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Centros Chilenos en el Exterior

Comunicados

Comunicado Sindicato de Empresa Editorial Siglo XXI (Semanario El Siglo)

Enviado por Pedro Alejandro Matta.  p.matta@vtr.net

 

Empresa se niega al diálogo con los trabajadores y mantiene prácticas antisindicales

Los trabajadores del semanario El Siglo asociados en su sindicato, lamentamos profundamente tener que informar acerca del giro cada vez más negativo que han tomado los hechos relativos a las relaciones trabajadores-empresa.

Desde la constitución de nuestro sindicato, el 9 de marzo pasado, se han producido una serie de medidas de abierto rechazo y hostigamiento contra nuestra organización sindical y sus integrantes por parte de la empresa.

Se ha buscado por todos los medios desprestigiar a nuestra organización y sus miembros, en especial a sus dirigentes. Esto se ha realizado sin dar oportunidad de responder y/o aclarar aquellas acusaciones que se propagan en nuestra contra, la mayoría de ellas basadas en inexactitudes, como también en abiertas falsedades, incluido el que los trabajadores de El Siglo seríamos funcionarios del Partido Comunista de Chile.

Cuando nos enteramos de que vendría una ola de despidos, nos organizamos para defender el derecho fundamental a ser desvinculados con los mínimos resguardos que establece la precaria Ley del Trabajo, e incluso contribuimos a que los dos primeros compañeros despedidos negociaran y obtuvieran una mínima cobertura económica de parte de la empresa.

Esperábamos que ese diálogo se mantuviera, pero con los siguientes exonerados no hubo intención alguna de negociar nada y la empresa endureció su posición, al punto de obligarles a recurrir a los Tribunales del Trabajo con sendas demandas.

Los intentos por retomar el diálogo fueron desechados por la empresa, con la que se estableció una tregua, sin manifestaciones públicas nuestras y sin nuevos despidos, que se extendió por tres semanas. Sin embargo, voces amigas nos advirtieron de que vendrían nuevas represalias, pues la empresa intentaba disolver el sindicato por medio de varias medidas. Entre las primeras disposiciones presentó una objeción ante la Dirección del Trabajo, sobre la legalidad del sindicato y nuestra condición de trabajadores dependientes de ella, en particular del presidente del sindicato, el compañero Julio Oliva. Se argumentó que sólo prestábamos servicios externos al periódico y que no teníamos relación de dependencia con la empresa, pese a que tenemos un promedio de diez años de trabajo en ella.

La Dirección del Trabajo falló recientemente a nuestro favor y nos confirmó como trabajadores dependientes de esta empresa, ratificando también la legalidad del sindicato.

Ante la inminente medida de terminar con nuestra organización sindical mediante la reducción de trabajadores asociados a ella, adoptamos la iniciativa de presentar nuestra propuesta de negociación colectiva, para enfrentar nuestra eventual desvinculación protegidos por el fuero legal y poder alcanzar un acuerdo de despido en buenos términos para todos.

Nuestra propuesta consiste en un contrato colectivo que solicita aumento salarial (nuestros sueldos están congelados desde el año 2.000), de los aguinaldos, bonos de locomoción y colación, y el pago de una indemnización, mucho menor a un mes por año de servicio, cuyo monto difiere caso a caso de acuerdo a la antigüedad. Esta última parte es absolutamente ínfima al monto que podrían alcanzar las multas que puede sufrir la empresa por la no escrituración de los contratos y el no haber pagado cotizaciones previsionales durante años. La propuesta se presentó, como en toda negociación, para conversar con la empresa y encontrar de común acuerdo la salida que menos perjudicara a las partes, incluida la alternativa de aceptar que nos despidieran a todos, contemplando el pago de indemnizaciones a negociar.

La empresa rechazó la propuesta en todos sus puntos, e insistió en la ilegalidad de nuestro sindicato y en que no éramos trabajadores dependientes de ella.

