Derechos Humanos

Carta abierta del Secretariado a la Asesora Presidencial en Políticas de DD.HH.

AGRUPACION NACIONAL                                                        

DE EX PRESOS POLITICOS DE CHILE 

  -  ANEXPP CHILE

Personalidad Jurídica  753 

del 4 de mayo de 2009

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 AGRUPACIÓN NACIONAL  

FAMILIARES DE EX-PP

FALLECIDOS DE CHILE

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 UNIÓN DE EX PRISIONEROS

POLÍTICOS DE CHILE

O.N.G. Corp. UNExPP

de Chile Personalidad Jurídica. DS 3.057

de Justicia del 6 de octubre de 2005

CARTA ABIERTA A LA SRA. MARIA LUISA SEPÚLVEDA EDWARDS PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL PARA POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS 

                 El 21 de Agosto los ex Prisioneros Políticos (ex PP) de la provincia de Osorno entregaron una misiva a la presidenta Bachelet, que la recibió en sus propias manos, pues se encontraba de visita oficial en esa ciudad. La carta solicitaba ser recibidos y anunciaba algunas reivindicaciones, siendo la más importante recordar la promesa de la Presidenta de enviar un proyecto de ley de reparación para los ex PP y sus familiares.

                 La Presidenta respondió oficialmente a través de la Sra. María Luisa Sepúlveda Edwards que oficia como presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para las políticas de DDHH. La Sra. Presidenta Bachelet parece no disponer de tiempo para entrevistarse con los ex pp y prefiere responder por escrito a través de su asesora. Debemos suponer que la asesora tampoco tiene tiempo para reunirse con los ex pp, pero su respuesta escrita merece ser contestada de la misma manera.

                 En primer lugar afirma mantener una relación con un "Comando Nacional de ex prisioneros políticos", que no conocemos. Puede ser que se refiera al autodenominado Comando Unitario cuyos dirigentes ofician como operadores súper numerarios del gobierno, pero que hace ya un largo tiempo no representan a nadie en el campo de los DDHH. Si ese fuera el caso queremos dejar establecido de antemano que los ex PP de Chile no se sienten representados por esos dirigentes. La Sra. Sepúlveda dice que realiza sesiones de trabajo con estas personas, lo que demuestra la entrega total de estos individuos al gobierno y su traición a la causa de los ex prisioneros políticos. ([1])

                 En lo medular la Sra. Sepúlveda mantiene el discurso oficial en el sentido de validar como algo poco menos que extraordinario los logros en materia de DDHH efectuada por los 4 gobiernos concertacionistas.

                  Respondemos con un primer argumento: los actuales candidatos presidenciales suscribieron el 28 de Octubre,  un "Compromiso Presidencial con los Derechos Humanos" que contiene alrededor de 20 puntos, la inmensa mayoría de los cuales forman parte de nuestras reivindicaciones en esta materia.

                  Esto significa que los eventuales futuros presidentes reconocen que en materia de DDHH la Concertación no ha cumplido prácticamente nada. No hay una investigación seria sobre la verdad de lo ocurrido, el Estado no denuncia ni procura procesar a los criminales, la reparación es tan magra que no alcanza los estándares internacionales, sigue pendiente la ratificación de muchos tratados internacionales, no hay una política real y efectiva de resguardo y promoción de los derechos humanos.

               La verdad sobre los desaparecidos, la pregunta ¿dónde están?, no ha sido respondida en 20 años y los militares se burlaron siniestramente de los familiares al entregar datos falsos durante la mal llamada "mesa de diálogo".

                Hay 276 agentes condenados nos dice la Sra. Sepúlveda, pero efectivamente detenidos en prisiones especiales tipo hotel 4 estrellas, no hay más de 40. ¿Por qué intenta engañarnos?, ¿olvida que habla en nombre de la presidenta?

                 La Sra. Sepúlveda nos dice que los procesos por tortura son escasos o no fueron acogidos por los tribunales. Sí, eso fue así durante la dictadura y posteriormente las querellas fueron presentados por las propias víctimas. Preguntamos ¿Cuántas denuncias por tortura ha presentado el gobierno chileno en contra de los violadores de los derechos humanos? Respondemos: NINGUNA. ¿Acaso la Comisión de Prisión Política y Tortura, de la cual Ud. fue Secretaria Ejecutiva, no reportó 1.000 centros de detención y tortura a nivel nacional, al interior de recintos militares? ¿Cómo es posible que el Estado y el Gobierno de Chile, cuya misión es cumplir con la ley, no haya sido capaz de entablar ni una sola querella?

                Respecto a las viudas de los ex prisioneros políticos, que la denominada Ley Valech dejó fuera del beneficio de pensión no contributiva, la Sra. Sepúlveda, nos dice que junto con el proyecto de ley del INDH se establece en una norma transitoria el derecho a una pensión. Pero se guarda mucho de decir que esa "pensión" no es igual a la percibida por el beneficiario directo, sino mucho menor, solo el 60% de ella y sin pago retroactivo; lo cual visto el monto exiguo la hace una verdadera burla para gente como las viudas que han pasado su vida entera corriendo la misma suerte que sus maridos: persecución política, discriminación, cesantía, relegación y exilio.

