Derechos Humanos

Demandan al Fisco por error en reconocimiento de víctimas del Patio 29

Según la abogada Julia Urquieta, quien presentó el libelo en representación de parientes de tres de las víctimas mal identificadas, el Estado es responsable y dicho daño debe ser reparado.

www.lanacion.cl / Agencias

Familiares de victimas del régimen militar que fueron mal identificadas por el Servicio Médico Legal, tras su exhumación del Patio 29 del Cementerio General, presentaron esta mañana una demanda contra el Fisco.

El libelo, interpuesto por los abogados de Derechos Humanos Julia Urquieta y Adil Brkovic, se refiere a los parientes de Javier Sobarzo, Enrique Toledo y Luis Dávila, cuyos casos serán conocidos por el 19º, 25º y 30º Juzgado Civil de Santiago, respectivamente.

Las víctimas desaparecieron en 1973 y sus cuerpos fueron erróneamente identificados en los años 90 entre más de un centenar encontrados en tumbas marcadas "NN" en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago.

Según Urquieta, las demandas se fundamentan en que el Estado es responsable, por la negligencia del Servicio Médico Legal, de los daños morales y psíquicos que las familias sufrieron tras enterarse de que los cadáveres que les fueron entregados hace diez años pueden corresponder a otras personas y no a sus parientes. "Ellos sienten que sus seres queridos han vuelto a desaparecer", dijo, subrayando que el daño debe ser reparado.

La viuda de Sobarzo, Rosa Zúñiga y dos hijos, demandaron al Estado por 600 millones de pesos, mientras Elba Baeza, viuda de Toledo y tres hijos exigen 800 millones de pesos. Por su parte, María García Vásquez, madre de Luis Dávila y cuatro hijos, demandan también 600 millones de pesos.

General Hargreaves: “Este Ejército no es heredero del gobierno militar”

- “Lloramos a los caídos de ambos lados”, dijo jefe castrense. 

 Punta Arenas  

Por Poly Raín [e-mail]  Del casi medio millar de militares que asistió ayer a la misa con la cual la Quinta División de Ejército conmemoró un aniversario más del 11 de septiembre de 1973, las tres cuartas partes tiene al día de hoy menos de 40 años de edad, por tanto fue una generación que no vivió tan sensible fecha.

Entre los presentes, el único militar de esa época que todavía se encuentra en servicio activo, es el actual comandante en jefe de la institución castrense en Magallanes, general Ricardo Hargreaves.

Por ello, tras la ceremonia eucarística ofrecida por el capellán de Ejército, Luis Zúñiga, en el gimnasio del Regimiento Pudeto y a la que asistieron los altos mandos, oficiales, suboficiales y soldados conscriptos, Hargreaves habló con propiedad de lo ocurrido hace 33 años, instando al personal a conocer la historia en su real dimensión y su absoluta verdad. En ese entonces era un oficial recién egresado, un subteniente, que igual que muchos uniformados, le correspondió prestar funciones para esa fecha.

En la misa de ayer se oró por todos los caídos, antes, durante y después del 11 de septiembre, tal cual lo remarcó en su alocución el comandante en jefe de la División. En ese sentido, subrayó: “y, no sólo por los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, sino también por los que lucharon creyendo en sus causas”.

Seguidamente agregó que “el honor de una institución como el Ejército, es que no nos embarga un sentimiento de odio ni de rencor. Nos embarga, solamente la responsabilidad de preservar y de cautelar la paz”. Por eso “oramos por todos, por respeto al enemigo y a nosotros mismos, y por respeto a las causas que cada uno defendió”.

Al referirse a lo vivido el año 1973, apuntó que “no fue un Golpe de Estado, sino que un pronunciamiento militar y cumplimiento constitucional de las labores de las Fuerzas Armadas. Tampoco fue una dictadura, fue un gobierno autoritario. Son cosas muy diferentes”.

Más adelante Hargreaves planteó que “este Ejército no es heredero del gobierno militar, pero sí somos herederos de haber asumido lo que le correspondía en cumplimiento de su misión constitucional”. Recordó que su institución siempre ha estado presente en la historia patria. Por eso, destacó, que “el Ejército es una institución fundamental de la República. Es el sentimiento y la vocación del soldado.

