Primera Piedra 416 análisis Semanal
Del 6 al 12 de junio del 2011
EL ANÁLISIS SEMANAL DE PRIMERA PIEDRA
(Nº 416 del 6 de junio de 2011)
LA POLÍTICA SIN IDEAS ESTIMULA LA CORRUPCIÓN.
http://www.primerapiedra.cl
EDITORIAL
Crisis de representatividad (no de gobernabilidad). Ni la derecha ni la concertación representan a la gente (ver artículo), al revés, concitan una maciza desaprobación. Todos -incluyendo el PC y el PRO- tiene las mismas posibilidades de constituirse en mayoría mañana si ganan la confianza de la gente. Para algunos será más difícil porque se les conoce como parte del arreglo cupular que cruza a la “clase política”. La gente está buscando representantes confiables y que le protejan de los abusos del sistema, de empresas que se coluden (farmacias, electricidad, hoy buses) y que cobran indiscriminadamente (bancos, isapres, AFP’s). Una alianza público privada con responsabilidad social, regulaciones reales, ganancias legítimas y con el usuario como protagonista es la única posibilidad para un país pequeño como Chile.
I.- ENCUESTA ADIMARK: …CHAO JEFE!!!. Rafael Urriola U.
Es en los momentos de crisis que se ven los “gallos”. El gobierno y el Presidente obtuvieron la peor evaluación del período según la encuesta Adimark (36% de aprobación y 56% que desaprueban la gestión). Esto lo habían previsto, probablemente por tener información adelantada, algunos parlamentarios de la UDI que se apresuraron a criticar las debilidades de conducción política del gobierno. Quienes conocen al Presidente Piñera saben que este tipo de críticas le son particularmente irritantes porque apuntan a sus propias capacidades. ¿Qué hará?.
La caída de la aprobación es más fuerte en Santiago (de 43% a 32% en dos meses) justamente donde es más notoria la ineficiencia gubernamental. En realidad, lo que más ha cambiado en el Transantiago es el precio de los pasajes (30% de aumento en el año) y la delincuencia campea. Ambas fueron ofertas de campaña porque atribuían alegremente estos problemas únicamente a una supuesta mala capacidad de gestión de los técnicos de la concertación. No obstante, de los 10 temas consultados solo en relaciones internacionales el gobierno obtiene más de 50% de aprobación mientras que en transporte público, salud, delincuencia y corrupción en los organismos públicos lo reprueban 66%; 62%; 64%; y 59% de las personas, respectivamente. Es decir, en las áreas emblemáticas que le permitió a la Alianza ganar las elecciones la reprobación es muy alta.
1 Este análisis y los anteriores se encuentran en www.primerapiedra.cl Hay errores frecuentes en los servidores de correo electrónico, por lo que Ud puede siempre acceder al Análisis Semanal en esta página web. A la sección de comentarios y opiniones puede escribirnos a primerapiedra@gmail.com
La caída más notoria de apoyo se produce en educación en que, en un mes, desciende el grado de aprobación de 60% a 44%. La gente hoy está reaccionando al gran negocio de los establecimientos escolares. Los exagerados aranceles y la masificación del ingreso a la educación superior generalizan también el malestar por esto. Asimismo, solo uno de cada tres chilenos aprueba como el gobierno maneja la delincuencia. Este podría ser el peor resultado visto todos los discursos, amenazas y apuestas que hicieron las actuales autoridades en el momento de la campaña.
Resultados y conclusiones similares se ven en cuanto a corrupción (sólo 32% aprueban). La derecha no ha mostrado menos corrupción que la que le atribuía, con o sin razón, a la Concertación en forma ni en contenido. En forma, todos se hicieron los lesos con la descomunal coima del alcalde UDI de Colina que por tribunales debe devolver parte del billete recibido. Inaceptable!!! La gente no es tonta!!!. El caso Kodama supera en varios millones de dólares a lo peor que se le atribuye a sus rivales!!! También se hacen los lesos como si un negocio de esta envergadura pudiese ser desconocido por las máximas autoridades. De hecho la ministra Matte (UDI y esposa del senador Larraín) va a tribunales como imputada lo cual es lógico porque tiene relaciones muy profundas y antiguas con el abogado Alvaro Baeza –principal inculpado- que se sabe estaba especialmente interesado en que la “transacción” se hiciese con rapidez.
