POSTAL DE CHILE A FINES DE 2009

1. En el call center del Banco Santander de la capital chilena, trabajan 300 telefonistas. Ellas atienden a los eventuales clientes de la empresa por un salario que nunca supera los $ 250 mil pesos (poco más de 500 dólares en un territorio donde ese monto equivale a la mensualidad de las carreras baratas de las universidades privadas y “públicas”). Si contactan a un cliente que quiere hacerse de algún instrumento crediticio, lo derivan a la fuerza de venta de la empresa. Más allá de las pésimas condiciones laborales en las que se desempeñan, las telefonistas son la primera línea de “enganche” para los consumidores. Por ello obtienen un número que mensualmente va a una tómbola donde, si la fortuna es su amiga, pueden llegar a “ganar” una taza para el café, lápices, un cojín o una entrada al cine.

2. Según el críptico Instituto Nacional de Estadísticas, durante el trimestre móvil agosto-octubre, el desempleo cayó a 9, 7 %, el menor del año, en virtud de crecimiento del trabajo informal y por cuenta propia, y a costa de la destrucción de 130 mil trabajos con contrato, es decir, con algún beneficio en materia de estabilidad, previsión y salud. El crecimiento de 6,1% en los trabajadores por cuenta propia significó empleo para 90.140 personas. Del total, 50.870 son hombres y 39.270 mujeres. Este empleo, estructuralmente precario, aumentó en sectores como la construcción (23.120); industria manufacturera (20.160); comercio (19.710); transporte, almacenaje y comunicaciones (11.910) y servicios comunales, sociales y personales (9.480). En agricultura, caza y pesca el aumento fue de 3.550. El gobierno central explicó el fenómeno a través de la dotación de recursos (crédito) a los denominados “micro empresarios” y a la facultad “emprendedora” de la gente. La desaparición de puestos de trabajo asalariado afectó sólo a los hombres, con una caída de 5%. Las mujeres en Chile obtienen por el mismo trabajo realizado por los hombres, un tercio menos de remuneraciones, por lo cual se justifica desde el capital plenamente la preferencia por la fuerza laboral femenina. En rigor, el gobierno de la Concertación (en abierto período de descomposición y emergencia de su recomposición por medio de su ampliación hacia la izquierda tradicional) procura capear la cesantía provocada por los efectos de la crisis capitalista en el país, a través de pésimos y baratos empleos. A ojos de la componenda en el Ejecutivo, ello postergaría el disgusto social creciente y su organización peligrosa. Y, por extensión, atraería inversionistas y serían la base de las buenas notas de las calificadoras de riesgo internacionales, y el cumplimiento de la aspiración del pronto ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

3. Detrás de la mercancía está el trabajo; detrás del trabajo, las relaciones sociales de producción, la lucha de clases y, en último término, la propiedad privada de los medios de reproducción de la vida. La contrarrevolución capitalista que comenzó con la dictadura militar y se mantiene hasta hoy, transformó, primero por el terror y ahora por la represión y la alienación (asociada al fetiche de la mercancía de manera ampliada y totalizante), a amplios sectores de pueblo para sí, conocedor y luchador de sus intereses históricos, hasta convertirlos en clientes y sujetos de consumo. Aspectos ligados a los programas sociales de gobierno (estratégicamente contenedores de la organización popular y promotores de la proletarización de la marginalidad social) y de su discurso público dominante hablan hoy de “construcción de ciudadanía”, en el sentido de promover la creación de sectores de trabajadores y pueblo como “sujetos de derecho”. La fraseología de los representantes políticos de los propietarios únicamente oscurece la intención de formar una masa de, en el mejor de los casos, “consumidores críticos”. El discurso de la participación ciudadana tiene más de asistencialismo social, clientelismo político a corto plazo, funcionalismo económico, multiplicación de los cuentapropistas y comunidad medianamente informada de los acotados beneficios sociales destinados a las franjas más pobres del país. La ilusión del Estado de bienestar –que, en buenas cuentas, jamás ha existido en Chile en propiedad- opera tras objetivos de disciplinamiento social para gloria de los intereses del bloque en el poder y Estado corporativo reinante. Al respecto, el actual –y al borde de los 40 años- patrón de acumulación capitalista persiste, en el marco general de la división internacional del trabajo organizado por el imperialismo y su hegemonía planetaria, en sostener su tasa de utilidades sobre la privatización absoluta de la antigua propiedad social (incluyendo el despojo de los recursos naturales como el agua, el aire, el borde costero, los espacios públicos, etc.),la precarización de las relación contractuales de los trabajadores, la deslocalización productiva, y la perpetuación de la condición extractivista de bienes naturales y energéticos de Chile. Así, la característica fundamental de la burguesía nacional, dependiente de los polos mandantes del capital transnacional y la hegemonía de sus fracciones aliadas financiera y explotadora de commodities, es el rentismo, es decir el arriendo o venta de la tierra rica en productos minerales, silvícolas y agrarios, asociada a la especulación financiera; el comercio minorista; la desindustrialización y el comercio exterior en condiciones asimétricas. La propiedad del cobre, la madera, la agroindustria, la banca y la expansión del retail, y sus puestos clave en el movimiento del capital en Chile, encuentra allí su determinación. Asimismo, la burguesía dependiente y transnacionalizada de Chile, en su propia constitución histórica, ofrece esos contenidos y no otros, al Estado.

Andrés Figueroa Cornejo
Diciembre 1 de 2009