Primeras condenas contra Pinochet podrían quedar 'a firme' recién en 2008

18 de Agosto del 2006

Polémica por posible funeral con ''honores militares''

por  Jacmel Cuevas P.

En el mejor de los escenarios, los primeros procesos que podrían fallarse en los próximos meses serían Operación Colombo y Villa Grimaldi y, eventualmente, la arista tributaria en el caso Riggs. Pero esas posibles condenas quedarían ejecutoriadas no antes de un año más, cuando el ex uniformado ya cuente con más de 92 años de edad.

Las polémicas declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, en cuanto cómo actuaría su institución en caso que se produzca el fallecimiento de Augusto Pinochet, implican que si su deceso se produce antes de 2008 el ex dictador recibirá durante su funeral todos los honores militares que le corresponden su calidad de ex jefe castrense.

Y es que pese a que su panorama judicial se ha vuelto cada día más complicado, pues enfrenta procesamientos como autor de secuestros calificados en la Operación Colombo y cargos por evasión tributaria y falsificación de pasaportes en el denominado caso Riggs, además de una serie de pedidos de desafuero, en lo inmediato no se avizora ninguna condena en su contra.

Por ello, en el mejor de los escenarios para sus querellantes, la primera sentencia que se podría dictar en estos procesos no se produciría antes de fin de año. Al respecto, uno de los abogados requirentes en estos procesos, Hiram Villagra, explicó que en la Operación Colombo es posible que a fines de 2006 el ministro a cargo, Víctor Montiglio, pronuncie un fallo que posiblemente –por la línea que ya ha fijado ese magistrado - aplique la amnistía a favor de Pinochet.

Otro de los procesos que estaría bastante avanzado es el caso Villa Grimaldi, por el que el ministro Alejandro Solís solicitó el desafuero del ex jefe del Ejército por su eventual responsabilidad en 59 secuestros y torturas dentro del recinto de detención clandestino de la disuelta DINA. Pese a que el pedido de Solís aún no ha sido visado por la Corte Suprema, Villagra opinó que si ello sucede, el magistrado estaría en condiciones de procesar a Pinochet, cerrar sumario y, eventualmente, a dictar una sentencia condenatoria contra el ex militar.

Respecto al caso Riggs, el tema pareciera ser más complejo. Por la voluminosidad de la causa, es poco probable que la investigación finalice antes de mediados del próximo año, pero sí podría cerrarse la arista tributaria antes de dicho plazo, con lo cual se abriría una puerta para que el ministro Carlos Cerda pueda dictar un fallo condenatorio, siempre que no surjan nuevos antecedentes que sea necesario investigar, según opinó una fuente allegada a la causa.

En cuanto al caso Caravana de la Muerte, en el cual Pinochet fue nuevamente desaforado hace pocos meses, luego que en 2002 fuera sobreseído por razones de salud, dicho proceso también podría ser cerrado en los próximos meses y quedar listo para ser fallado. Sin embargo, como también es sustanciado por Montiglio, los querellantes proyectan que puede haber una sentencia absolutoria.

“El tema más complicado va porque efectivamente corremos el riesgo serio que Montiglio lo absuelva, por eso hay que pensar más bien en las condenas del ministro Solís y eso dependen de la rapidez con que salga el desafuero de Villa Grimaldi, porque esa causa está casi terminada”, explicó Villagra.

En materia judicial, una condena de primera instancia siempre es potencialmente modificable en la medida que puede ser revisada por los tribunales superiores, ya sea a través de recursos de apelación o de casación –ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, respectivamente-, por lo cual el plazo para que un posible fallo condenatorio quede “a firme” podría ser fácilmente de un año, dado el tiempo en que cada magistratura demoraría en conocer de cada proceso.

Sin presunción de inocencia

Respecto al argumento sobre respetar la presunción de inocencia de una persona que no ha sido condenada aún por los tribunales de justicia, Hiram Villagra consideró que esa premisa no tiene ningún asidero en el caso de Pinochet, ya que su defensa siempre ha ido por el lado de los problemas de salud que le impiden enfrentar un debido proceso.

“Hay que recordar que hay presunciones fundadas por las cuales se la ha sometido a proceso. Desde ese momento la sana duda es claramente insostenible, dado que ha sido desaforado y sometido a proceso y es claro su nivel de responsabilidad, lo cual se ha establecido judicialmente. La presunción de inocencia, claramente, no es un todo o nada, va cediendo en la medida que suceden distintos eventos y, la verdad, es que los distintos procesamientos que han ido recayendo sobre el general Pinochet han ido amarrando la idea que él tiene una responsabilidad criminal directa”, explicó el abogado.

Asimismo, opinó que “el Ejército debe iniciar un proceso claro de ruptura con lo que fue la dictadura militar y eso no se está dando con este tipo de situaciones. Hay que pensar que en situaciones muchos más suaves cualquier oficial habría sido dado de baja de forma violenta, y aquí, que estamos hablando de reiterados crímenes, secuestros, peculado, etc; se señala que vamos a esperar la sentencia definitiva. Eso es un pretexto que ni siquiera Izurieta lo cree, él sabe que es un tema de orientación ideológica”.

Para Villagra “es claro que Pinochet ha caído en conductas de deshonor militar y que así está establecido y eso agravado por su cobardía, ya que lejos de enfrentar su responsabilidad, su defensa no ha sido sostener su inocencia, sino su inimputabilidad porque no está en condiciones de enfrentar un juicio, tratando de mantener la duda y en esa estrategia ha sacrificado su honor. Jamás ha intentado probar su inocencia”.

“Las declaraciones de Izurieta, a parte de ser insostenibles, implican mantener una situación de conflictividad social entre el mundo militar y el mundo civil que no se justifica”, concluyó el profesional.

Los otros casos

Al margen del episodio por Villa Grimaldi, la Corte Suprema aún tiene pendiente revisar la segunda solicitud de desafuero en el caso Riggs, por los delitos de negociación incompatible y malversación de caudales públicos, la cual será revisada este viernes por el pleno del máximo tribunal, con la asistencia de 17 ministros.

Además, en la Corte de Apelaciones de Santiago también se encuentran en proceso de revisión las solicitudes de quitarle su inmunidad por el caso del secuestro y asesinato del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, caso sustanciado por el ministro Alejandro Madrid. Junto a ello, también está en la lista otro desafuero por el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó, proceso instruido por el ministro Jorge Zepeda.

Reacción del gobierno

En tanto, este jueves la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, dio a conocer una "conversación" con el comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, respecto a sus declaraciones sobre un eventual funeral del general (R) Pinochet.

Pese a que la secretaria sostuvo que no hay molestia en el gobierno, precisó que le hizo ver al uniformado "que no es apropiado estar discutiendo este tema, que no es un tema de debate". Blanlot insistió en que durante la conversación le planteó a Izurieta que no le parece que sea un tema adecuado para discutirlo, o para que se convierta en un tema de debate nacional.

Por su parte, el vocero del Ejecutivo, Ricardo Lagos Weber, opinó que "no es de buen gusto andar comentando qué va a ocurrir ante la eventualidad de fallecimiento que no ha ocurrido". En todo caso, para el ministro desde el punto de vista político hay un juicio “acabado y formado” respecto de la figura de Pinochet.