Por su parte, el presidente del Partido Socialista -aludiendo al gobierno- dice que el “barco hace agua” pero recordemos que la situación actual no es peor de lo que opinaron los santiaguinos luego del rimbombante lanzamiento del Transantiago en pleno gobierno de Bachelet. El presidente del PDC sugiere cambios de gabinete. Como sea, las propuestas de la Concertación son poco claras en cuanto al sentido y alcance de las transformaciones en la conducción del actual gobierno.
Pero si de números se trata, la opinión de la gente acerca de la Concertación es todavía peor porque recibe un 23% de aprobación y un descomunal 65% de desaprobación (más que la Alianza, 57%), es decir, también hace agua el barco de la concertación y también sería necesario cambios radicales de las cúpulas actuales.
Curiosamente, la Alianza y la Concertación se preocupan sólo de la paja en el ojo ajeno, criticándose mutuamente, pero lo concreto es que la población no quiere mucho saber ni de unos ni de otros. La llamada “clase política” -binominalmente representada- resulta particularmente desfavorecida por el escrutinio público. Se lo ha ganado sin discusión. Es común que los políticos defiendan una cosa y luego argumentando criterios “superiores” voten por todo lo contrario. La gente cree que en estas definiciones hay mucho de “arreglines personales”. A eso deben responder. La gente les perdió el respeto y la confianza tanto a la Alianza como a la Concertación. Ya no disciplinan ni podrán asegurar que la gente de cualquier edad les siga: chao jefe!!! Como dice el comercial… es decir, ya no hay nada que una a la gente con la política actual binominal.
II.- LA INEXPLICABLE LICITACIÓN QUE GANÓ KODAMA: PRESENTÓ LA OFERTA MÁS CARA Y NO TUVO COMPETENCIA.
Por Ximena Pérez Villamil. En El Mostrador
La licitación del corredor Pedro Aguirre Cerda que ganó Kodama fue un pésimo negocio para el Fisco. De principio a fin. La empresa, cuyo principal cliente es el Estado, presentó la oferta más cara: $25.567 millones, un 41% superior al presupuesto
oficial del Serviu ($18.112 millones). Si sus competidoras –Dragados y Brotec- quedaron fuera no fue, simplemente, porque no tuviesen capacidad económica.
Kodama sería la que cuatro años después exigiría $17 mil millones al Serviu por mayores costos en la construcción. Un decreto firmado por la renunciada ministra de Vivienda, Magdalena Matte, autorizando el pago, que luego paralizó, dio origen al escándalo que puso el juego la probidad funcionaria del gobierno de Sebastián Piñera. La Contraloría, en su informe, estableció la existencia un “ardid” entre el Serviu y Kodama, a espaldas suyas, y criticó la falta de aplicación de la ministra por aprobar el acuerdo sin antecedentes, apoyada en la opinión de su abogado de confianza y asesor, Alvaro Baeza, y de cuatro funcionarios de la plana mayor del Serviu que dieron visto bueno al acuerdo y que salieron del organismo así como Matte del Minvu. En paralelo, la Fiscalía Centro Oriente investiga las responsabilidades penales en un proceso al que han concurrido a declarar la mayor parte de sus protagonistas. Mientras, la comisión investigadora de la Cámara no ha logrado que ninguno de los tres citados -todos ex directores del Serviu- hayan prestado testimonio.
Los antecedentes recogidos por El Mostrador permiten conocer las razones que explican una licitación inexplicable si de velar los intereses del Estado se trata.
Sin competidores de verdad
El 30 de noviembre de 2006, el entonces director del Serviu, Ricardo Trincado Cvjetkovic, adjudicó tres obras del Transantiago a las cuales se presentaron muchos postulantes.
Según antecedentes obtenidos por El Mostrador, primero fue el corredor de Vicuña Mackenna. Hubo siete interesadas, entre ellas, Icafal, Besalco y Brotec, que ganó con la segunda mejor oferta ($10.451 millones, un 8,8% inferior al presupuesto oficial del Serviu). Dragados ofrecía $333 millones menos. Kodama no compitió.
La licitación pudo haberse declarado desierta pero el Serviu desechó la alternativa. En tanto el Ministerio de Obras Públicas dio el visto bueno a las adjudicaciones. El responsable de la decisión: el entonces director subrogante de Vialidad, Mario Fernández, y su actual titular.