                La extracción social de la inmensa mayoría de los ex prisioneros políticos corresponde a los sectores sociales históricamente postergados en nuestro país, y si hoy día el Ministro Velasco se permite decir que tiene "la caja ordenada" y todo el mundo sabe que el Estado chileno cuenta con recursos económicos extraordinarios producto del alto precio internacional del cobre, no creemos que se le "desordene" demasiado su caja al Ministro si accediera a entregar los 5 Euros diarios, de la pensión completa, a las viudas de los ex prisioneros políticos, que por lo demás no suman millones de personas.

                 Seguidamente la Sra. Sepúlveda se felicita de la "transferencia del beneficio educacional a un hijo o un nieto". Le refrescaremos la memoria a la Sra. Sepúlveda diciéndole que nunca ha habido "transferencia del beneficio", sino una especie de "traspaso" o mejor dicho "trampazo". Lo que el gobierno ha hecho ley es el derecho a una beca educacional, conforme al reglamento general de becas y no el beneficio. El beneficio implica el pago del 100% del costo de la carrera y una beca está limitada a una fracción del costo, con un tope máximo de 1.150.000 pesos, lo que equivale a un tercio aproximadamente de una carrera universitaria. El saldo corre por cuenta de la familia. La mayor parte de los 1300 familiares que se acogieron a este supuesto beneficio el año 2008, esperaban gratuidad total. Ellos se merecen y deben exigir una indemnización por la deuda que han debido asumir, al Estado que no cumplió, o al Comando Unitario que los engañó.

                  En realidad, con este "traspaso" los ex prisioneros políticos están perdiendo el beneficio que la ley les otorga, pues ellos no podrán nunca más hacer uso de él. Lo lógico es ampliar el beneficio  a todos los hijos y nietos, como lo planteamos en nuestra plataforma, eso sí es reparación, pero no estas normas transitorias y vetos aditivos que más parecen limosnas que real reparación. Por otro lado cabe preguntarse si el Gobierno y la propia Señora Sepúlveda se han puesto a pensar que cuando hay más de un beneficiario estos deberán ponerse "de acuerdo" para determinar quién finalmente lo usará, lo que implica, más que entregar una "solución con este beneficio", introducir un elemento de disputa a las ya tan maltratadas familias de los ex Prisioneros Políticos

                  La guinda de la torta de la carta de la Sra. Sepúlveda se refiere a su definición de reparación a la que tienen derecho las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos. "No hay estándares en esta materia ni menos normas internacionales" nos afirma ella. Interpreta a su modo las directrices internacionales sobre esta materia. Recordaremos brevemente cuáles son estas directrices.

                  La Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, de marzo 2006, establece en sus principios 18, 19, 20, 21, 22 y 23 la reparación y precisan lo siguiente:   

• 18.- Conforme al derecho interno y al derecho internacional ... se debería dar a las víctimas ... de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23 en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
• Nos detendremos en el principio 20:

"La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

•a)  El daño físico y mental;

•b)  La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;

•c)  Los daños materiales y la pérdida de ingreso, incluido el lucro cesante;

•d)  Los perjuicios morales;

•e)  Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales."

             En consecuencia, la resolución de las Naciones Unidas es meridianamente clara respecto a lo fundado de nuestro derecho a reclamar indemnización al Estado.

             ¿Dónde está el problema, por qué los gobiernos de la Concertación no cumplen con los mandatos internacionales? Un primer esbozo de respuesta está dado en los principios 1 y 2 de la ya citada Resolución:

•1.      La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos  dimana de:

•a.      Los tratados en los que un Estado sea parte;

•b.      El derecho internacional consuetudinario;

•c.       El derecho interno de cada Estado.

•2.      Si no lo han hecho ya, los Estados se asegurarán, según requiere el derecho internacional, de que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales del modo  siguiente:

•a.      Incorporando las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a su derecho interno o aplicándolas de otro modo en su ordenamiento jurídico interno;

•b.      Adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia;

•c.       Disponiendo para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados que se definen más abajo, incluida la reparación;

•d.      Asegurando que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales.

             Aquí está el meollo del problema: la Concertación debió adaptar el derecho interno para poder cumplir con el derecho internacional, pero fue incapaz de hacerlo.

            ¿Por qué? Porque al inicio de la transición sus negociadores (Boeninger, Correa) firmaron acuerdos secretos con el ejército (general Ballerino) en donde aseguraron la impunidad para los violadores y asesinos de las FF.AA. Se comprometieron a mantener el decreto de Amnistía de 1978 (vigente hasta el día de hoy) y a mantener y perpetuar la Constitución de 1980.

            El marco general de todo esto es la impunidad de los criminales. En consecuencia, no se puede castigar ni tampoco reparar, porque reparar significa reconocer los crímenes, por tanto la política oficial es: olvidemos el pasado, o sea los crímenes, y miremos hacia delante, busquemos la tan reiterada reconciliación, que políticamente es asexuada, sólo significa olvido y enterrar el pasado.

              Es en este contexto político general que las víctimas y sus organizaciones han debido luchar denodadamente y sin lograr mayores éxitos. La Concertación últimamente ha desarrollado una acelerada política de reconocimientos oficiales destinados a la exportación de imagen: Día Internacional del desaparecido, Día Internacional del ejecutado, museo de la memoria, INDH vacío de todo contenido en materia de defensa y promoción de los DDHH.

              Hay que hacer creer a la opinión pública internacional que en Chile se ha avanzado en esta materia, pero los porfiados hechos muestran lo contrario y las víctimas siguen ahí: esperando.

             La opinión pública puede fácilmente entender por qué no se cambia la Constitución del 80: su vigencia es resultado del acuerdo político ya explicado y ello no será cambiado sino por otro acuerdo político o cuando se rompa con el cogobierno binominal.

