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Justicia

Vuelco en Caso Calama

Cómo los servicios de inteligencia de Pinochet intentaron financiarse a sangre y dinamita

Sebastián Minay

CIPER  / Rebelión

El ministro Alejandro Madrid sigue arrojando sorpresas. A punto de terminar la pesquisa sobre la extraña muerte de Eduardo Frei Montalva, acaba de concluir una investigación que entrega una nueva versión sobre el robo de una sucursal bancaria en Calama, que terminó en 1981 con dos empleados dinamitados y un botín de $45 millones desaparecido. Los autores, dos agentes de la CNI, fueron fusilados y su jefe, el mayor Juan Delmas, se suicidó. El equipo policial de Madrid descubrió que Delmas fue asesinado por otros hombres de los aparatos represivos -tal como en las mejores historias de espías- para impedir que se develara que el robo fue parte de un plan organizado por los propios mandos CNI para financiarse. Y para ello debieron seguir matando a otros agentes, crímenes que hoy son investigados por un juez de Arica. El factor común: la temible Brigada Mulchén, hasta ahora intocable, la que siguió operativa años después de su disolución en 1977.

La historia oficial dice que la penúltima vez que se aplicó la pena de muerte en Chile fue el 22 de octubre de 1982. Ese día fueron fusilados los agentes de la CNI Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez. Ambos robaron $45 millones de la sucursal Chuquicamata del Banco del Estado luego de dispararle en la nuca a dos ejecutivos de esa oficina y dinamitarlos en pleno desierto el 9 de marzo de 1981. Detenidos en junio de ese año, fueron condenados y -contra todo pronóstico de la época- finalmente fusilados en la cárcel de Calama. Un cómplice de ambos, Francisco Díaz Meza, fue condenado a presidio perpetuo y hace cuatro años obtuvo el beneficio de la salida diaria. El jefe del grupo y de la CNI de Arica, el mayor Juan Delmas, apareció muerto en el desierto. Suicidio, concluyó la justicia. Con esos datos, el caso quedó cerrado.

Pero 27 años después, una nueva investigación judicial revela que éste fue mucho más que un robo y homicidios impactantes. Con un botín equivalente a $ 830 millones de pesos de hoy, fue el primer y frustrado intento de una cadena de asaltos que planificó la CNI para financiar la represión y la ampliación de sus operaciones al exterior. En momentos que la economía se derrumbaba y la oposición comenzaba a organizar las primeras protestas y un paro nacional, asegurar financiamiento para mantener el miedo fue prioritario.

La nueva pista asomó cuando rastreando el uso que hizo del mortal gas sarín la Brigada Mulchén de la DINA, se investigó -esta vez de verdad- el extraño suicidio del mayor de Ejército y jefe de la CNI en Arica en 1981, Juan Alberto Delmas Ramírez, quien quedó caratulado como el jefe del estremecedor robo. La trama oculta indica que, como sus autores fueron descubiertos, la CNI decidió eliminar a quienes podían destapar el plan de "financiamiento". El primero de la lista fue Delmas. El ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, no se suicidó: fue asesinado de un tiro en la cabeza. En los días y meses siguientes también fueron ultimados al menos otras tres personas -entre ellas el cuñado de Delmas, que también era agente de la CNI- en diversos puntos del país.

Esto fue lo que descubrió en una exhaustiva investigación el juez Alejandro Madrid al develar la masiva cacería humana contrarreloj ordenada por los altos mandos de la CNI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) apenas se enteraron de que Hernández y Villanueva -los dos asesinos de Calama y agentes de la CNI- habían confesado actuar por órdenes de Delmas, su jefe zonal. Tres días después de que se hiciera pública dicha confesión, Delmas apareció con el cráneo perforado en pleno desierto. La versión del "suicidio" dejó las cosas hasta ahí, nada más se sabría sobre el Caso Calama. Un fleco quedó para el misterio: los cerca de $15 millones del botín que nunca aparecieron.

Lo que ocurrió entre el día de la desaparición de Delmas (12 de junio de 1981) y el hallazgo de su cadáver (15 de junio), es la historia no contada de una operación secreta en la que aparecen como protagonistas algunos de los más connotados represores de la dictadura: Francisco Ferrer Lima (Caso Tucapel Jiménez y caso Berríos), Marcelo Moren Brito (Caravana de la Muerte y Villa Grimaldi, entre otros), Carlos Parera Silva (ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Caso Boinas Negras de Peldehue) y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (Ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Brigada Mulchén y Purén, Casos Prats, Leighton, Dagoberto San Martín; por este último estuvo prófugo casi dos meses el año pasado). El reparto de una historia de terror.

El deportivo rojo de dos puertas

Cuando Delmas llegó a Arica como jefe de la CNI, después de disolverse la DINA en 1977, iba acompañado de una leyenda. Experimentado comando de elite, experto en inteligencia y en manejo de explosivos, en 1976 fue uno de los ejecutores del crimen de Carmelo Soria junto a sus compañeros de la Brigada Mulchén. Una noche de julio salió desde el cuartel de la DINA en Lo Curro, donde vivían Michael Townley y Mariana Callejas, disfrazado de carabinero y a bordo de un vehículo -en el que iba el cadáver de Soria- junto al hoy ex brigadier Jaime Lepe, quien escalaría alto al convertirse a comienzos de los ’90 en secretario privado de Augusto Pinochet y secretario general del Ejército.

La Mulchén adquirió experiencia en muertes que no dejan huella por el uso del letal gas sarín. El veneno ya había sido "probado" en los asesinatos del conservador de bienes raíces Renato León Zenteno (1976) y del cabo Manuel Leyton (1977), ejecutado por violar el pacto de silencio y ventilar los crímenes de la DINA. La marca registrada de la Brigada Mulchén tuvo como otra de sus víctimas al propio Delmas, al químico Eugenio Berríos (1993) y al coronel Gerardo Huber (1992). La lista sigue sumando nombres.

Pero en Arica muy pocos sabían el verdadero nombre de Delmas. Operando bajo la identidad falsa de "Carlos Vargas Casella" se hizo conocido en la zona. La chapa era un guiño al hoy retirado teniente coronel del ejército uruguayo Tomás Casella Santos, involucrado en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos en Uruguay.

 

Muchos de sus subordinados han declarado que "Carlos Vargas" contaba con múltiples contactos en la frontera y en Perú y tenía un alto ascendiente en las filas. Incluso algunos han dicho -más de veinte años después- que lo consideraban su "formador" y "un líder al que todos seguían". Bajo su mando, hicieron cursos de comando, buzo táctico y entrenamiento para operaciones de infiltración y combate, dada la cercanía con Perú.

"Carlos Vargas" no pasaba inadvertido. Se desplazaba por Arica y sus alrededores en su deportivo Mazda 929 rojo de dos puertas. Y los ojos se centraron en sus desplazamientos cuando se supo que dos de sus subordinados -Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez- eran los autores del robo al Banco del Estado de Chuquicamata. Ambos convencieron al jefe y cajero de la sucursal de que iban a simular un asalto ya que un reciente robo les obligaba a aumentar las medidas de seguridad.

En una declaración judicial hoy olvidada, Hernández Anderson declaró el 3 de agosto de 1982 -poco más de dos meses antes de morir fusilado-, que Delmas lo visitó en Calama en enero de 1981, para ordenarle que participara "en una importante misión en beneficio y ayuda para el servicio". La explicación que según Hernández le dio Delmas fue clara: "La CNI se encontraba desfinanciada a nivel nacional, porque todo el envío de agentes del servicio, tanto de oficiales, personal de planta y empleados civiles a las embajadas del extranjero en distintos países debieron ser canceladas por el mismo servicio, siendo que esto correspondía hacerlo al Ministerio de Relaciones Exteriores". También hizo mención a que se habían suspendido "las contrataciones de personal, reencasillamiento y otras medidas atingentes al orden económico".

La declaración de Hernández no fue considerada ni por jueces ni policías. Y ello, a pesar de que a comienzos de 1981 todo indicaba que la economía tambaleaba. El recorte fiscal se generalizó, pero no alcanzó a la CNI. Cuando en 2007 la ministra Amanda Valdovinos investigó los flujos y usos de gastos reservados que manejaba la dictadura, descubrió que sólo en el ciclo 1979-1984 se asignaron al organismo represor unos 13 mil millones de pesos, según declaró el ex ministro Sergio de Castro. Informes oficiales incautados en distintos procesos indican que tanto Pinochet como los altos mandos de la CNI sabían que a mayor crisis económica, más importante sería la rebeldía que ya se empezaba a palpar en las calles. Con la cesantía en alza, no había presupuesto que alcanzara para pagar a informantes y agentes suplementarios que la CNI requería con urgencia para bloquear el paro nacional que en esos días organizaba el líder sindical Tucapel Jiménez.