Esa es la razón por la que no tenemos intereses políticos; no debemos ni podemos tener intereses políticos”. Hizo notar que hoy día la sociedad demanda un Ejército convertido en una institución fortalecida, en los aspectos morales, físicos y en el logro de sus objetivos, pero, afirmó, “fundamentalmente demanda un Ejército vocacional, comprometido al servicio de la Patria”.

Tras esta reflexión, el general puntualizó que aquellos que ni siquiera nacían para el año 1973, nunca lograrán entender, en su exacta dimensión, el porqué de la existencia del 11 de septiembre. “La historia es una sola. Y yo se los digo, porque lo viví y muy de cerca”, concluyó en su intervención.     

 

Procesan a teniente (r) del Ejército por las tres ejecuciones de Porvenir

ENJUICIADOS AUMENTAN A CUATRO

Punta Arnas http://www.laprensaaustral.cl/

   Un teniente de Ejército en retiro fue sometido a proceso por el ministro de fuero Joaquín Billard Acuña, quien investiga la ejecución de tres prisioneros políticos cometida en octubre de 1973, en la comuna de Porvenir.

El enjuiciamiento recayó en José Rafael Aguirre Aguirre, como autor del delito de homicidio calificado, cometido en las personas de Ramón González Ortega, Germán Cárcamo Carrasco y Carlos Baigorri Hernández.

Al momento de dictarse la resolución, se encontraban procesados los suboficiales mayores Juan Ortiz Toledo y Miguel Muñoz Uribe y el sargento Luis Arata Campodónico, los tres retirados del Ejército. En estos tres casos se concedió la libertad provisional, a diferencia del teniente en retiro José Aguirre quien deberá permanecer en prisión, en un recinto para militares procesados situado en Santiago.

Los antecedentes reunidos en la investigación señalan que la noche del 30 de octubre, mientras los tres detenidos se encontraban en un contenedor, instalado en el interior del Regimiento Caupolicán, fueron sacados del encierro y llevados en una camioneta a varios kilómetros fuera de la unidad. Los tres fueron bajados del vehículo y , acto seguido, les dispararon con fusiles Sig hasta darles muerte. Luego, fueron sepultados en el mismo lugar.

Al día siguiente, el comandante de la unidad, Agusto Reiger Rago (posteriormente fallecido) dio como versión oficial la baja de los prisioneros por habérseles aplicado la ley de fuga, informando al resto del Regimiento y a los medios de comunicación.

El proceso judicial se inició a raíz de la querella presentada por la familia de Ramón González y es patrocinada por los abogados Hugo Gutiérrez, Hiram Villagra y Magdalena Garcés. Por su parte, la familia de Carlos Baigorri se hizo parte en la querella a comienzos de agosto.

Según relató a nuestro diario uno de los familiares de los ejecutados, el asistente judicial Iván González Toro, el diario La Nación informó que el comandante de la unidad militar porvenireña era amigo de Sergio Arellano Stark, jefe de la caravana de la muerte, quien, según testimonios que constarían en la causa, habría llamado a Reiger para preguntarle "cuántos muertos tenía". Las ejecuciones se produjeron después de recibida la llamada telefónica.

 

  

Distribucion de fondos para beneficiarios en Chile.

ACUERDO PARA DISTRIBUIR US$ 7,5 MILLONES ENTRE VÍCTIMAS DE PINOCHET RESIDENTES EN CHILE

Escrito por Redacción   

Jueves, 31 de agosto de 2006 

Se encuentran prácticamente terminadas las negociaciones entre la Fundación Presidente Allende, de España, y la entidad bancaria que procederá, en las próximas semanas, al pago a los beneficiarios cuyos nombres se encuentran en las Listas A y B publicadas en www.elclarin.cl. Después que en julio de 2006 la Administración concediera a aquella la personalidad jurídica chilena, durante agosto se ha elaborado el procedimiento para entregar la correspondiente indemnización. A los 20.072 beneficiarios residentes en Chile se les comunicará en septiembre, en su respectivo domicilio, el momento, modo, lugar y plazos para firmar el descargo de responsabilidad del Riggs Bank (si no lo hubieran hecho antes del 15 de agosto) y cobrar el beneficio.  Se desea terminar el pago en Chile durante el mes de noviembre de 2006.

Por otro lado, la Fundación está distribuyendo 791.715 US$ adicionales de su Fondo de Ayuda a 2.000 otras víctimas de Pinochet residentes fuera de Chile.