La Dirección del Trabajo rechazó la nueva presentación del empleador, ratificó la legalidad del sindicato y la emplazó a responder nuestro petitorio en tiempo y forma acorde a lo establecido por la ley, en el marco de la negociación colectiva. Plazo que se cumple por estos días y en el cual tampoco hemos percibido voluntad de dialogar, lo que traerá aparejada una serie de graves multas.

Cinco días antes de conocerse esta resolución, y en medio de la negociación colectiva, fueron notificados verbalmente los compañeros Julio Oliva y Raúl Blanchet, presidente y secretario del sindicato respectivamente, de que serían despedidos. La notificación verbal se produjo al mismo tiempo en que se nos daba a conocer la respuesta negativa de la empresa al petitorio y la ya mencionada presentación hecha por el empleador ante la Dirección del Trabajo.

Tras la información verbal de nuestra desvinculación laboral, acudimos a la Inspección y estampamos la denuncia por haber sido despedidos durante el proceso de negociación colectiva, lo que es ilegal pues como se sabe, todos los socios del sindicato estamos protegidos por fuero durante el período de negociación.

La Inspección del Trabajo ordenó nuestro inmediato reintegro a las labores y la empresa firmó un acta ante la autoridad comprometiéndose a reincorporarnos en las mismas labores que desempeñábamos al ser notificados. Sin embargo sólo a uno de los reincorporados se le dio trabajo normal. Al segundo se le asignó algo muy vago y fue desplazado de su lugar habitual de trabajo. El computador en que realizaba sus labores fue cambiado de lugar y finalmente retirado de las dependencias en que funciona la empresa, como lo hicieron con el computador estratégico en la producción del medio, lo que impidió definitivamente que el trabajador pudiera concluir su labor iniciada los días anteriores. Al concluir la jornada, tal como lo hicieron en la semana en que se comunicó la separación de funciones, se dejaron sin publicar las crónicas asignadas a los despedidos ilegalmente.

Los actos hostiles en contra de nuestros socios son mucho más numerosos que los relatados. Hemos intentado resumir los más notorios, para ilustrar la descripción del momento que vivimos y el conflicto que enfrentamos.

Resulta amargo constatar que, una empresa inspirada en la conquista y defensa de los derechos de los más desprotegidos de la sociedad, y muy especialmente de los trabajadores, actúe igual o peor que todos los empleadores en contra de sus trabajadores cuando organizan sindicatos e intentan negociar mejoras a sus condiciones laborales. Lo que resulta más grave aún, cuando se recurre a prácticas antisindicales, iguales a las que denunciamos número a número en las páginas de nuestro semanario.

Damos nuestro más fraternal agradecimiento a quienes, a pesar de la campaña de difamación en nuestra contra, asistieron o enviaron sus saludos de solidaridad al acto de aniversario de El Siglo que organizamos los trabajadores el jueves 30 de agosto.

Por el Sindicato de Trabajadores de Editorial Siglo XXI (Semanario El Siglo)

Julio Oliva García, Presidente; Raúl Blanchet Muñoz, Secretario; Ana Muga Sáez, Comisión Negociadora; Jorge Texier Avellaira; Magdalena Muñoz Gutiérrez; Eliana Gómez Sáez; Jorge Zúñiga San Martín.

       

COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN PRESIDENTE ALLENDE

A partir del próximo martes 7 de agosto y   hasta el 26 de diciembre de 2007 los beneficiarios residentes en Chile del Fondo de ayuda a las víctimas del alzamiento de bienes y blanqueo de capitales de Augusto Pinochet identificadas en el listado que sigue -denominado 'Nómina 7 de agosto de 2007'- pueden cobrar  en cualquier oficina de BancoEstado  los Vale Vistas librados a su nombre por la Fundación. Deberán presentar su carnet  de identidad.

