Sientan de nuevo a Pinochet en el banquillo
Por los crímenes de la Operación Colombo o caso de ’Los 119’
Sientan de nuevo a Pinochet en el banquillo
Por: Ernesto Carmona
Pareciera que ahora Augusto Pinochet podría ser castigado no sólo por sus robos, sino también por sus crímenes: la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó esta semana un nuevo enjuiciamiento por los “secuestros calificados” -desaparición física- de tres jóvenes opositores victimados por la llamada Operación Colombo en 1974 y 1975, Héctor Garay Hermosilla (MIR), Antonio Sergio Cabezas Quijada (PS) y Juan Carlos Perelman Ide (MIR).
El tribunal de segunda instancia ratificólos cargos del juez Víctor Montiglio, desechando los argumentos de la defensa sobre incapacidad de salud del acusado para enfrentar un proceso judicial. Los ministros de la sexta sala de la Corte de Apelaciones, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito y el abogado integrante Oscar Herrera rechazaron también las invocaciones de la llamada ’’ley de amnistía’’ y el argumento de “cosa juzgada’’ en favor del acusado.
Diferentes ministros de las cortes de Apelaciones y Suprema revocaron antes todos los enjuiciamientos por crímenes del ex dictador esgrimiendo un controvertido informe médico-judicial que en 2002 dictaminó “demencia subcortical leve a moderada”. Si esta decisión judicial fuera refrendada por la Corte Suprema, el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras estima que se abriría un camino para pedir la reapertura de los casos Caravana de la Muerte y Operación Cóndor, sobreseídos por el dictamen de locura.
Hasta ahora sólo han prosperado los proceso judiciales que investigan delitos económicos y robos, como las coimas en compras de armas y la evasión de impuestos sobre unos 30 millones de dólares descubiertos en cuentas del Banco Riggs, de EEUU, sin que todavía se cuestione cómo Pinochet acumuló ese patrimonio oculto en depósitos bancarios secretos.
Las víctimas
Cuando Héctor Garay Hermosilla fue detenido en su domicilio de Ñuñoa, Santiago, el 8 de julio de 1974, era un estudiante de 18 años vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); Antonio Sergio Cabezas Quijada, socialista de 28 años, fue detenido por última vez en su casa el 17 de agosto de ese mismo año 1974 (antes estuvo detenido tres meses desde el mismo día del golpe, tras ser aprehendido el 11 de septiembre de 1973 en su trabajo de director de la industria textil Comandari, entonces intervenida por el gobierno de Salvador Allende); y Juan Carlos Perelman Ide, 31 años, ingeniero químico, del MIR, fue detenido el 20 de febrero de 1975 en el departamento que habitaba desde hacía 15 días con su pareja, la periodista Gladys Díaz Armijo, quien sobrevivió a las torturas de Villa Grimaldi.
La “demencia subcortical” fue instituida como un escudo protector del ex dictador por un fallo de la Corte Suprema de julio de 2002 que sobreseyó definitivamente la causa Caravana de la Muerte. Posteriormente sirvió para que el ex dictador evadiera el caso Operación Cóndor. Esta vez la Corte de
Abogado Eduardo Contreras
Apelaciones estimó que Pinochet tiene buena salud para ser procesado como autor de estos res ’secuestros calificados’ inscritos en la llamada Operación Colombo, una maniobra de los servicios de represión de la dictadura que intentó hacer aparecer como muertos en Argentina a 119 personas detenidas y desaparecidas en Chile.
Los magistrados desecharon los argumentos de la defensa por estimar que “los informes médicos, tanto por el mayor número de opiniones en el sentido de tener capacidad para asistir al juicio, cuanto por el contenido de las mismas, no llevan necesariamente a entender que el procesado no se encuentra en condiciones de comparecer al juicio, antecedentes que en esta etapa procesal impiden concluir la manera solicitada’.
¿Qué fue la Operación Colombo?