Comunicado el jueves 31 de agosto por  la  FUNDACIÓN PRESIDENTE ALLENDE.

Más información en  http://www.elclarin.cl/fpa/indemnizaciones.html 

 

Los antiguos vínculos entre médicos y organismos de seguridad de Pinochet

Enviado por Pedro Alejandro Matta.  

6 de Septiembre del 2006

Investigación por desaparición de cúpula del PS en 1974 


por  Jacmel Cuevas P.

El trabajo conjunto que emprendieron una serie de facultativos junto a varios de los organismos de inteligencia creado por el régimen de Augusto Pinochet tiene sus raíces no sólo en profesionales que pertenecían al Ejército, sino también en civiles que hoy están en el mundo privado. Esta desconocida historia incluye la duda sobre el destino de hijos de detenidas desaparecidas.

A fines de 1974, sólo a meses de la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), este organismo -que agrupó tanto a uniformados como a civiles que trabajaban para este ex organismo de seguridad-, se vio en la necesidad de disponer de un recinto hospitalario donde poder atender los requerimientos de sus agentes, de los cuales, en su mayoría, era necesario preservar su identidad para fines propios del oficio. Con este fin nació la primera clínica clandestina de este servicio, Santa Lucía, la cual también albergó tenebrosas historias de violaciones a los derechos humanos.

Estos hechos quedaron establecidos en la investigación sobre la desaparición de la cúpula clandestina del PS, la cual fue detenida a mediados de 1975 y trasladada hasta Villa Grimaldi, varios de cuyos integrantes aún permanecen como detenidos desaparecidos hasta la fecha: Exequiel Ponce Vicencio, Ricardo Lagos, Michelle Peña y Carlos Lorca, entre otros. En estas detenciones participaron agentes de la ex DINA, pero en estos casos también hubo participación de personal médico de esa clínica, ubicada en calle Santa Lucía 120, hoy 164, debido al cambio de numeración con que se quiso borrar su existencia.

En dicho expediente, que ahora es tramitado por el ministro Jorge Zepeda, quedó establecido que la Clínica Santa Lucía no sólo se dedicó a atender a los integrantes del organismo liderado por el general (r) Manuel Contreras, así como a sus cargas familiares, sino también a los opositores detenidos en las cárceles secretas del servicio de seguridad, entre ellos al menos dos mujeres embarazadas, hoy detenidas desaparecidas: Michelle Peña y Reinalda Pereira, militante comunista esta última, quienes al momento de ser detenidas estaban embarazadas de varios meses.

Según el testimonio de un ex enfermero del establecimiento, Ramón Muñoz R., esta clínica tuvo su origen en la antigua enfermería de la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE), ubicada en Rinconada de Maipú, la cual comenzó a atender las necesidades del personal, y también a los prisioneros políticos, los cuales era auxiliados para “darles un segundo aliento” y así poder seguir torturándolos. De esta instalación provenía una parte del personal que luego trabajó en la clínica Santa Lucía.

Los pacientes de Orvietto

Los antecedentes recogidos en esta investigación dan cuenta que el director de Santa Lucía, que no contaba con ningún permiso sanitario ni existencia legal, fue el médico pediatra y coronel (r) Vittorio Orvieto, quien el año pasado fue procesado por el ministro Alejandro Solís por delitos de torturas contra ex prisioneros en Tejas Verdes.

Este facultativo fue quien tuvo a cargo la supervisión de los tres pisos que habrían compuesto dicho establecimiento. El primero, en el que habría funcionado una clínica dental; el segundo, destinado a habitaciones y casinos del personal; y el tercero, en el cual se dispuso de piezas para internar a pacientes.

Pero hay testimonios de ex prisioneros políticos que dan cuenta que durante su período de detención fueron trasladados a un edificio cercano al cerro Santa Lucía, ya que se orientaban en el tiempo y el espacio por el típico cañonazo de las 12.00 horas. En ese sentido, la ex prisionera María Isabel Romero M, declaró que vio a Michelle Peña, pareja de Carlos Lorca, en Villa Grimaldi, muy delgada y pálida, quien le contó que le habían matado a su hijo de 8 meses en el vientre, para lo cual fue trasladada al mencionado establecimiento asistencial clandestino.

