Al cumplirse justo un año desde que CIPER revelara las irregularidades en la millonaria licitación del Registro Civil que se adjudicó la empresa india Tata, Jorge Lobos, jefe de gabinete de Guillermo Arenas cuando éste dirigió dicho servicio, fue procesado y encarcelado como su ex jefe. No fue la única mala noticia que Lobos recibió. El sumario que le abrieron en la Dirección de Crédito Prendario (más conocida como “La Tía Rica”), institución a la que pertenecía, se cerró con su destitución.
Francisca Skoknic, CIPER
Para el abogado Jorge Lobos, esta fue una de esas semanas para borrar del calendario. Y todo ocurrió al cumplirse exactamente un año desde que todo empezó a derrumbarse. El 17 de marzo de 2008, una investigación de CIPER destapó el escándalo por las irregularidades en una millonaria licitación del Registro Civil. Como jefe de gabinete de Guillermo Arenas, entonces director de la entidad, Lobos debió renunciar ocho días más tarde. Volvió a la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep, más conocida como “La Tía Rica”), donde mantenía su cargo. Ahí por poco lo relegan. Como recibimiento, lo mandaron a hacer un informe sobre el mausoleo de la institución. Pero casi de inmediato le abrieron un sumario administrativo. El domingo pasado, la Dicrep dio a Lobos por notificado del resultado: destitución. Desde ese día dejó de recibir el sueldo que se le pagó durante los diez meses en que estuvo suspendido.
Pero todavía faltaba lo peor. Al día siguiente, el lunes 16 de marzo, tuvo lugar la audiencia de formalización de los implicados en las irregularidades de los contratos entre el Registro Civil y la Universidad de Santiago (Usach) (Ver Recuadro). A Lobos no sólo se le imputó el delito de fraude al fisco, sino que se lo consideró un peligro para la sociedad y quedó detenido en el penal de Santiago 1.
Arenas y Lobos se conocieron hace más de 30 años en los pasillos de la Universidad de Chile, donde estudiaron Derecho. El dato fue relatado por ambos cuando declararon en el sumario que la Dicrep le abrió a Jorge Lobos y al que CIPER tuvo acceso. El corazón de la investigación fue determinar qué tanto sabía Lobos de las anomalías que se cometieron en la licitación del Registro Civil que se adjudicó la empresa india TATA. Tal como en las pesquisas a sigue la Fiscalía Centro Norte, fue María Isabel Moya, la jefa de informática de dicha entidad, quien lo acusó directamente de haber sabido con más de un año de antelación que Andrés Contardo, al mismo tiempo de asesorar en el proceso de licitación del Registro Civil, trabajaba para TATA.
María Isabel Moya aseguró que descubrió que Contardo trabajaba para TATA en enero de 2007, es decir, meses antes de que se diera inicio al proceso de licitación y más de un año antes de que el caso explotara. En su declaración, el jefe de infraestructura tecnológica, Claudio Pavez, agregó que desde un principio sospecharon de los movimientos del asesor: “Cuando empezamos a ver lo que tenía hecho Contardo, nos pareció dudoso y su fundamento técnico era poco. No fue capaz de defender su trabajo”. Su colega Walter Montenegro, jefe de seguridad informática, declaró que ante la persistencia de las dudas, decidieron revisar los documentos de Contardo. Sorpresa: “Encontramos documentos que venían con la autoría de TATA”.
Al descubrir que los archivos presentados por Contardo al Registro Civil habían sido creados en un computador de la multinacional india, los profesionales anteriormente nombrados dijeron haber buscado en Internet hasta dar con el currículum del asesor. Y en él decía claramente que había trabajado en Comicrom, la empresa que compró TATA para entrar al mercado chileno. Allí estaba, dijeron, lo que explicaba la conexión.
En ese momento, faltaban meses para la apertura de la licitación y por lo tanto aún no había certeza de que TATA participaría en ella, pero de todos modos María Isabel Moya afirmó haber denunciado el hecho ante Lobos y Arenas. “En esas ocasiones no fui muy bien tratada ni recibida. Me dijo Arenas dos días después Te guste o no te guste vamos a seguir trabajando con Contardo (…) Lobos trató de minimizar la situación. Dijo que no podíamos hacernos cargo de rumores. Yo le dije que no eran rumores, que era una información cierta”, declaró Moya.
Ante la fiscalía, la jefa de informática agregó que cuando explotó el escándalo por el artículo de CIPER, Arenas le pidió ocultar lo sucedido. “La reunión que sostuvimos en la cual tú me informaste que Contardo trabajaba para TATA, nunca, nunca, nunca existió“, le habría dicho Arenas según la versión de Moya.
