La Dirección del Trabajo en el país que soñamos
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21 de Agosto de 2009
Opinión
A nivel mundial ha surgido un consenso a partir de la crisis económica internacional, este es el de reforzar el rol del Estado en el control y fiscalización de las relaciones económicas. Esto no sólo debe entenderse como el control de la colusión y la protección del mercado y la libre competencia, sino que incorpora la fiscalización de la relación laboral.
Por Patricia Silva*
Con interés he leído la columna que Marta Lagos publicara en El Mostrador con el título Mi Programa de Gobierno. Comparto gran parte de las aspiraciones que ella plantea, comparto también el eje central de sus palabras, en el sentido de buscar un país donde la igualdad de derechos y oportunidades tenga plena vigencia por sobre los intereses particulares de grupos que cuentan con las herramientas para imponerse por sobre el conjunto de la sociedad.
Y es por ello que me llaman profundamente la atención las afirmaciones que plantea sobre el papel de la Dirección del Trabajo en el país que ella sueña. Me llaman la atención, porque las estimo contradictorias con sus argumentos principales, pero especialmente porque creo que se nutren del desconocimiento y el prejuicio con el que muchas veces la élite se refiere a esta institución y al papel que juega. Como Directora Nacional del Trabajo, creo conveniente no sólo remarcar la importancia que este Servicio ha tenido para el país, sino también señalar claramente que su rol constituye un pilar fundamental en la nación moderna y justa que queremos construir.
En primer lugar, no es papel de la Dirección el constituirse en bolsa de trabajo ni en organismo de capacitación como señala la columnista, función que por lo demás cumplen otras instituciones del Estado. El rol de la Dirección del Trabajo es contribuir a dar eficacia al derecho del trabajo, y para ello despliega un conjunto de herramientas, en el marco de un Sistema de Justicia Laboral que este Gobierno, especialmente, ha contribuido a fortalecer y modernizar.
Y es en este punto en el cual quisiera detenerme un momento, porque no podemos, a mi juicio, construir un ideal de país signado por la igualdad de derechos si no entendemos que la relación laboral debe tener condiciones dignas, que son las que la sociedad fija a través del legislador y que es deber del Estado garantizar.
El objetivo de la política pública no se agota en combatir el desempleo. Cuando un trabajador se incorpora a un trabajo remunerado se cumple un objetivo, pero se abren nuevos desafíos, que tienen que ver con que ese trabajo se acerque a lo que la Organización Internacional del Trabajo entiende como Trabajo Decente, es decir, un trabajo que sea fuente de dignidad y de desarrollo personal. Dice la columnista que aspira a un Chile donde todos tengan la oportunidad de producir riqueza. Yo agregaría a eso que quienes tienen hoy la posibilidad de hacerlo (los trabajadores y trabajadoras) tengan una adecuada retribución por ello.
Muchas veces se entiende el empleo como una concesión que el empresario realiza al trabajador, concesión que el trabajador y la sociedad deberían agradecer. Pero esta idea del "empresario que da trabajo" no es exacta a mi juicio, en tanto estamos más bien ante un proyecto productivo que requiere necesariamente para su concreción del concurso y la participación de quienes aportan la mano de obra.
En este marco, a la vez que tenemos hoy en Chile muchas empresas y empresarios que asumen cabalmente dicha necesidad y establecen relaciones laborales de provecho mutuo para ambas partes, tenemos también gran cantidad de empresas que burlan la ley laboral. Y no estamos hablando de temas en extremo sofisticados. En Chile, la mayor cantidad de infracciones laborales sigue siendo por falta de contrato de trabajo, exceso de jornada laboral y no pago íntegro de remuneraciones, es decir, estamos hablando de componentes tan básicos como el contrato, la jornada y el sueldo de un trabajador.
Todavía contamos con cerca de 150 mil trabajadores que al momento del despido recurren a nuestras Inspecciones porque no se les ha pagado lo que les corresponde. Todavía tenemos un gran número de empresas y faenas donde las condiciones básicas de higiene y seguridad no están garantizadas. Y frente a eso: ¿a quién le corresponde cautelar la existencia de esas condiciones mínimas?, al Estado, garante del cumplimiento normativo.