Luego fue el turno del anillo interior de Américo Vespucio. Seis empresas fueron a la pelea y se la adjudicó Dragados –la mayor constructora española de Florentino Pérez, el presidente y socio del Real Madrid- con la oferta más baja: $10.322 millones, un 9,5% inferior al precio de referencia del Serviu. Kodama, esta vez, sí se presentó con $11.742 millones.
La última era la licitación de mayor costo: el corredor Pedro Aguirre Cerda. Con una oferta que superaba en un 41% el presupuesto del Serviu, Kodama ganó. Su oferta fue por $25.567 millones versus $21.422 millones de Dragados y $21.629 millones de Brotec.
El Serviu explicó, en su oportunidad, que las ofertas de Dragados y Brotec fueron rechazadas por “no poseer capacidad económica”, o sea, recursos disponibles en el corto plazo para las boletas de garantía. Nada extraño, porque siendo empresas grandes, a veces, tienen tantos proyectos que no cuentan con dinero en caja. Pero hay otra explicación que ha omitido, hasta ahora, el Serviu. Y es la clave para entender cómo el Estado hizo un tan mal negocio.
A Dragados y a Brotec se les habían adjudicado dos obras antes de la adjudicación del corredor de Pedro Aguirre Cerda. Y por eso, no contaban con la capacidad económica. Kodama corrió sola y se llevó el proyecto más famoso del Transantiago.
La licitación pudo haberse declarado desierta pero el Serviu desechó la alternativa. En tanto el Ministerio de Obras Públicas dio el visto bueno a las adjudicaciones. El responsable de la decisión: el entonces director subrogante de Vialidad, Mario Fernández, y su actual titular.
Ricardo Trincado: del Serviu al MOP, ahora gerente de Dragados
El 11 de mayo pasado Ricardo Trincado, el ex director del Serviu, estaba citado a la comisión investigadora del caso Kodama. Se excusó de asistir porque vive en Puerto Montt pero irá el 1 de junio. Miembro del Partido Socialista, de 48 años, ocupó varios cargos en el Estado. El último fue coordinador de concesiones del MOP, al que renunció con la llegada del nuevo gobierno. Actualmente es gerente general de Rutas del Canal, una de las filiales de Dragados en Chile, a cargo de la ruta Puerto Montt-Pargua.
Cercano al senador por la Sexta Región, Juan Pablo Letelier, de quien fue jefe de gabinete en su primer período como diputado, Trincado además fue seremi de Obras Públicas e intendente de la Sexta Región. En 2005 asumió como director del Serviu y renunció en febrero de 2007 para trabajar en el MOP, en una unidad para crear una superintendencia de la cartera, lo que no se concretó. Dos años después pasó a cargo del área de concesiones del MOP.
Cuando entró a trabajar a Dragados, en junio de 2010, declaró que no existía incompatibilidad ni impedimento legal. “Sin falsa modestia debo ser de las personas más experimentadas en gestión de infraestructura y esa experiencia vale. Suponer cualquier otra cuestión negativa -como capacidad de influir en la administración pública- es sencillamente no conocer la rectitud con que actúan los funcionarios públicos en su relación con empresas privadas”, sostuvo en El Mercurio.
Marcelo Díaz, diputado del PS, cuya pareja Silvana Airola, fue subdirectora jurídica del Serviu desde 2008 hasta el cambio de gobierno, explicó -ante una consulta de El Mostrador- que se abstuvo de votar para crear la primera comisión, porque el PS no definió el asunto y él había patrocinado, con anterioridad, una querella por fraude al Fisco ante la Fiscalía Centro Norte. “La segunda vez voté a favor de la comisión investigadora, porque se dijo que queríamos defender a Trincado y Andrés Silva (posterior director del Serviu, PS) y no queríamos que se abriera ningún flanco respecto de que estábamos escondiendo algo”.
III.- UN 95% DE LOS EMPLEOS ASALARIADOS ACUMULADOS DESDE ENERO-MARZO 2010 SON TERCERIZADOS.
Fundación Sol. En www.fundacionsol.cl
Este informe presenta un análisis de la calidad del empleo en Chile. Ello, a partir de las estadísticas recogidas por el INE a través de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) que se realiza mensualmente. En este informe específicamente, se destaca que:
- A pesar de que se registra una variación de los ocupados de 516 mil entre el trimestre enero-marzo 2010 y febrero-abril 2011, se entrega evidencia de que el 52% de esta cifra son trabajos “por cuenta propia”, “personal de servicio doméstico”, “familiar no remunerado”, o empleadores de microempresas de menos de 5 personas, es decir, que no están vinculados necesariamente a políticas o planes de empleo del gobierno y que no están cubiertos por los sistemas de protección clásicos del trabajo. Además, en comparación con el trimestre pasado el trabajo por cuenta propia aumentó en 60 mil y el asalariado privado disminuyó en 24 mil.