Los beneficiarios  residentes en Chile que aún NO han cobrado la indemnización  otorgada por el Fondo y cuya identidad figura en la otra relación que sigue  -denominada  'Expediente incompleto'- son invitados a comunicarse directamente  con  la Fundación, a su correo electrónico - indemnizaciones_madrid@yahoo.es - a fin de completar su expediente lo más rápidamente posible.

Los beneficiarios que  hayan completado ante la Fundación su expediente con posterioridad al 20 de julio de 2007 serán incluidos en sucesivas nóminas de pagos que se publicarán en CLARIN, identificando   a los beneficiarios que completen su trámite e indicando la fecha de pago del Vale Vista correspondiente. 

El teléfono de consultas del Banco de Estado es  6002007000, opción 3.

Más información en la Sección “Fondo de Ayuda” de  CLARIN

Madrid, 4 de agosto de 2007

FUNDACIÓN PRESIDENTE ALLENDE

Apartado postal 14.755

Madrid 28080. España

Correo electrónico: indemnizaciones_madrid@yahoo.es

Por una Asamblea Constituyente, Sabado 21 de julio, Palacio Ariztia

Por una Asamblea Constituyente, Sabado 21 de julio, Palacio Ariztia
 SABADO 21 DE JULIO - 11 HRS. - PALACIO ARIZTIA ENCUENTRO DE CIUDADANOS POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

 

 ¿Qué puedo hacer yo para que las personas de mi entorno social, político y cultural participen en el movimiento por una asamblea nacional constituyente?

La respuesta a esta pregunta y tus propias sugerencias, entrégala por escrito en el mesón que estará instalado a la entrada de la Asamblea, en el Palacio Ariztía;

 

 Alameda 1642, Metro Los Héroes, el sábado 21 de julio a las 11 hrs.-

 

 

 

 

 

María Graciela Díaz, Periodista de Canal 13

Estimados Sres.

Mi nombre es María Graciela Díaz, y soy periodista de Canal 13. Les escribo ya que estamos trabajando en un programa documental de novios. La idea es mostrar a los chilenos casándose de las maneras más diversas posibles (retratar los distintos grupos de nuestra sociedad a través del matrimonio). Tenemos perfiles de parejas ya definidos y una de las que estamos buscando es "Chilenos en el extranjero". Por eso me estoy poniendo en contacto con distintas comunidades de  chilenos en el mundo.

En términos prácticos, la idea es acompañar a los novios en los preparativos de su boda y luego en el evento, y de esta manera, conocer la historia y el entorno de la pareja.

Les agradeceré enormemente todo dato de novios o de comunidades de chilenos en este país que me puedan dar...
Muchos saludos a ustedes por allá,
María Graciela Díaz

Periodista
Canal 13
093255961
6302717

 

 

CHILE: TORTURA NUNCA MÁS

CHILE: TORTURA NUNCA MÁS

Con motivo de conmemorarse, hoy martes 26 de junio, el “Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura”, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -CODEPU-, expresa a la opinión pública lo siguiente:

1.- El Estado chileno, en materia de verdad, justicia y reparación, ha dado importantes y significativos pasos que, indudablemente, coadyuvan al restablecimiento de una convivencia fundada en el respeto a los valores inmanentes a la naturaleza humana. Dentro de esos avances se encuentran, los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996) y la Comisión Nacional sobre Tortura y Prisión Política (2004). Ellas, reconocieron los más graves crímenes cometidos durante el período dictatorial; la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial (fusilamientos, explosionados, degollamientos, muertes por falsos enfrentamientos, muertes por tortura),y  la tortura y prisión política. 

Sin embargo, para que la expresión “nunca mas” a las violaciones de los derechos humanos se haga una realidad en nuestro país, resulta necesario profundizar en las políticas publicas, que fueron resultado de dichas Comisiones  y, avanzar en una política de derechos humanos más integral que considere, entre otros, dar garantías plenas de no repetición, de acceso efectivo  a la justicia, en la perspectiva de la prevención del crimen de tortura y de protección ante hechos que puedan constituir tales conductas. Se trata de impedir la impunidad que favorece a los violadores de derechos humanos, aún amparados en el DL Ley de Amnistía, vigente en el país, para alcanzar una sociedad más democrática, más justa, y de pleno respeto a los derechos humanos.