La necesidad de reforzar la represión determinó que Pinochet sacara del mando de la CNI al general Odlanier Mena, quien reemplazó a Manuel Contreras luego de los coletazos del caso Letelier (consumando así una lucha a muerte entre ambos), y en su lugar nombrara al frío y obediente general Humberto Gordón. Para los sucesos de Calama, Gordón ya le había dado un nuevo impulso a la acción represiva, sepultando la interdicción que pesaba sobre los hombres más duros de Contreras.

Lo anterior abre nuevas interrogantes para el juez titular del 2° Juzgado de Letras de Arica, Julio Aguilar, que deberá concluir ahora el proceso. Y la más importante es el destino de los entonces $15 millones del botín del banco de Chuquicamata que nunca aparecieron, unos $278 millones de hoy. La pista que podría probar cuán institucional fue la decisión de allegar fondos en forma ilícita a la CNI, o si se trató de una pantalla para encubrir actos de corrupción. Sobre eso, Madrid adelantó en gran parte el camino.

La sangrienta "Teletón" de la CNI

Hernández Anderson y Villanueva Márquez siguieron al pie de la letra las instrucciones de Delmas. El día del crimen se hicieron acompañar por el taxista Francisco Díaz, quien sólo la jornada anterior se había incorporado a la CNI, aceptando una vieja oferta. Luego de dinamitar al jefe de la sucursal del banco (Luis Martínez Araya) y al cajero de la misma (Sergio Yáñez Ayala), se repartieron una pequeña fracción del botín: $200 mil para Díaz, $100 mil para el ex CNI Juan Arenas Cortés y $300 mil para Delmas. Los dos homicidas también se dejaron montos menores para cada uno, le entregaron unos $8 millones al hermano de Villanueva y escondieron el grueso del dinero en distintos lugares, usando bidones.

El grupo alcanza a disfrutar poco más de tres meses del secreto y de la plata. En ese período Delmas incluso recibe en Arica a Augusto Pinochet, quien llega de visita unos 15 días antes de que se descubra el crimen: junto con personal de la CNI, el mayor forma el segundo anillo de seguridad durante los tres días que el dictador permanece en la ciudad.

La versión más conocida dice que Hernández y Villanueva cayeron por los típicos errores: Villanueva gastaba en regadas fiestas en las que incluso pagaba a músicos para que le cantaran "El Rey", la misma canción que tanto le gustaba a Pinochet. Además, el rumor de música fuerte y una orgía con prostitutas en el empobrecido poblado de Chiu Chiu corrió rápido. Pero en su pesquisa, el equipo del juez Madrid se encontró con la sorpresa que el crimen fue resuelto casi por casualidad.

Son policías civiles de Calama los que detienen a comienzos de junio al taxista Díaz por un asunto menor y ajeno al crimen. Al registrar su auto, aparecen gruesos fajos de billetes, cuyos números de serie coinciden con los que ya estaban encargados tras el robo al banco. Al poco rato, el detenido confiesa y pone los nombres de sus nuevos jefes sobre la mesa.

Hasta ese momento, los empleados bancarios llevaban casi tres meses desaparecidos, al igual que los $ 45 millones. Y según la prensa partidaria de la dictadura eran los responsables del robo. Con la confesión de Díaz, los policías tenían a dos cadáveres dinamitados por encontrar y una bola de fuego en las manos que les podía costar la cabeza. Deciden telefonear al entonces prefecto Víctor Lillo Monsalve a Arica, y soltar la bomba recurriendo al viejo truco de "Jefe, le tenemos una noticia buena y una mala". Eran casi las 4 de la mañana y al otro lado del teléfono el prefecto elige saber primero la buena.

- La buena es que tenemos resuelto el robo al Banco del Estado.- Excelente. ¿Y la mala?- Es que fueron los "Charlies" (clave para "CNI").

Lillo dispone terminar la investigación en la más completa reserva: sólo avisaría a la CNI cuando tuviera todo amarrado. Para eso basta que Díaz aparente cumplir las órdenes que le habían dado: que cada 15 días cambiara la plata en Perú por soles, y de regreso al lado chileno de la frontera la volviera a cambiar por pesos para hacer entrega del botín saneado. Vigilado de cerca por Investigaciones, el taxista llega al "punto" y ahí cae Hernández Anderson, jefe de la CNI en Calama. Después es el turno de Villanueva.

Sólo entonces Lillo da aviso al entonces director de Investigaciones, general Fernando Paredes, y éste a su vez al general Humberto Gordon. La alarma es total.

¿Delmas o Vargas? Un gol de media cancha

Apenas enterados del desastre, los mandos en Santiago ordenan un amplio despliegue. Gordon instruye a Paredes para que disponga dos aviones de la policía civil que trasladen a personal de la CNI al norte. A las pocas horas aterriza en Arica el coronel Héctor Bravo Letelier (ex DINA), jefe de las Brigadas Regionales del organismo, acompañado de otros efectivos. Bravo llega con la misión de intervenir la oficina CNI de Calama y hallar el botín. Sobre la marcha también llega el capitán Juan Vidal Ogueta, jefe de la Contrainteligencia de la CNI. El espía de los espías.

Como zonas fronterizas, tanto Arica como Calama son centro de múltiples unidades de espionaje castrense, a las que se suman los "corresponsales" que cada alto oficial de Santiago tiene apostados allí. Así, al momento de ser "intervenida", el área ya era monitoreada por la CNI y por el Destacamento Especial de Inteligencia (DEI), con base en Arica; repartición de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). A toda la red descrita se sumaron varios agentes del Servicio Secreto de la DINE que reportaban a Santiago.

Si por el tiempo transcurrido se ha hecho difícil saber exactamente quién actuó primero, sí hay constancia de los hechos gruesos. Uno de los primeros en tomar medidas es el capitán Vidal Ogueta. Adelantándose a los interrogatorios de Investigaciones, visita al entonces recién detenido Hernández Anderson. El Jefe de la Contrainteligencia CNI llevaba dos tareas: que le dijera qué sabía y había dicho; y ordenarle callar para siempre. Suicidarse.

Pero Hernández Anderson, hijo de un connotado juez de Arica, no obedece la instrucción de Vidal Ogueta. Y apreta play. Su padre juega un rol principal en esa decisión. Y declara que fue su superior quien le ordenó todo (más de un año después diría que el mayor le había garantizado que la detención y los primeros interrogatorios eran parte del show y que todo saldría bien). Sólo se guarda una munición: dice que su superior era "Carlos Vargas". En tiempos en que era casi imposible que un juez consiguiera el nombre real de un agente, no es un olvido pequeño.

Enterado de la confesión de Hernández, Vidal Ogueta telefonea a Santiago: hay un mayor experto en inteligencia involucrado en varias operaciones secretas anteriores, directamente acusado en el robo. Al otro lado escucha el general Gustavo Rivera Toro, segundo jefe nacional de la CNI, quien al instante transmite la orden "detenga a Carlos Vargas". Quien la recibe, según varias versiones es nada menos que el coronel Marcelo Moren Brito, jefe del DEI en Arica.

Moren, más conocido como el "Ronco" o "El Coronta", le transmite la misma orden al prefecto Lillo: "Hay que detener a Vargas".

En 1981, Moren arrastraba un amplio prontuario como ex alto mando de la DINA y hombre de confianza de Contreras (fue cabeza de la Brigada Caupolicán y jefe de la Villa Grimaldi). Después se confirmaría en los tribunales su brutal rol en los crímenes de la Caravana de la Muerte, Calle Conferencia, casos Alfonso Chanfreau, Lumi Videla y Alberto Bachelet, entre varios otros.

Sólo ahora -y gracias a la confesión de varios protagonistas de la época- se sabe que fue una de estas dos llamadas telefónicas, o ambas, lo que le permitió huir a Vargas/Delmas. Los detalles de cómo se entera Delmas de la orden de captura, difieren. Una de ellas es hasta graciosa: cuando el prefecto Lillo recibe en su oficina la llamada de Moren Brito, se encuentra precisamente acompañado de Delmas, quien lo visitaba constantemente para informarse de los avances de la diligencias y ofrecer su ayuda. Pero Lillo no sabía que Delmas y Carlos Vargas eran uno solo. El hecho cierto es que el coronel Moren dispone el cierre de la frontera para evitar que Delmas aproveche sus contactos en Perú.

