La negociación que entrega US$6 millones para indemnizar a las víctimas de Schäfer

Por Pedro Ramírez, CIPER. | 28 de Agosto de 2009

Más de US$ 6 millones de dólares entregaron las empresas de la ex Colonia Dignidad para garantizar el pago de indemnizaciones para las víctimas de distintos delitos cometidos por Paul Schäfer y sus cómplices, principalmente tortura y desaparición de prisioneros políticos y abuso de menores. Así lo estipula el acuerdo –cuyo texto íntegro publica CIPER– firmado por los representantes de la nueva generación de colonos y el Consejo de Defensa del Estado. El monto es el resultado de la hipoteca de cuatro predios a favor del fisco. A cambio, el CDE levantará el embargo de los bienes de las empresas de Villa Baviera con lo que se evita su inminente quiebra.

A más US$ 6 millones asciende el fondo con el que las empresas de la ex Colonia Dignidad garantizarán legalmente el pago de las indemnizaciones que establezca la justicia a favor de víctimas de distintos delitos cometidos al interior de Villa Baviera. Así lo estipuló el acuerdo cerrado entre los nuevos dirigentes de la ex colonia y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), suscrito el pasado viernes 21 de agosto y cuyos detalles fueron discutidos hasta el jueves 27 por los negociadores de ambas partes.

El acuerdo, (cuyo texto puede ser descargado acá), establece que cuatro predios que forman parte de los terrenos de Villa Baviera en la precordillera de Parral, Séptima Región, quedarán hipotecados en favor del fisco. Estos predios fueron tasados por peritos de la Corte de Apelaciones de Talca y suman en total 161.980,23 UF, equivalentes a más de $3.389 millones (US$ 6.162 millones). A este fondo tendrán acceso todas las personas que resulten beneficiadas con indemnizaciones determinadas por la justicia por delitos en que Paul Schäfer sea calificado como autor, cómplice o encubridor, incluso si es sobreseído por fallecimiento o incapacidad mental. También podrán ser indemnizadas las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos por cualquier persona en Villa Baviera, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Para mayor precisión, en el acuerdo se deja constancia de 40 procesos judiciales -abiertos y cerrados- que involucran a la ex Colonia Dignidad. Allí se incluyen casos emblemáticos de detenidos desaparecidos, como el de Álvaro Vallejos Villagrán (el “Loro Matías”), Juan Maino Canales y el matrimonio compuesto por Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea. También está el proceso por las torturas a uno de los escasos prisioneros que sobrevivieron: Adriana Bórquez Adriazola.

Otro de los procesos involucrados, recientemente resuelto por la justicia, es el del asesinato del agente de la DINA Miguel Becerra Hidalgo, cuyo hijo fue apartado de su madre y permaneció secuestrado en el enclave de Schäfer. Además, los representantes de Villa Baviera en la negociación aceptaron incluir la causa abierta por el secuestro y desaparición del ciudadano norteamericano Boris Weisfeiler, aunque hasta hoy no se ha acreditado fehacientemente que estuvo en la ex Colonia. (Vea la nómina de los 40 procesos).

El documento fue redactado por el abogado de los colonos, Enrique Monasterio, y ratificado por el CDE. El texto señala que podrán cobrar contra este fondo todas las víctimas de delitos cometidos al interior de propiedades de la ex Colonia Dignidad, ya sea por abusos de menores o violaciones de derechos humanos, siempre que soliciten el pago dentro del plazo de 3 años desde la sentencia de término del juicio que les otorgó la indemnización. El plazo máximo de vigencia de la hipoteca será el 31 de diciembre de 2017.

Inicialmente, los representantes de Villa Baviera ofrecieron al CDE extender el plazo hasta el 2020, pero como el Consejo les pidió aumentar el monto de las hipotecas, el resultado de la negociación fue acortar su vigencia. De acuerdo con los cálculos de los representantes de las empresas de la ex Colonia, la suma total de las indemnizaciones que efectivamente se pagarán podría alcanzar a los US$ 2 millones, pero el CDE prefirió garantizar el pago a todas las víctimas que eventualmente puedan aparecer en juicios abiertos o por nuevas demandas, estableciendo un fondo que triplica ese monto.

La fórmula acordada surgió debido a la crisis que atraviesan las empresas de Villa Baviera -Abratec S.A. e Inmobiliaria Cerro Florido Limitada-, producto del embargo de sus bienes desde 1996. Esas medidas precautorias fueron solicitadas por el CDE en un juicio por “contratos simulados” que aún está en curso. El embargo de los predios y maquinarias de las empresas les impide acceder a créditos o enajenar bienes, por lo que se enfrentaban a la posibilidad cierta de declararse en quiebra. Esto hizo que los directorios de ambas compañías, hoy en manos de una generación más joven de ex colonos que no gobernó el enclave junto a Paul Schäfer, decidieran que, ante el riesgo de perder todo su patrimonio, les convenía entregar parte de sus bienes para garantizar las indemnizaciones a cambio de que el CDE pusiera fin a los embargos.

CIPER dio cuenta de la debacle económica de la ex Colonia y de los primeras negociaciones con el CDE en marzo pasado, en sus artículos “Crisis en la ex Colonia Dignidad desata pugna por la fortuna que ocultó Schäfer” y “Los secretos del código moral que se desplomó en Colonia Dignidad”.

