El caso comenzó cuando el 15 de mayo del 2004, el diario estadounidense, Washington Post, dio a conocer un informe del Senado de Estados Unidos que reveló que Pinochet ocultó entre cuatro y ocho millones de dólares en cuentas personales en el Riggs Bank, por lo que el ministro Sergio Muñoz fue designado en Chile para investigar si el otrora gobernante de facto cometió los delitos de fraude al fisco, exacción ilegal, malversación de caudales públicos y cohecho.
El magistrado estableció, en abril del año 2005, que la fortuna de Pinochet estaría por sobre los 17 millones dólares, sumando todos sus bienes, los intereses en las cuentas del Riggs y las del Banco de Chile en Nueva York. Todavía faltaban por descubrir las cuentas en Suiza, en Inglaterra y otros.
Un mes después, Muñoz, así como la Office of the Comptroller of the Currency (OCC), equivalente a la Superintendencia de Bancos de Estados Unidos, descubrieron que el Banco de Chile mantenía los fondos de Pinochet sin considerar las disposiciones del Acta Patriótica para evitar el lavado de dinero. Se inició así una investigación en torno a esta y otras instituciones bancarias.
Algunos informes han dado luces de que el Banco de Chile habría ayudado al abogado y albacea de Pinochet, Oscar Aitken, a abrir una serie de firmas en paraísos fiscales, para así esconder los dineros de la acción de la justicia española. El año 2004, y para evitar un daño a su imagen e incurrir en ilícitos, el Banco de Chile cerró las cuentas de Pinochet y las de su familia. Con esto terminó un vínculo comercial iniciado en 1973.
Sin embargo, meses después, un informe de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac), entregado al juez Muñoz, señaló que las cuentas encontradas en Estados Unidos, más los intereses devengados en el tiempo y las inversiones que se realizaron, sumaban 28 millones de dólares como parte de la fortuna del clan Pinochet.
A esto, hubo que agregarle después la información que entregó el gobierno Suizo al juez Muñoz, sobre 3 millones de dólares pertenecientes al clan Pinochet que fueron encontrados en ese país.
En otras palabras, aún faltando por pesquisar varios países de Europa, la fortuna de los Pinochet alcanzaba, hasta ahora, a 31 millones de dólares, aunque fuentes allegadas a la causa indicaron que la fortuna total podría llegar a los cien millones de dólares.
Venta de armas
El Consejo de Defensa del Estado, por su parte, acusó que los dineros de Pinochet provienen, en parte, de la venta ilegal de armas.
El CDE sostuvo que el origen de los dineros proviene de dos fuentes, la primera corresponde a fondos reservados los que fueron transferidos a las cuentas de Pinochet a partir de la década de los 70, desde la Casa Militar. Y el segundo origen, corresponde a recursos que llegaron de manos de empresas de armamentos en el extranjero.
Informaciones extraoficiales señalaron en ese momento a LND que en el caso del primer origen la cifra no superaría los 500 mil dólares, pero en el segundo se habla de once millones de dólares. Resta así la incertidumbre de cómo logró amasar una fortuna de 26 millones de dólares, a los cuales se le debe sumar otros cuatro más por concepto de intereses.
Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos (SII) señaló que existen antecedentes de al menos cien cuentas en veinte bancos diferentes repartidos por el mundo y de un daño al patrimonio fiscal que alcanza los cinco mil 754 millones de pesos sólo considerando desde 1980 a 2004.
Cambio de juez
En octubre del 2005 se aclararon varios aspectos de este caso. El juez a cargo, Sergio Muñoz, fue ratificado por el Senado como nuevo integrante de la Corte Suprema, por lo que debió abandonar el caso y dejarlo temporalmente en manos del juez Jorge Zepeda.
Además, la Corte Suprema decidió desaforar a Pinochet por tres de los capítulos vinculados al denominado caso Riggs. La resolución del máximo tribunal aludía a la causa por fraude tributario, en que estaban procesados su esposa Lucía Hirart, su hijo Marco Antonio Pinochet, su secretaria Mónica Ananías y su ex albacea Óscar Aitken.
A ello se sumó el episodio por la falsificación de declaración jurada de bienes ante notario, realizada por Pinochet el 19 de octubre de 1989 y además el uso de pasaportes adulterados entre ellos la utilización de membrete de la Subsecretaría de Guerra.
Ese mismo mes, el juez Carlos Cerda fue designado para investigar las millonarias cuentas de Pinochet en los distintos bancos descubiertos y su primera resolución, el 3 de noviembre, fue sobreseer al general en retiro en dos de los seis hechos por los que era investigado.
El ministro decidió no seguir investigando en la compra que el ex dictador hizo de terrenos en el sector de El Melocotón, en el Cajón del Maipo. Lo mismo resolvió con la denuncia hecha por el juez español Baltasar Garzón, tras detectar que eludió las medidas cautelares que había dispuesto mientras Pinochet estuvo detenido en Londres entre octubre de 1998 y marzo de 2000.
Para resolver lo anterior, Cerda se basó en lo decretado tanto por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, cuando ambos tribunales rechazaron las peticiones de desafuero en contra de Pinochet.
En febrero de este año, Cerda hizo efectivo el embargo y traslado de 169 mil dólares que Lucía Pinochet Hiriart mantenía en el Banco Atlántico de Miami, Estados Unidos, dinero que lucía bajo uno de sus nombres alternativos: Inés L. Hiriart.
En estos momentos el caso Riggs se encuentra paralizado, ya que la defensa de Pinochet presentó un recurso de implicancia en contra del juez Cerda, que lo sacó de la investigación temporalmente.
Es por eso que el juez Juan González asumió el proceso, aunque, por una orden de no invocar acompañada del recurso en contra de Cerda, está impedido de dictar cualquier tipo de diligencia. Así esta compleja madeja sigue en compás de espera, pero ahora con más antecedentes que hablan de oro.