Como quiera que sea, el viejo juego de las "chapas" le ha pasado un golazo a medio aparato de inteligencia, en plena dictadura militar, y en la zona más vigilada del país: Delmas se esfuma. Toma un alto de vales de bencina, instruye a la telefonista del cuartel de la CNI de Arica para que lo mantenga conectado con las llamadas entrantes y salientes, se sube a su Mazda rojo y se va. Pasadas las 8 AM del 12 de junio de 1981, el ex escolta de Pinochet desaparece para siempre.

Nadie sabe para quién trabaja

En Santiago las alarmas siguen encendidas. Que Delmas sea el jefe del robo le indica a Gordon que cualquier esfuerzo por capturarlo es poco. Y despacha a otro enviado especial. Tan urgido está el director de la CNI que incluso saca de sus vacaciones al jefe del aparato ultra secreto para que se una a la cacería. Nadie tiene idea cómo ni cuándo llega a la zona el entonces mayor Francisco Maximiliano Ferrer Lima, recién llegado de Buenos Aires, donde había estado operando con la Secretaría de Inteligencia del Estado trasandina (SIDE).

Ferrer Lima, alias "Max Lerou" entonces era un oficial experto en espionaje, capacitado en Brasil y en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), además de haber integrado la Brigada Caupolicán de la DINA. Meses después, ordenaría el asesinato de Tucapel Jiménez -lo que le costó una condena a 8 años de presidio- y luego llegaría a ser jefe del Servicio Secreto Exterior de la DINE, tras haber sido instruido en el MI-5 en Inglaterra como recompensa por los servicios prestados por Pinochet durante la guerra de Las Malvinas. Entre 1983 y 1992, fue el motor del "despacho" al extranjero de agentes comprometidos en juicios.

Luego de aterrizar en Arica en un vuelo comercial, Ferrer se mueve por su cuenta y se instala en una habitación con vista al mar en el Hotel "La Lisera". Al día siguiente interviene la unidad CNI local. Su misión: encontrar a Delmas y el dinero. Para eso se hace ayudar, entre otros, por el suboficial José Aqueveque Pérez, ex compañero de Delmas en la escolta de Pinochet y en la Brigada Mulchén, a quien Ferrer le tiene plena confianza desde los tiempos del Curso de Paracaidistas.

"Max Lerou" se reúne con su viejo conocido Moren Brito a cotejar datos y luego su pista se pierde por completo. Después, Ferrer declarará que regresa a los pocos días a Santiago, lo que varios otros contradicen.

Arica se ha convertido en la "zona cero" de la dictadura. Allí se ha dado cita la selección nacional de la represión: Moren Brito (DEI), Ferrer Lima (DINE), Vidal Olgueta, Bravo Letelier y Aqueveque (los tres CNI) además del capitán Jorge Camilo Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica). Con los días se agregan el capitán Manuel Pérez Santillán (Cuartel "Las Machas", de dotación del Regimiento "Rancagua" de Arica, también ex miembro de la Mulchén), el coronel Carlos Parera Silva (Regimiento de Artillería "Dolores") y varios otros.

La misión es contra el tiempo: el mismo día de la confesión de Hernández y Villanueva, se hace público que hay gente de la CNI involucrada en el crimen de Calama. Se filtran tantos datos, que en Santiago, Gordon tiene que optar por algo insólito: sacar un comunicado de prensa con "la mala" noticia, estableciendo que Delmas era cómplice y cerebro del crimen, y que tanto él como los dos agentes comprometidos han sido expulsados de las filas.

Cada uno de los oficiales involucrados indaga por su cuenta qué pasó, qué se sabe y qué corre riesgo de quedar al descubierto. Casi todos operan en forma compartimentada. Nadie confía en nadie. Ferrer Lima y Vidal Ogueta se han alojado en el mismo hotel ariqueño, donde se topan brevemente y apenas se confiesan estar trabajando en la zona, sin especificar en qué. El suboficial Aqueveque se suma a las pesquisas sin que se sepa claramente para quién trabaja: mientras algunos lo sitúan colaborando con "Max Lerou", otros lo muestran operando por cuenta propia o para alguien más.

Las pesquisas recientes establecen que muy pocos o ninguno de los involucrados sabe qué hizo exactamente el capitán de contrainteligencia CNI Vidal Ogueta en los tres días que duró la búsqueda de Delmas. Las mismas dudas corren respecto de Aqueveque y Ferrer Lima.

Mientras algunos interrogan infructuosamente a los familiares de Delmas, otros se dedican a "peinar" la zona desde una o más avionetas militares, buscando en el desierto el famoso Mazda 929 rojo del mayor. En este punto tampoco hay coincidencias. Según personal de la CNI local, el agente Carlos Ortega León -especialista en infiltración al otro lado de la frontera- sobrevuela la zona acompañado de un piloto y forzosamente acompañado por Aqueveque. Otra versión dice que había una sola aeronave y que ésta fue utilizada para los mismos fines por Moren Brito, quien dice haber viajado a Iquique para rendir cuentas. Lo importante es que la o las avionetas eran indispensables para cubrir rápidamente los puntos críticos de Arica, Calama, Iquique y sus alrededores.

Entre el 12 y el 15 de junio el destino de Delmas es un misterio. Sólo ahora se sabe, por algunas declaraciones y otros indicios, que es altamente probable que se haya refugiado en la unidad "Solo de Saldívar", del Regimiento "Rancagua" de Arica. Más conocida como "Cuartel Las Machas", es un reducto en la salida norte de la ciudad, pero disimulado entre las dunas y la playa. En apariencia inocente, terminará siendo clave en la historia.

Mientras el "Rancagua" estaba bajo el mando del coronel Carlos González Coderch, el comandante de "Las Machas" era el capitán Manuel Pérez Santillán, otro ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, y por tanto viejo conocido de Delmas. Hay versiones que dicen que desde el mencionado cuartel lo sacan en horas de la madrugada hacia la Parcela del Lluta, que dependía del "Rancagua".

Las sospechas también apuntan al Coronel Carlos Parera Silva, entonces muy amigo de Delmas y comandante del Regimiento "Dolores". Entre los últimos testimonios algunos sostienen que Delmas fue a refugiarse a su lado y luego se pierde su pista. Parera se libró por el pacto de silencio de ser involucrado en el caso Letelier y se haría famoso en 1990, cuando como comandante de la guarnición de Santiago se negó a pedirle la venia al Presidente Patricio Aylwin para iniciar la primera Parada Militar en democracia.

La tesis de la justicia es que Delmas debió haber sido ubicado por alguien de su confianza, con similar preparación y perfil y que la misma persona lo eliminó. Dichos parámetros dejan en la lista de sospechosos a Vidal Ogueta (quien si no lo mató, en último caso habría ordenado su asesinato), José Aqueveque y Manuel Pérez Santillán (ambos ex compañeros suyos en la Brigada Mulchén de la DINA). También se menciona a Ferrer Lima -tanto él como Aqueveque se culpan mutuamente en sus declaraciones judiciales- y a Raúl Iturriaga Neumann, también ex alto mando de la DINA y de la Mulchén, a la fecha comandante de la guarnición de Putre.

Sobre este último, ninguno de los involucrados sabe o recuerda qué hizo. Una de las pistas es que la bitácora de operaciones aéreas militares de esa zona muestra que el día 9 de junio -dos días antes que se sepa públicamente el rol de la CNI en el robo y doble homicidio- un avión despega precisamente con destino a Putre, llevando nada menos que a Augusto Pinochet.

Sobre el resto del botín, las pesquisas apuntan a Moren Brito. Hay testimonios que aseguran que el "Ronco" se quedó con una bolsa con dinero que habría sido ocultada en un basural por un suboficial del "Rancagua", quien a su vez la recibió de Delmas. Moren declaró que nunca vio los billetes. Pero no le creen: a pesar de los múltiples testimonios y pruebas que lo incriminan, también ha dicho siempre que nunca torturó ni hizo desaparecer a nadie.

Un último dato respecto del dinero. Si bien las declaraciones de Aqueveque son contradictorias en lo que toca a su actuación, sí entrega un antecedente clave sobre las platas robadas. Dice que en 1981 estaba en Los Andes y Delmas lo llamó para que lo fuera a buscar al Aeropuerto de Pudahuel: allí le entregó un maletín lleno de dólares, que "provenía de un operativo de drogas y que debía entregárselo al Jefe de la DINA en calle Belgrado, lo dejé ahí y me retiré". Aqueveque agrega que al día siguiente Delmas le ofreció irse a trabajar con él a Arica, lo que aceptó y "al mes salió mi destinación". Finaliza contando que al tercer día de su llegada al cuartel ariqueño se enteró de lo que habían hecho Hernández y Villanueva.