-Si bien, las mujeres explican más del 50% de la variación de la ocupación (con 260 mil empleos), sólo el 37% de estos empleos femeninos son asalariados.
- El trabajo por cuenta propia que se observa en este período es principalmente precario, con alta presencia de jornada parcial y trabajadores de baja calificación. No se trata de emprendimientos robustos ni profesionales independientes.
- A la hora de analizar el trabajo asalariado, los datos dan cuenta que, a nivel agregado, aumenta en 243 mil personas. No obstante, el 95% de la variación de los ocupados asalariados corresponde a la modalidad de subcontratación, servicios transitorios y suministro de personal y enganchadores, lo cual es una señal de mayor precarización e inestabilidad en el mundo del trabajo. Entre las mujeres sólo aumenta el empleo asalariado tercerizado.
- En Chile, mayor crecimiento económico o una menor tasa de desempleo oficial, no asegura mejores condiciones de vida para todos sus habitantes. Los aspectos cualitativos pasan a ser fundamentales, tal como se puede observar en la discusión que están llevando los Premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Amartya Sen.
- Siguiendo esa lógica y utilizando los datos de la Nueva Encuesta de Empleo (NENE), la Fundación SOL ha creado el “Índice de Empleo Protegido” (IEP), el “Indicador de Inserción Laboral” (IIL) y la “Tasa de Desempleo Integral” (TDI).
- La tendencia de los últimos meses indica que se presenta un aumento del empleo asalariado y una disminución del empleo por cuenta propia (con excepción de lo observado en el último trimestre), lo cual ha sido motivo de celebración por parte del gobierno. Sin embargo, al analizar con mayor profundidad las características específicas de los empleos (ocupados) en el trimestre febrero-abril 2011, se descubre una realidad muy poco alentadora y que amenaza la profundización de la democracia y la posibilidad de alcanzar en un mediano plazo el desarrollo: Prácticamente 6 millones de personas presentan serios problemas de inserción en el mercado del trabajo, de acuerdo al “Indicador de Inserción Laboral”.
- En relación al “Índice de Empleo Protegido”, se observa que a nivel nacional, sólo un 38,9% del total de ocupados y un 52,9% de los asalariados presentan un empleo protegido, vale decir, con contrato escrito, indefinido, liquidación de sueldo y cotizaciones para pensión, salud y seguro de desempleo. Esto representa una disminución en la protección del empleo en más de 4 puntos porcentuales con respecto al trimestre diciembre-febrero 2011.
- Si extrapolamos los datos de la Encuesta CASEN 2009, se puede concluir que un 77,3% de los empleos asalariados no están protegidos y/o no superan un ingreso mensual de $300.000 (menos de dos salarios mínimos).
- Además, dentro del empleo no protegido, Fundación SOL define la categoría del trabajador “Subordinado Independiente”, como los asalariados que no tienen liquidación de sueldo, vale decir, deben enfrentar todas las normas y sistemas de control de un trabajo dependiente, pero no cuentan con el sistema de protección de derechos laborales que caracteriza a un asalariado convencional. En el trimestre febrero-abril 2011, esta categoría alcanzó un 21,1% del empleo asalariado (privado, público y servicio doméstico), lo que equivale a 1.154.120 personas.
- En resumen, se concluye que actualmente en Chile un trabajo registrado como asalariado no está asegurando mejores condiciones en cuanto a protección, estabilidad e ingresos.
- Al calcular la “Tasa de Desempleo Integral” (TDI) se contabilizan casi un millón de personas desempleadas en Chile. Al incluir el desempleo oculto y el desempleo por subempleo, los desocupados aumentan en un 78% y la tasa de desempleo se sitúa en un 11,8%, mucho más del 7,0% registrado por el Gobierno. Además, indica que son las mujeres las que se han incorporado más precariamente a la fuerza de trabajo y que la recuperación en las regiones más afectadas por el terremoto y tsunami (Maule, Bío-Bío y Araucanía), se basa fundamentalmente en mayor subempleo.
