La Comisión Marcel atrasó enfrentar la crisis de sistema AFP

Chile

Por Hugo Fazio

La discusión sobre la reforma previsional pasa a una nueva etapa luego de la marcadamente insuficiente propuesta entregada a comienzos de julio por la Comisión de Reforma Previsional encabezada por Mario Marcel que atrasó en varios meses entrar a la discusión de fondo sobre las transformaciones que requiere el sistema previsional chileno. Durante la campaña presidencial, Michelle Bachelet afirmó taxativamente -y tenía razón- que “el sistema de pensiones está en crisis”. El informe no asume esta responsabilidad. En verdad la composición de la Comisión no fue decidida para lograrlo. De las setenta propuestas difundidas por la Comisión Marcel, como lo destacó editorialmente la publicación empresarial Diario Financiero, “todas” se enmarcan “dentro del sistema”, o sea parten de la base que el mecanismo de capitalización individual “no está puesto en duda y por cierto -añade la publicación- no es un hecho menor, dado que se trata de la piedra angular a partir de la que nació el sistema previsional privado en los años ochenta”. En otras palabras se mantiene el esquema diseñado en los años de dictadura, que reemplazó los mecanismos solidarios por la capitalización individual, dejando a un alto porcentaje de los imponentes al margen de beneficios o con ingresos previsionales muy precarios.

La nueva fase se inició en el funcionamiento del “comité de ministros para la reforma previsional”, integrada por el titular de Trabajo (que lo presidirá) y los de Hacienda, Secretaria General de la Presidencia y Servicio Nacional de la Mujer, además del director de Presupuesto Alberto Arenas quien cumplirá la importante función de secretario técnico. Se incorporó también posteriormente a la instancia ministerial el secretario general de gobierno Ricardo Lagos Weber. El ministerio de Hacienda y la presidencia disponen de equipos propios para participar en el proceso de discusión y de preparación del proyecto de ley.

Los imponentes y todos los sectores de la vida nacional que desean cambios de fondo en el sistema previsional tienen la obligación de presionar más insistentemente para que los anhelos mayoritarios de reforma no se frustren. Por su parte, los sectores de derecha y los más conservadores al interior de la Concertación están porque las ideas del informe Marcel se transformen lo más rápidamente posible en proyecto de ley. El presidente de Expansiva, Jorge Marshall, subrayó públicamente que respalda “el paquete completo” entregado por la comisión. El máximo directivo del Instituto Libertad y Desarrollo, Cristian Larroulet, a su turno, se pronunció porque la propuesta se traduzca rápidamente en un proyecto de ley para así impedir -según manifestó textualmente- “sugerencias de financiar el pilar solidario con más impuesto o contribución patronal” (16/07/06). El temor reside en que frente a las inequidades del sistema previsional y la abundancia actual de recursos financieros crezca la presión por enfrentar efectivamente las carencias en los temas de seguridad social.

Al interior del “comité de ministros” no hay una visión única. El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, es el principal portavoz dentro del gobierno del centro de pensamientos Expansiva, que constituye el ala más de derecha en el pensamiento económico en la Concertación. Esta posición se reforzó en el área económica con el cambio ministerial. El nuevo ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, conoció a Andrés Velasco en Cieplan, en los talleres encabezados por Alejandro Foxley. Ferreiro coordinó una de las dos subcomisiones en que se dividió la Comisión Marcel. Las posiciones al interior del Ministerio de los sectores menos proclives a transformaciones en el sistema previsional son más fuertes luego de las modificaciones en el gabinete. Al mismo tiempo, figuran en la Comisión varios destacados militantes del Partido Socialista -Osvaldo Andrade, Paulina Veloso y Alberto Arenas-, partido cuyo presidente Camilo Escalona se pronunció en la ceremonia de entrega del informe Marcel por asegurar una pensión básica universal, que el Estado contribuya a financiarla y que haya también una cotización patronal, idea no considerada en el informe.

