Presentan acusación constitucional en contra de autoridades de Piñera

10 de Junio de 2010

Por confección de ‘listas negras' de funcionarios según su militancia política

La Concertación, junto a diputados del PC, presentaron este mediodía un reclamo de inconstitucionalidad en contra de la intendente de Atacama, Ximena Matas, por cuanto "infringió la carta fundamental al dar preeminencia a intereses político-partidistas en lugar de los intereses generales, al solicitar credenciales políticas a sus subalternos". La acusación también está dirigida contra el gobernador de la provincia de Copiapó y subrogante de la jefa regional, Nicolás Noman Garrido (UDI).

Por El Mostrador

Los diputados DC Aldo Cornejo y Gabriel Ascencio,  junto a los diputados Tucapel Jiménez y Sergio Aguiló (PS) y Lautaro Carmona (PC), presentaron este mediodía la primera acusación constitucional en contra de autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera.

El libelo acusa a la intendenta de la Tercera Región, Ximena Matas Quilodrán y al gobernador de Copiapó Nicolás Noman Garrido, por inquirir, mediante un formulario, a los funcionarios públicos su filiación política y militancia sindical o gremial en contravención de las normas constitucionales que garantizan la libertad de expresión y de opinión.

Al respecto, el diputado PC Lautaro Carmona explicó que este expediente ha sido utilizado por las nuevas autoridades para despedir a empleados fiscales, tal como lo denunciara en mayo pasado en la sala de la Cámara en la hora de incidentes.

"En este caso nosotros estamos instalando un antecedente que esperamos sea suficiente para terminar con esta suerte de "listas negras" que quieren dejar sin empleo al trabajador que piensa distinto al gobierno actual. Esto debería llevarnos a establecer la responsabilidad del ministro del Interior", sostuvo el parlamentario.

"¿La intendenta es autónoma desde el punto de vista de las indicaciones que pueda entregar? ¿Existe ese grado administrativo de autonomía respecto de los gobiernos regionales? Lo que estamos haciendo es lo que obligan las circunstancias, no pueden quedar al garete los trabajadores fiscales, al gusto o disgusto y a la discrecionalidad de un jefe transitorio porque ese es un derecho que está consagrado en nuestra legislación", concluyó Carmona.

Por su parte, el diputado DC Aldo Cornejo, expresó que "esta es la primera acusación constitucional presentada en el Gobierno de Piñera, pero no la última, eso queremos advertirlo. Es impresentable e inaceptable lo que ha ocurrido en Atacama Ninguna persona, ni el Presidente , puede realizar una petición como la que se formuló en aquella oportunidad pidiendo datos personales con la militancia de los funcionarios. No me gusta mirar para atrás, pero esto, lamentablemente, nos recuerda lo que ocurría en la época de Pinochet. Hay derechos elementos que debemos resguardar y aquí, francamente, con las peticiones realizadas, se están vulnerando garantías constitucionales de todos los chilenos. "

En tanto, el jefe de bancada del PS, Sergio Aguiló, señaló que "con las acusaciones constitucionales  no se juega , hemos analizado política y constitucionalmente fundamentos éticos, jurídicos y  morales para presentarla. Para ninguno ha sido un paso fácil, porque no por el hecho de ser de oposición podemos usar instrumentos legales sin justificación. Pero llegamos a la profunda convicción de que se justifica plenamente esta medida. Es más, incurriríamos en un evidente abandono de deberes si no la presentáramos".

Mientras el subjefe de la Bancada PPD, Tucapel Jiménez, indicó que "aquí estamos hablando de exoneraciones políticas en democracia, y ha habido dos hechos que lo han demostrado y nos han dado la razón. Uno es el documento de la Intendenta de Atacama donde pide por escrito la afiliación política y sindical, y lo otro es lo dicho por el senador Espina quien ha sincerado la discusión al decir que se van a despedir a las personas que no son afines al gobierno de Piñera".

La iniciativa legal, suscrita por todos los partidos de la Concertación y del Partido Comunista, fue presentada a los periodistas por los diputados Aldo Cornejo, Gabriel Asencio, Gabriel Silber y Roberto León (PDC); Alberto Robles (PRSD); Adriana Muñoz y Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Aguiló, Denise Pascal y Fidel Espinoza (PS) y Lautaro Carmona (PC).

Piden documentos a Lavín

La acusación constitucional se da en momentos en que crecen las críticas por los despidos masivos de funcionarios públicos, especialmente, en el Ministerio de Educación.

Al respecto, el diputado Marcos Espinosa (PRSD) exigió al ministro de Educación, Joaquín Lavín, que haga entrega de los documentos necesarios que evidencien claramente los motivos por lo que fueron despedidos funcionarios de la cartera en cuestión.

Según Espinosa la petición tiene mayor alcance que el hecho puntual de los despedidos, pues tiene relación con la democracia que se quiere construir.

"Se han dicho muchas cosas y sin embargo nada se ha probado (...) lo que esta ocurriendo en la administración pública tiene relación directa con el tipo de democracia que queremos construir. La democracia es un bien que debe cuidarse día a día", afirmó.

Asimismo el diputado radical afirmó que "despedir a un funcionario por no compartir los principios del gobierno es un caso de corrupción del Estado".