En su declaración por el sumario de la Dicrep, Lobos negó haber sabido que Contardo trabajaba para TATA y aseguró haberse enterado sólo a través del reportaje de CIPER. Arenas, quien en el sumario se define a sí mismo como “un ciudadano común”, también desmiente e ironiza sobre los dichos de Moya: “¿En qué bola de cristal adivinó (Moya) que ocho meses después se iba a presentar TATA? (…) Yo a María Isabel Moya le tengo compasión, ella tiene una vida privada muy delicada y es a lo único que atribuyo esta incoherencia. En mi declaración ante la fiscalía señalé que el equipo de informática fue penetrado por la empresa privada”. Arenas acusó además a María Isabel Moya de haber mentido ante la fiscalía y afirmó que ésta rectificó la fecha en la cual dice haberle informado de la relación de Contardo con TATA.
Las acusaciones de Arenas surtieron poco efecto ante la fiscal de la Dicrep, Alejandra Zúñiga. La fiscal no le creyó ni a él ni a Lobos que no existía entre ellos una relación de amistad y en cambio confió en los integrantes del equipo de informática para determinar que el vínculo era estrecho. Por ello, la declaración de Arenas en defensa de su ex jefe de gabinete no fue considerada válida. Y, lo más importante, la fiscal Zúñiga confió en Moya y su equipo al concluir que Lobos sabía que Contardo trabajaba para la empresa india.
Si seguimos el razonamiento de la fiscal, habría que creer en el retrato que hace Moya de los dos ex funcionarios del Registro Civil: “Lobos es una persona muy cálida, receptiva y sonriente. No se inmuta. Arenas era histriónico, casi exageradamente”.
Un sumario muy singular
Jorge Lobos era un antiguo funcionario de “La Tía Rica”. Fue ahí donde en 1994 se reencontró con su viejo conocido de los tiempos universitarios, Guillermo Arenas, quien ese año asumió la dirección de la Dicrep.
Durante la gestión de Arenas en la Dicrep, Lobos cometió una falta que recién ahora le cobró cuentas. En enero de 1996, autorizó un préstamo por un millón de pesos a la madre de su hijo, Erika Henríquez González, quien luego fue contratada en las oficinas de la Dicrep en Temuco. Como garantía, la mujer presentó un auto que dijo ser suyo, pero que en realidad era propiedad de Lobos. En 1998 la Contraloría investigó los hechos y determinó que “se estaría en presencia de una trasgresión al principio de probidad administrativa”. Sin embargo, no formuló cargos por estimar que la responsabilidad administrativa estaba prescrita.
Estaba prescrita pero no enterrada, pues el hecho fue considerado como agravante en la resolución de la fiscal Alejandra Zúñiga, cuyo sumario terminó por costarle su puesto como funcionario de la Dicrep.
Para los directivos de la “Tía Rica” el regreso de Jorge Lobos a la institución se había transformado en un dolor de cabeza. Durante su gestión en el Registro Civil, mantuvo la propiedad de su cargo en la Dicrep, por lo tanto tenía derecho a volver a ocuparlo. Anunció que arribaría el 14 de mayo de 2008. Las autoridades del organismo se preocuparon por la llegada de Lobos. El hombre que se reintegraba a sus funciones venía con la carga de ser el jefe de gabinete de Guillermo Arenas, quien fue obligado a renunciar -junto a toda la plana directiva del Registro Civil- a raíz de un escándalo de corrupción. Sus colegas también se pusieron en alerta: una dura carta de la Asociación de Funcionarios de la Dicrep (Anacrep), cuestionando su reintegro y recordando la irregularidad que cometió en 1996, empezó a circular.
Lobos retomó sus funciones en la Dicrep el 15 de mayo. Un día después de lo previsto. Se justificó diciendo que el primer día nadie lo recibió. El director subrogante, Juan Antonio Castillo, le pidió hacer una investigación del mausoleo de la Dicrep en el Cementerio General y un estudio de los bienes inmuebles. Y alcanzó a trabajar hasta el 20 de mayo –sólo cuatro días, con un fin de semana entremedio-, pues fue notificado de que se abría un sumario en su contra. En el proceso administrativo, Castillo calificó su disposición como displicente, se quejó de que en esos pocos días Lobos hizo un mal trabajo (nunca rindió cuentas de lo realizado), y calificó de grave que pasara a llevar a la jerarquía.