También existen antecedentes que apuntan a que Carolina Wiff Sepúlveda, Ariel Masilla Ramírez, Alfredo Rojas Castañeda y Mireya Rodríguez Díaz, también habrían pasado por ese centro médico para recibir reanimación después de los intensos interrogatorios a los que fueron sometidos. El doctor Patricio Bustos Streeter sostuvo en una declaración que consta en expedientes judiciales que “en la clínica Santa Lucía fui torturado con asistencia médica”.

A esto se suman además declaraciones de ex funcionarios de la DINA que también entregaron antecedentes sobre el recinto donde se trasladaba a los prisioneros, como las de Marcia Merino Vega “la flaca Alejandra”, o Basclay Zapata, “el Troglo”, quien sólo dijo que estuvo destinado a la atención de personal de la DINA, negando que ahí se atendiera a detenidos.

Pero el relato de uno de los doctores que se desempeñaron en dicha clínica, Juan Pablo Figueroa Y., confirmó que a dicho recinto iban personas detenidas para ser atendidas, aunque aclaró que él no tuvo mayor contacto con ellos. Este médico sostuvo que en 1975 pasó a integrar la DINA, trabajando primero en este recinto y luego en la Clínica London, lugar al que se trasladaron por razones de espacio y por la “publicidad” que había adquirido esa primera instalación.

Según los últimos antecedentes que obran en el proceso, la plana directiva de Santa Lucía estuvo compuesta además por el otorrino Eugenio Fantuzzi, el médico internista Sergio Priscoff, el pediatra Sergio Costa y las enfermeras Eliana Bolumburú e Isabel Margarita Jarpa, quienes a inicios de 1977, junto a otras 13 personas, pasaron a conformar el personal de la llamada Clínica London, ubicada en calle Almirante Barroso, recinto también clandestino que se habría utilizado para asesinar a opositores al régimen de Pinochet, así como al cabo de la DINA Manuel Leyton.

Eduardo Frei logró apoyo desde el Ejército hasta el PS para aclarar muerte de su padre

Investigaciones se comprometió a poner a disposición “todos los medios” para el caso

En el marco de la serie de reuniones que viene sosteniendo la familia de Eduardo Frei Montalva con distintas instancias políticas y sociales, su hijo aprovechó la oportunidad para negar que estos encuentros sean presiones políticas en contra del Poder Judicial.


www.lanacion.cl
Por Rodrigo Durán

Foto: El presidente del Senado y ex Mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle se reúne con el comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta.

Luego de reunirse por cerca de una hora con el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, el ex Mandatario y hoy presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, afirmó que la institución castrense le manifestó su “plena disposición” a colaborar para que se aclaren las extrañas circunstancias en que falleció su padre, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

La visita del dirigente DC se enmarca en la campaña que la familia Frei ha iniciado en los últimos días para lograr un apoyo transversal que permita que lleguen a buen puerto las indagaciones que realiza el ministro en visita Alejandro Madrid por el fallecimiento del ex gobernante.

La cita se realizó a partir de las nueve horas de ayer en el despacho de Izurieta, ubicado en el cuarto piso del edificio institucional de calle Zenteno, y a ella asistieron los ya citados, más el abogado de la familia Frei, Álvaro Varela y el auditor del Ejército, general (J) Juan Arab.

A la salida del encuentro, Frei recalcó la disposición del alto uniformado para colaborar en la investigación de Madrid. “Ha dicho (Izurieta) que entiende perfectamente la situación por la que estamos pasando, que a él le gustaría que este capítulo se terminara”, añadió.

Agregó que el jefe militar manifestó que entregarán toda la información y contestarán todos los requerimientos que emanen del tribunal.

En la memoria de algunos

Sin embargo aclaró que lo que existe al respecto ya ha sido allegado al magistrado y que, por razones obvias, ya que no existe documentación de la época (1982) sobre la materia. “Lo he dicho muchas veces: el tema básico y fundamental es que el Ejército no tiene archivos ni carpetas sobre este tema”, explicó Frei Ruiz-Tagle.

Para el parlamentario es casi una certeza que personal del Ejército participó del presunto crimen. No obstante, reconoció que la calidad de militares en retiro de la mayoría de quienes pudieran haber participado en los hechos hace difícil alguna acción más específica del alto mando castrense.

A continuación, Frei recibió la visita en la sede de la corporación en Santiago al jefe de Investigaciones Arturo Herrera.