             Sra. Sepúlveda, su carta oculta o disfraza esta cruda realidad. Como buena funcionaria sirve a su gobierno y ello es legítimo, pero no pretenda engañarnos, en 20 años hemos visto demasiadas cosas, escuchado demasiadas promesas vanas y si algo hemos aprendido es a desconfiar del discurso oficial del gobierno.

             Las decenas de miles de votantes pertenecientes a nuestras familias han seguido con atención el itinerario concertacionista de la presidenta Bachelet y ya nos defraudó. Lo nuestro lo dejó en el olvido. Los ex Prisioneros Políticos calificados por la ley Valech no hemos recibido absolutamente nada de su gobierno.

 Santiago 12 de Noviembre de 2009

 

 Héctor Cataldo                       Silvia Araya                         Nelly Cárcamo
Patricio Negrón                     Cecilia Zamora                      Víctor Rosas
ANEXPP CHILE                        FAMILIARES                             UNEXPP CHILE
                                               EXPP FALLECIDOS

SECRETARIADO NACIONAL DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS Y FAMILIARES

  

[1] Los cabecillas de ese Comando son: Miguel Retamal, Ricardo Martínez, Ramón Núñez, Juan Rojas, Nelson Aramburu y Haydee Oberreuter. 

 

Piñera seguirá reuniones con militares (R) y RN quiere prescripción de delitos

Por Lorena Ferraro L./La Nación

Abanderado indicó que quiere “garantizarle” juicios a los ex uniformados procesados por violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, mientras presidente de su colectividad se suma a tesis de perdonazo.

Viernes 13 de noviembre de 2009

Foto: Oficiales de distinto rango estuvieron comprometidos en cientos de procesos por violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Hoy el candidato de la derecha se reúne con ellos y hace promesas.

Bajo la coraza argumentativa de “aplicar el Estado de derecho en plenitud” fundamentó ayer Sebastián Piñera los compromisos que adquirió en un encuentro privado -el pasado martes- con militares pinochetistas en retiro, a quienes prometió no “alargar” más los juicios relacionados con violaciones de los derechos humanos y aplicar la justicia de modo tal que se ponga fin los “procesos ad eternum que nunca terminan”.

Dando un paso más allá en sus gestos a los ex uniformados vinculados a la dictadura militar -y pese a las quejas surgidas desde el mundo de los derechos humanos por un posible perdonazo a militares procesados y las aclaraciones desde el Poder Judicial-, el candidato adelantó que sostendrá dos encuentros más con militares en retiro, en las ciudades de Valparaíso e Iquique.

Defendiendo sin vacilar la política que aplicaría para abordar los juicios a uniformados relacionados a casos de violaciones a los derechos fundamentales, Piñera aseguró que “nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones nos pertenecen a todos los chilenos y yo quiero decir que me siento orgulloso, como la mayoría de los chilenos, de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, y también muy agradecido de esos cientos de miles de hombres y mujeres que por vocación sirvieron a su país y, por supuesto, que me he reunido con ellos”.

La decisión de Sebastián Piñera de estar en encuentros donde hay ex oficiales procesados por crímenes y delitos ha tenido ya lecturas como que estaría tentando un perdonazo en materia de derechos humanos, lo que explicaría el repudio de las agrupaciones de familiares de las víctimas y el respaldo de los antiguos uniformados (ver notas adjuntas).

El candidato promueve la idea de que haya nuevos juicios o juicios distintos a violadores de derechos humanos.

Es así que sostuvo: “He planteado que vamos a velar y haremos todos los esfuerzos necesarios para que en nuestro país el Estado de derecho se pueda aplicar en plenitud, y eso significa garantizarle a todos los chilenos el debido proceso, la correcta aplicación de las leyes y de los tratados judiciales”.

También hizo frente a las declaraciones del vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, quien planteó, en relación a las críticas de Piñera a los procesos contra ex uniformados, que en Chile existe el debido proceso.

“Tengo plena confianza en que nuestro Poder Judicial está aplicando en forma correcta nuestra legislación y tratados internacionales”, se defendió Piñera.

RN: QUE PRESCRIBAN DELITOS

En tanto, desde Renovación Nacional (RN) tienda del abanderado- su presidente, Carlos Larraín, defendió la política de Piñera, asegurando que “Sebastián ahí se ha subido a lo que es el sentido común chileno, (de) que los conflictos no se pueden eternizar indefinidamente”.

Larraín dijo que “lo que yo entiendo es que se está pensando en acelerar los procesos y en que los jueces tomen en cuenta los criterios habituales del derecho, entre los cuales está la prescripción”.

La vocera de La Moneda, Carolina Tohá, enfatizó que “los delitos de lesa humanidad son delitos imprescriptibles”, así lo ha acordado la civilización humana y nosotros lo que hemos buscado es respaldar la labor de la justicia”.

La ministra manifestó que “cualquier cambio que se quiera hacer en esa línea, de ponerle punto final o no sé adónde apunta Sebastián Piñera, es un tema muy delicado y es importante si se abrió esa temática, que él aclare a qué se está refiriendo”.

De hecho, Chile tiene firmados tratados internacionales que declaran imprescriptibles delitos de lesa humanidad.

