1 de mayo para los temporeros

PRIMERA PERSONA

Marco Enríquez-Ominami - Diputado
 

Un nuevo 1 de mayo se aproxima y con él la necesaria reflexión sobre las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Represento a una zona (distrito 10 de la V Región) cuya economía se basa fuertemente en la actividad agroindustrial, y donde -al igual que en otras partes del país- se produce una explotación de los recursos naturales y predomina una manera de producción agrícola intensiva en el uso del suelo, de los agroquímicos y de la mano de obra. Los tratados de libre comercio y otros acuerdos regionales y bilaterales suscritos por Chile han fomentado la producción agrícola para la exportación, el control de las cadenas alimentarias y el mayor uso -y menos control- de los agroquímicos. Todo esto ha generado un profundo impacto social y ambiental, difícil de dimensionar.
 

En Chile existen cerca de 800 mil trabajadores del campo, de los que cerca de 400 mil son temporeros; de ellos, cerca de 250 mil son mujeres, en su gran mayoría jefas de hogar. Estudios recientes estiman que 60% de los trabajadores y trabajadoras de temporada carecen de contrato laboral, lo que se presta para numerosos abusos, como el incumplimiento en las fechas de pago, unas cancelaciones inferiores al salario pactado -o sencillamente no pago-, imposiciones previsionales nunca canceladas y la ausencia de beneficios sociales.

Asimismo, se da una tremenda informalidad y desprotección laboral, social y previsional. La falta de prevención y cobertura de salud son la diaria realidad de los trabajadores y trabajadoras de temporada.
 

En muchos casos, la fórmula de pago preponderante es a trato (se fija un monto por saco o caja de productos recolectados) y, en general, el salario promedio final suele ser inferior al sueldo mínimo establecido por la ley. Este sistema se traduce en largas jornadas, que en muchos casos bordean las 16 horas diarias, y donde pagar por las horas extraordinarias y entregar otros beneficios, sencillamente no existe. En la actividad agrícola de exportación, particularmente en la fruticultura, se ha extendido la intermediación de los llamados “contratistas” o “enganchadores”, que se encargan de proporcionar la mano de obra temporal que se requiere en las grandes empresas agrícolas. Así, ellos reclutan, trasladan y pagan a los trabajadores, en la mayoría de los casos sin contrato laboral. Esto contribuye a diluir las responsabilidades al momento de responder por accidentes del trabajo, las acciones ilegales, los abusos y daños contra los mismos trabajadores.
 

Es necesario exigir respeto por los trabajadores del campo, sus derechos humanos y laborales que se encuentran consagrados en la legislación, así como los contenidos en convenios internacionales suscritos por Chile; el pleno acceso a la salud y previsión social para los trabajadores temporeros agrícolas; y el término del sistema de contratistas que fomentan la precariedad laboral y que, además, favorecen perpetuar las desigualdades y las inequidades económicas y sociales. Hay que ser enérgicos en reclamar los derechos de cada trabajador que se encuentra en los campos de Chile y legislar para erradicar la subcontratación que tanto daño ha causado.