En su réplica, Lobos se defendió diciendo que entregó el resultado de su trabajo a un colega. Sin embargo, hasta hoy los antecedentes del mausoleo de la Dicrep están desaparecidos. Y acusó haber sido maltratado por su jefe, el que lo relegó a una oficina de la que no tenía llave y por lo tanto debió esperar tres horas a que le abrieran. Además, se quejó de que ni siquiera tenía un computador donde trabajar. Al final, la fiscal debió carear a Lobos con Castillo, quien afirmó que el computador funcionaba y sólo le faltaba la conexión a Internet.
La defensa de Lobos cuestionó el sumario pues la investigación principal versaba sobre hechos acontecidos en otro servicio (el Registro Civil), pero fueron los cargos por no haber hecho el trabajo sobre el mausoleo en la Dicrep los que validaron el sumario. En su resolución del 6 de marzo pasado, que dio curso a la remoción de Lobos, el contralor Ramiro Mendoza ratificó que si bien un servicio no puede sancionar las irregularidades cometidas en otro, no existen vicios en la sanción a las faltas cometidas por Lobos en la Dicrep.
Los contratos que lo llevaron a la cárcel
Dos contratos entre el Registro Civil y la Usach que suman $400 millones fueron los que llevaron a Jorge Lobos a la cárcel. De acuerdo a las declaraciones del ex rector de la Usach, Ubaldo Zúñiga –también formalizado el lunes-, Jorge Lobos fue quien quedó a cargo de los contactos para la realización de los trabajos que debían apoyar la licitación de servicios informáticos del Registro Civil y elaborar un proyecto de rediseño organizacional.
La Fiscalía Centro Norte y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) cuestionan que los contratos se hayan realizado sin licitación pública y sin toma de razón de la Contraloría, pese a superar las 200 UTM. También se pone en duda que la mayoría de los funcionarios de la Usach hubieren hecho el trabajo contratado, ya que gran parte de los informes que se entregaron ya habrían existido desde antes en el Registro Civil. El 19 de diciembre de 2008, el actual rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, decidió iniciar un sumario administrativo interno ante estas situaciones.
El lunes pasado también fueron formalizados Humberto Jorquera Salazar, Cristian Escalona Pavez y Luis Enrique Araya Castell. Sólo este último y Lobos quedaron en prisión preventiva.
En diciembre pasado, la Contraloría ya había cuestionado 44 contratos de asesorías hechas por particulares al Registro Civil, la mayoría de las cuales fueron visadas y suscritas por Jorge Lobos. La fiscalía formalizó en enero a Guillermo Arenas por considerar que las asesorías eran injustificadas y por los contratos con la Usach, imputándole 155 fraudes al fisco que lo tienen ahora en la cárcel.
La fiscalía sigue con la investigación y anuncia nuevas acusaciones. Ahora pidió audiencia para formalizar a cinco de los asesores de Arenas: Ramiro Moya, Verónica Escudero, Claudio Vásquez, Sergio Benvenuto y Felipe Polanco.
Las acusaciones contra CIPER
Desde que CIPER destapó las irregularidades en la millonaria licitación del Registro Civil adjudicada a la multinacional india TATA, algunos de los imputados han hecho circular el rumor de que la investigación periodística habría sido pagada por una de las empresas que perdió.
Las acusaciones fueron formalizadas en el sumario contra Lobos llevado a cabo por la Dicrep, en el que también declaró el periodista de CIPER Cristóbal Peña.
El abogado de Jorge Lobos, Carlos Yáñez Mizón, acusó en reiteradas oportunidades a este centro de investigación periodística. En un escrito, dijo que tras haber perdido la licitación, la empresa Quintec contrató a una empresa de asesoría comunicacional para dar a conocer a través de los medios de comunicación las irregularidades del proceso. Según el abogado, ese trabajo habría sido realizado por CIPER, por lo que pidió investigar los términos del supuesto contrato y si éstos consideraban un número de publicaciones, entre otras cosas. La fiscal desestimó la solicitud.
Lo cierto es que desde que se destapó el escándalo, por más que han buscado algún tipo de relación contractual o de otra especie entre CIPER y alguna de las empresas que participaron en la licitación que se adjudicó irregularmente Tata, no han encontrado nada. Y ello, porque la investigación de CIPER fue obra de sus periodistas, sin que nadie les encargara ni menos les pagara por eso.
Documentos PDF:
Declaración de Walter Montenegro Tapia
Declaración de María Isabel Moya
Declaración de Juan Antonio Castillo Saavedra
Declaración de Jorge Lobos Díaz
Declaración de Guillermo Arenas Escudero
Declaración de Claudio Pavez González
Escrito del abogado de Jorge Lobos, Carlos Yáñez P.I
Escrito del abogado de Jorge Lobos, Carlos Yáñez P.II
Dictamen final de la fiscal de la Dicrep, Alejandra Zúñiga
Resolución de la Contraloría General de la República
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