El peligro de retomar caminos Sebastián Piñera simplemente refrendó la cercanía y empatía que siempre ha tenido la derecha con la dictadura y con los uniformados que se comprometieron con las directrices de Augusto Pinochet. Es indesmentible que los miembros de la UDI y RN reivindican la “obra del gobierno militar” y en su momento negaron y después relativizaron las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Eso incluyó buscar fórmulas para apoyar a oficiales (R) investigados y/o procesados, a través de amnistías, prescripciones o “agilizaciones”. Cuando todo el país presenciaba la aplicación de justicia en esta materia y se lograba encauzar debidamente los procesos, Piñera salta con promesas que remecen la sensibilidad ciudadana y lo hace, precisamente, en actos proselitistas con los antiguos pinochetistas que vistieron uniforme militar. Hay, entonces, un peligro real de que se retomen caminos de impunidad.

 

Antiguas intenciones del abanderado En 1995, el entonces senador Sebastián Piñera presentó ante la Cámara Alta una moción que buscaba conceder la amnistía general “para todos los partícipes” de todos los crímenes políticos cometidos entre marzo de 1978 y marzo de 1990. La iniciativa excluía a condenados o procesados, que eran muy pocos. El ahora candidato quiso convencer que no era una “ley de punto final”, sino que su proyecto buscaba fortalecer la tesis de “un punto de partida” para avanzar en una reconciliación. Para él, “ninguno de los sectores” -dictadura y antidictatoriales- “se encuentra exento de responsabilidad” en hechos de violencia política.

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Respuesta oficial de La Moneda, de Asesora Presidencial en Políticas de DD.HH

Estimados compañeros: 

Les adjunto la carta respuesta recibida por nuestra Agrupación de Osorno donde la ASESORA PRESIDENCIAL en Políticas de DD.HH., Sra. María Luisa Sepúlveda Edwards plantea la posición oficial de la Presidenta Bachelet y su Gobierno.

Es notable el párrafo que dedica al "derecho a indemnización justa y adecuada", donde reconoce que el Estado Chileno determinó "que los beneficios fueran de largo plazo".......un muy largo plazo para pagar tardíamente la deuda en "cómodas cuotas mensuales para el Fisco".  Le pareció que no era buena la indemnización porque tal cantidad determinada única se extinguiría con el pago. Atribuye que mayoritariamente los interesados demandaban una pensión vitalicia (lo que es falso y absurdo).

Luego se ufana de que la reparación en Chile ha sido adecuada, efectiva y rápida, tal como se establece en la Resolución de la ONU que fija los Principios y las directrices básicas sobre el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones. Pero, finalmente, reconoce que la Justicia y el Consejo de Defensa del Estado aplican la prescripción para oponerse a las indemnizaciones civiles.

Queda claro que esto es lo que ha negociado el Gobierno con los interlocutores oficialmente aceptados y aceptantes, el comando "amarillo" cooptado de ex presos políticos. Dicho comando de operadores políticos e infiltrados se ha divorciado de los derechos de las víctimas y familiares. Estos dirigentes falsos representan mezquinos intereses de las cúpulas partidarias y son cómplices o coautores de la estafa y el engaño a las bases de sus sectarias orgánicas.  Son los conductores del conformismo y resignación que adormece y desmoviliza el movimiento por la defensa de los derechos humanos.

En suma, 1) se continuará negando nuestro derecho a una indemnización, lisa y llanamente.   2) se mantendrá el monto irrisorio de las pensiones vitalicias y nuestras viudas accederán recién ahora a una reducida pensión de sobrevivencia sin retroactividad .  3)  continuará la arbitraria incompatibilidad de la pensión Valech con la de Exonerado.  4)  el beneficio educacional se transforma en una beca insuficiente y sólo para un solo descendiente.  5)  el Estado no se interesa por facilitar nuestro acceso a la justicia ni modificar las reglas procesales para abreviar el juicio reparatorio en DD.HH.  6) no les avergüenza el encubrimiento oficial que favorece a los torturadores mediante el secreto por 50 años.  7) seguirá vigente el decreto ley de autoamnistía que protege a los criminales violadores de DD.HH., más la aplicación de prescripción y media prescripción con que se favorece la impunidad.   8)  La búsqueda de la verdad, reconocer y atender otras víctimas, se limita a sólo seis meses de funcionamiento de una única comisión....luego el olvido o amnesia colectivas.  Etc., etc.

Cada día se hace más evidente  la necesidad de UNIDAD y real SOLIDARIDAD entre nosotros mismos y empezar a remar todos al mismo compás con toda la fuerza que nos quede.  La situación es cada vez más crítica.

En el 7º Encuentro Nacional que se convocará en febrero del 2010 en Puerto Montt, tomando conciencia del ya nuevo escenario político, tendremos que forzosamente dinamizar nuestro accionar y masificar la movilización social.

                                         La lucha continúa.....

                         Víctor Rosas Vergara

Abogado y

Vicepresidente de la UNExPP de Chile

  

 

CARTA A LA SEÑORA PRESIDENTA MICHELLE BACHELET

 Santiago, 16 de 0ctubre de 2009.

 Señora

Michelle Bachelet Jeria

Presidenta de la República de Chile

PRESENTE

 De nuestra consideración:

En el mes de mayo de este año le hicimos llegar una carta en la que resumimos nuestros planteamientos sobre los principales temas de Derechos Humanos que están pendientes y que su gobierno pudo perfectamente abordar.