El congresista, en todo caso, desestimó que la familia Frei esté ejerciendo presiones sobre las distintas instituciones, específicamente con el envío de un oficio de la cámara alta para que los tribunales aceleren la investigación, hecho criticado por el vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrados Leopoldo Llanos. “Le pedí una audiencia al presidente de la Suprema (Enrique Tapia) para aclarar ese tema”, indicó el ex Presidente y luego recalcó que “el oficio del Senado fue firmado por todos los senadores”, por lo que no tendría nada de especial y sería legítimo plantear los temas, conversarlos y aclararlos. 

Luego de las emisiones en semanas consecutivas del programa “Informe Especial” de TVN dedicadas a las extrañas circunstancias en que habría muerto el ex Presidente Frei Montalva, sus familiares iniciaron una nueva ofensiva para lograr comprobar la hipótesis de que terceras personas habrían estado detrás de la muerte del ex Mandatario, ocurrida el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María.

La iniciativa liderada por el presidente del Senado encontró el apoyo de sus pares de la cámara alta y luego de la mesa directiva de la cámara baja. Además logró el apoyo transversal de la bancada de diputados DC, pese a que el ex ministro de Defensa y militante de la misma colectividad, Patricio Rojas, desestimó las sospechas familiares.

Finalmente, el presidente del Senado se reunió con el timonel del Colegio Médico, Juan Luis Castro.

Ayer en tanto, luego de reunirse con Izurieta, Frei recibió en la sede del Senado en Santiago al director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, quien puso a disposición del senador “todos los medios humanos, materiales y físicos que sea posible para llevar a buen puerto esta diligencia”. Agregó que el equipo que ha trabajado en el caso lo ha hecho de forma “muy eficiente”, recopilando antecedentes que han sido remitidos luego al magistrado.

Tras la cita con Herrera, el senador recibió a la dirigencia del Colegio Médico y posteriormente a la de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Con los primeros se analizaron los cuatro puntos que contendrá el sumario ético anunciado por la organización gremial, mientras que los segundos, junto con recordar la cercanía del líder democratacristiano con el mundo sindical, llamaron al Ejército a proporcionar toda la información que esté a su alcance, ya que las acusaciones no son contra la institución -aseveraron- sino contra personas.

Finalmente, en horas de la tarde, Frei recibió en Valparaíso el respaldo de la bancada de senadores del Partido Socialista. LN

Cuatro puntos abordará sumario ético El sumario ético que iniciará el Colegio Médico a los facultativos vivos que hayan tenido relación con el ex Presidente Frei Montalva se basará en cuatro puntos, dos de los cuales buscarán establecer “si hubo error médico o negligencia médica o intervención de terceros” en el extraño fallecimiento. Así lo explicó ayer el titular del gremio, Juan Luis Castro, quien sin embargo mostró prudencia frente a la teoría conspirativa y dijo que “no hay dudas” de que el Mandatario falleció a raíz de un shock séptico. Los resultados de las pesquisas serán entregados a la familia Frei en un plazo de 90 días.

Oficio será analizado el viernes

El Pleno de la Corte Suprema analizará el viernes el oficio enviado por la cámara alta, donde se pide que los tribunales aceleren la investigación tendiente a agilizar la indagatoria que busca aclarar si hubo intervención de terceros en la muerte de Frei Montalva. Dicho oficio causó polémica al ser cuestionado por la Asociación de Magistrados, entidad que lo considera una presión indebida y que atenta contra la independencia del Poder Judicial.

Pinochet dijo que el general Arellano “siempre se mandó solo” y negó su culpa en crímenes

Fue Publicado por www.lanacion.cl el Jueves 3 de Agosto de 2006

También traspasó al general W. Carrasco decisión en muerte de intendente de Talca

Declaraciones del ex dictador en el caso Prats y en el del intendente de Talca Germán Castro se interpretan como rechazar su propia responsabilidad en violaciones de los derechos humanos, culpando a sus subalternos directos.

por Jorge Escalante

www.lanacion.cl

Foto: El general (R) Sergio Arellano Stark es ahora el blanco de los dichos de Augusto Pinochet.

El ex dictador Augusto Pinochet negó tener responsabilidad en las actuaciones constitutivas de delito cometidas por su general Sergio Arellano Stark, y dijo que éste actuó siempre al margen de su mando. “Arellano siempre se mandó solo”, declaró lacónicamente Pinochet al juez Alejandro Solís, quien el lunes lo interrogó respecto del crimen del general Carlos Prats y su esposa en 1974 en Buenos Aires.