La negociación partió con argumentos que sedujeron al CDE, toda vez que en primera instancia la justicia ya ordenó a Schäfer y sus cómplices en los abusos a menores pagar un total de $1.400 millones a 11 víctimas. Pero como Schäfer ni sus cómplices han revelado el paradero de al menos US$ 3 millones que sacaron clandestinamente al exterior, en los hechos, las indemnizaciones eran incobrables. De ahí el interés del CDE para asegurar el pago, más aún cuando la oferta también incluía a víctimas de violaciones de derechos humanos.

En el acuerdo, los representantes de las empresas de Villa Baviera expresan que, si bien aceptan garantizar las indemnizaciones, en ningún caso se reconocen responsables de los delitos cometidos por Schäfer y sus cómplices, así como por agentes de la DINA que -al amparo del jerarca pedófilo- convirtieron los terrenos de la ex Colonia en un campo de detención y exterminio de opositores a la dictadura militar. Asimismo, el CDE declara expresamente que al aceptar esta fórmula no renuncia a proseguir con las causas relacionadas con Villa Baviera y sus ex jerarcas que eventualmente afecten el interés fiscal, incluida aquella que dio origen a los embargos que se alzan con este acuerdo.

El abogado del CDE que ha llevado el caso de Dignidad, Daniel Martorell, resumió así las ventajas que el Consejo ve en este acuerdo:

-Da preferencia no sólo a la debida protección del interés fiscal, sino también de las víctimas, dentro de las cuales los dos grupos más importantes son los menores afectados por atentado sexual y las víctimas de violaciones a los derecho humanos. Estamos cubriendo las eventuales indemnizaciones que puedan fijarse en los procesos (…). El Consejo no renunció a ninguna acción legal de ninguna naturaleza. Ni civiles, ni administrativas, ni acciones penales.

El acuerdo suma otra ventaja para el CDE: si la justicia determina que los responsables de los crímenes fueron agentes del Estado la indemnización se pagará con este fondo y no con recursos fiscales.

-Este acuerdo refleja el interés auténtico de la nueva generación de jóvenes de Villa Baviera que desea reconciliarse con Chile. Un punto que debe valorarse es que para ellos no deja de ser duro tener que responder por los delitos de Schäfer, en circunstancias que también son víctimas de abusos y del sistema que él implantó. Es el nuevo comienzo para construir el futuro de los matrimonios jóvenes y de sus hijos, todos chilenos; de integrarse con responsabilidad empresarial en el desarrollo económico de la comunidad local y de sus trabajadores - aseguró a CIPER el abogado Enrique Monasterio, representante de las empresas de Villa Baviera.

El presidente de Inmobiliaria Cerro Florido, Martin Matthusen, en marzo explicó a CIPER el sentido de la negociación: “Tenemos hijos chicos. Queremos que ellos no sufran esa mochila de la Colonia Dignidad de abusos a menores, violaciones de derechos humanos y todas las atrocidades que nosotros, aunque inocentes, estamos pagando. Nosotros condenamos, repudiamos y no tenemos responsabilidad mínima en todo eso. Pero, para terminar con esto, debe hacerse a satisfacción de los que sufrieron alguna consecuencia negativa de parte de integrantes de Villa Baviera. Pero todos los de mi edad, hombres o mujeres, también fuimos víctimas. Sufrimos castigos físicos, abuso, arresto domiciliario, trabajo duro no remunerado. No recibíamos nada más que comida y una pieza donde dormir. Fue un sufrimiento -en mi caso, de 28 años-, porque a esa edad por primera vez salí solo de la Villa Baviera”.

De hecho, dentro de los 40 juicios de los que eventualmente pueden surgir víctimas con derecho a indemnización, se cuenta también un proceso en que los querellantes son ex colonos que acusan a Schäfer de “defraudación, trabajos forzados, estafas, secuestro y daño neurológico debido a la administración abusiva de psicofármacos”.

Los US$ 8 millones del Banco Riggs

Con el acuerdo entre Villa Baviera y el CDE, por primera vez en Chile un ente particular garantiza el pago de indemnizaciones a víctimas de violaciones de Derechos Humanos. El único caso similar que se registra tiene protagonistas extranjeros. En 2005, el Banco Riggs llegó a un acuerdo con la Fundación Presidente Allende de España, dirigida por Joan Garcés, para constituir un Fondo de Ayuda a las Víctimas de Pinochet. Para tal efecto, el banco entregó US$ 8 millones, casi dos millones de dólares más que lo destinado por las empresas de Villa Baviera.

La fundación de Garcés había interpuesto en la justicia española una querella por genocidio, terrorismo y torturas contra Augusto Pinochet. De hecho, fue esa causa la que mantuvo al general detenido en Londres. En 2004, la acción judicial se amplió a quienes ayudaron a Pinochet a ocultar sus bienes, sometidos a embargo por los tribunales españoles. Así, la querella afectó al Riggs y sus propietarios, quienes se allanaron a pagar para evitar el litigio.

Información difundida por la Fundación Presidente Allende indica que se recibieron 27.817 solicitudes, de las cuales 22.073 cumplieron las condiciones establecidas.

Los beneficiarios fueron divididos en dos grupos. El primero quedó compuesto por 17.928 personas ya reconocidas como víctimas por la Audiencia Nacional de España, la Comisión Rettig, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión Valech. Como habían recibido beneficios del Estado, se dividió entre ellos el 40% del fondo: cada uno recibió US$ 184.

El segundo grupo lo conformaron personas no reconocidas por los mencionados organismos, cuyos casos fueron evaluados por una comisión especial: 4.145 personas compartieron el 60% del fondo, que alcanzó a US$ 1.205 para cada una de ellas.