Textualmente indicamos:

"Los ex prisioneros y ex prisioneras políticas hemos planteado a su gobierno con claridad los desafíos en estas materias:

• Presentar al Parlamento un proyecto de ley que, con efecto retroactivo corrija, los vacíos, discriminaciones e injusticias en que incurrió la ley Valech, es decir una verdadera ley de reparación.
• Ampliar el Programa de DDHH del Ministerio del Interior para apoyar, como tercero coadyuvante, nuestras querellas por tortura.
• Modificar el marco jurídico para que nuestras demandas al Estado por daño moral sean acogidas por los Tribunales de Justicia con un procedimiento abreviado y rápido.
• Corregir la anormalidad jurídica y administrativa cometida por el Ministerio de Educación en 2008, con el mal llamado "traspaso" de nuestro beneficio educacional a un heredero, reducido a una beca insuficiente.
• Adecuar la legislación chilena a los estándares internacionales en materia de DDHH anulando la amnistía de 1978, el secreto de 50 años, ratificando todos los tratados y convenciones sobre el tema, incluida la Corte Penal Internacional, eliminando los recursos legales que permiten al Estado reprimir las demandas del movimiento social, como las del pueblo Mapuche, estableciendo castigo ejemplar al delito de Tortura y a toda violación de los DDHH."

A cinco meses de dicha interpelación vemos que sólo se ha avanzado en ratificar la Corte Penal Internacional, aunque con reservas, y que los demás temas no fueron tratados o se ratificaron con las deficiencias que indicáramos.

La aprobación del INDH abrió las puertas a una demanda muy sentida por nuestro sector como es la reapertura de la Calificación por Prisión Política y Tortura pero dejó fuera de consideración los puntos principales de nuestra demanda.

La herramienta del Veto Aditivo fue la última oportunidad que, en ese escenario, tuvo su gobierno para corregir los errores ya que, de acuerdo al Art. 73 de la Constitución pudo incluir todas las materias que "tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, o que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo." y no lo hizo. Nos referimos a que no modificó la composición del Directorio que sigue teniendo más representantes del Estado que de la sociedad civil comprometida con los DD HH, ni levantó el secreto de 50 años a los testimonios, ni resolvió la aberración jurídica de homologar los delitos cometidos por particulares con los de lesa humanidad, ni dio paso a una reparación justa, oportuna y adecuada como manda el derecho internacional humanitario. Todos los temas mencionados tienen relación directa con las ideas matrices del proyecto y pudieron ser incluidos en el Veto.

 Para los ex PP, señora Presidenta, fue una sorpresa constatar que el Parlamento no tiene ninguna posibilidad de rechazar su Veto, ya que el último párrafo del mencionado Art. 73 dice:

"Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación."

En estos veinte años de transición a la democracia la derecha nunca tuvo esa mayoría para oponerse a la voluntad de hacer bien las cosas, si hubiera existido.

Sin embargo todavía es posible dejar una huella positiva en estos temas. Nos referimos al compromiso adquirido por su Gobierno, en su persona y en la de sus ministros Secretarios Generales de Gobierno con los que conversamos, de enviar al Parlamento un proyecto de ley de Reparación por Prisión Política y Tortura con los temas que no fueron contemplados en la tramitación del proyecto de ley que crea el INDH. Nos referimos a:

• Aumento de la pensión al valor propuesto por la Comisión Valech
• Compatibilidad de la pensión Valech con la de Exonerado
• Indemnización justa y adecuada por el tiempo de prisión y tortura
• Extensión del beneficio educacional a todos los hijos
• Apoyo jurídico para presentar querellas por Tortura
• Heredabilidad de la pensión en un 100%
• Eliminación del secreto sobre los testimonios
• Aplicación de beneficios con efecto retroactivo.

 Seguimos creyendo que no hay una razón ética ni práctica que impida que su gobierno presente este proyecto antes de culminar el mandato. Por el contrario afirmamos que es un deber humanitario, que es un compromiso adquirido con las organizaciones de ex Prisioneros Políticos y que forma parte de las obligaciones que el Derecho Internacional impone a todos los Estados miembros de la Naciones Unidas.

En consecuencia, solicitamos ser recibidos por usted para dar forma a esta iniciativa legal en el tiempo que resta del periodo legislativo 2009.

Atentamente la saludan

H éctor Cataldo                                         Silvia Araya                          Nelly Cárcamo
ANEXPP CHILE                                     FAMILIARES                             UNEXPP CHILE
                                                           EXPP FALLECIDOS

 

 

PERSONAS MAYORES EXIGEN SUS DERECHOS CON MIRAS AL BICENTENARIO

 PERSONAS MAYORES EXIGEN SUS DERECHOS CON MIRAS AL BICENTENARIO

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores y con un nivel de participación inédita se reúnen en Santiago, 248 consejeros regionales de todo el país, en el 1er Encuentro Nacional “Los Mayores Construyen Chile Bicentenario”.

La iniciativa –con sello Bicentenario-, se desarrollará los días 1 y 2 de octubre en la capital y permitirá recoger los aportes para la política nacional del adulto mayor a fin de continuar avanzando en el conocimiento, difusión y ejercicio pleno de sus derechos.  

Para estos efectos, cada Consejo Regional de Mayores, llevará a sus pares una serie de propuestas las que han sido consensuadas con las bases de las organizaciones de mayores de cada Región,  con la intención es hacer visibles ante la opinión pública la fuerza y el potencial de los mayores, las políticas públicas dirigidas a ellos y  su activa participación ciudadana (la mayor entre los grupos de edad menores de 60 años). Cabe destacar que las organizaciones de mayores, son las que más crecen en el país y suman más de 12 mil en la actualidad.