2.- En relación al derecho a la justicia y restablecimiento de  la dignidad de las victimas sobrevivientes,  es necesario que los tribunales de justicia determinen las responsabilidades penales de quienes en el pasado reciente, hicieron de la práctica de tortura una política de Estado. En ese sentido, hacemos un llamado, a que los juicios relacionados con la investigación de los delitos de tortura, avancen y se puedan obtener condenas ejemplificadoras y proporcionales al inmenso daño irrogado por los agentes de la dictadura militar. En la actualidad más de 300 ex miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en procesos por diversos delitos. Sólo una cincuentena ha sido juzgados y están encarcelados.

Por el delito de tortura ningún criminal ha sido sancionado al día de hoy. El caso de Iturriaga Neumann es claro, con un prontuario criminal de magnitud, vinculado al asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert en Argentina, al atentado de Bernardo Leighton y Anita Fresno en Italia, formó parte de la Operación Cóndor y Colombo, Jefe de una de las Agrupaciones de la DINA (1974-1978) llamada Purén. Identificado por quienes lograron sobrevivir y atestiguaron ante diversos tribunales, es prófugo de la Justicia , intentando vulnerar con su actitud el estado de derecho, liderarando a los sectores más reaccionarios y regresivos de las FFAA. Nos sumamos a quienes desde diversas instancias han llamado a las FFAA  a no amparar a dichos criminales, a entregar toda la documentación con que cuenten relacionados con estos crímenes y demostrar en los hechos su compromiso con los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos.

3.- Si bien, fueron casi 30.000 personas las que fueron reconocidas como ex prisioneros políticos y sobrevivientes de tortura por el Estado chileno, siendo beneficiarios de las medidas de reparación, existen miles de personas que por miedo, desconfianza, por falta de información e incluso por falta de comprensión por pertenecer a otras culturas (mapuche, aymara, etc.) no concurrieron a prestar su declaración a la Comisión , quedando excluidos de todos esos beneficios. Por ello, CODEPU, desde el año 2005, continuó con la tarea de reunir los testimonios de aquellas personas  que estaban fuera del reconocimiento, y solicitó desde ese momento, la urgente necesidad de reabrir una instancia calificadora que integre a todas las personas no consideradas por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.

El imperativo ético de la reapertura, ha sido ampliamente reconocido tanto a nivel nacional como internacional. El año 2004 a propósito de las recomendaciones emanadas del Comité Contra la Tortura de Naciones,  se solicitaba al Estado, que tomara las medidas pertinentes en la dirección de considerar todos aquellas personas, que no fueron en su oportunidad incluidas en el Informe Final de la Comisión Nacional sobre prisión Política y Tortura.

Un principio de elemental justicia, impone el desafío que, la Presidenta de la República , haciendo uso de su potestad reglamentaria cree dicha instancia, en el entendido que no pueden existir ciudadanos torturados reconocidos y otros no reconocidos por el mismo flagelo.

A pesar que, en el Proyecto de Ley que crea el Instituto  Nacional de Derechos Humanos[1], se contempla en su art. 3 transitorio, la facultad excepcional y por un año, desde su publicación, para que el Consejo de dicho Instituto califique casos no presentados a la Comisión Nacional sobre Tortura y Prisión Política, Codepu es de la opinión que la Presidenta de la República , está en condiciones vía Decreto Supremo de crear dicha instancia de calificación, respondiendo de manera efectiva a un clamor  y una necesidad.

4.- CODEPU, solicita que  las políticas de reparación nacidas a propósito del Informe de la Comisión Nacional sobre Tortura y Prisión Política sean extensivas a los herederos de los sobrevivientes.  Las transmisibilidad de derechos, constituye una equiparación, a medidas que el Estado contempla respecto de otras violaciones graves a los derechos humanos.