En el fraude informativo de “inteligencia periodística” participaron agentes encubiertos de la DINA que fungían de ejecutivos de la entonces línea área estatal LAN, periodistas que se desempeñaron como agregados de prensa de la dictadura en Brasil y Argentina, reporteros, redactores y editores de medios chilenos como El Mercurio, La Tercera, La Segunda, La Mañana de Talca, las agencias internacionales de noticias UPI y Latin-Reuters, más dos publicaciones fantasmas impresas en el exterior, la revista LEA, que apareció por única vez el 15 de julio de 1975, en Buenos Aires, Argentina, y el periódico Novo O Día que, entre abril y junio de 1975, sacó tres ediciones financiadas en Curitiba, Brasil, por el agente DINA-LAN Gerardo Roa Araneda.
Roa Araneda, que ocupaba un cargo en la agencia LAN de Brasil, no resistió la tentación de pasar a la posteridad firmando con su verdadero nombre una ardorosa defensa de la dictadura de Augusto Pinochet rotulada “A eficiente campaha das injúrias, Especial para ’O Día’ - Gerardo Roa Araneda”, publicada en la edición del 15 de abril como un elogio a “Um movimento militar ditado pelo povo”.
Novo O Día informó el 25 de junio de 1975 sobre la muerte de 59 “extremistas marxistas chilenos’ supuestamente abatidos por la policía transandina en Salta (Título: “Terroristas chilenos no interior da Argentina”), incluyendo nombres completos en orden alfabético, tal como aparecían en los listados de la Vicaría de la Solidaridad y en los recursos judiciales desestimados por las cortes.
Y 20 días después, el 15 de julio apareció en Buenos Aires por esa sola vez la revista LEA, ’semanario de interés general’, dirigido por un tal Juan Carlos Vivera, para entregar esta ’noticia’: ’La Vendetta Chilena’: 60 extremistas chilenos han sido eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha’. Las víctimas reseñadas por los dos informes “periodísticos” falsos sumaron 119 personas. (Ver http://www.argenpress.info /nota.asp?num=024147)
La periodista Lucía Sepúlveda Ruiz documentó la Operación Colombo y las historia de vida de las víctimas en el libro de 580 páginas “119 de nosotros”, publicado en septiembre de 2005 por editorial LOM. En el acto de presentación, en el Colegio de Periodistas, pudieron verse las figuras gigantes de varias jóvenes detenidas desaparecidas, erguidas en la sala y el escenario del Teatro Camilo Henríquez, en el edificio del Círculo de Periodistas de Santiago. (Ver http://www.argenpress.info /nota.asp?num=024397).
Los familiares de las víctimas de la Operación Colombo introdujeron en 2005 un recurso ante el Tribunal Regional de Etica del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio de Periodistas de Chile para establecer la responsabilidad axiológica de miembros de esa orden que intervinieron en la preparación de notas y títulos canallescos sobre un hecho a todas luces falso para cualquier periodista novato de la época, mientras trabajaban o dirigían los medios que participaron en el montaje. Entre los “exterminados como ratones”, según el lenguaje de La Tercera, se encontraban varios periodistas y trabajadores de prensa conocidos para quienes redactaron esas informaciones falsas, entre otros sus colegas detenidos desaparecidos Mario Eduardo Calderón Tapia, de Valparaíso, y Luis Eduardo Durán Rivas, graduado en la Universidad de Chile. El procedimiento ético todavía se encuentra en etapa de sumario.
Nueva situación judicial
El abogado Contreras estima que ’lo novedoso y trascendental es que este fallo es muy explícito respecto a la salud de Pinochet’. El jurista explicó que hasta ahora los fallos de la corte de segunda instancia obviaron la cuestión salud dictaminando ’lo vamos a procesar, pero este tema de la salud no nos corresponde verlo aquí, hay que tratarlo en otra instancia específica’, dando pie a las decisiones de sobreseimiento definitivo de la Corte Suprema. ’Así se ha obviado el tema de la locura en segunda instancia, pero en este caso, lo que tiene de diferente este fallo es que se definitivamente se inmiscuye en el tema de la salud’, aseguró Contreras.