La Comisión propuso una pensión básica no contributiva de $75.000 como piso para aquellas personas que no dispongan de recursos acumulados con ese fin, cuando las modificaciones entren en régimen pleno, para bajar gradualmente y llegar a cero para quienes tengan $200.000 o más de jubilación. De esta manera recogió muy parcialmente la demanda efectuada al respecto, ya que el beneficio -cuyo monto mantiene a sus receptores en situación de pobreza- queda diferido en el tiempo. Los beneficiarios serán, según el informe, los mayores de 65 años que se encuentran entre el 60% de los chilenos de menores ingresos. El impacto fiscal de esta medida al aplicarse plenamente sería de un 0,8% del PIB. Al establecerse la pensión básica desaparece el actual discriminatorio sistema de pensiones asistenciales, para transformarse en un derecho.

La Comisión visualiza este mejoramiento en forma gradual. “No vamos a tener de un día para otro -señaló Marcel- una pensión de $75.000 para todo el mundo; quizás primero el valor de la Pensión Básica Universal (PBU) se asimile a la actual pensión asistencial ($45.000) …..”(09/07/06) Por tanto, el momento de la vigencia y el monto de la PBU es un tema en discusión y, obviamente, de donde salen los recursos para financiarla, si se quiere ir más lejos de lo propuesto por la Comisión Marcel. Con el sistema diseñado desaparece la disposición de contar con veinte años de cotización para percibir beneficios, lo cual no significa que se contará con una pensión adecuada para enfrentar las necesidades básicas.

El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre planteó una posición aún más dura al sostener que todos aquellos recursos fiscales destinados a fines previsionales durante un lapso determinado no deberían considerarse como un gasto permanente. De ser así, se reduce a futuro el actual aporte presupuestario cuando para enfrentar las carencias deben aumentarse. Los recursos destinados actualmente a este fin tienen que constituir una cota mínima con la cual se cuente, que debe ampliarse si se quiere producir mejoramientos efectivos.

El sistema sigue descansando en el ahorro forzoso impuesto a los trabajadores, a los cuales, sin embargo, no se les concede ninguna participación en la toma de decisiones, manteniendo así su carácter fuertemente antidemocrático. Tampoco establece criterios positivos sobre el uso de los recursos acumulados, los cuales actualmente en un porcentaje de 30% pueden ser colocados en el exterior, restándoselos así a la economía nacional, en circunstancias que se plantean grandes necesidades de estimular el financiamiento interno a muchas actividades, particularmente a las PYME. Los fondos seguirán acumulándose masivamente para ser utilizados por una minoría. Se descarta cualquier aporte patronal, que debería centrarse en aquellos sectores beneficiados con el modelo económico, teniendo presente las dificultades de las pequeñas y medianas empresas. También se descartó reformar progresivamente el pilar contributivo de reparto que fuera abandonado con los cambios previsionales impuestos en los años de la dictadura. Otra gran debilidad del informe -como ha planteado la Democracia Cristiana- es que no consideró la situación previsional de las FF.AA., que tiene un costo fiscal muy elevado. El impacto presupuestario de la reforma previsional es un tema que no puede eludirse.

El informe entregado busca abrir camino a la idea de elevar la jubilación de las mujeres a 65 años, idea que fue inmediatamente descartada por Michelle Bachelet. “Que las mujeres de Chile estén tranquilas -señaló-, esta Presidenta no va a tomar ninguna decisión que pueda precarizar su situación a la hora de jubilar” (07/07/06). Con estas palabras desestimó una propuesta -que aunque se planteó para concretarla en un plazo de veinte años- levantó en la opinión pública un rechazo generalizado. La comisión para compensar parcialmente esta pérdida de beneficios incluyó otras medidas que mejoran la situación discriminada en que se encuentra la población femenina en el sistema previsional. Entre ellas propuso que las mujeres pertenecientes a los tres primeros quintiles por su nivel de ingresos recibirían un subsidio por maternidad consistente en un año de cotizaciones por hijo nacido vivo.