- Es importante destacar, que entre enero-marzo 2010 y febrero-abril 2011, mientras los desocupados y los desalentados caen, el subempleo se ha incrementado en 11,4%, lo cual ha sido uno de los factores centrales para explicar la disminución en la tasa de desempleo oficial registrada durante este año. En períodos de bonanza económica, cuando los empleos que se crean son de baja calidad (tal como se observa actualmente en Chile), la TDI es un fiel reflejo de la real magnitud del desempleo en la economía.
- Las autoridades, más que felicitarse por la creación de “supuestos” nuevos puestos de trabajo mes a mes, debiesen referirse y analizar las características de esos empleos. El desempleo no se derrota con trabajos ocasionales y sin protección. No es lo mismo trabajar dos o tres horas a la semana que tener un contrato de trabajo bajo jornada completa, con cotizaciones previsionales al día y poder negociar colectivamente las condiciones de trabajo.
IV.- LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA EN AYSÉN.
Luis Barrientos. Profesor Ciudad Los Angeles, Chile
Por estos días hemos asistido a la polémica y controvertida discusión sobre la construcción de cinco represas en Hidroaysén, lo que contempla un proyecto millonario, nunca antes visto e Chile, ni aun siquiera en Latinoamérica, en vista de la inversión que ello significa. Además del impacto medioambiental y económico, que afectaría negativamente al país como imagen de país en vías del desarrollo equitativo, atendiendo globalmente el concepto y no solo en sus aristas económicas o refiriéndose solo al crecimiento económico, como pretenden hacer notar empresarios y políticos neoliberales, o sea crecimiento igual desarrollo. En el siguiente planteamiento y tesis no se pretende dar detalles técnicos ni aun sobre los impactos que dicho proyecto implica, pues para ello basta con remitirse a datos en Internet o escritos de expertos a favor o en contra. Con lo que se quiere plantear, entonces, que en sí y desde ya el proyecto es malo, por el impacto negativo en el medio ambiente, por la pobreza y no la riqueza que se prevé, etc., Interesa por tanto un planteamiento más profundo del tema y que apunte a la raíz y no a la consecuencia, a la base y no a la superficie, al origen y no al resultado, resultado por cierto que es posible de cambiar, de todas formas, con un proyecto país distinto, podríamos decir extraño, sobre todo para los que detentan el poder y para aquellos que percibiendo el problema, viajan por el camino del neoliberalismo y el consumismo, alienados y con voz apagada, sin acción ni lucha por los derechos ciudadanos y personales.
Entonces, ¿cuál es la raíz del problema?. Basta revisar un solo ejemplo para darnos cuenta de que la situación que nos aqueja no es de forma sino de fondo y que nos persigue desde nuestros orígenes como nación. El ejemplo es una declaración ideológica de Eduardo Matte Pérez, bisabuelo de Eliodoro Matte, actual accionista de una de las empresas que lleva adelante Hidroaysén. Dijo el bisabuelo: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”. Sus palabras no pueden ser más oportunas para explicar el fondo del asunto. No se trata ni de desarrollo ni de progreso. No se trata de llevar seguridad y confort a los chilenos ni que seamos más competitivos a nivel latinoamericano ni que avancemos más rápido al desarrollo. No, simplemente se trata de un fondo ideológico, tan arraigado en el poder criollo por generaciones. Arraigo sustentado además `por un sistema democrático representacional y anacrónico, que genera dependencia, subdesarrollo y refuerza la división de clases, tan necesaria para la ideología capitalista. Para un chileno común se trataría entonces de un negocio muy bueno para unos pocos, es decir un flujo constante de dinero que todos los chilenos entregaríamos a unos cuantos. A ellos no les interesa lo que el chileno común piense si el proyecto se instala, no le interesa si chile es más o menos desarrollado. Es más, el subdesarrollo es muy conveniente para el poder oligárquico y para los grandes empresarios. El desarrollo implica normas estrictas, convenios de defensa del medio ambiente internacionales, o sea, regulaciones al capital, por eso es que en Chile se dan las condiciones ideales para dicho proyecto.