La pregunta del juez Solís tuvo relación con un hecho hasta ahora desconocido, como fue un viaje del general Arellano a la capital argentina a fines de 1973, para coordinar con el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) la vigilancia del general Prats, después de que fue obligado a irse del país luego del golpe militar de 1973. El viaje de Arellano con este fin consta en el proceso a partir de uno de los documentos desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano.

Cómo eludir

La actitud de Pinochet respecto de Arellano fue entendida en el ámbito de los querellantes en causas por delitos de lesa humanidad, en especial en el proceso por los crímenes de la Caravana de la Muerte donde Arellano comandó el escuadrón en calidad de “oficial delegado” del jefe del Ejército, como un intento de eludir sus propias responsabilidades traspasándolas a quienes fueron sus altos mandos subalternos.

Algo similar hizo el ex dictador en mayo último, cuando interrogado en el juicio que se instruye en Talca por el crimen del ex intendente de esa ciudad Germán Castro ocurrido el 27 de septiembre de 1973, dejó entender -aunque sin culparlo en forma directa- que fue el general Washington Carrasco quien por iniciativa propia habría ordenado matar a Castro sin juicio previo.

En este caso, Pinochet afirmó que “al momento del pronunciamiento militar, el general Carrasco tomó a su cargo la guarnición de Concepción, es decir la Tercera División del Ejército, y ellos eran independientes. Sus resoluciones las adoptó sin consultarme a mí para nada”.

“Si el general Carrasco pudo ordenar la ejecución de Germán Castro no me atrevo a aventurar juicio, porque podría equivocarme. Pero la verdad es que cada uno guarda esas cosas para sí mismo, esas cosas no se comentan”, agregó el ex jefe militar.

No obstante, a pesar de tender también un velo de culpa sobre el general Carrasco en este crimen, la declaración del ex auditor de la Tercera División de Ejército en Concepción, Gonzalo Urrejola Arrau, efectuada a la Comisión Rettig el 18 de agosto de 1990, fue directa: “El señor Germán Castro, intendente de Talca, fue ejecutado en el regimiento Chorrillos de esa ciudad antes de que terminara su proceso. Esta ejecución se efectuó por orden telefónica de Augusto Pinochet Ugarte. Yo me trasladé a Talca para corregir la anormalidad del procedimiento y se dictó una sentencia post-mortem”.

Culpar a subalternos

En cuanto a la también velada culpa que Pinochet atribuyó al general Arellano Stark en sus actuaciones, el abogado querellante en el proceso por la Caravana de la Muerte, Hugo Gutiérrez, afirmó a La Nación que “Pinochet empezó a culpar a sus subalternos de los crímenes que él mismo ordenó, como los de la caravana, del general Prats y del intendente de Talca Germán Castro, donde hay una declaración directa del ex auditor Urrejola que lo inculpó de ese crimen. Lo mismo ha estado haciendo con el jefe de la DINA Manuel Contreras, que todos sabemos que actuó siempre por orden directa del dictador”. LN

 

Acusan al Ejército de entorpecer la investigación del caso Caravana de la Muerte

Chile

www.argenpress.info

Familiares de víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1989) presentaron hoy un reclamo oficial ante el Ministerio de Defensa en el que acusan al Ejército de Chile de entorpecer la investigación judicial del denominado caso Caravana de la Muerte.

Según la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, la institución no ha entregado la hoja de vida del general en servicio activo Miguel Trincado, sobre el que existen pruebas en torno a su responsabilidad en la exhumación ilegal de los ejecutados por el grupo militar.

Pizarro señaló que el uniformado, actual jefe de la Segunda División del Ejército de Chile, actuó como oficial de inteligencia en la localidad de Calama, y se presume su participación en crímenes de lesa humanidad, ya que no se han entregado antecedentes sobre sus asignaciones entre 1973 y 1979.

'Una solicitud que se ha negado en seis ocasiones es prueba más que suficiente para sentir que hay una absoluta actitud de insubordinación del Ejército frente a un juez que tiene la absoluta autoridad de solicitar la hoja de vida de cualquier chileno', sostuvo la dirigente.

El caso Caravana de la Muerte, que integra el juez Víctor Montiglio, investiga la desaparición y muerte en octubre de 1973 de alrededor de 90 opositores al régimen de Pinochet a manos de un grupo militar encabezado por el general Sergio Arellano Stark.