Comunidades indígenas de Magallanes rechazan apoyo a Mina Isla Riesco
Exigen consulta que obliga el Convenio 169
Punta Arenas, 30 de agosto de 2011.
Organizaciones y comunidades de los pueblos Kawesqar, Yagan y Mapuche, de Magallanes rechazaron las declaraciones de consejeros y dirigentes que a través de una carta utilizada por medios de comunicación, gobierno y empresa, apoyaron la construcción de minas de carbón en Isla Riesco. Además, demandaron que se implemente la consulta que exige el Convenio 169 frente a la intervención industrial de territorios indígenas.
“Manifestamos nuestro abierto rechazo a la actitud de dichos consejeros y dirigentes quienes, en forma inconsulta han intervenido a favor de los intereses de una compañía cuyo proyecto impacta directamente en territorios de alto valor cultural e histórico para nuestros Pueblos Originarios de Magallanes”, dijo Juan Carlos Tonko de la comunidad Kawésqar, en representación de las comunidades y organizaciones indígenas de Magallanes.
El apoyo a los empresarios Angelini, de Copec, y Von Appen, de transporte marítimo, se originó cuando una carta firmada por los consejeros y dirigentes encabezados por González Caro, Cabezas Quinchén, Purisima Vidal, Yasna Caro Gómez, fue difundida a los medios de comunicación.
La carta usada por diarios tradicionales, empresarios y gobierno “altera el sentido y alcance de los requerimientos de consulta previa a las comunidades indígenas que establece el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, dicen los denunciantes.
Las comunidades indígenas además advirtieron a los empresarios que no usen estas mañosas estrategias. “La Compañía debe cuidarse de interferir indebidamente en nuestras comunidades ancestrales, organizaciones y personas naturales indígenas y aclarar los términos en que se logró el apoyo de los mencionados consejeros y dirigentes indígenas” a su proyecto minero.
Esta repudiable situación será informada al Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, afirmaron las comunidades que rechazan esta forma de actuar. Además exigen al Gobierno de Chile aclarar qué participación le cupo a sus funcionarios en la generación de tal carta de apoyo a la industria minera.
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