Lo siguiente es parte de un texto escrito por Cristian García Schneider ingeniero industrial, candidato a Master en Energías Sustentables, Universidad RMIT, Australia. “Chile es un país que se caracteriza por la facilidad para hacer dinero sacrificando recursos naturales y al medio ambiente, lo cual es bien visto por el gobierno y los grandes grupos económicos. Un proyecto ideal para un inversionista es aquel que presenta un bajo riesgo, un retorno de la inversión en el corto plazo, una demanda creciente asegurada, bajos costos de operación y una larga vida. Hidroaysén nace bajo esta premisa, siendo una máquina de hacer dinero para inversionistas extranjeros con el apoyo de algunos locales, y creando energía que mayormente será utilizada por empresas mineras, las que también son inversiones extranjeras.
Para los inversionistas, las fortalezas del negocio Hidroaysén es su bajo riesgo. Primero, utiliza una tecnología con más de 130 años de conocimiento, la cual no reviste ningún desafío tecnológico, ni de ingeniería. Por otro lado, estará alimentado por una fuente prácticamente inagotable de agua proveniente de los ríos Baker y Pascua que se caracterizan por presentar caudales abundantes, prácticamente sin variación, los que indirectamente se alimentan de los deshielos de los majestuosos Campos de Hielo Norte y Sur. Por otro lado, las debilidades de este negocio no son muchas, salvo un pequeño detalle ambiental que significa la deforestación directa de 30.000 hectáreas y una cicatriz de torres de alta tensión de 70 metros de altura que cruzarían 2.300 kms. desde la Patagonia, a través de seis parques naciones, 11 reservas nacionales, 26 terrenos prioritarios de conservación, 16 humedales y 32 áreas privadas protegidas, sólo para conectarse con el Sistema Interconectado Central (SIC).
Pero como éste es un negocio de verdad, dentro de la estrategia de inversión se incluye el financiamiento para que algunos personajes claves, pertenecientes tanto al aparato público como al mundo político, puedan burlar la escasa legislación ambiental que existe en el país y extorsionar la mente de los chilenos catalogando a Hidroaysén como la única alternativa sustentable para alcanzar el sueño de un país desarrollado. Lo que por supuesto no es cierto. Si bien la inversión no es menor, cercana a US$ 3.200 millones, una estimación rápida indica que este negocio es muy rentable y tendrá ventas anuales seguras por unos US$ 2.000 millones ($900 mil millones de pesos), con costos operacionales muy bajos”. (Cristian García Schneider).
A la luz de los argumentos, Hidroaysén es en sí, el instrumento ideal para poner en práctica y en concreto perpetuar al capitalismo y sus ideólogos.
Solo queda concluir que la gran mayoría de los chilenos han comenzado a despertar de un sueño que ha permitido grandes avances del capitalismo. Los días que vienen pondrán a prueba la fuerza capitalista versus la lucha del pueblo de chile, por un avance al desarrollo que los incluya. Que incluya la opinión de la gente y que resalte su prestigio, demostrando su influencia en el futuro del país para todos, más justo, con mejor distribución de la riqueza, participativo y deliberativo.
V.- CHILE: DENUNCIAN ABUSOS Y ESTAFAS. POR CARMEN CAMPOS
Los consumidores están quedando en la orfandad. Los empresarios y comerciantes ayudados por las autoridades, tienen ahora el camino expedito para abusar y estafar a clientes y usuarios tanto de servicios esenciales como agua, luz y gas, así como a tenedores de tarjetas de crédito de casas comerciales. A esto se agregan, las comisiones ilegales que cobra el Banco del Estado a los tenedores de libretas de ahorro que usan los más pobres del país.
Se registran miles de reclamos en el Servicio Nacional del Consumidor, en las Asociaciones de Consumidores y en los Tribunales de Justicia por cobros indebidos en las boletas mensuales de casas comerciales; descuentos ilegales por mantenimiento de cuentas de ahorro bancarias; negativa de las empresas comerciales de aceptar la devolución de productos técnicamente en mal estado y, lo que es más grave, se ha establecido “de facto” que un simple llamado telefónico tiene la calidad de “aceptación de contrato” para la retención de dineros por desconocidos planes de telecomunicaciones o para tal o cual institución benéfica.
A los usuarios y consumidores los están arrastrando a la indefensión total, sin tener derecho a reclamar porque los Call Center nunca dan solución a los problemas y los dueños o gerentes de las empresas no dan la cara. ¿Dónde reclamar se preguntan muchos? Estamos ante la presencia de una institucionalidad nacional y de un gobierno que está aceptando que cualquier empresa o casa comercial le meta la mano al bolsillo de los chilenos para aumentar sus utilidades anuales, mientras que con esos dineros se siguen construyendo grandes edificios y malls en todas las regiones para seguir lucrando.
