Ejército deja de financiar defensas de militares (R) en causas de DDHH

Así lo confirmó a La Nación una alta fuente castrense

Distintos sectores de la sociedad han objetado que la institución se involucre en el financiamiento de los procesados. La institución castrense busca ahora una “solución alternativa” porque varios de sus hombres activos quieren seguir ayudando a sus ex camaradas de armas.

Foto: Alrededor de 400 uniformados (R) se encuentran procesados por causas de derechos humanos. Ocho de ellos, los de más alta graduación y de mayor importancia permanecen en el Penal Cordillera (en la foto). Foto: Mario Ruiz.

Jorge Escalante

La Nación

El Ejército resolvió terminar con el financiamiento de los abogados que defienden a militares (R) involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura.

La información fue confirmada ayer a la Nación por una alta fuente militar, quien manifestó que “es una decisión definitiva, se puso fin a esa ayuda a través de la institución”.

El comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, había anunciado hace unas semanas que se estaba “estudiando” la situación para ver qué se resolvía. La alta fuente insistió en que “esto es definitivo, la decisión del Ejército ya está tomada”.

Aunque agregó que “se está buscando una solución alternativa, porque hay gente activa que quiere seguir haciendo su aporte voluntario para ayudar a sus camaradas de armas que están en problemas, pero ya no se hará más a través de la institución”.

Cerca de 400 procesados

La solución alternativa consistiría en crear una corporación o fundación formada por personas ajenas a la rama castrense, a través de la cual se canalice el dinero que el personal en servicio activo quiera seguir aportando voluntariamente para financiar las defensas de los alrededor de 400 militares (R) procesados.

De acuerdo a la información aportada, el fin de esta ayuda económica a través de los conductos regulares del Ejército se hará efectiva apenas esté lista la alternativa mencionada. “No se sabe si esto ocurrirá durante agosto o septiembre” dijo la fuente.

La ayuda monetaria para costear a los abogados que defienden a los militares (R) en los juicios que se instruyen se comenzó a canalizar a través de descuentos por planillas alrededor del año 2000.

El Ejército siempre afirmó que se trata de aportes voluntarios, a pesar de que los detractores de esta ayuda afirman que son obligatorios. Hasta ahora ese punto no ha sido aclarado completamente.

En el último tiempo aumentaron las críticas a que el Ejército se involucre como institución en el financiamiento de las defensas de los suboficiales y oficiales retirados en conflicto con la justicia.

Reclamo de Espinoza

Quien ya reclamó por la decisión del Ejército de terminar con esta ayuda económica, fue el ex segundo hombre de la DINA, brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo.

En una carta dirigida “a los medios de comunicación”, Espinoza dijo que “a través de ésta, deseo agradecer a todos los integrantes del Ejército que, voluntariamente, hasta la fecha contribuyeron a través de una erogación para poder contar con la asistencia jurídica de un profesional, también muy abnegado”.

A continuación, Espinoza criticó la medida manifestado que “sin embargo, pudo más el odio, la venganza y la deslealtad, sobre la solidaridad, el reconocimiento y el agradecimiento, propio de la llamada familia militar”. La carta termina con un “solicito la divulgación de esta nota, para conocimiento del personal del Ejército”. LN

El contralmirante “pagador” de la Galería España El ex auditor de la Armada, contralmirante (R) Jorge Beytía, es desde de 2000 el hombre que, mensualmente, recibe el dinero que el Ejército aporta para pagar a los abogados que defienden a sus hombres en conflicto con la justicia. En la oficina 618 del edificio de la Galería España, recibe, en billetes, “los seis o siete millones”, en total según él, para pagar a cada uno de los abogados. “Este dinero me llega desde el CAE (Comando de Apoyo Administrativo del Ejército)”, dijo a LND en octubre de 2002. “Se me pidió una colaboración, porque yo soy el abogado del general Hugo Salas Wenzel en el caso Operación Albania”, contó entonces. El juez Sergio Muñoz investigó esta operación-pago cuando instruía el proceso del crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, porque Beytía también “coordinaba las defensas” de los militares (R) procesados, según los propios dichos del ex auditor de la Armada. Fue el entonces secretario coordinador de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general Víctor Lizárraga, quien buscó a Beytía para que asumiera como “pagador” y “coordinador” de las defensas de los suboficiales y oficiales (R) requeridos por los jueces. Así lo declaró en junio de 2002 al juez Muñoz. “Y yo dije que no tenía inconveniente”, dijo Beytía en la entrevista. La función de Beytía, que ha permanecido en el tiempo, ha sido una suerte de “asesoría externa”, como él mismo lo definió. Como sea, es allí donde “llegan los sobres con el dinero en efectivo, con el nombre de cada abogado a quien va destinada la plata”, contó el contralmirante (R).