Argentina confirma que traspasará a Chile la incidencia exacta de alza del gas boliviano
EL ACUERDO DE REAJUSTE DE PRECIOS ENTRE KIRCHNER Y MORALES COMIENZA A REGIR HOY
El ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, afirmó que hay que esperar en qué términos se pacta con Argentina antes de determinar una intervención estatal: “Primero veamos qué va a ocurrir con Argentina, porque puede que esta discusión sea un poco precipitada”.
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Foto: En la imagen de archivo las dos figuras clave de las tratativas por el gas trasandino, el ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, y la ministra chilena de Minería y Energía, Karen Poniachik.
El poderoso ministro trasandino de Planificación, Julio de Vido, informó ayer que Argentina trasladará a Chile “la incidencia exacta” del alza en el precio del gas que importa desde Bolivia, a través de retenciones o impuestos a las exportaciones del fluido.
El anuncio de quien opera como el más influyente secretario de Estado del Presidente Néstor Kirchner se produjo a horas de que hoy comience a regir el acuerdo que el Mandatario argentino suscribió el 29 de junio con el gobernante boliviano, Evo Morales, y que ha establecido un reajuste de 56% en el valor del gas que Bolivia exporta a Argentina. En aquella ocasión la Casa Rosada advirtió que traspasaría su mayor costo a Chile a través de un incremento de gravámenes.
Ayer en la tarde De Vido precisó que el Ministerio de Economía “está ultimando los detalles de la resolución que fijará el valor de las retenciones a las exportaciones de gas a Chile”.
Con la transferencia a Chile el Gobierno de Kirchner se propone evitar que el aumento del gas impacte sobre el mercado interno. Chile importa entre 13 y 15 millones de metros cúbicos diarios desde Argentina.
El Ejecutivo trasandino ha ofrecido a su homólogo chileno aproximadamente diez fórmulas para el cobro del nuevo tributo o retención. La cartera que dirige Karen Poniachik, sin embargo, ha mantenido en secreto los detalles de los mecanismos y cuál ha escogido. Una fuente del ministerio sólo postuló que la opción es por la modalidad que menos efecto tenga en los consumidores nacionales.
Aunque ayer estaba todo listo para que Poniachik diera a conocer las características de la propuesta seleccionada, ello al final no sucedió, porque el decreto con el nuevo régimen no fue oficializado por el Gobierno de Kirchner a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado argentino. En el análisis técnico fueron incorporadas al debate las empresas distribuidoras del energético.
A contar de hoy el valor del combustible boliviano registrará un reajuste promedio de 56%, pasando de US$ 3,20 a US$ 5 el millón de BTU (la unidad de medida en que se transa el gas natural).
Según informó ayer el diario bonaerense “Clarín”, el precio del gas que exporta Argentina a Chile sufrirá una subida de 35%, por la aplicación de una retención diferencial. De este modo, los entre US$ 110 millones y US$ 120 millones adicionales que Argentina pagará a Bolivia serán cubiertos con el alza de las exportaciones a Chile.
De acuerdo con fuentes de Gobierno, hasta ayer aún no se definían los instrumentos legales para proceder frente a los envíos a Chile. Ésta es una materia de la cartera de Economía, que dirige Felisa Miceli.
Fuentes del Ministerio de Minería y Energía indicaron que Santiago ha sugerido a Buenos Aires que cobre un precio fijo entre US$ 4,3 y US$ 4,5 por BTU con el propósito de eliminar la incertidumbre de una tasa variable. En este momento el millón de BTU está entre US$ 2,5 y US$ 2,8.
La repartición que dirige Poniachik ha adelantado negociaciones con las distribuidoras para que éstas no traspasen sus mayores gastos a los usuarios y que utilicen como factor de amortiguación las elevadas ganancias que tienen entre el valor a que hoy compran en Argentina y el que venden en Chile. Esta diferencia ha impulsado a parlamentarios de todo el arco político a recomendar que el Estado fije las tarifas a los consumidores, debido a que este servicio público opera en un mercado desregulado.
En este contexto, el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, afirmó que hay que esperar en qué términos se pacta con Argentina antes de determinar una intervención estatal: “Primero veamos qué va a ocurrir con Argentina, porque puede que esta discusión sea un poco precipitada”.
“Si el alza de traer energía desde Argentina queda dentro de un marco razonable, tal vez este tema no sea necesario abordarlo, porque no va a ser necesario alzar las tarifas a los consumidores finales”, explicó el secretario de Estado.
Ayer el ex embajador de la administración Frei en Buenos Aires Eduardo Rodríguez Guarachi afirmó que para solucionar el impasse lo primero que se debe hacer es “entender” al vecino país y “respetar los códigos”, porque “los códigos argentinos son distintos a los nuestros”. Agregó que con la Casa Rosada hay que “negociar, negociar y negociar, en forma sutil, inteligente, dura cuando sea necesario, y ojalá que esta negociación sea lo más confidencial posible”.
“Los argentinos son bastante distintos a nosotros, algunos de los chilenos creen que somos mejores, no es así, somos distintos. Proceden de manera distinta, tienen formas diferentes y a veces valores distintos”, añadió el ex diplomático.
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DENUNCIAN CAMPAÑA
“Sorprendida” se manifestó la Asociación de Distribuidores de Gas Natural por lo que calificó como “una campaña, de origen desconocido, destinada a dañar la imagen de la industria del gas natural chilena”, en torno al debate por las restricciones de los envíos desde Argentina. En una declaración pública, la entidad señaló que los recortes son “un golpe muy duro” para el desarrollo del sector, advirtiendo que “lo más doloroso (…) es comprobar cómo se ha pretendido tergiversar el enorme aporte que este producto ha significado para la población nacional”. En tanto, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) defendió la libertad de precios ante la posibilidad de que el Ejecutivo regule las tarifas que las distribuidoras de gas cobran a sus clientes, como consecuencia del impuesto que Argentina aplicará a sus ventas a países extranjeros. “Nosotros, Sofofa, la posición de mercado libre, competitivo y abierto, con reglas claras, es lo que hemos defendido y es lo que seguiremos defendiendo. Y eso también vale para la energía”, afirmó el presidente de la Sofofa, Bruno Philippi.
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