Vamos al grano. La tienda Ripley del Mall Vespucio vendió el pasado 6 de enero una partida de computadores marca View-Sonic, hecho en China, que venían con la tarjeta madre defectuosa. A los 20 días, quienes compraron dichos aparatos iniciaron “el peregrinaje” por la tienda para que cambiara el producto por uno nuevo. La respuesta fue que la garantía duraba 10 días para reponerlo. La solución era que debía pasar al Servicio Técnico de Ripley, el cual demoraba 30 días hábiles para emitir un informe si, efectivamente la tarjeta madre estaba defectuosa. Por los 45 días corridos o más de espera la tienda no dio ninguna solución a decenas de consumidores, ni menos a quienes tenían la urgente necesidad de trabajar con esos equipos. Por supuesto, que aquí no fue reconocido “el lucro cesante” que tanto alarde hizo la empresa Kodama para cobrarle al Estado los 17 mil millones de pesos.
Farmacia Ahumada de Francisco Bilbao 2489 anuló a una clienta, en marzo recién pasado, una boleta electrónica por $40.307 para emitirle otra, agregando la compra adicional, por $42.307. La afectada pagó con tarjeta CMR-Visa de Falabella en tres cuotas al contado. En abril, la clienta recibió su estado de cuenta en la cual, por supuesto, no aparecía la anulación, muy por el contrario le cobraban las dos boletas que sumaban $82.614 pesos. El mismo día que fue a protestar comenzó la tramitación. Farmacia Ahumada se desligó de su responsabilidad, la envío a reclamar a CMR-Falabella, y ésta a Transbank. Cansada y sin tiempo para ir de un lado a otro, la clienta aún espera una solución.
Los casos son igualmente graves en las empresas sanitarias de regiones, que cobran en las boletas de servicio por un alcantarillado que no han construido, y donde está hecho aún no han conectado a los propietarios. La Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro (ESSSI) de la Cuarta Región estuvo cobrando, durante años, el alcantarillado a los habitantes del Balneario de Pichidangui sin tener listo el proyecto de instalación. Cuando reunió todos esos fondos inició las obras. Ahora, por conectarse al alcantarillado vuelve a cobrar a los mismos que financiaron las obras un monto de 200 mil pesos. El abuso es evidente.
Hace unos años, un grupo de ahorristas del Banco Estado inició un juicio a la entidad en el 14 Juzgado Civil de Santiago por el cobro indebido de comisiones en sus Libretas de Ahorro. Los afectados son 500 mil personas de los sectores más indefensos de la sociedad. En ese juzgado, se había llegado a un principio de avenimiento para la devolución de las comisiones que alcanzaban a unos 8 mil millones de pesos. Hace unos días, el Banco Estado rechazó el avenimiento. Los afectados apuntan que esta decisión partió del Gerente General del Banco Estado, Pablo Piñera, hermano del Presidente de la República. El dinero obtenido ilegalmente por la entidad bancaria de las 500 mil libretas de ahorro no será devuelto. Así de simple.
La estrategia del gobierno para legalizar estos abusos ha apuntado, por estos días, en dos direcciones. Una, reducir a su mínima expresión a las Asociaciones de Consumidores quitándoles el financiamiento que por años las ha sostenido, y que iniciaron sus actividades junto con la llegada de la democracia. Y por otro lado, apurar las indicaciones hechas a un proyecto de ley que, según el gobierno, “busca agilizar las tramitaciones de las demandas colectivas de los consumidores”. Sin embargo, aquí está presente la “letra chica” y el engaño a que nos están acostumbrando las autoridades públicas. Estas indicaciones se dirigen más bien a restringir, limitar y discriminar en las reparaciones, las que sólo se harán efectivas para quienes se han hecho parte de los juicios. Los otros, que igualmente han sido afectados en sus bolsillos, y que no supieron, no alcanzaron o no firmaron como partes en el juicio, lo perderán todo. Además, las comentadas indicaciones le quitan al Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, las facultades de “vigilar a las empresas para que cumplan con las sentencias condenatorias”.
Basta revisar los reclamos en el SERNAC, y los que llegan a las Asociaciones de Consumidores, para darnos cuenta que la Caja de Pandora de estafadores y abusadores, amparados por las autoridades, se abrió y anda recorriendo Chile. La política de “desarme” y de “indefensión” de los usuarios y consumidores está en marcha.