5.-  En la perspectiva de la prevención, reiteramos nuestra demanda, a que  el  Estado de  Chile  ratifique  el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Ello, permitirá entre otras cosas, crear un mecanismo eficaz de prevención.

6.- Igualmente,  instamos a que se materialicen todas aquellas iniciativas que permitan adecuar la legislación interna y lograr dar efectiva protección a los derechos humanos, en particular instamos a que el Parlamento, reforme el Código de Justicia Militar, en la dirección de privar toda competencia a la justicia de Fuero Militar para investigar casos de atentados y violaciones a los derechos humanos perpetrados por personal de la  Policía

7.- Finalmente, en este día reafirmamos, una vez mas, la voluntad inquebrantable por erradicar todo vestigio de una práctica abominable, de perseverar por obtener castigo a los criminales y de apoyo incondicional a todos quienes padecieron de esta práctica abyecta.

Santiago, martes 26 de junio de 2007

 

[1] Artículo 3°.- El Consejo podrá excepcionalmente calificar casos de desaparición forzada de personas y ejecutados políticos en que aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio y que no hubieren sido calificadas como tales por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ni por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Asimismo, podrá calificar casos de tortura o prisión política que no se hubiesen presentado a la Comisión sobre Prisión Política y Tortura.

Esta facultad se ejercerá en aquellas situaciones irrefutablemente comprobadas, con el voto favorable de las tres quintas partes del Consejo y dentro del plazo de un año contado desde la publicación de esta ley.

Los rieles de Villa Grimaldi.

Hace algunas semanas atras se inauguro una exposicion permanente en el Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Ella consiste en la exhibicion   --en condiciones de temperatura, humedad, y luminosidad controladas para su preservacion--   de los trozos de rieles recuperados desde el fondo de la Bahia de Quintero, en el 2003, por el ex Magistrado y actual Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Central, Juan Guzman Tapia.
Esos trozos de rieles fueron amarrados con alambre a los cuerpos de personas lanzadas al mar para evitar que los restos humanos volvieran a la superficie y eventualmente flotaran hacia la costa. 
En attachment encontraran tres vistas de la exhibicion mencionada
Afectuosamente,
Pedro Alejandro Matta.
Santiago de Chile.

En marcha Movimiento Ciudadano por una Asamblea Constituyente para Chile.

Con las palabras introductorias del vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Eduardo Arancibia, se dio la partida, el pasado 24 de mayo, a la formación de un movimiento ciudadano que se propone demandar la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

En el evento, que repletó la Sala de Plenarios de la FECH en Santiago, se discutió un documento - borrador en el que se postula "una nueva Constitución Política del Estado en la que se garanticen los derechos humanos, económicos y sociales, restableciendo la soberanía nacional a manos del pueblo de Chile".

El abogado Roberto Garretón explicó la imposibilidad de reformar la actual constitución pinochetista en el marco del actual sistema político chileno y describió el proceso desarrollado en Colombia que, tras una propuesta de la Federación Universitaria, obligó a las autoridades a convocar a una consulta a todo el electorado, en la que obtuvo amplia mayoría la opción de convocar a una Asamblea Constituyente, de la que emanó la actual Constitución Política de ese país, una de las más democráticas del continente.

A continuación se mencionaron las numerosas adhesiones que ha concitado esta iniciativa de ciudadanos que en Chile y en el exterior, superando divergencias de orden ideológico y valórico, se han decidido a participar en esta gran batalla democrática cuya amplitud sólo es comparable con el abanico de fuerzas antidictatoriales que confluyó en la Asamblea Democrática, en los años 80 del siglo pasado.  Como resolución principal de la jornada, se acordó emprender múltiples iniciativas que permitan reunir decenas de miles de adhesiones a la demanda de una nueva Constitución Política del Estado de Chile.