Aunque dicho testimonio tiene un error -la DINA fue disuelta en 1977 y reemplazada por la CNI-, lo cierto es que muchos de sus antiguos agentes siguieron llamándola así. Y en cuanto al fondo, lo declarado por Aqueveque indicaría que Delmas llevó el dinero a Santiago alrededor de un mes antes de recibir un tiro en la cabeza. El viaje es confirmado por la viuda del mayor, quien declaró que "unas tres semanas" antes de su muerte "él tuvo que viajar a Santiago, vía aérea, sin darme explicaciones, fue todo rápido y como a los tres días regreso".

"Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet"

La insólita cacería termina la tarde del 15 de junio. Una mujer y su hijo entran y salen de Arica por el camino a Ticnamar. En ambos trayectos les llama la atención un destello rojo bajo el sol. Se acercan y avisan a la prensa local: es el Mazda 929 de Delmas.

¿Quién se enteró primero? Hernández Anderson, en su declaración de 1982 da a entender que fue el corresponsal de La Tercera y director del diario La Defensa de Arica, Juan Carlos Poli, "que también es informante de la CNI de esa ciudad".

Los primeros en llegar son el capitán Jorge Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica), acompañado de dos suboficiales, más el jefe del OS-7 ariqueño, teniente Juan Ortega. Ninguno cumple con la norma de avisar al juez y Mandiola hasta se da tiempo para revisar el auto y abrir el portamaletas, sin hallar nada de importancia, según él. Al atardecer de ese día se dejan caer en el lugar personal de Investigaciones, de la CNI, del DINE, del DEI, además del fiscal militar de la guarnición local, Sergio Rodríguez Moraleda y el juez Humberto Retamal Arellano.

Mandiola también es el primero que ve una serie de frases escritas sobre el vaho del parabrisas del Mazda: "Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet. Perdón, Rosita". Con el correr de las horas, en torno al vehículo se arma un tumulto compuesto al menos por el juez, el fiscal militar, el prefecto Lillo, los inspectores Juan Barrera y Zvonco Tocigl, el capitán Vidal Ogueta, el coronel Moren Brito, el suboficial Aqueveque y el agente CNI Carlos Ortega. Las distintas declaraciones colocan nombres de más o de menos, especifican distintas horas de hallazgo y condiciones del sitio y hasta expresan disímiles sospechas respecto de los otros presentes.

Ferrer Lima sólo aparecerá por ahí conducido por Aqueveque cuando no quede ni el auto. Según su versión, su conspicuo acompañante le indicará excavaciones que se hicieron allí mismo en busca del botín.

En lo que todos coinciden es en lo que sale al día siguiente en la prensa: Delmas se hallaba inclinado en el asiento del conductor, con un balazo en su sien derecha y salida de proyectil por la izquierda. En su mano derecha estaba su pistola con otra bala pasada en la recámara -que los que llegaron primero se apuraron en disparar al aire-, y una vainilla en el asiento trasero. El cuerpo estaba hinchado y recién comenzando a despedir hedor. Uno de ellos atestigua en las recientes pesquisas que Delmas tenía una de sus piernas quebradas.

Bastaba observar su cadáver para que asomaran numerosas dudas, varias de las cuales se filtraron inmediatamente a los medios. Un auto rojo como ese era fácilmente visible desde la carretera con luz de día; en pleno desierto, la carrocería estaba impecable y sin polvo. En el asiento trasero había una parka salpicada de sangre, que nunca fue periciada. Lo más grave es que la bala no aparece por ninguna parte y que los primeros peritajes indican que el disparo se produjo desde unos 65 centímetros de distancia (la autopsia después dirá que fue a quemarropa). Para colmo, Delmas era zurdo hasta para disparar.

En pocos días, hasta la prensa oficialista dirá que el oficial ha sido asesinado. Un trascendido paraliza los comentarios: el recién sepultado cadáver había sido misteriosamente retirado del cementerio de Arica. La CNI se ve obligada a sacar un nuevo comunicado: el mayor era ambidiestro, el clima del lugar impedía la formación del polvillo que todos echaban de menos, Delmas se había suicidado y no había nada más que investigar.

Las diligencias forenses no aportaron mucho. Los policías que llegaron al sitio ahora reconocen que no examinaron el cadáver y ni siquiera practicaron el básico examen de detección de residuos de nitratos en las manos, necesario para confirmar o descartar si alguien disparó o no un arma. La explicación: "carecían de laboratorio".

Tampoco se puede hablar de autopsia. El médico legista que la hizo, Carlos Villavicencio, recordó recientemente que tampoco examinó restos de pólvora en las manos porque el juez Retamales no sólo no se lo indicó, sino que además le ordenó que "todo debía realizarse rápidamente". El certificado de defunción fija la data de muerte el 13 de junio, es decir, dos días antes de su "hallazgo" y al día siguiente de su misteriosa desaparición.

Todos los antecedentes recabados por el equipo policial que trabaja con el juez Madrid han formado la convicción de que el mayor CNI fue asesinado y luego dispuesto en un sitio fabricado para que pareciera un homicidio. El magistrado derivó el caso Delmas a la Corte de Apelaciones de Arica, y ésta dejó la causa en manos del titular del 2° Juzgado de Letras de dicha ciudad, Julio Aguilar. Éste ha hecho varias diligencias, entre ellas, diversos exhortos que en octubre pasado envió al resto del país para recabar nuevos testimonios; ya ha recibido cuatro.

La sangre sigue corriendo

Las muertes no pararon ahí, y en su momento sólo fueron mencionadas y relacionadas por la Revista Cauce, opositora a la dictadura. Una de las primeras queda al descubierto cuatro días después del hallazgo de Delmas. Ese día fue hallado flotando en el mar Mario Barraza Molina, uno de los informantes más cercanos al mayor.

El 31 de octubre de ese mismo año, José Rienzi Zumaeta Dattoli, gerente de una distribuidora avícola local, muere asesinado de un balazo en la frente a la entrada de su casa. La nueva víctima también era muy cercana a Delmas.

A esas alturas, el pánico se había apoderado de los funcionarios menores de la CNI en Arica y Calama. Algunos fueron trasladados. Uno de ellos fue el segundo de Delmas en la CNI de Arica, el capitán Sergio Saldivia Millar: fue destinado a Puerto Montt como jefe de la CNI local. La noche del 26 de octubre de 1982 salió en su vehículo oficial y horas después murió en un extraño accidente de tránsito que hoy se investiga.

Pero el caso más oscuro es el del cuñado de Delmas, Gonzalo Fort Arenas, agente de la CNI en Arica y trasladado a Antofagasta y más tarde a Osorno, contra su voluntad. Sus cercanos han declarado que su nueva destinación fue producto de fuertes presiones del suboficial José Aqueveque. En el sur, Fort se empecinó en averiguar qué había sucedido realmente con Delmas y también oyó -entre otras- las historias que vinculaban a su fallecido cuñado con el coronel Parera.

No pudo seguir con su investigación. El 27 de abril de 1984, Fort se encontraba en su casa. Entre las 2 y las 2.30 AM, su esposa lo encontró tendido en una cama, con un balazo en el pecho y sobre éste una foto arrugada de Juan Delmas; en sus manos había un papel y un lápiz. Los teléfonos de la casa estaban cortados. El caso fue etiquetado como suicidio. Años más tarde, el caso del agente CNI fue propuesto a la Comisión Rettig, que luego de investigarlo lo declaró "sin convicción".

Hasta allí, parte de la oscura trama que descubrió el equipo policial que trabaja bajo las ordenes del juez Alejandro Madrid. El magistrado logró determinar que, pese a la disolución de la DINA en 1977, la Brigada Mulchén siguió operativa varios años después. Su última operación fue el acoso y apremio ejercido sobre uno de sus integrantes, Remigio Ríos San Martín, hasta obligarlo a cambiar su testimonio judicial en el que había revelado los detalles del asesinato de Carmelo Soria, para eludir la prisión. Y tuvieron éxito porque el crimen fue amnistiado. Un crimen que involucró al grupo de escoltas mas selectos de Pinochet, hombres que conocían todos sus secretos. Como el brigadier Jaime Lepe, quien fue también escolta de Lucía Hiriart y que muy probablemente ahora no podrá escapar de la prisión.