CARTAS Y COMENTARIOS
CASO MAPUCHES: PUEDE LA CORTE SUPREMA EXPLICAR EL USO DE TESTIGOS PROTEGIDOS?.
Por Luis García Huidobro
En el día 81 de la huelga de hambre de los cuatro comuneros mapuches, la Corte Suprema busca una salida al conflicto que es muy difícil de entender jurídicamente.
El máximo tribunal del país continuó validando el testimonio del testigo protegido, y estableció una rebaja de penas en el “caso Fiscal Elgueta”, considerando que no se trata de un homicidio frustrado sino de delito de lesiones a personal de la PDI y al Fiscal.
Pero la Corte Suprema parece obviar que la petición de anulación del juicio no es una petición de clemencia por parte de los mapuches, sino que se sostiene en la ilegitimidad de los recursos de la ley antiterrorista, como lo han señalado repetidas veces el Instituto Nacional de Derechos Humanos y distintos relatores de las Naciones Unidas. Sin embargo, el abogado del Ministerio del Interior pidió a la Corte Suprema que el juicio no sea anulado.
Recordemos que, usando el testimonio de un testigo protegido, el tribunal de Cañete había condenado en marzo a 25 años para Héctor Llaitul y 20 años para Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo. En la ocasión, el abogado del Ministerio del Interior avaló el uso de los testigos protegidos, propios de la ley antiterrorista. En las mismas causas, los mapuches habían sido absueltos por el Tribunal Militar de Valdivia y la Corte de Apelaciones de Concepción, pues sin el testimonio del testigo protegido se consideró que no hay mérito suficiente para establecer la culpabilidad de ninguno de los imputados.
Hoy la Corte Suprema busca “una salida intermedia”, dejando 14 años de cárcel para Llaitul y 8 años para los otros mapuches. Pero ¿puede acaso validar jurídicamente su proceder? ¿No pareciera más bien que quiere descomprimir un poco la situación?
Y es que en una democracia desarrollada no basta con el testimonio de un testigo protegido para condenar a ciudadanos. La justicia requiere algo más que eso para llevar a la cárcel a alguien. De lo contrario, cualquier persona, por los motivos que fuera, podría acusar a su vecino de cualquier delito. Eso pasa todo el tiempo, y por eso la fiscalía debe investigar bajo el principio de objetividad. Más aún, cualquiera que conozca la realidad del territorio mapuche sabe que no es difícil encontrar motivos para que personas estén dispuestas a recibir dinero por testificar en contra de otras.
Sólo la ley antiterrorista permite esta vulneración al debido proceso, en el entendido de que se trata de delitos que desestabilizan al Estado y aterrorizan a la población. ¿Por qué el Estado no dice derechamente que considera que los mapuches en lucha por la autonomía territorial son terroristas? El fallo oculta eso.
Lo más probable, entonces, es que la huelga de hambre siga en pie. Múltiples organizaciones mapuches han declarado en repetidas ocasiones que “si los condenan, nos condenan a todos”, y esto con base en que en las próximas semanas decenas de comuneros mapuches serán llevados a tribunales que siguen imputándolos por ley antiterrorista. Los abogados seguramente apelarán a la Corte Interamericana, la que en varios años más dirá que los mapuches tenían la razón. La pregunta es ¿estarán vivos los mapuches para entonces? ¿Y seremos capaces los chilenos de dar la cara?
Sería razonable entonces una salida en la que el gobierno dé la cara por haber avalado el uso de los testigos protegidos, y el parlamento por no haber querido reformar esta ley de acuerdo a las recomendaciones internacionales. La injusticia contra los mapuches es un tema de Estado.
Por el contrario, una nueva injuria contra el Pueblo Mapuche sería que el gobierno recurra a la alimentación forzada. Es decir, faltar el respeto a la autonomía y libertad de pensamiento y acción, valores que sostienen las relaciones humanas en la cosmovisión mapuche.
Cada cual toma sus decisiones y respeta las del otro. ¿Cuándo va a entender esto el gobierno y la sociedad wingka? Alimentarlos por la fuerza sería caer en lo mismo de siempre: “los mapuches no tienen pensamiento y no saben lo que hacen, así es que el Estado va a tomar decisiones por ellos”.