Según el dictamen de la Corte de Apelaciones, ’no puede olvidarse que el señor ministro de fuero pudo practicar la indagatoria de rigor en condiciones de normalidad y que su lectura da cuenta del tipo de diálogo que ordinariamente se advierte en esta clase de actuaciones’. La Corte compartió la conclusión de Montiglio sobre el grado de participación de Pinochet en estas violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes DINA que actuaron en la Operación Colombo.
’La responsabilidad penal que debe serle atribuida es la de autor’, señaló la resolución judicial. “En efecto, de los antecedentes hasta ahora reunidos quedan de manifiesto los hechos señalados en el auto de procesamiento que se revisa, esto es que agentes del Estado, al margen de las potestades legales, privaron de libertad y torturaron a personas de las que sólo se tuvo noticia a través de informaciones falsas de su muerte publicadas en el Brasil y en Argentina’.
Para la Corte, ’tales actuaciones, y numerosas otras similares que han sido debidamente esclarecidas en diversos procesos penales, inequívocamente, por el alto nivel de control ejercido sobre la población, opositores políticos y las mismas Fuerzas Armadas y de seguridad por el procesado Augusto Pinochet, quien a la época de los hechos gobernaba el país, no han podido ser ejecutadas sin su aceptación ni el aprovechamiento de las condiciones que fueron creadas y que permitieron su desarrollo’.
’En dicha situación, de completo control, no es posible concebir un obrar delictivo tan frecuente y desembozado como el que se encuentra establecido, salvo que -como ocurre en la especie- estos atentados particulares se correspondan con una práctica general que llegue a tenerse, falsamente claro está, como el obrar legítimo del Estado’, añadió el dictamen.
’Debe agregarse --señaló la Corte-- que se ha probado que el procesado recibía diaria información acerca de la seguridad del país, ello al menos, de parte de Manuel Contreras Sepúlveda (ex jefe operativo de la disuelta DINA), antecedentes que apreciados en conjunto con los que se acaban de relacionar permiten presumir fundadamente que Pinochet Ugarte tenía completo control de los actos desarrollados por los organismos de seguridad, tanto por la información diaria que recibía como por la creación y mantenimiento de un sistema de inteligencia que obraba con inusitada frecuencia de la manera que se viene reseñando’.
Triquiñuela “subcortical”
Los magistrados de la Corte de Apelaciones desecharon también la tesis de “inexistencia del delito de secuestro calificado” argumentada por el abogado Pablo Rodríguez Grez, eñ más destacado defensor del ex dictador. ’Esta Corte estima que la convicción de su ocurrencia deriva con toda claridad de los autos, en los que se encuentra establecido que tuvo lugar la privación de libertad a manos de agentes del Estado y el desaparecimiento posterior, esto es el grave daño para la persona que consulta el tipo’, señaló el documento.
La aplicación del decreto Ley de Amnistía para impedir un supuesto “doble juzgamiento” también fue rechazada porque nunca los hechos que causaron esta investigación fueron esclarecidos por la justicia . ’Esta prohibición impuesta a la jurisdicción puede operar en condiciones de completa seguridad, cuando han mediado condiciones enteramente verificables, exigencia mínima que comienza con la identificación de los hechos’, afirmó la Corte.
La ’cosa juzgada’ fue reclamada por la defensa invocando el mismo fallo que sobreseyó a Pinochet en 2002, alegando que la Operación Colombo estuvo incluida en el proceso Caravana de la Muerte. “Lo que realmente determina la identificación de los procesos es su objeto, y siendo estos completamente diferentes porque dicen relación con hechos distintos, lo decidido en uno de sus denominados capítulos no puede incidir en los restantes, porque lo resuelto ha sido consecuencia de antecedentes que no forman parte del proceso en los que se pretende que aquella decisión surta efectos’, señaló rotundamente la Corte.
