Defensa: una precaria política de Estado
Enviado el 22 de Abril de 2009
Editorial
Las declaraciones del ex ministro de Defensa Patricio Rojas ante la Cámara de Diputados al exponer sobre la compra de los Mirage y las reacciones que suscitó en el mundo político, evidencia la precariedad del pensamiento civil en su conducción de la Defensa Nacional.
La búsqueda a la bandada de responsabilidades personales para obtener dividendos políticos, o la descarga aleve de la propia en otros, sin ninguna preocupación de fondo sobre cómo se hacen las cosas y cómo enmendarlas, indica que pese a lo declarado en todas las versiones del Libro de la Defensa Nacional, lo allí consensuado no es una política de Estado.
Parte importante de la elite política no sabe cómo aproximarse al tema, ni existe una doctrina común de las instituciones acerca de lo debido, la transparencia, la reserva y el secreto en las políticas respectivas, que le permita interpretar de una manera articulada el interés nacional en un área de la mayor sensibilidad. Y se culpan por procedimientos que han delegado, antes que por su incapacidad de dirigir efectivamente la Defensa Nacional.
Algo de ello quedó demostrado hace poco cuando el entonces presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, convocó a una sesión especial para analizar el caso Mirage. Ello fue interpretado por la Corte Suprema como la intromisión de un poder del Estado en otro, ya que el caso está en manos de la justicia, y las facultades fiscalizadoras residen en la Cámara de Diputados y no en el Senado.
Curioso resulta el hecho de que la política se concentre en discutir si el contrato fue de Estado a Estado, si se firmó antes o durante el gobierno de Eduardo Frei y si el país podría haberse desistido de la compra.
Nada sobre el procedimiento mediante el cual el país determina y adquiere sus sistemas de armamento, las consideraciones políticas, técnicas y financieras que orientan las decisiones finales y, lo más importante, cómo se adjudican las compras.
No basta decir que ellas están asentadas en la legalidad, la confianza, la institucionalidad y la subordinación. Sería grave que así no fuera, al menos formalmente. Más relevante en todo caso parece ser la cultura del secreto y la discrecionalidad funcionarias que rodean todos los procesos de compras militares, con múltiples argumentos acerca de la seguridad y la reserva. Es este muro de silencio el que permite el lobby intenso sobre aquellos que definen las características técnicas de lo que se debe comprar y aquellos que autorizan las decisiones financieras.
En el denominado "caso Mirage" la liviandad del debate es preocupante. En estricto rigor todas las declaraciones hechas por autoridades civiles anteriores o en ejercicio, oficiales de las fuerzas armadas o dirigentes políticos, son verdaderas pero parciales o fragmentadas.
Efectivamente quien compra es el Estado de Chile, pero el que determina la necesidad y la lleva a nivel de proyecto técnico son las ramas militares. No todas ellas juntas, pues Chile no tiene planificación conjunta. La realidad de la necesidad y la calidad técnica de la solución corresponde directamente a las FF.AA.
La administración civil autoriza los dineros mediante un procedimiento de adquisiciones regulado por ley, en el que la voz de los especialistas (los militares) es determinante. El Ministerio de Defensa carece de una estructura capaz de hacer contraparte técnica en los proyectos, por lo que su facultad de elaboración de políticas está delegada y su juicio técnico mermado. Sólo puede hacer bien la gestión y el control financiero y, aparentemente, no lo realiza bien. La reserva o el secreto por razones de seguridad nacional hace el resto.
La entrada en vigencia de la Ley de Probidad y Transparencia debiera ser un incentivo para que la información inundara vastas zonas oscuras que aún mantiene nuestra administración pública, entre ellas la Defensa. Sobre todo porque entre las características de sus mercados las prácticas corruptas son muy frecuentes.
Pero es evidente que ello no será posible solo como resultado de un imperativo legal. El actual sistema de financiamiento de la Defensa Nacional predispone al fraccionamiento de las decisiones y la oscuridad en materia de políticas, por lo que se requiere un acuerdo político profundo que doblegue el extremo corporativismo y secretismo que domina el sector.
Todo indica que el país está lejos de lograrlo.
Las compras militares se regulan a partir de tres normas: la Constitución Política (artículo 105 en relación al Título VI de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas), la ley 13.196 Reservada del Cobre; y el Decreto Ley 1.263 relativo a la Administración Financiera del Estado y su reforma exige quórum parlamentario calificado. Ello es así desde el gobierno militar y tal vigencia proviene de una voluntad de sustraer a las FF.AA. al ejercicio del control civil.
La Ley Reservada del Cobre es una ley común y su derogación no entraña ningún quórum especial. La dificultad está en que al eliminarla hay que reemplazar el sistema de financiamiento de compras militares por otro, y ello implica sustituir el Título VI de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y generar un sistema de financiamiento nuevo que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 105 de la Constitución Política requiere una ley orgánica constitucional.
Por lo mismo, los debates en torno a la corrupción y falta de transparencia en las actuales circunstancias son más un juego de circunstancias políticas antes que la búsqueda de una Política de Estado. Y las comisiones investigadoras pueden multiplicarse al infinito sin que nada cambie en lo esencial.
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