Además, los participantes, respaldarán las gestiones de Chile, América Latina y El Caribe para la elaboración de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores que será discutida los días 5 y 6 de octubre en Santiago, en la III Reunión de Seguimiento de Brasilia  y que reunirá a representantes de gobierno y agencias internacionales de más de 30 países del orbe.


Santiago de Chile, 28 de septiembre 2009
Crónica Digital / Agencias

CIDH urge a Micheletti respetar derechos de huéspedes de la embajada brasileña

A raíz de las denuncias que manifestó el presidente, Manuel Zelaya, la CIDH emitió un comunicado en contra del régimen de facto.(Foto: Archivo La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al régimen de facto, que preside Roberto Micheletti, a poner fin al operativo militar e instó a respetar los derechos humanos de las personas que se encuentran en la embajada y la inviolabilidad de la misma.

TeleSUR 25/09/09

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este viernes un comunicado en el cual urge al régimen de facto hondureño, que preside Roberto Micheletti, respete los derechos de las personas que se encuentran en la sede de la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

Este comunicado fue publicado a raíz de las declaraciones de este viernes del presidente constitucional, Manuel Zelaya, quien en rueda de prensa señaló que las fuerzas militares que reciben órdenes del gobierno de Micheletti lanzaron gases tóxicos a la embajada de Brasil y afectó la salud de la mayoría de las personas que se encuentran en la sede diplomática.

La CIDH condenó el operativo que lleva a cabo las fuerzas de seguridad del gobierno de facto alrededor de la embajada y urge respetar los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro.

El presidente Zelaya mostró las fotografías donde los militares instalaban aparatos para lanzar los gases y también pruebas del hostigamiento que sufren las personas que están dentro de la embajada brasileña y recordó que estos hechos resquebrajan lo establecido en la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de la embajadas internacionales.

Según la comisión los gases lanzados por la fuerza militar provocaron intoxicaciones, sangramiento, vómitos y mareos a los huéspedes del gobierno de Brasilia. Asimismo señaló que miembros del Ejército bloquean la salida de cualquier persona de la embajada e impiden el ingreso de médicos, incluyendo de la Cruz Roja hondureña.

Por estos hechos, la CIDH solicita urgentemente al régimen de facto poner fin a este operativo de manera inmediata "y a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas que se encuentran en la Embajada de Brasil y en los alrededores. Asimismo, la CIDH urge a las autoridades de facto a que garanticen el ingreso de médicos que den asistencia urgente a las personas afectadas".

teleSUR-yi - MM

 

 

ANTE LA MUERTE DE JAIME MENDOZA COLLÍO

Movimiento Tambièn Somos Iglesia Chile ( y Movimiento Teologìa de la Liberaciòn) solidarizan y adhieren a declaraciòn adjunta ante muerte de JAIME MENDOZA COLLIO.

 Ante la muerte de Jaime Mendoza Collío

Con el dolor por la situación que se está viviendo en la Araucanía, como misioneros junto al pueblo mapuche, el equipo de la comisión de pastoral mapuche zona sur decidió redactar esta declaración, llamando a detener la espiral de violencia, que se alimenta de una prensa tendenciosa y de la ineficiencia de los organismos del estado para dar soluciones a las demandas indígena, entre otras cosas.

Les pido que oremos y busquemos los caminos de la paz que brotan de la justicia

P. Fernando Díaz

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 RESPONDEMOS AL CLAMOR DE UN PUEBLO AFLIGIDO

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DE PASTORAL MAPUCHE DE LA IGLESIA CATÓLICA ANTE LA MUERTE DE JAIME MENDOZA COLLIO.

"La sangre de tu hermano clama desde la tierra"

Genesis 4, 10.

 

Los miembros de la Comisión de Pastoral Mapuche de la Zona Sur de Chile, reunidos en el Santuario de Metrenko, queremos declarar que:

1.      Como Iglesia hemos advertido nuestra preocupación por la progresiva criminalización de la demanda mapuche reduciéndola a un asunto policial.  Horas antes de la muerte de Jaime Mendoza Collío, el obispo presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Indígena, Monseñor Camilo Vial, se reunió con el Ministro Secretario General de la Presidencia, el Ministro del Interior y, junto al Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, con la Presidenta de la República, para insistir en la necesidad de no criminalizar las demandas mapuche.  Denunciamos la presencia de fuerzas policiales preparados con armamento militar, que han hecho uso de sus armas de fuego en la represión, lo que puede conducir nuevamente a sucesos con comuneros fallecidos . 

2.      Así como fuimos recibidos como Iglesia, lamentamos que los 100 dirigentes mapuches de los cuatro espacios territoriales que acudieron a la Moneda el 24 de julio de 2009 no fueran recibidos.    También advertimos que una oportunidad de diálogo tan importante no se podía perder.

 3.      Consideramos que la situación en que murió Jaime Mendoza Collío, pudo perfectamente evitarse si se hubiese actuado aceptando el diálogo solicitado por los mismos comuneros que ocupaban el predio quienes esperaban la presencia de Conadi.  En vez de diálogo, acudieron grandes contingentes policiales fuertemente armados.

 4.      Como Iglesia, también hemos levantado la voz para denunciar la violencia desproporcionada con que Carabineros está actuando en las llamadas zonas de conflicto.  Insistimos en que el ministerio de interior debe revisar la forma en que Carabineros actúa en las comunidades mapuches.