El poder oculto y los crímenes de la Brigada Mulchén

Pocas unidades represivas de la dictadura han permanecido tanto tiempo secretas, aún preservan crímenes ocultos y seguirán dando tanto que hablar. Conocida como uno de los dispositivos letales más selectos de la DINA, el historial de la Brigada Mulchén -bautizada con este nombre de origen mapudungún, al igual que la Caupolicán y la Lautaro- inició su amarga fama con el asesinato del funcionario de la Cepal y diplomático español Carmelo Soria (1976).

En la tortura y homicidio de Soria participaron también miembros de la célula Quetropillán, "el diablo que mata" en idioma mapuche, aunque otros la traducen como "Dios volcán", posiblemente en referencia al inactivo cráter de 2.360 metros ubicado en el límite de las regiones de Araucanía y los Ríos.

Como apéndice de la Mulchén, la Quetropillán operaba básicamente en manos de Michael Townley y Eugenio Berríos ("Hermes") en la casa de la DINA que habitaba el primero, en Vía Naranja # 4275, Lo Curro. Allí funcionaba un laboratorio químico en el que ambos desarrollaron la versión chilena del gas sarín y otros venenos, como las toxinas botulínicas. En la fría formalidad del papel, la agrupación figuraba como "Centro de Investigación y Desarrollo Técnico Quetropillán".

La sola mención de Townley y Berríos vincula a la Mulchén con los asesinatos de Orlando Letelier (Washington, 1976), del general Carlos Prats y su esposa (Buenos Aires, 1974), y del propio Berríos (Uruguay, 1993). Otra de sus agrupaciones -"Alacrán"- eliminó usando el sarín al conservador de bienes raíces Renato León Zenteno (1976) y al cabo Manuel Leyton (1977). Hasta hoy, uno de sus principales jefes, el alto oficial de Ejército Guillermo Salinas, se mantiene lejos de cualquier presidio. Pero será por poco tiempo.

No ha sido fácil para ningún juez confeccionar la nómina de los integrantes de la Brigada Mulchén. Lo que sí es un hecho cierto es que lo peor que le puede pasar hoy a un oficial activo del Ejército es que lo pongan en la lista. Es lo que le sucedió al general Eduardo Ludovico Aldunate Hermann cuando se encontraba al mando de la misión militar en Haití. Al final, resultó que Aldunate no pasó por la Mulchén, pero sí por el grupo escolta de Pinochet que estuvo en su origen. También sirvió en la CNI. Aldunate se fue a retiro recientemente.

La importancia de determinar sin margen de error si el ex Presidente Eduardo Frei Montalva fue eliminado con sustancias toxicas fabricadas por la DINA, obligó al ministro en visita Alejandro Madrid a profundizar en el historial de la Mulchén y en sus crímenes. Con esa base, se sabe hasta ahora que entre quienes pasaron por sus filas figuran los entonces oficiales Guillermo Salinas Torres (su primer comandante), Pablo Belmar Labbé, Jaime Lepe Orellana, Raúl Eduardo y Alfredo Iturriaga Neumann, Patricio Quiloth Palma, Manuel Pérez Santillán, Juan Delmas Ramírez, Rolf Wenderoth Pozo y los suboficiales José Remigio Ríos San Martín, José Aqueveque Pérez, Jorge Hernán Vial Collao y Bernardino del Carmen Ferrada Moreno ( en servicio activo en 1992). Con el tiempo varios de sus integrantes terminaron siendo ascendidos y obtuvieron la amplia confianza de Augusto Pinochet, a quien prestaban seguridad en los anillos más cercanos al general.

Sólo de la lista anterior, cuatro miembros de la Mulchén aparecen implicados de una u otra forma en el crimen de Calama: Delmas, Iturriaga, Pérez Santillán y Aqueveque.

A Madrid le interesa determinar si después de la disolución de la DINA (1977) la Mulchén siguió o no operativa. Además del Caso Calama, hay otros hechos que demuestran que los viejos compañeros siguieron por lo menos hasta bien entrados los ’90 borrando huellas, obstruyendo pesquisas judiciales -para lo cual contaban con el fiscal Torres Silva, que tuvo un sillón en la Corte Suprema como auditor del Ejército hasta fines de esa década- y asegurándose que nadie los pusiera como acusados frente a un tribunal.

Así ocurrió precisamente con el caso Soria en 1993, cuando los ex Mulchén se enteran por uno de sus infiltrados en Investigaciones que uno de ellos, José Remigio Ríos San Martín, había confesado los detalles del crimen ante dos detectives. Sabiendo que para que la declaración fuera válida debía ser ratificada ante el juez, iniciaron la cacería dirigida por el brigadier Jaime Lepe, desde su privilegiada posición de secretario general del Ejército. Tanto Lepe como Patricio Quiloth, entonces en el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), debieron ocupar todos los medios a su alcance para encontrarlo y presionarlo para que cambiara su testimonio. Sólo no lo mataron porque habría sido muy evidente la mano de sus autores.

Había urgencia. No solo porque implicaba al anillo más cercano a Pinochet, sino también por un párrafo de la confesión de Ríos: "El mismo día que detienen y matan a Soria el comandante Guillermo Salinas me presentó a un visitante en la casa de Lo Curro, posteriormente el señor Quilot me informó que se trataba del cubano Virgilio Paz (asesinó a Orlando Letelier en Washington). Conozco a Eugenio Berríos alias "Hermes". Yo utilizaba la chapa ALBERTO ARROYO QUEZADA hasta mediados del ’82 cuando era su escolta".

En un restaurante en Ñuñoa se produjo finalmente el encuentro entre Ríos y sus ex compañeros. Afuera vigilaban los escoltas de Pinochet. Cada detalle fue como una película de espías. De allí salió Ríos con una nueva camioneta y una pensión. Días más tarde cambiaría su versión judicial sobre el crimen de Soria. Aunque Ríos después lo reconoció ante un juez, eso no logró cambiar el destino del Caso Soria: se aplicó la Amnistía en 1996. Pero Lepe no pudo llegar a integrar el cuerpo de generales, como era su sueño. El Presidente Eduardo Frei se negó a ascenderlo y se fue de baja como brigadier.

 

 

Pese a testimonios judiciales que lo inculpan

Pese a testimonios judiciales que lo inculpan

03 de Diciembre de 2008 El Mostrodor

La historia del torturador que fue incluido como víctima en el Informe Valech

 El ex detective Arturo Eugenio Garay González fue sindicado por testigos como uno de los torturadores de un grupo similar al Comando Conjunto, que operó en la Base Naval de Talcahuano en 1974. Hoy aparece registrado como víctima de torturas en el Informe sobre Prisión Política y Tortura, y recibe los beneficios correspondientes, entre ellos una pensión mensual.

Por Miguel Paz

Arturo Eugenio Garay González, subcomisario retirado de Investigaciones, figura inscrito en el Informe Valech con el número 9.481. Se trata de uno de los 27.255 casos acogidos por la Comisión creada por Ricardo Lagos para determinar quiénes sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas durante la dictadura.

Su caso, sin embargo, tiene una peculiaridad: entre 1974 y 1975 integró un grupo similar al Comando Conjunto, que operó en la Base Naval de Talcahuano y -según consta en diversos testimonios judiciales- participó en la desaparición del ex GAP Rudy Cárcamo, presenció el asesinato del alcalde de Cañete, Elías Jana, y fue reconocido por ex prisioneros de la base naval como uno de sus torturadores.

La historia parte en los primeros meses de 1974, el día en que Garay flanqueó la entrada de la Base Naval de Talcahuano e ingresó a un sector convertido en campo de prisioneros y centro de tortura. Ese día, el joven detective se convirtió en agente del Centro de Inteligencia Regional (CIRE), una especie de Comando Conjunto creado en enero de ese año por el jefe de la Tercera División del Ejército, Nilo Floody Buxton, y el comandante de la Base Naval, Antonio Costa Bobadilla, para actividades represivas en la Octava Región. Garay se dedicó un año a detener gente y aplicarle tormentos, según ex presos que lo recuerdan.

"Él fue uno de mis torturadores"

El siquiatra Luis Peebles es uno de ellos. Peebles era secretario general del MIR en Concepción y fue detenido y llevado a la Base Naval en diciembre de 1974. "Él fue uno de mis torturadores directos", dice Peebles, sobre Garay y recuerda que al principio de su detención "no sabía quién era".