Comparto las apreciaciones de Marta Lagos cuando pide que la ley se cumpla y se imponga de igual forma para todos, sin privilegios de ninguna especie. En el ámbito laboral, esa es precisamente la tarea de la Dirección del Trabajo y la realiza mediante la fiscalización, la mediación, la promoción del diálogo y la denuncia judicial. Y en esta gestión hemos dado muestras públicas de que lo hacemos sin importar cuán fuertes sean las presiones que nuestro trabajo pueda enfrentar o enormes los intereses que debamos afectar. Lo hemos hecho incluso frente a las mayores empresas del país, tanto privadas como estatales.
Señala la columnista que es indispensable empezar "una nueva era donde trabajadores y empresarios sean "socios" pares". Concuerdo plenamente con ello. Pero es difícil que puedan sentirse socios pares los choferes de locomoción colectiva de Temuco que trabajan más de 14 horas y a los cuales los empresarios contratan como "administradores del vehículo" para evitar el control de jornada. Es difícil también que puedan sentirse socios pares los vendedores de farmacia, los faenadores de carnes blancas o los operadores de callcenter que no tienen cómo saber si el sueldo que reciben es el correcto, porque se construye en base a cálculos tan engorrosos que son imposibles de verificar sin una asesoría profesional.
Claramente no pueden sentirse en una relación paritaria los trabajadores que son despedidos una vez que terminan una negociación colectiva o que son perseguidos por formar un sindicato. Es difícil que puedan sentirse así aquellos mineros que, realizando el mismo trabajo que sus compañeros de labor, tienen condiciones sustancialmente peores por el solo hecho de pertenecer a una empresa contratista. Al Estado le corresponde garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y para ello cuenta con un Sistema de Justicia Laboral, organizado en un ámbito administrativo y otro judicial. Y de él forma parte la Dirección del Trabajo.
Es cierto, gran parte de esa tarea tiene que ver, como dice la columnista, con fortalecer la capacidad de los propios trabajadores de luchar por sus derechos al interior de las empresas. Pero para ello se requiere de una autoridad que sancione las prácticas antisindicales y una normativa que permita a las organizaciones dar esas luchas con niveles menores de asimetría que los que hoy enfrentan. Esa es la tarea de la Dirección del Trabajo.
En su párrafo inicial, Marta Lagos señala: "El primer norte del Estado es que todos los chilenos puedan usar los derechos para protegerse de los abusos y las discriminaciones. Esa es la principal tarea a emprender para llegar a ser desarrollados". Estamos completamente de acuerdo con ello. Al Estado le cabe establecer mecanismos para que los trabajadores puedan defenderse de los abusos a los que pueden verse expuestos. Esa es la tarea de la Dirección del Trabajo.
En todo el mundo moderno, el derecho laboral nació para restablecer el equilibrio en la relación laboral. Y en todas las sociedades avanzadas, el rol de la fiscalización laboral tiene por objeto evitar que dicho cuerpo normativo se transforme en letra muerta. Si a nivel mundial ha surgido un consenso a partir de la crisis económica internacional, este es el de reforzar el rol del Estado en el control y fiscalización de las relaciones económicas. Esto no sólo debe entenderse como el control de la colusión y la protección del mercado y la libre competencia, sino que incorpora la fiscalización de la relación laboral.
En este punto es paradigmático el informe de la OCDE, que entre los distintos elementos que plantea como desafíos para Chile está el de fortalecer las facultades de la Dirección del Trabajo.
Esa es la labor de la Dirección que me corresponde conducir. Una institución que ha sido capaz de asumir cada uno de los desafíos que le han exigido los cambios normativos. Una institución que lejos de pertenecer a la prehistoria, es parte de nuestro presente y debe seguir cumpliendo su tarea en el país que Marta Lagos sueña.
La invito a acercarse a nosotros y conocernos. Las puertas están abiertas.
*Patricia Silva es abogada, Directora del Trabajo.
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aida maria -