5.      El pueblo mapuche no es un pueblo de criminales ni terroristas.  Son nuestros hermanos y hermanas con quienes compartimos el amor por la vida, la fe en Dios y el deseo de la paz.  La represión policial de la que somos testigos pareciera responder a una lamentable visión discriminatoria y racista que la Iglesia también ha denunciado.

 6.      La muerte de Alex Lemún, Matías Catrileo, y ahora la de Jaime Mendoza Collío, son consecuencia de esta espiral de violencia que hemos denunciado y que es necesario detener ya.  

 7.      El pueblo mapuche cumple con su derecho y su deber al defender su identidad, a reclamar su territorio, y proclamar su vida.

 8.      Manifestamos nuestra profunda solidaridad con el dolor de la familia y la comunidad de Jaime Mendoza Collío.

 9.      Solidarizando con todos aquellos que sufren las consecuencias de la violencia, llamamos a todos, mapuches y no mapuches, a deponer la violencia, a reconstruir los caminos del diálogo y a luchar con las herramientas de la paz.  Llamamos a movilizar los organismos del Estado en una respuesta pronta y adecuada a las justas demandas del pueblo mapuche.  Llamamos especialmente a Jueces, Fiscales y Carabineros a revisar su accionar y su disposición hacia las comunidades.  Llamamos a los medios de comunicación a ofrecer información objetiva y veraz que contribuya al entendimiento y a la paz.  Nos convocamos como Iglesia para responder al clamor de nuestros hermanos.

 Padre Fernando Díaz, svd., Coordinador Comisión Pastoral Mapuche Zona Sur

Sra. Miriam Suazo Gacitúa, Secretaria Comisión Pastoral Mapuche Zona Sur

Sr. Florencio Manquilef Huichal, Pastoral Mapuche Diócesis de Villarrica

Sr. Pedro Marican Marican, Pastoral Mapuche Diócesis Villarrica

Sr. Rodolfo Cañas Olguín, Pastoral Mapuche Diócesis Temuco

Padre Francisco Millan Lincopi, Pastoral Mapuche Diócesis de Temuco

Sr. Juan Jorge Faundes  Peñafiel, Fundación Instituto Indígena

Padre Hernán Llancaleo Moreno, Coordinador Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

Hna. Audina Huenumilla Namuncura, Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

Padre Carlos Bresciani, sj., Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

Padre Pablo Castro, sj., Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción

 

 

ASAMBLEA NACIONAL MAPUCHE DE IZQUIERDA

La Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda en entrevista con el ministro Secretario general de Gobierno  Sr. José Antonio Viera Gallo y mandatado por la presidenta de la republica para coordinar sobre asunto Indígenas, en esta ocasión  se le entrego el siguiente documento.

Temuco, 28.08.09

Sr.

José Antonio Viera Gallo

Ministro secretario General de Gobierno

Coordinador Sobre asuntos Indígenas

Gobierno de Chile

PRESENTE.

De nuestra consideración.

En la actual circunstancia política que nos encontramos en las "políticas indígenas" desarrollado en los distintos gobiernos de la concertación post dictadura militar, que se agudiza en la actual administración del gobierno de la presidenta Dra. Michel Bachelet que UD representa y que tiene el mandato de coordinar las distintas inquietudes de las organizaciones sociales y políticas mapuche. Ante la agudización del conflicto con  lamentables resultados como es el asesinato de otro hermano Mapuche el 12 de agosto del presente mes.

Ante estos hechos  que se repiten en vuestro gobierno, venimos  a manifestar nuestro agravio y preocupación por la forma como el gobierno ha tratado las demandas históricas de nuestro pueblo mapuche  y que no hacen otra cosa que repetir la historia de los gobiernos republicanos en el tratamiento sobre los derechos de los Pueblos Originarios en acelerado proceso de negación a su territorio ancestral. Es por ello que como Asamblea Mapuche de Izquierda expresamos lo siguiente:

La larga e histórica lucha del pueblo mapuche por defender su dignidad, independencia y soberanía en su territorio, primero con la Corona Española y posteriormente con el Estado Chileno hasta los días de hoy nos debe permitir comprender que el tema no es simple y que no es solo de pobreza o comprender que es solo de tierra, sino que el tema de fondo es del Territorio del pueblos mapuche.

Por tanto, seguimos insistiendo que no es el conflicto mapuche como la mayoría de medios de comunicación lo señala, sino que es, el conflicto en el Territorio mapuche con los empresarios forestales, la imposición de Mega proyectos y contaminación ambiental, con  los dueños de fundos y con el Estado Chileno.

La raíz de todo esto es la imposición e invasión de una cultura dominante occidental en contra de nuestra cultura y nuestro territorio. De tal manera que esto nos indica que el tema no es técnico ni jurídico, sino, que es un tema netamente político, entonces la solución pasa por resolver políticamente y no militarizando a las comunidades.

Otro elemento que se debe considerar y que ratificamos en esta ocasión es que el actual modelo económico neoliberal, que se ha implementado en nuestro país ha fracasado para resolver o solucionar la exigencia de los derechos fundamentales de los  pueblos Originarios y es la causa principal  del estado de cosas en el Pueblo Mapuche, y que para solucionarlo la sociedad chilena debe asumir el cambio del Modelo económico.

Nuestra organización, ante los graves hechos ocurridos y  la constante lucha que hemos desarrollado como pueblo, expresada en distintos movimientos por exigir al Estado Chileno, respuesta concreta a nuestras demandas de Territorio y Autonomía que hasta hoy ha sido negada representa a ustedes la preocupación política por el  curso que han tomado los acontecimientos que el gobierno no ha sabido resolver y que la derecha política aprovecha a su favor y en contra de nuestro pueblo, en cada proceso eleccionario de nuestro país.

