nunca abandonada de los gobiernos de la Concertación, consolidar lo alcanzado y aportar a la conquista de nuevos espacios para una justicia equitativa y eficiente”, señaló durante la ceremonia realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.
En la ocasión, la Mandataria estuvo acompañada de los ministros Paulina Veloso, de la Secretaría General de la Presidencia; Isidro Solís, de Justicia; Carmen Andrade, ministra subrogante del SERNAM; Verónica Barahona, subsecretaria de Justicia; el general director de Carabineros, José Bernales; el director de Investigaciones, Arturo Herrera y representantes del Poder Judicial y organizaciones sociales.
La Presidenta de la República explicó que “este proyecto introduce reformas orgánicas, procedimentales y reformas sustantivas a materias de competencias de estos tribunales, e implica un esfuerzo por parte del Estado, que nos llevará a destinar cerca de 24 mil millones de pesos del Presupuesto de la nación”.
Estos recursos -informó- estarán destinados a materializar tres ejes de mejoramiento en la justicia de familia: el incremento de los recursos humanos con que cuenta, el fortalecimiento de la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial y, finalmente, el mejoramiento del sistema de Mediación.
Al respecto, planteó que la iniciativa considera el aumento en el número de jueces de 258 a 289; la incorporación de 25 nuevos consejeros técnicos; 99 nuevas plazas para las “Unidades de Cumplimiento” y 310 nuevos funcionarios destinados a labores administrativas.
En cuanto al mejoramiento organizacional y de gestión de los tribunales de Familia, la iniciativa plantea procedimientos más expeditos y acordes a los requerimientos que determina su ámbito de acción con un importante acento en la calidad y oportunidad del servicio.
En materia de violencia intrafamiliar, la Jefa de Estado expresó que “por su especial naturaleza, mantendremos la actual posibilidad de comparecer directamente, sin abogado, sin perjuicio que también se podrá acceder a uno, gratuitamente, para su adecuada defensa. Debemos asegurar que en los casos de violencia intrafamiliar, la justicia responda en forma especialmente proactiva, rápida y eficaz, para proteger a las víctimas. Tenemos que hacer algo, y algo ya. Los tribunales pueden colaborar en detener la espiral de violencia contra la mujer, ahora”, recalcó.
La Mandataria explicó que las modificaciones propuestas buscan enfrentar las demoras que hoy presentan los Tribunales de Familia, debido a una demanda muy superior a la proyectada previo al inicio de sus funciones, el 1 de octubre de 2005. A junio de 2006 –a 9 meses de funcionamiento- los ingresos llegaban a 302 mil 495, lo que implica que al año ingresará un total de 400 mil causas, más del doble de lo presupuestado. La proyección al año era de 185 mil.
“Del total de causas ingresadas al sistema desde su implementación en octubre pasado, un 30% corresponden a juicios de alimentos; 19% a violencia intrafamiliar; 4% a solicitudes de tuición; 5% relación directa y regular con los hijos; 7% medidas de protección; 9% son divorcios, entre las causas más recurrentes”, comentó la Mandataria.
En este contexto, la Presidenta Bachelet resaltó que “con mayores jueces y personal judicial; con asesoría legal y mediación accesible y gratuita y mejoras en el procedimiento, esperamos descongestionar los Tribunales de Familia y de esta forma, satisfacer las expectativas que tantas y tantos nos hemos formado respecto de una nueva judicatura de familia, oportuna, cercana y efectiva”.
En la oportunidad, la Mandataria destacó que “la reforma judicial no detendrá su marcha, ya que el próximo año se pondrá en funcionamiento la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que será un sistema especializado en jóvenes infractores, pero cuyo principal énfasis está en la rehabilitación; la nueva Justicia Laboral, que busca asegurar el efectivo y oportuno resguardo de los derechos de los trabajadores. Además, se creará la nueva Corte de Apelaciones de Santiago y se revisará el sistema de notarios y conservadores, de manera de avanzar hacia un servicio transparente, eficiente y accesible a toda la ciudadanía”.
También sobre los cambios en el sistema judicial chileno, la Jefa de Estado adelantó que “el próximo año, contando con la colaboración de un foro amplio de expertos, estaremos en condiciones de enviar a la discusión del Congreso el proyecto de ley que revisa nuestro código Penal y esperamos haber concluido los estudios acerca de un nuevo sistema Procesal Civil”.
Finalmente, aclaró que estos esfuerzos buscan “algo tan simple como que la justicia esté al acceso de todos los ciudadanos, que nadie piense que la justicia es cosa de ricos; que nadie sufra más el atropello de sus derechos sin que la sociedad pueda reparar el daño y castigar al ofensor; que nadie quede excluido del acceso a la justicia y del derecho que ésta le responda con autoridad, con oportunidad y eficiencia; en donde los derechos de los chilenos no sólo son reconocidos formalmente, sino que son garantizados y protegidos”, concluyó la Presidenta.
EL PROYECTO DE LEY
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