"Pero después de una hora escuchas las voces, te das cuenta de a quién pertenece la voz de mando. Y este tipo era el jefe de grupo de los cinco o seis que torturaban y salían a detener gente. No sólo lo oí, también lo ví", agrega el psiquiatra, aludiendo a que Garay era uno más de los integrantes del grupo de interrogadores del CIRE (compuesto por el jefe de Inteligencia Naval de la zona, Hugo González D’Arcangelis; los oficiales navales José Cáceres González y Víctor Donoso Barrera; el funcionario de Investigaciones Osvaldo Harnisch Salazar y el oficial de Carabineros Conrado Sesnic).

Luego de su período de detención en la Base Naval, Peebles fue enviado a Colonia Dignidad, Villa Grimaldi y Tres y Cuatro Álamos. Fue expulsado del país en julio de 1975 y se exilió en Bélgica. Tres décadas después, el 21 de febrero de 2006, Peebles volvió a ver a Garay. Dice que no lo reconoció hasta que empezó a hablar.

El encuentro ocurrió en las propias dependencias de la Base Naval de Talcahuano, en la reconstitución de escena del asesinato y desaparición del mirista y ex GAP Rudy Cárcamo Ruiz, ordenada por el juez Carlos Aldana. Junto a Peebles, otro ex prisionero, Jaime Oehninger, también reconoció a Garay como uno de sus celadores, e identificó también a los procesados por la desaparición de Cárcamo: Hugo González, José Cáceres, Víctor Donoso, Osvaldo Harnisch y Conrado Sesnic.

En la reconstitución salieron a la luz otros homicidios cometidos por efectivos de la Armada en ese recinto. Entre ellos, el asesinato, en febrero de 1975, de Elías Jana Santibáñez, alcalde socialista de Cañete en la época del Golpe de Estado, relatado al juez por Peebles y confirmado por Garay, quien participó en la reconstitución de escena en calidad de testigo.

La versión que dio a la Comisión Valech

En 1975, Garay volvió a Investigaciones. Pero su pasado le había dejado secuelas. Fue sancionado varias veces por faltas consideradas graves en la institución y pasó a retiro en septiembre de 1986.

Quizá por esto, la historia que contó a los profesionales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura no es la del agente represivo que evocan los ex presos de la Base Naval. En la ficha que llenó para el Informe Valech dice que fue prisionero político. Que en la mañana del 11 de septiembre de 1973 fue apresado por su presunta militancia comunista y que estuvo detenido durante 20 días en la Isla Quiriquina. Así lo aseguró en una declaración judicial, al menos.

Su relato fue convincente y pudo acogerse a los beneficios que se otorgan a los "Valech": una pensión mensual de 112.817 pesos, bonificación de 100 puntos en la postulación al subsidio habitacional, acceso a salud gratuita en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) y una beca de estudios de educación superior, que él probablemente no usará debido a su edad. Como víctima acreditada por el Informe Valech, Garay postuló y accedió a un bono de 184 dólares otorgado por la Fundación Presidente Allende, de España, proveniente del fondo de 9 millones de dólares que ésta obtuvo del Banco Riggs de Washington, como indemnización por haber escondido los dineros negros de Pinochet.

Renato Czischke y Roberto Arriagada, dos detectives de la Prefectura de Investigaciones de Concepción, cuentan una historia distinta a la de Garay. Dicen que él no fue apresado el 11 de septiembre y que nunca estuvo detenido en isla Quiriquina. Lo dicen porque ellos estaban en la prefectura el día del Golpe de Estado, siendo apresados y llevados a la Isla.

Según el relato de Czischke, en la mañana del Golpe, funcionarios de Carabineros llegaron muy temprano y se tomaron la prefectura, con un saldo de dos muertos. A medida que los detectives iban llegando a su trabajo, los carabineros salían de su escondite y los reducían. Detuvieron a 100 policías y los trasladaron a la base naval; luego, algunos fueron enviados a la isla.

"En la época, Garay no estaba en la prefectura. Tampoco lo vi en los 18 días que estuve preso en la Quiriquina. Yo fui de los últimos en abandonar la isla. Si hubiese estado me acordaría," asegura Czischke. El relato de Arriagada, quien alcanzó a estar tres días en la Isla antes de ser liberado y devuelto a sus funciones en Investigaciones, es similar: nunca vio a Garay en el lugar.

"¿Podría haber otros más?"

La alarma sobre este caso la dio Erick Zott, otro ex prisionero del campamento de Talcahuano. Radicado en Austria, Zott vino a Chile el año 2006 para prestar declaración en el caso de Rudy Cárcamo. Cuando se enteró que Garay aparecía como víctima en el Informe Valech se escandalizó. "Por el rol que él cumplía en los interrogatorios no era un cualquiera. Era de los que llevaba la investigación sobre el MIR en la zona de Concepción", dice Zott, quien conoció a Garay en el campo de prisioneros donde estuvo detenido a fines de 1975.

"Si se coló en el Informe Valech un agente de los organismos represivos, ¿por qué no podría haber otros más?", se pregunta Zott.

Imposible saberlo, explicó la ex vicepresidenta de la comisión, María Luisa Sepúlveda, en una entrevista realizada en 2007 sobre este tema. Cuando se presentó el informe, el Gobierno decretó que los antecedentes de las víctimas acreditadas en él son secretos y sólo podrán conocerse en 50 años más. Es más, la propia Sepúlveda dijo que desconocía qué documentos presentó Garay al Informe Valech y descartó que su caso ponga en tela de juicio los mecanismos de calificación usados por la comisión presidida por monseñor Sergio Valech y establecida por mandato presidencial en agosto de 2003.

"No necesariamente abre una duda porque estás suponiendo que la persona no certificó su detención", explicó y aseguró que "los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas fueron especialmente evaluados. Él pudo ser víctima y después victimario, y calificaba en el Informe".

Sepúlveda detalló que se usaron muchas fuentes de información para validar los casos que se presentaron ante la comisión: testimonios, entrevistas, certificados de detención y comunicados oficiales, salvoconductos, tarjetas de control, listados de detenidos, archivos y procesos judiciales, publicaciones de prensa y registros de organismos de derechos humanos, de víctimas y organismos internacionales.

De todas formas, se manifestó abierta a la posibilidad de que el trabajo haya tenido un margen de error. "El Informe Valech da cuenta de algo que le ocurrió a un sinnúmero de personas de la manera más rigurosa posible, pero no es infalible. Tomamos precauciones e hicimos todos los esfuerzos por no calificar casos de personas en los que hubiese sospechas".

 

Nuevo coletazos del informe Glasgow que Justicia escondió por siete años

Nuevo coletazos del informe Glasgow que Justicia escondió por siete años

01 de Diciembre de 2008 El Mostrador

"Detenido aparecido" fue inscrito con huellas dactilares de otra persona

La situación de Germán Cofré no deja de sorprender. El protocolo de autopsia hecho por la ex jefa de la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal en 1995 que lo ubicó como víctima en el Patio 29 del Cementerio General, revela que se usaron las huellas de Armando Muñoz Catrileo, nacido en Lumaco en 1944, quien hasta el cierre de esta nota figuraba como vivo, cuestión que el Registro Civil está reverificando para no cometer nuevos errores.

Por Jorge Molina Sanhueza

Germán Cofré Martínez, conocido como el "detenido aparecido", fue inscrito, por un error en el protocolo de autopsia hecho por el Servicio Médico Legal (SML), con huellas de otra persona en el Registro Civil.

La información la obtuvo El Mostrador en una alta fuente de esta última repartición, quien indicó que el informe fechado en 1995 y realizado por la perito Patricia Hernández, entonces funcionaria del SML, usó las huellas de Armando Muñoz Catrileo, nacido en Lumaco en 1944, para integrarlas a la identidad de Cofre.

Este hecho se suma a la cadena de errores y anomalías que salieron a la luz pública con la llegada a Chile de Cofré hace algunas semanas a la casa de su esposa, que recibía una pensión estatal, ya que figuraba como detenido desaparecido, luego de haber sido identificado como víctima. Sus restos estaban supuestamente enterrados en el Patio 29 del Cementerio General. Cofré, en todo caso, vivió los últimos 30 años en Argentina.

La labor del SML desde mediados de los 90’ ha sido duramente cuestionada, ya que tuvo una serie de errores de identificación, entregando en algunos casos, restos cambiados a los deudos.