Por lo anteriormente señalamos  lo siguiente:

Poner fin a los años de genocidio, negación y asimilación cultural, establecer una sociedad, plurinacional, multicultural cuya base sea el respeto y la valoración de la diversidad de todos los grupos sociales.

Frente a la discriminación y a la disgregación histórica y presente de los Pueblos Originarios, el Estado debe garantizar la existencia de las bases políticas, legales e institucionales, para el establecimiento de los derechos como pueblos originarios de Chile.

Para ello es necesario el pleno cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la subscripción de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, mediante el cual el Estado de Chile establece la existencia de pueblos originarios titulares de derechos constitucionales, civiles, políticos, sociales, culturales, territoriales y económicos y obliga a los gobiernos de turno a garantizar el respeto y cumplimiento de estos derechos; Para ello se requiere de una Nueva Constitución Política para establecer un Estado democrático de carácter plurinacional.

El Estado debe reparar el error histórico y considerar que los indígenas de Chile son los primeros descendientes de las agrupaciones humanas en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, siendo para ellos el territorio el fundamento principal de su existencia y cosmovisión.

Por tanto, se debe considerar en plenitud la incorporación en la Constitución Política de la Republica de Chile, el concepto de Estado plurinacional, que consolide su status como pueblos y no simples comunidades culturales, reconociendo la autonomía de los pueblos, el derecho vital a la tierra, el agua,  la biodiversidad, así como las riquezas minerales del suelo y subsuelos de estos territorios, en el marco de la nacionalización de los recursos naturales.

Desde allí avanzar, hacia la reivindicación de derechos políticos colectivos que se expresan mediante el ejercicio de la libre determinación y el desarrollo de modelos de autodeterminación, autonomía y autogobierno para consolidar el pleno desarrollo de la democracia y la participación en la toma de decisiones.

Se debe garantizar la representatividad política de los pueblos indígenas en el parlamento de al menos el 10%.

La condición de existencia de los pueblos originarios pasa por el reestablecimiento de los territorios ancestrales usurpados.

Se debe garantizar el autogobierno y de la administración política  desde el río Bio Bio al sur  considerado en el pacto de Killin (enero de 1641) efectuado y reconocido por la corona española

Se debe garantizar las demandas del recurso hídrico del suelo y del subsuelo. Así como las demandas territoriales y acuíferas de los otros pueblos originarios.

En materia de salud es urgente relevar la medicina tradicional de los pueblos originarios basada en las plantas medicinales y la cosmovisión de los pueblos. De esta manera enriquecemos la medicina alopática occidental y aseguramos la existencia de una visión amplia, integral y humanizada. La reforma de salud debe hacerse  sobre la base de la recuperación de la salud pública gratuita y extensiva a todos.

No pueden ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas";

La lucha social por la tierra en ningún caso puede ser calificada como delitos de "amenaza terrorista" y "asociación delictiva". Para lo cual es imprescindible eliminar la ley antiterrorista,

En relación al deterioro de nuestros territorios y recursos naturales por parte de empresas privadas, es fundamental el desarrollo de una política medioambiental sustentable que proteja los recursos naturales y el normal desarrollo de la biodiversidad en el marco del respeto de nuestra cosmovisión y de los derechos territoriales.

En este sentido es necesario revisar la legislación sectorial de tierras, aguas, minas, la que es contradictoria con la Ley Indígena, para que prime la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima de intereses comerciales y económicos particulares. Esto además en la perspectiva de .considerar un 10%  del presupuesto nacional del PIB para el desarrollo de los pueblos originarios

En materias de Educación es urgente profundizar y ampliar el alcance de la Educación Intercultural Bilingüe, incluyéndolo en el curriculum nacional en la formación  académica a todo el sistema educativo. Todo ello en el marco de una nueva reforma educativa  que garantice el derecho a la educación como derecho humano fundamental.

En materia patrimonial es necesaria la protección y recuperación de los sitios arqueológicos, sagrados y asegurar su conservación con adecuados planes de manejo; así como la protección del patrimonio intangible.

La legitimación de una figura "política social" electa por votación popular y que vele por la defensa de los derechos ciudadanos y en particular por el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Originarios, ante la comunidad nacional e internacional;

El gobierno debe hacerse responsable de la muerte de los peñi y  de indemnizar a las  familias correspondientes.

Solución  a la  demanda de tierra de las comunidades a través de la expropiación de las propiedades de quienes .impiden la solución que requiere el Pueblo Mapuche en forma urgente e inmediata.

La liberación de todos los presos políticos mapuches que están en las cárceles de Chile y en particular resolver el caso de Mireya Figueroa Araneda que padece de cáncer terminal.

Es necesario que el gobierno de Chile en nombre del Estado chileno pida perdón y  reconozca oficialmente la ocupación de nuestro territorio nacional en el mal llamado proceso de pacificación de la Araucanía.

Creemos de principal importancia que esta instancia sea un puente efectivo para que el Pueblo Mapuche se pueda reunir con la Presidenta de la República, con una clara disposición y propuesta que permita resolver el conflicto en Territorio Mapuche.

 Directiva

Asamblea nacional Mapuche de Izquierda

E-mail: [e-mail]

Rodríguez Nº 1314, 2º piso, Of, 1

Temuco - Territorio Mapuche