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Centros Chilenos en el Exterior

CORRUPCION Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN CHILE

Enviado por: "PATTY ARDILLA PARGA" patty.ardilla.parga@gmail.com   ardillaparga

Mar, 14 de Nov, 2006 8:22 am (PST)

Corrupción: estancamiento perturbador

Por Patricia Politzer
Directora Chile Transparente

Hay diversas leyes que aseguran el acceso a la información, pero en la práctica no son más que letra muerta. Chile está entre los peores del mundo junto a Ghana, Sudáfrica y Kenia.

Los extranjeros suelen reírse de nuestros escándalos de corrupción. Consideran que los montos involucrados en nuestros actos ilegales casi no merecen atención o por lo menos no son dignos de la estridencia que provocan entre autoridades, comentaristas y la propia ciudadanía. Lo cierto es que, comparados con los escándalos de corrupción a nivel internacional, los nuestros parecieran juegos de niños. Pero afortunadamente los chilenos reaccionamos con indignación y rechazo. De algún modo, pareciera estar claro entre nosotros que tal como no es posible estar un poco embarazada, tampoco es posible robar un poco, estafar un poco, engañar un poco, ni llevarse un poco de dinero público para la casa.

Sin embargo, la indignación frente a los actos de corrupción -como ocurre en otras áreas- suele pasar de moda a poco andar, el tema se va diluyendo y... a otra cosa mariposa. En materia de corrupción, esa cultura de la memoria corta y el entusiasmo pasajero puede ser devastadora para nuestra democracia.

La corrupción es un mal que corroe de a poco, que se infiltra en las instituciones -el caso de Chiledeportes es elocuente-, construyendo tal maraña, que a partir de cierto momento resulta imposible desentrañar. Por eso es tan grave y perturbador que el Índice Global de Corrupción 2006, elaborado por Transparencia Internacional, muestre que no avanzamos hacia una mayor transparencia, sino que estamos estancados en la lucha contra la corrupción.

Nadie puede sentarse en los laureles porque somos los mejores del continente, ni sentirse satisfecho porque nuestro puntaje es similar al de países como Francia o Bélgica. Por el contrario, esto debiera avergonzarnos y, sobre todo, hacernos reflexionar sobre qué estamos haciendo mal.

La corrupción es una plaga frente a la cual Chile no puede descuidarse. Por algo en el último tiempo se han tomado medidas concretas como reformar la Constitución, instaurando la publicidad de los actos y resoluciones del Estado; establecer la declaración patrimonial obligatoria para las autoridades, o hacer propia la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Por qué entonces seguimos estancados?

Razones hay muchas, pero quisiera destacar aquello que se relaciona con el acceso a la información; es decir, aquel factor que hace posible la libertad de expresión y que se considera internacionalmente como un derecho humano fundamental.

Si bien hay diversas leyes que aseguran el acceso a la información, en la práctica no son más que letra muerta. Así lo estableció a fines de septiembre un contundente estudio llamado "Transparencia y Silencio", de la Open Society Justice Initiative, en el que se analizaron 14 países de distintos continentes, entre ellos Chile.

La investigación se basó en mil 926 pedidos de información a una amplia gama de instituciones administrativas. El 47% de las solicitudes fueron negadas sin mayor explicación. En el caso de Chile, ese porcentaje sube al 69%, dejando sólo a Ghana en peores condiciones con 73%, y superando en secretismo a Sudáfrica con 62% y Kenia con 61%.

Para acceder efectivamente a la información no sólo se requieren buenas leyes; éstas son indispensables pero no suficientes. Es urgente convencer a los chilenos de que cualquiera tiene derecho a pedir información, sin tener que dar ninguna razón, a toda institución pública o de interés público, como las empresas de agua, luz o telefonía. Esto vale para cualquier persona, sin importar su nacionalidad o profesión. Por su parte, los funcionarios públicos deben estar capacitados para entregar la información solicitada en forma simple y sin mayores tramitaciones, y para señalar cuál es la oficina adecuada para el requerimiento cuando no sea la propia. Si la petición es rechazada, debe existir una justificación explícita, que demuestre que la publicidad de dicha información puede dañar el interés público, situaciones que deben ser excepcionales y estar expresamente establecidas en la ley. Sólo así se puede hacer realidad el
acceso a la información, y evitar que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos condene por ocultar información, como ocurrió recientemente en el caso Trillium.

Esto significa cambiar nuestra cultura, y eso siempre es más difícil y más lento que dictar leyes. Por eso, mientras antes comencemos, mejor. Si no lo hacemos, las acciones ilegales seguirán infiltrándose furtivamente por instituciones insospechadas. Educar en pro de la transparencia es urgente para no seguir estancados, o retroceder, en materia de corrupción.

FUENTE: http://editorial. elmercurio. com/archives/ 2006/11/corrupci on_esta.asp
El Mercurio - noviembre 8, 2006

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