Este hecho quedó al descubierto hace algunos años, cuando este medio publicó el llamado informe de la Universidad de Glasgow  cuyos resultados fueron escondidos durante siete años por las autoridades de Justicia por varios años, lo que derivó en la renuncia de Hernández y en la exoneración del ex jefe del SML, Jorge Rodríguez a principios de 2006.

Muñoz Catrileo, según los registros de Dicom está vivo, aunque el Registro Civil indaga, para evitar un nuevo error, si ello es efectivo.

La investigación

La historia de Cofré como un sujeto en el servicio de identidades, comenzó en 1968 cuando pidió por primera vez su cédula.

Años más tarde, en 2004, solicitó en Mendoza, ya figurando como desaparecido, un carné, el cual le fue rechazado, ya que para los efectos legales figuraba muerto. En todo caso, el documento le fue entregado el 30 de mayo de 2008.

De hecho, en abril de este año el Registro Civil presentó una denuncia al Ministerio Público, entidad que se declaró incompetente pues los hechos son anteriores a la vigencia de la reforma en Santiago y los derivó al 22 Juzgado del Crimen de Santiago.

El caso no ha estado exento de polémica. Incluso el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en un informe al subsecretario del ramo, Felipe Harboe, culpó al Registro Civil por las anomalías.

Harboe debiera entregar una versión final esta semana, donde se verificarán las responsabilidades políticas y funcionarias relativas a este caso.

 

 

PROFESOR CARLOS BAIGORRI FUE ASESINADO EN OCTUBRE DE 1973, EN PORVENIR

PROFESOR CARLOS BAIGORRI FUE ASESINADO EN OCTUBRE DE 1973, EN PORVENIR

Familia de fusilado gana histórica batalla judicial

- Fallo condena al Estado a pagar la suma de 100 millones de pesos a la madre y al hijo del fallecido.

Por Poly Raín /  La Prensa Austral / prayn@laprensaaustral.cl

Treinta y cinco años después de que el profesor Carlos Raúl Baigorri Hernández fuera fusilado por militares, en el Regimiento Caupolicán de Porvenir, un fallo judicial ordena al Estado de Chile a pagar la suma de 100 millones de pesos al hijo y a la madre del occiso.

Baigorri, de 31 años, era maestro de la Escuela Coeducacional F-39 de Porvenir, y secretario regional del Partido Comunista. Este fue ejecutado junto al empleado de Socoagro, Germán Simón Carrasco, de 24 años, y al empleado de Impuestos Internos, Ramón González Ortega.

Según consta en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, estas tres personas habían sido detenidas en forma separada en sus respectivos domicilios en fechas anteriores y luego de pasar por otros recintos, fueron conducidas al Regimiento Caupolicán de Porvenir.

El día 30 de octubre de 1973 en la madrugada, los afectados fueron sacados del lugar en que dormían y llevados por unos suboficiales al polígono del regimiento, donde se les hizo correr y se les disparó hasta darles muerte.

Según testimonios confiables presentados ante esta Comisión, los detenidos habrían sido fusilados en el polígono a las 4 de la madrugada del 30 de octubre, con el objeto de efectuar una medida ejemplarizadora.

FALLO

En un fallo reciente, de fecha 14 de noviembre, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió la demanda civil respecto de los familiares de Carlos Baigorri. La acción indemnizatoria fue interpuesta por Dieter Baigorri Kuvacic, hijo, y María Hernández Ponce.

En voto dividido, los ministros resolvieron que, "en relación con el daño moral sufrido por el hijo y la madre de la víctima Carlos Raúl Baigorri Hernández, esto es, los demandantes civiles señor Dieter Franz de Jesús Baigorri Kuvacic y la señora María Gregoria Hernández Ponce, es un hecho evidente que al haber sufrido el primero la muerte de su padre cuando solamente tenía cuatro años de edad, quedando sólo junto con su madre, la cual debió afrontar su cuidado y mantención, sin poder éstos, como también la madre de la víctima recurrir al derecho básico de exigir el oportuno esclarecimiento del crimen a la justicia, permite constatar la existencia del daño moral que se reclama de su parte, y, apreciando el Tribunal prudencialmente su monto se determina el mismo en la cantidad de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles, más reajustes desde la fecha de la demanda e intereses desde la fecha en que el presente fallo se encuentre ejecutoriado".

De este modo, el fallo revocó lo resuelto en primera instancia por el ministro de fuero Joaquín Billard, quien no dio lugar a la demanda civil.

El fallo, en su parte civil, podría ser objeto de apelación por parte del Consejo de Defensa del Estado ante la Corte Suprema.

 

La historia de Pablo G., un posible niño secuestrado

La historia de Pablo G., un posible niño secuestrado

La Nación 

Viernes 10 de octubre de 2008   

Por Jorge Escalante

Abuelas de Plaza Mayo y jueza Servini de Cubría buscan saber si es hijo de desaparecidos chilenos

La mujer que se lo apropió, una uruguaya esposa de un militar de esa nacionalidad, le confesó antes de morir: "Tu verdadera madre es una guerrillera". La verdad le cambió su vida y partió a refugiarse a Canadá.

 Foto: La justicia argentina busca antecedentes que prueben que Pablo G. sería hijo de los chilenos Ángel Athanasiu Jara y Frida Elene Lascham, quienes fueron hechos desaparecer en Buenos Aires el 15 de abril de 1976.

En la Avenida Artigas 896 de la ciudad de Piedras, Uruguay, el apartamento número 2 se ve vacío y en oferta de alquiler. Un vecino del edificio de cuatro pisos cuenta que Pablo se fue a Canadá hace unos meses.

"Su vida cambió mucho desde que hace unos tres años murió su madre, con quien vivía aquí" dice uno de los habitantes del edificio. Pablo se tornó extraño, comenzó con fiestas hasta la madrugada, líos con los vecinos y la policía, peleas, y se puso un tanto agresivo. "Como que se aisló de todo el mundo", relata a La Nación otro de los vecinos.

En los primeros meses de 2007, Pablo tomó sus cosas y partió una mañana "sin retorno", dijo otro de los moradores. Hoy es Pablo G.C. pero no es el mismo Pablo.

Eso fue lo que le trastornó la vida al joven hoy de 33 años, y hasta hace pocos años deportista, alegre, amigo de sus amigos, y sano como una lechuga bien regada con agua pura.

Cuando la uruguaya que decía ser su mamá murió de una enfermedad incurable, le contó a Pablo la verdad: "yo no soy tu madre, tu verdadera madre es una guerrillera" le dijo.

A Pablo, que acababa de cumplir los 30 años, la noticia lo golpeó fuerte, porque siempre creyó que el militar uruguayo Asdrúbal G. era su verdadero padre. Y la moribunda mujer apellidada C., su madre. (La Nación conoce ambos apellidos, pero no los publica en respeto a Pablo).

NIÑO SECUESTRADO

El joven comenzaba entonces a vivir la historia dramática de aquellos niños secuestrados junto con sus padres que desaparecieron asesinados por la dictadura argentina. Y ellos -algunos de sólo meses de edad, otros de uno o pocos años más- fueron a parar a las manos de los apropiadores, constituyéndose todo en una operación que se volvió muy cercana al tráfico de niños.

Hasta Uruguay llegaron varios. El punto de arribo fue frecuentemente la ciudad de Colonia, y desde allí a sus nuevos destinos, a otros brazos, la mayoría con brazaletes, galones y estrellas, medallas al mérito por los crímenes que cometieron como en todas las dictaduras militares.

Hoy no se sabe científicamente quién es Pablo. Lo claro es que no es ni G. ni C., porque su madre apropiadora se lo confesó antes de la muerte.

La jueza argentina María Servini, a solicitud legal de las Abuelas de Plaza de Mayo, trata de constatar si efectivamente Pablo es el hijo de los militantes del MIR chileno detenidos y hechos desaparecer en Buenos Aires el 15 de abril de 1976, Miguel Ángel Athanasiu Jara y Frida Elena Laschan Mellado.

Aunque el Informe Rettig da a Miguel Angel como "estudiante argentino", no es así. Dos de sus hermanas nos cuentan parte de la historia en Los Angeles, VIII Región.

Buscando la confirmación mediante el ADN, en octubre de 2007, la jueza Servini de Cubría ordenó la exhumación desde el cementerio de Mulchén de Constantino Athanasiu Inostroza, padre de Miguel Angel.

Las piezas óseas viajaron después hasta Buenos Aires custodiadas por personal del Servicio Médico Legal chileno. Ahora la magistrada ordenó nuevas pericias a realizarse en Chile, las que dicen también relación con la confirmación por ADN de la verdadera identidad del joven.