Se resolvió, además, realizar un acto público en el transcurso de las próximas semanas para difundir el texto definitivo del llamamiento con las primeras mil adhesiones, entre las que se cuentan el ex Rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco, los dirigentes universitarios Giorgio Bocardo, Felipe Hazbún y Eduardo Arancibia, los sindicalistas Etiel Moraga, de la CUT, Nelson Viveros de la ANEF y Oscar Torres, de la Plataforma Rural por la Tierra, los ex Ministros Jacques Chonchol, Humberto Martones, Enrique Silva Cimma, Jorge Arrate, los abogados Mauricio Salinas, Julio Stuardo González, Miguel Ávila, Héctor Salazar Ardiles, Humberto Lagos Schufenegger, Roberto Ávila; los dirigentes políticos Carmen Lazo, Carlos Moya, Luis Casado, Lautaro Videla, Esteban Silva, Carlos Tomic, Jorge Cisternas, Atilio Barrios, María Emilia Marchi;  los académicos Roberto Aldunce, Pedro Alejandro Matta, Orlando Caputo, Graciela Galarce, Danilo Salcedo, Héctor Vega, Claudio Pérez, Sergio Muñoz, los dirigentes sociales Miguel Retamal, Ramón Núñez, Alfredo Estrada,  Patricio Valenzuela, Fernando Lira, Celsa Parrau, Gustavo Ruz, Juana García, Edgardo Condeza; los artistas Vicky Larraín, Aníbal Reyna, Toño Kadima y Mónica Echeverría, entre otros.

El texto del llamamiento, que recoge las enmiendas formuladas durante esta asamblea, es el siguiente:

Por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente

 La Constitución Política del Estado no representa la voluntad soberana del pueblo chileno. Fue impuesta en 1980 para legitimar una dictadura que violó los derechos humanos y enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante espurias privatizaciones, se apoderaron de la mayor parte del patrimonio público forjado con el trabajo y ahorro de generaciones de chilenos.

La Constitución actual ampara a los poderes fácticos que ayer se sirvieron de la tiranía y que hoy gozan de ocultos e irritantes privilegios, ejerciendo un control decisivo sobre la economía, las instituciones políticas y los medios de comunicación. No sólo es ilegítima en su origen. Es, además, antidemocrática, porque privilegia la renta y el lucro por sobre la dignidad humana, deja los principales resortes del poder económico y jurídico fuera del alcance y control de la ciudadanía y establece obstáculos insalvables para su modificación. Representa, en definitiva, la continuidad jurídica de la dictadura e impide el establecimiento de un régimen verdaderamente democrático.

Todas y cada una de las frustraciones, dolores y angustias que afectan gravemente la subsistencia y el bienestar de la gran mayoría de los chilenos, derivan de un modelo económico e institucional que, amparado en la Constitución de 1980, favorece la concentración monopólica de la propiedad y agudiza la injusticia social. Así, el capital extranjero ha llegado a controlar la mayor parte del cobre, los recursos hídricos, el sistema previsional, la energía, el sistema bancario y las telecomunicaciones, sangrando, a perpetuidad, el esfuerzo del trabajo nacional. La inestabilidad y la precariedad del empleo, la deficiente atención en salud, educación y vivienda, la gravísima destrucción del ecosistema, el deterioro de la calidad de vida en nuestras ciudades, la impunidad que beneficia a muchos civiles y militares responsables de graves crímenes contra la humanidad, la discriminación y el desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, la corrupción y el clientelismo presentes en el aparato público, la crisis del transporte urbano y la escandalosa y creciente desigualdad entre ricos y pobres, son resultado de un modelo económico e institucional que se ampara en el Decreto Ley Nº 3464, dictado bajo Estado de Sitio por la Junta Militar bajo la denominación de  "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO".  Las reformas parciales aprobadas en el plebiscito de 1989 y por el Parlamento, desde 1990, han dejado intacta su naturaleza plutocrática y autoritaria.

