DDHH: Se querellan contra general de Ejército por exhumaciones
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La acción judicial le imputa al general Miguel Trincado la autoría de los delitos de inhumación y exhumación ilegal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia.
Familiares de ejecutados políticos de Calama, con el patrocinio de abogados de derechos humanos, presentaron hoy una querella criminal contra el general en servicio activo Miguel Trincado, en el marco de la llamada Operación “Retiro de televisores”.
La acción judicial, que también está dirigida contra el general (R) Augusto Pinochet Ugarte, le imputa la autoría de los delitos de inhumación y exhumación ilegal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia.
Según las organizaciones de derechos humanos, Trincado, actual comandante en Jefe de la II División de Ejército habría estado vinculado, a fines de los años 70, en la exhumación de los cadáveres de 26 fusilados de Calama. Los cuerpos habrían sido subidos a un avión bimotor de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y posteriormente lanzados al mar.
La querella también está dirigida contra el coronel (R) del Ejército Eugenio Rivera Desgroux, los oficiales (R) del Ejército Humberto Minoletti, Julio Salazar Lanterri, el suboficial (R) del Ejército, Jerónimo Tomás Rojo, y los funcionarios de la FACH Carlos Desgroux Camus (ya fallecido) y Carlos Pahoa Riroroco.
Los abogados, encabezados por Hugo Gutiérrez e Hiram Villagra, anunciaron que la próxima semana solicitarán al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago la designación de un nuevo ministro en reemplazo del actual juez instructor de la causa, Cornelio Villarroel, a quien el tribunal de alzada ordenó reabrir la investigación luego que la sobreseyera.
Ayer, el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, negó la participación de Trincado en los hechos y calificó como “injustas” las acusaciones, mientras que la FACH dijo desconocer la existencia de ese episodio, pero comprometió su colaboración a los tribunales.
La llamada Operación “Retiro de televisores” respondió a un cripograma dictado por el general (R) Pinochet, tras el hallazgo, en noviembre de 1978, de los cadáveres de 15 campesinos asesinados en la localidad de Lonquén. El mensaje ordenaba desenterrar todos los cuerpos de los prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer.
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