Como era presumible la Asociación de AFP -formada por las seis administradoras existentes- valoró muy positivamente las propuestas presentadas por la Comisión. No podía ser de otra manera dada su alta presencia en la estructura creada y que las resoluciones mantienen su posición preponderante en el “negocio” previsional. En especial, las administradoras destacaron que se reafirme la vigencia del sistema de capitalización individual (básico en su rentabilidad), subrayando como una “fortaleza” se propongan incentivos para la cotización de trabajadores independientes (lo cual amplía su negocio), y fija condiciones rigurosas para el ingreso de nuevos bancos al sistema a lo cual expresa su apoyo. Las AFP tienen muy presente que el “negocio” en los últimos diez años ha mantenido ganancias gigantescas, con rentabilidades por sobre el 30%, superiores a las obtenidas por los bancos, y pretende mantenerlas. “Las actuales AFP -sostiene el ex ministro de Pinochet y miembro de la Comisión, Martín Costabal-… requieren más volúmenes para lograr costos eficientes” (23/07/06) y así alcanzar rentabilidades todavía mayores.

La Comisión reiteró la idea, ya muchas veces planteada, de intensificar la competencia al interior del sistema, la cual en vez de ampliarse se ha venido reduciendo. “El consejo -expresó Mario Marcel- no propuso que entren directamente los bancos y las compañías aseguradoras. Lo que decimos -añadió- es que para que entren tenemos que crear una serie de regulaciones que prevengan los conflictos de intereses y la venta conjunta con otros productos bancarios”. El informe en verdad facilita el ingreso de consorcios aseguradores, ya que la única condición que se les pone es que comercialicen su servicio en forma separada de los créditos que otorgan en algunas de sus sucursales, en otras palabras podrán actuar en gran medida desde el interior de sus actuales estructuras. Desde ya han expresado su interés en ingresar al sistema la aseguradora norteamericana Metlife, que cuenta con AFP en México y Argentina, y Principal, uno de los grandes actores estadounidenses en el sector.

Algunos consejeros expresaron su oposición a la presencia del BancoEstado, recurriendo en su argumentación a la regresiva legislación del “Estado Empresario”, que establece un quórum calificado para crear nuevas empresas públicas. Andrés Velasco expresó que no le ve “mayor sentido” a una AFP estatal. De esta manera, las AFP, Velasco y los centros de estudios vinculados a la UDI -con presencia dentro de la comisión- defienden mantener el sistema como un negocio y fuente de recursos para intereses minoritarios. Por razones similares, como sintetizó El Mercurio, la Alianza por Chile valoró como “muy positivo” el trabajo de la comisión Marcel. Las deficiencias del sistema no se resuelven por la vía de incrementar la “competencia”, sino que el Estado desempeñe su papel a través del INP, constituyéndose en la empresa que capta los fondos y distribuye los beneficios, y con la creación de una administradora estatal.

El futuro previsional de los chilenos tiene una relación directa con los niveles de ingreso de la población. De allí que el tema no se puede separar de lo que acontezca en materia de salarios, empleos y distribución de los ingresos. Por ello, como manifestó el presidente del grupo económico social de la DC, Ricardo Ffrench Davis, las mejorías en seguridad social debieron ir unidas a las “necesarias correcciones al modelo económico” (11/07/06).

Hay quienes ven componentes redistributivos en el mecanismo propuesto. Entre ellos se encuentra el economista de la Universidad Católica Juan Eduardo Coeymans. Es imposible que las insuficientes modificaciones propuestas cumplan una función redistributiva si los nuevos beneficios que propone son muy escasos y los recursos acumulados seguirán colocándose a disposición de grupos minoritarios. De esta manera se intensifica el carácter antidistributivo del sistema de AFP, ya que se extraen recursos obligatoriamente de los asalariados y estos fondos básicamente van a parar a manos de grandes intereses económicos, internos y externos, no pocos de ellos empresas relacionadas con los controladores de las Administradoras. Un sistema previsional redistributivo significa poner en el centro los beneficios de los imponentes y que los sectores minoritarios que acumulan un porcentaje muy elevado del ingreso total aporten a su financiamiento.