Porque nos asiste la convicción de que la mayoría de los chilenos, más allá de sus diferencias ideológicas o valóricas, rechaza la constitución pinochetista, hemos decidido iniciar un proceso de consulta y organización ciudadana para exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva Carta Fundamental, que restablezca los grandes avances democráticos que Chile alcanzó en el siglo veinte, que haga efectivas las libertades y derechos proclamados en las heroicas jornadas de lucha contra la dictadura y que restituya la soberanía nacional a manos de su único titular: el pueblo de Chile.

Deberemos afrontar enormes obstáculos que opondrán quienes se obstinan en mantener sus mezquinos privilegios, a saber: la oligarquía y el autoritarismo de viejo cuño que han sido capaces de cooptar a dirigentes políticos que, en el pasado, criticaron a la dictadura pero que actúan ahora como administradores de su nefasta herencia.

Para conservar la vieja institucionalidad, las elites privilegiadas fomentan la apatía ciudadana y desalientan todo signo de cohesión y solidaridad en la base social. Resultado de lo anterior es que, en 1989, los ciudadanos que no participaron en las elecciones, o votaron  nulo o blanco, representaban el 15,4%. Después de 16 años aumentaron al 42,5%. Confirma esta tendencia el hecho de que entre el 85 % y el 90 % de los chilenos desconfían del parlamento, del Poder Judicial y de los partidos políticos.

LLAMAMIENTO

El rumbo actual del país compromete gravemente el futuro de las jóvenes generaciones y nos conduce inexorablemente a la pérdida de independencia, libertad y dignidad. Chile, con su colosal riqueza y su extensa trayectoria republicana, se encuentra en condiciones de proveer, con creces, la satisfacción de las necesidades materiales, culturales y espirituales de toda su población. Para que ello sea una realidad, no podemos soslayar los temas institucionales.

No hay razones para resignarse y permitir que nuestro país permanezca, por tiempo indefinido,  bajo la tutela del capital foráneo y los poderes fácticos locales.

Apelamos, por ello, a todas las reservas morales de la nación, a todos los trabajadores, hombres y mujeres, que a diario viven en la incertidumbre de su frágil subsistencia, a todos los empresarios hastiados de los privilegios que se otorgan al capital extranjero, a todos los jóvenes que culminan agobiadoras jornadas de estudio con un título de cesantes, a los sectores religiosos que constatan la falta de escrúpulos y de valores de quienes amasan fortunas atropellando la dignidad y los derechos ciudadanos;  a los adultos mayores, que tras una vida laboriosa son condenados a la pobreza por las AFP que se apropian de sus ahorros previsionales con fines especulativos; a lo mejor de la intelectualidad, a nuestra comunidad científica y académica, a nuestros artistas y gestores culturales, a los pueblos originarios, a todos los sectores que sufren discriminación de clase o de género, para que sean parte activa en esta gran fuerza social y política que demanda un orden social e institucional en armonía con nuestro desarrollo histórico y cultural, abierto al conocimiento y a las nuevas tendencias que se plantean la defensa de la especie humana ante el peligro de una nueva catástrofe ecológica de impacto mundial.

Factor fundamental para el éxito de esta tarea es la superación constructiva del sectarismo, el mesianismo y el dogmatismo, vicios que -paradojalmente- sirven a la mantención del status quo, porque contribuyen a neutralizar la fuerza de la mayoría ciudadana inspirada en ideales superiores de soberanía, dignidad y libertad.

Nuestro objetivo no admite postergaciones ni ambigüedades: generar un gran movimiento ciudadano que exija la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política del Estado en la que se garanticen los derechos humanos, económicos y sociales, restableciendo la soberanía nacional a manos del pueblo de Chile.

Entre otras acciones proponemos que, en las próximas elecciones municipales, al momento de marcar nuestra preferencia, escribamos en la papeleta la frase "Constitución democrática ahora" lo que, según la ley vigente, no invalida el sufragio. Vigilaremos que esos votos sean rigurosamente escrutados, computados y contados.

