Por el derecho a vivir en Chile

A diecinueve años del término de la Dictadura Militar, sus efectos aún se hacen sentir en un grupo de chilenos y chilenas, quienes se encuentran impedidos de vivir en nuestro país, por estar cumpliendo penas de extrañamiento (exilio en la práctica). Si bien, el extrañamiento constituyó una forma de terminar con la prisión política durante el Gobierno del ex presidente Patricio Aylwin, la profundización del respeto a los derechos humanos, exige terminar con la aplicación de esta pena. 

No podemos olvidar que dichos compatriotas fueron condenados por la Justicia Militar y por jueces especiales, en juicios que no cumplían con garantías procesales mínimas, sometidos a tratos crueles y degradantes, como la tortura. Permanecieron varios años privados de libertad, sin que existiera condena en su contra, y las penas a las cuales fueron condenados resultan excesivas, basadas en la aplicación de leyes llamadas ‘especiales’.

El informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura en Chile, conocido como “Informe Valech” reconoció dicha situación, el Gobierno pidió disculpas a los afectados, pero no se han dejado sin efecto las secuelas de los procesos basados en las aberraciones descritas.

Desde nuestros diversos ámbitos de responsabilidad y participación social, nos concierne la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales como imperativo para la convivencia, la justicia y la paz de nuestro país. 

Nos dirigimos al Gobierno, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y populares, al conjunto de la sociedad y al pueblo de Chile en general, para expresar que:

1. Constatamos con preocupación que existe un número de chilenos y chilenas que están imposibilitados de vivir en su país, irrespetando su dignidad y sus derechos, de acuerdo con las obligaciones morales contraídas en la lucha que dieron en contra de la dictadura militar.

2. Los derechos humanos de quinta generación, corresponden a la forma en que los pueblos integrantes de Naciones Unidas han regulado las condiciones mínimas que requiere la dignidad humana. En ese contexto, el Estado de Chile debe garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, resolviendo la situación de aquellos compatriotas en situación de refugiados y extrañados que se encuentran impedidos de tener libre tránsito dentro de las fronteras de nuestro país.

3. La legislación en materia de exilio debe reformarse, y ajustarse a las normas internacionales que reconocen esta forma de castigo como inhumana y fuera de lugar en un Estado de Derecho. 

4. Solicitamos al Gobierno y a todos los grupos políticos que se comprometan con la aprobación de las acciones jurídicas y políticas necesarias para permitir el ingreso de las personas afectadas por este castigo. 

5. Exhortamos al conjunto de la sociedad a movilizarse en la defensa del derecho a vivir en nuestro país. 

Por todo lo expuesto, los abajo firmantes, pedimos que se termine con esta situación injusta y que se autorice el ingreso al país para todas las personas que por motivos políticos viven en el exilio, como consecuencia de haber luchado contra la dictadura y por la dignidad de los chilenos y chilenas

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