Sucesos anteriores al golpe de estado

Fuente: Wikipedia.org 

En esos días, muchos militares creen que la única solución posible cabe en un golpe de estado. Ya anteriormente se había producido una intentona golpista, el «Tanquetazo», ocurrido en junio. Las razones del por qué los militares intervinieron es un tema polémico, que va desde los que hablan de la defensa que debían hacer ante el peligro de una guerra civil abierta, de larga duración, cuestión que pretendían evitar con ese golpe de estado, a modo de ataque preventivo contra las fuerzas leales al gobierno de Allende; unido al temor probable de un descalabro económico mayor. Hasta los que hablan de la influencia ejercida sobre los militares por los grupos económicos, afectados por las expropiaciones acaecidas bajo el gobierno de la UP y/o por la CIA. A pesar de todo, ambos grupos argumentativos no son excluyentes. Y la discusión se centra finalmente en determinar que es lo que primó en la decisión de actuar.

Independiente de la opinión, ya a mediados de 1973 los oficiales de las FFAA que se hayan a favor de un golpe, se encuentran en mayoría respecto de los que no. De igual forma son favorables de un golpe en forma mayoritaria los civiles que cuentan con algún grado de influencia política o bien que poseen recursos económicos estimables, y que desean una solución rápida y de fuerza, manifestandose ya desde 1971 con los cacerolazos, que incitan a los militares a la acción, arrojándoles maíz y plumas de gallina frente a sus puertas, en alusión a la supuesta condición de «gallinas» que mostraban.

Candidato	Votos	%
Allende	1,066,372	36.29%
Alessandri	1,050,863	35.76%
Tomic	821,350	27.95%
Total	2,943,561	Fuente: PDBA

El golpe, en agosto, era planeado prácticamente por la totalidad de la plana superior de la Armada de Chile, salvo por el Almirante Raúl Montero y alguno que otro oficial constitucionalista, que no representaba peso alguno dentro del estamento castrense, o bien, se encontraba aislado de las bases. La cuestión es que la Armada obedecía de facto al Vicealmirante José Toribio Merino. Algo similar sucedía en la Aviación, donde la excepción la marcaba el General César Ruiz, cabeza de la entidad. Mas, al retirarse este último del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (que había asumido como consecuencia del «tanquetazo»), Allende lo obliga a renunciar a ambos cargos, el de Ministro y Comandante, asumiendo en su lugar ese cargo militar, el General Gustavo Leigh, opositor al gobierno. El Ejército estaba dividido, pero la balanza tendía cada vez más a favor de aquellos que propugnaban la opción del golpe, siendo la posición contraria la llevada por su comandante en jefe, Carlos Prats. En Carabineros, por último, no estaban a favor del golpe más que dos o tres generales de baja antigüedad, entre ellos el General César Mendoza, quién al 11 de septiembre ocupaba el cargo de Director de Bienestar en la institución.

Finalmente cae el General Carlos Prats. El día 21 de agosto, una manifestación de esposas de generales se produce frente a su casa, a la que llegan a protestar también varios oficiales de civil contra él. Es insultado y agredido. Al ser deshecha la manifestación por Carabineros, ésta se vuelve a organizar con más fuerza. Llegan al lugar Augusto Pinochet (considerado el segundo de Prats), Allende y sus ministros. Todos son abucheados. Deprimido y desilusionado, pide a los generales que reafirmen su lealtad para con él; como sólo unos pocos lo hicieran, resuelve renunciar a la comandancia en jefe. Recomienda pues a Allende que el cargo sea ocupado por Augusto Pinochet Ugarte, quien tenía una hoja de vida estimada como limpia, siendo caracterizado como un soldado profesional y apolítico.

El 22 de agosto es aprobado en el Congreso chileno el Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del Orden Constitucional y legal de la República; causada por la negativa del ejecutivo a promulgar la reforma constitucional de las tres áreas de la economía, a pesar de haber sido aprobadas por el Congreso, y actuando en contra de la constitución, según el contralor. El texto deja en claro que es responsabilidad de los ministros militares terminar con la situación de ilegalidad. El texto reza así:

"Primero - Representar a S.E., el Presidente de la República y a los señores Ministros del Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República; Segundo- Representarles, asimismo, que les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos; Tercero- Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio, y Cuarto - Trasmitir este acuerdo a S.E., el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización".

Más leña era echada al fuego. Algunos marinos se juntan con Altamirano para advertirle de los intentos golpistas, siendo estos marinos los primeros procesados por la Armada. Altamirano lanza el discurso que le ha hecho fama, catalogado de incendiario por los sectores favorables al golpe. En este discurso reivindica su derecho a recibir informes de cualquiera que denuncie conspiraciones, "Si pudiera hablaría de nuevo con ello". Si se intenta un golpe, Chile será un segundo "Vietnam heroico", dice. No dejando lugar a interpretaciones.

Se dice que Allende se angustió tanto al conocer ese discurso que permaneció con el rostro entre las manos por varios minutos. Por su parte, la Corte Suprema resuelve responder a la petición de desafuero de Altamirano (pedida por la Armada) el día 11 de septiembre.