Llamamos a todos los chilenos y chilenas -donde sea que se encuentren- para que, desde ahora mismo, suscriban este llamamiento, promuevan debates y emprendan múltiples iniciativas tales como plebiscitos comunales, o barriales, foros y charlas en agrupaciones estudiantiles, poblacionales, campesinas,  colegios profesionales, etc.,  que pongan de manifiesto el mayoritario apoyo de los chilenos a una nueva Carta Fundamental.

De esta forma, paso a paso, se irá configurando una gran fuerza unitaria que represente la aspiración colectiva de quienes amamos a Chile y nos sentimos parte de un pueblo que, recogiendo las lecciones de la historia, asume la construcción de su propio destino, entrañablemente hermanado con el de los pueblos latinoamericanos y con la paz y la solidaridad en todo el planeta.

 

 

Comunicado FEDACh - Derecho a Voto

COMUNICADO

Entre las 9 y 18 horas del Sábado 19 de Mayo del 2007, sesionó en la ciudad de Neuquén Capital la Comisión Directiva de la FEDACh (Federación de Asociaciones de Chilenos en Argentina), contó con el acompañamiento de  organizaciones locales vinculadas al quehacer de los inmigrantes chilenos residentes en la zona, entre otras, el Centro de Estudiantes Chilenos Exonerados Políticos de Río Negro y Neuquén,   la Pastoral de Migraciones de Neuquén y Centros de Residentes del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

El tema tratado en el encuentro, fue el Derecho a Voto de los chilenos en el Exterior,  alrededor del mismo se profundizaron algunos aspectos:

  1. Evaluación de la Primeras “Jornadas por el Derecho a Voto de los chilenos en el Exterior”, realizadas entre el 15 y 19 de Enero-2007 en Santiago de Chile, en instalaciones de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y cuyos resultados dieron origen a una serie de actividades futuras.

  1. Avanzar en la organización de las “Segundas Jornadas por el Derecho a Voto de los Chilenos en el Exterior”, acordadas para la primera quincena del mes de Noviembre del corriente año,  también en Santiago de Chile.  A diferencia de las Primeras Jornadas, que fueron para organizaciones de residentes chilenos en Argentina, las segundas Jornadas serán para representantes de organizaciones de chilenos de cualquier lugar del planeta.  Ya adelantaron su participación representantes de España, Francia, Suecia, Suiza, Canadá, EEUU, Brasil y Ecuador.

  1. Creación de la Comisión de FORMACION CIUDADANA en la FEDACh , encargada de implementar un “programa” amplio de Educación Cívica para todas las organizaciones de residentes chilenos en Argentina.

  1. Ampliación de la “estrategia comunicacional” de FEDACh hacia el interior de las provincias argentinas, hacia Chile y hacia todo país que cuente con organización de chilenos residentes. Para cumplimentar esta línea de acción se designa a un grupo de jóvenes especialistas, hijos de chilenos nacidos en Argentina, que entre otras tareas deberán diseñar un Boletín Informativo en formato tradicional y también una Página Web.

  1. Ante el reciente fracaso en el parlamento chileno del Proyecto de Ley por el Derecho a Voto de los chilenos en el Exterior, la FEDACh reafirma su convicción de trabajar por el ejercicio del PLENO derecho y no de manera “parcial” como lo preveía el proyecto del Gobierno de la Presidente Bachelet ,  que sólo nos permitía votar para presidente de la república y nos excluía de toda otra instancia electoral.  El proyecto del Gobierno de Chile contó con el voto favorable de los parlamentarios de la Concertación , la abstención de la derecha tradicional de Renovación Nacional (RN) y el rechazo de la derecha pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI).
CONSEJO DIRECTIVO FEDACh Federación de Asociaciones Chilenas en ArgentinaNeuquén, 19 de Mayo de 2007.