Pascua Lama y el desafío medioambiental en Chile
Fecha edición: 19-02-2006
Fecha edición: 19-02-2006Hace algo más de una década que Chile sentó las bases generales de su institucionalidad medioambiental, la misma que esta semana, a través de la Corema de la Tercera Región, emitió una acertada resolución sobre el proyecto Pascua Lama: dio luz verde a la inversión, que creará empleo y actividad económica, pero estableció un completo paquete de exigencias para salvaguardar el medio ambiente. La empresa interesada decidió no apelar y aceptó seguir adelante aun con las limitantes.
En este caso, polémico por el impacto en el entorno natural que la iniciativa podría haber tenido en su diseño original, la autoridad resolvió en función de los entendidos correctos que debieran, en efecto, inspirar sus pronunciamientos: esos que entienden que el único camino viable es el que considera, en igualdad de condiciones, las exigencias del crecimiento y las de la conservación de los recursos y bellezas naturales. Eso, al menos, mientras Chile no logre los beneficios del desarrollo, lo que, según los cálculos más optimistas, es una opción para el mediano plazo.
El anterior no es, sin duda, un desafío nuevo. Sólo desde la entrada en vigencia del actual marco legal, en 1994, ha habido numerosos episodios de alta complejidad y connotación pública que lo han puesto a prueba. Sin embargo, salta a la vista que en la misma medida que el país profundiza su inserción internacional, aumentan los niveles generales de vida y se intensifican, así sea por contraste, las demandas por encontrar soluciones a los principales dramas sociales, muy en especial la pobreza, la forma en cómo se solucione tendrá más efectos en las posibilidades de bienestar de todos los chilenos, sobre todo de los más necesitados.
Hoy, con más claridad que nunca durante todo este proceso, parecen estar presentes en Chile los elementos fundamentales para consolidar un compromiso social amplio con el desarrollo sustentable. Por ejemplo, un conocimiento científico más completo; marcos legales e instituciones públicas específicas; una sociedad civil crecientemente concientizada sobre su importancia; grupos ecologistas organizados y con gran capacidad de acción, que contribuyen a mantener el tema medioambiental en la agenda pública (reciben, en muchos casos, financiamiento exterior) y, también, un sector empresarial cada vez más consciente de la gravitación de la "variable medioambiental" en sus decisiones de inversión (las mismas, por lo demás, que, en el contexto de la globalización, son muy castigadas en los mercados más desarrollados si no se integran a los procesos productivos).
Las tensiones, cuando se enfrentan intereses contrapuestos, son esperables. No obstante eso, lo deseable es que todos los actores dejen de lado las posiciones más intransigentes. Sería muy positivo constatar eso con más frecuencia, sobre todo, en algunas organizaciones ecologistas que enarbolan miradas tan reduccionistas, que pueden generar en más de alguno legítimas dudas respecto de cuáles son sus verdaderas prioridades: si aquellas que miran el bien común, el que considera el futuro de todos los chilenos, o las funcionales a ciertos intereses privados.
Pero más allá de esto último, está claro que unos y otros, también los movimientos medioambientalistas, cumplen funciones totalmente necesarias. Del mismo modo, salta a la vista que si todos enfrentan el asunto con altura de miras, el beneficiado será el conjunto del país.
Es igualmente importante que la institucionalidad en esta área evalúe permanentemente, sacando las lecciones que deja cada caso -en especial, los de mayor impacto- eventuales perfeccionamientos. Y que eso se haga en forma paralela a la articulación, en los niveles de decisión que corresponda, de estrategias coherentes y objetivos serios. Esto, para evitar lo que en un plano global muchos denuncian que ha ocurrido con la idea del desarrollo sustentable durante las últimas dos décadas: que la ambición de sus objetivos, que conectan casi sobre todo, la ha hecho vulnerable a la distorsión y la acción de los grupos de interés.
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