Cerco en torno a La Moneda cerró paso a la marcha que recordó a víctimas del golpe

Por Jorge Escalante / La Nación 

PESE A PROHIBICIÓN DE PASO POR MORANDÉ 80 Y ESTATUA DE ALLENDE

Foto: La jornada fue calificada como más tranquila que la de otros años por la autoridad metropolitana. Foto: Esteban Garay  

 "Hemos demostrado que somos capaces de marchar en plena tranquilidad, frente a los augurios de caos. Nosotros venimos aquí a recodar a nuestras víctimas y no a enfrentarnos con la policía, que es la que muchas veces nos provoca", dijo Hugo Gutiérrez, orador principal.

Hasta último momento los organizadores de la marcha intentaron dialogar con el encargado de seguridad de la intendencia metropolitana, Leonardo Aracena, para que el gobierno accediera al paso de la manifestación por calle Morandé para realizar primeramente un homenaje a Salvador Allende. No obstante, la interdicción se mantuvo.

Unas siete mil personas marcharon por las calles de Santiago hacia el Cementerio General, para rendir honores a las víctimas de la dictadura frente al Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos. Carabineros estimó la asistencia en la mitad y los organizadores en más de 10 mil.

Se esperaban los mayores incidentes de los últimos años en este tipo de manifestación, con motivo de la prohibición del gobierno. Sin embargo, la marcha se desarrolló en tranquilidad durante todo el trayecto, salvo algunos incidentes ocurridos al término del acto protagonizados por grupos autónomos y anarquistas con la policía.

A las 10 de la mañana se habían reunido cerca de tres mil personas en la calzada norte de la Alameda. A esa hora se notaba un ambiente de intranquilidad.

Esta vez grupos radicales y desvinculados de los partidos de la izquierda y la Concertación, no se ubicaron delante de la marcha como sucedió en otras oportunidades, sino al final.

Como los organizadores contaban con que en San Martín con la Alameda, por donde estaban obligados a doblar hacia el norte, se producirían los primeros enfrentamientos con la policía, repartieron un instructivo en el que se establecía que, si la marcha se desarmaba, habría una primera reagrupación en Morandé con General Mackenna, y una segunda alternativa en Plaza Los Artesanos, a la entrada de Recoleta.

Pero no fue necesario, porque ya antes del arresto de las dirigentas de derechos humanos (ver recuadro) se convencieron de la negativa de la policía y, con la plana mayor del Partido Comunista a la cabeza comandada por su presidente Guillermo Teillier, enfilaron por San Martín al norte.

Pasadas las 11:30 horas, la columna contaba con cerca de siete mil asistentes, según estimaciones de La Nación.

Previo al acto oficial frente al Memorial, ex militantes del MIR realizaron su propio homenaje a las víctimas, para luego continuar el recorrido hacia la tumba del ex secretario general de ese movimiento, Miguel Enríquez.

Minutos después arribó la columna principal con la directiva del PC en primera línea. Más tarde llegó un segundo bloque con manifestantes rezagados.

A nombre de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos habló Cristina Pacheco, siendo éste un discurso más político y de rechazo al sistema neoliberal y a las políticas de derechos humanos de los gobiernos de la Concertación.

La segunda intervención estuvo a cargo del abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez, quien reprochó duramente al Gobierno por impedir el paso de la marcha por calle Morandé. Pero, principalmente, sus críticas apuntaron a la Concertación por lo que consideró una "muy mala" política en materia de derechos humanos.

"Hemos demostrado que somos capaces de marchar en plena tranquilidad, frente a los augurios de caos. Nosotros venimos aquí a recodar a nuestras víctimas y no a enfrentarnos con la policía, que es la que muchas veces nos provoca", dijo Gutiérrez.

 

EL CONFLICTO QUE SE VIENE EN DDHH Previo a la marcha, las directivas de las agrupaciones de familiares de las víctimas manifestaron ayer su “extrema preocupación”, por las modificaciones hechas por el Senado al proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos. El punto central del conflicto es que ahora, ni el proyectado instituto, ni el actual Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, tendrían la facultad de ser parte en los juicios por violaciones a los derechos humanos, como hoy lo hace el referido Programa. Si bien este Programa continuador de la Comisión Rettig nunca tuvo la facultad de interponer querellas por las víctimas (lo que tampoco podría hacer ahora el instituto por los cambios en el Senado), al ser parte en las causas su equipo de abogados es “una parte vital en los juicios”, dijeron las agrupaciones.