Pablo en principio estaba dispuesto a someterse a un examen de sangre, pero por alguna razón cambió repentinamente su parecer y se fue a Canada. Coincidentemente, en ese país vive una hermana de su madre apropiadora.

En nuestro viaje a Uruguay logramos saber que Pablo estableció lazos estrechos de cariño con ella y, en menor grado, con el militar que conoció como su padre. Buscamos a Asdrúbal G. en Montevideo en una dirección obtenida, pero nadie contestó en el departamento después de varios intentos.

El militar, adscrito en aquel tiempo al Ministerio de Interior de la dictadura uruguaya, habría trabajado conformando un equipo especial en la represión.

 

Justicia argentina condenó a tres años de cárcel a Villarroel y Fuentevilla

Justicia argentina condenó a tres años de cárcel a Villarroel y Fuentevilla

La Nación

Lunes 29 de septiembre de 2008  | 11:08   

Los chilenos detenidos en Argentina accedieron al sistema de juicio abreviado luego de reconocer que incurrieron en el delito de porte ilegal de armas. Los condenados están imputados en Chile por el crimen del cabo Moyano.

 A tres años y seis meses de cárcel por el delito de porte ilegal de armas de guerra fueron condenados los dos ex lautaristas Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla.

Durante el juicio abreviado que duró una hora se revisó los detenidos en la Cárcel de Neuquén se declararon culpables de los ilícitos imputados, facilitando así la rapidez del trámite.

El fiscal Héctor Trobba solicitó tres años y seis meses de cárcel contra Fuentevilla y 3 años y siete meses para Villarroel, lo que fue acogido por los magistrados.

Mientras que el abogado de los detenidos indicó que "están en la Cárcel de Neuquén, en la U-11, que es una cárcel provincial. Supongo, no hay nada que indique lo contrario, que van a cumplir su pena ahí". No obstante el jurista solicitó que sus representados accedan a mejor trato pues aseguró que han pasado veinte días encerrados en celdas de alta seguridad..

Los reos fueron aprehendidos luego de protagonizar un incidente con los guardias de un bar de la ciudad de Junín de Los Andes.

Tanto Fuentevilla como Villarroell están imputados de participar en el crimen del cabo Luis Moyano, ocurrido en octubre del año pasado en Santiago.

 

Piden ADN para identificar a hijo de chilena Desaparecida en Argentina

Piden ADN para identificar a hijo de chilena Desaparecida en Argentina

29 de Septiembre de 2008

En el marco de la Operación Cóndor

El exhorto enviado por la jueza María Servini de Cubría revela que el menor, nacido de la pareja de los militantes del MIR, Frida Laschan y el trasandino Miguel Athanasiu, está inscrito en Uruguay con otro nombre. El ahora hombre de 33 años ha mantenido contacto con autoridades vecinas y reconoció que sus padres actuales no son los biológicos.

Jorge Molina Sanhueza

La jueza argentina María Servini de Cubría envió un exhorto a Chile para obtener una muestra de ADN que permita identificar al hijo de una pareja de ex militantes del MIR: la chilena Frida Laschan y el trasandino Miguel Athanasiu, quienes figuran como detenidos desaparecidos en el marco de la Operación Cóndor.

El menor nació con la identidad de Pablo Athanasiu Laschan, pero actualmente vive en la localidad de Piedras en Uruguay, donde ya fue ubicado Claudia Petrakos, hija de una pareja detenida desaparecida argentina, que también tiene una hermana nacida en cautiverio y que desconoce su destino.

A través del correo electrónico y llamadas telefónicas, el joven de 33 años reconoció que sabía que sus padres actuales no eran los biológicos, lo que aumentó las sospechas.

Se trata del primer caso del hijo de una chilena nacido mientras estaba detenida por los organismos represivos transandinos que se conoce en Chile y del cual hay algunas pistas concretas.

La información aparece en el informe de tres páginas que preparó la fiscal de la Corte Suprema chilena, Mónica Maldonado -que publica íntegramente El Mostrador.cl, el cual fue aprobado el 22 de septiembre por la Segunda Sala (Penal) del máximo tribunal, por la unanimidad de sus cinco miembros.

La tramitación de este exhorto fue tratada con discreción tanto por la Cancillería -que envió los antecedentes el pasado 13 de agosto- como por los tribunales. De hecho en el listado de fallos en el que diariamente se conocen las resoluciones, sólo podía leerse N.N. al referirse a las partes, respecto al delito de sustracción de menores.

En Chile la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) señala que existen al menos nueve casos similares, pero nunca se ha podido probar que los hijos de las mujeres embarazadas hubieran sido regalados a los militares que las mantuvieron detenidas. La diferencia con Argentina es significativa, ya que en el país trasandino existen al menos 500 casos acreditados, lo que ha dado pie a películas y libros, como también a la creación de la organización H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), con sedes en todo el país. La pareja Athanasiu-Laschman fue detenida por Carabineros el 13 de Septiembre de 1973 -a dos días del Golpe- en la ciudad de Lautaro, Novena Región, donde esta última trabajaba en la Corporación de la Reforma Agraria (CORA).

Aunque se le tramitó un proceso en su contra, es sobreseída, cruzando con Athanasiu a San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén, Argentina. Allí se enteran que son vigilados desde Chile y se trasladan a Buenos Aires.

A través de una carta a la familia, se informa que el matrimonio y el niño han sido detenidos en Buenos Aires el 15 de abril de 1976. Desde esa fecha se les perdió el rastro a todos. La magistrada, la misma que llevó el proceso por el atentado de la DINA, al general Carlos Prats, solicitó a las autoridades chilenas que se realice la exhumación de Laura Mellado Garrido, madre de la mujer, quien fue sepultada hace algunos años en el cementerio general, para tener una muestra de ADN, con el fin de cruzarla con la del joven que vive en Uruguay.

Respecto a la pareja desaparecida la Comisión Rettig, en Chile, reconoció que fueron víctimas de desaparición forzada en el país vecino, pero no pudo sostener "sin margen de error, la responsabilidad de agentes del Estado chileno en estos hechos".

Lea el exhorto completo (En formato PDF)

El Mostrador

 

Caso Woodward: masiva detención de ex marinos

Caso Woodward: masiva detención de ex marinos

Lanacion.cl 

Martes 23 de septiembre de 2008  | 11:04   

Por Jorge Escalante

La ministra Eliana Quezada de Valparaíso procesó por el secuestro y desaparición del sacerdote Miguel Woodward a al menos una decena de oficiales y suboficiales (r).

Funcionarios de la Brigrada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones procede en estos momentos a detener en Valparaíso a cerca de una decena de oficiales y suboficiales en retiro de la Armada por orden de la ministra Eliana Quezada, quien dictó hoy un nuevo procesamiento por el secuestro y desaparición del sacerdote Miguel Woodward.

La magistrada amplió de esta manera los encausamientos que dictó en abril de este año cuando encausó a tres vicealmirantes, dos capitnes de navío y un teniente de la Armada, todos en retiro, como coautores y encubridores del crimen del religioso.  

Los nuevos procesados están siendo conducidos hasta el palacio de tribunales de valparaiso donde la jueza tiene su despacho, para ser notificados del auto de reo. Se desconoce hasta ahora si alguno de ellos pudiese aún estar en servicio activo, lo que es poco probable.  

La resolución de la ministra afecta a quienes tuvieron participación directa en la detención y traslado de Woodward alrededor del 21 de septiembre de 1973 en su domicilio en el cerro Placeres del puerto.

El religioso que era militante del Mapu fue primero llevado hasta dependencias de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, y allí recibió la primera golpiza. Luego lo llevaron a la Academia de Guerra Naval en el cerro Playa Ancha, donde fue torturado hasta quedar moribundo.

Por su estado grave fue conducido hasta el buque escuela Esmeralda donde existía un hospital de campaña, pero Woodward no resistió y murió presumiblemente a bordo del mismo barco, o en el trayecto cuando desde esa nave lo llevaron hasta el Hospital Naval, entonces ubicado en el cerro Playa Ancha. 

A esta hora integrantes del grupo de amigos de Miguel Woodward se informan de la situación en el palacio de tribunales de Valparaíso. Esta es una información en desarrollo, y lanación.cl desconoce hasta ahora las identidades y la cifra exacta de los procesados, lo que se tendrá alrededor del mediodía.

Eventualmente la magistrada también podría haber conectado estos nuevos procesamientos por Woodward con las otras causas que investiga por los delitos de tortura en dependecias de la Armada a prisioneros que sobrevivieron.