El juez Juan Guzmán Tapia, hoy jubilado, procesó a Pinochet en 2001 como cómplice de los homicidios y secuestros calificados de la Caravana de la Muerte, pero el 9 de julio de ese mismo año, la Corte de Apelaciones ordenó su sobreseimiento temporal y parcial atendiendo exámenes mentales que lo calificaron no apto para enfrentar un debido proceso. En julio de 2002, la Corte Suprema ratificó ese fallo, aplicando la disposición que permite excluir del juicio a una persona que sufre de locura o demencia, contenida en el nuevo Código de Procedimiento Penal, a pesar que esa normativa todavía no estaba en vigencia en la jurisdicción de la Región Metropolitana de Santiago.
El mismo juez Guzmán procesó de nuevo al ex dictador en enero 2005 como autor de ’secuestros calificados’ de la Operación Cóndor, pero en junio la Corte de Apelaciones sobreseyó los cargos por las mismas razones de salud invocadas por la Suprema para absolverlo en la Caravana de la Muerte. La Suprema rechazó en septiembre los recursos de casación de forma y fondo presentados por los querellantes.
El mismo juez Montiglio encausa, además, a Pinochet como autor de los homicidios calificados de Carlos y Aldo Pérez Vargas, Miguel Angel Acuña Castillo, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); Bernardo de Castro López, del Partido Socialista (PS); y Modesto Segundo Espinoza Pozo (MIR), víctimas también de la Operación Colombo. Pero la defensa del ex dictador no apeló, por razones de estrategia judicial, informó el abogado Fernando Rabat.
El abogado Contreras cree que el fallo de la Corte de Apelaciones no deja espacio para que la Suprema aplique de nuevo un sobreseimiento amparado en la salud del inculpado. ’Esa es la diferencia, que no es menor’, dijo. ’Lo importante del fallo es que se trata del primero que aborda de frente el tema salud y establece que Pinochet está absolutamente apto para ser sometido a un proceso penal y eso sienta un precedente que es muy difícil de dar vuelta’, dijo.
Pinochet goza de excelente salud para las cortes le quiten el desafuero de ex jefe de Estado y pueda enfrentar la justicia penal como cualquier moral. El abogado Contreras dijo: ’Yo creo que ahora la corte Suprema se ve enfrentada a una gran decisión: o confirma este fallo o aplica de nuevo su criterio de que debe primar el dictamen médico de 2002, cuando se le declaró ’loco incurable’. Hasta ahora, cada vez que la Corte de Apelaciones ha ratificado un desafuero, en el fondo ha dicho ’desaforémoslo y veamos después el problema de salud’, tema que siempre ha sido diferido, chuteado, sin pasar a considerar si está o no loco. Así ha sido, todo el mundo ha pateado ese tema. Pero llegó el momento en que esto debió enfrentarse porque si seguía así nunca iba a haber una condena, aunque es cierto que se ha podido avanzar en todos estos años. Pero ahora la Corte ha dicho claro: ¡’este individuo está sano’!
La Corte de Apelaciones abrió incluso caminos que pueden llegar a justificar una petición de revisión de la negación de desafuero en los casos más emblemáticos anteriores. El abogado Contreras siente optimismo: ’Este fallo es muy relevante porque puede significar la posibilidad de reabrir los procesos Caravana de la Muerte y Operación Cóndor”.
“Si llega a haber una sentencia ejecutoriada por la Corte Suprema, si así fuera, Pinochet quedaría ratificado como absolutamente cuerdo y, entonces, pues vamos revisando los fallos anteriores. Y aunque no pudiéramos lograrlo, si nos fuera imposible reabrir esos casos, quedó sentado un precedente: de aquí en adelante, Pinochet no va a poder evadir ningún otro procesamiento y todavía nos quedan muchos casos emblemáticos, como Villa Grimaldi, el caso Prats, Colonia Dignidad; en fin, hay para rato’.
* Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.
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