Asamblea Constituyente, nueva Constitución

17 de Julio de 2007

por  Jorge Arrate

"Me siento humillado y vejado por venir a votar a este plebiscito que ofende a los chilenos". Son las palabras dichas a la prensa por el ex Presidente Eduardo Frei Montalva el 11 de septiembre de 1980, cuando se efectuó el plebiscito que "aprobó" la Constitución de Pinochet y prolongó su "mandato" hasta 1989.

Pocos días antes, el 27 de agosto, en un acto público realizado en el Teatro Caupolicán, Frei Montalva había denunciado el carácter de la convocatoria: "Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad". Frei Montalva agregó: "Votar este proyecto de Constitución ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar a regir dentro de diez años, que seguramente será modificado en el curso de esta década, y cuyo verdadero alcance y significado se conocerán sólo cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso de ciencia ficción o una burla".

Efectivamente, el plebiscito se realizó sin registros electorales, sin medios de comunicación disponibles para expresar opiniones disidentes y con las severas limitaciones a las libertades públicas que rigieron durante la dictadura. Los resultados que entregó el Ministerio del Interior indicaron al primer análisis que las cifras gubernamentales eran falsas. A la desinformación y temor de los ciudadanos se sumó el engaño gubernamental.

Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde entonces. Las sucesivas modificaciones a la Constitución pinochetista han logrado, lentamente, aminorar sus contenidos no democráticos. Los parches constitucionales incluso permitieron que la firma de Pinochet fuera eliminada del texto y sustituida por la de Ricardo Lagos, un presidente electo por voto popular. En la solemne ceremonia en que su gobierno proclamó esta “nueva” Constitución para Chile, Lagos atribuyó al texto refundido que suscribía virtudes que no tiene. Dijo: “Tener una Constitución que nos refleje a todos es fundamental para las tareas que los chilenos tenemos por delante, puesto que ello consolida el patrimonio de lo que hemos avanzado en lo económico, en lo social, en lo cultural”. Y más adelante agregó: “Este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile.”

Pero la Constitución “nueva” del 2005 no refleja la opinión de todos los chilenos, si bien es positivo que la vergonzosa firma de Pinochet haya sido eliminada. Para que una Constitución refleje la opinión democrática debe ser acordada democráticamente y no puede considerarse tal una discusión legislativa limitada a partes de la Constitución y realizada en un Congreso del que se excluye, por disposiciones que hasta el 2005 estaban en la Constitución, a un segmento significativo de los chilenos.

El propio Lagos entendía estas limitaciones y señaló en la solemne ceremonia realizada en La Moneda en septiembre del 2005 que no se cerraba allí el capítulo. Pero lo que se requiere es más que otra reforma, por importante que sea. En el caso de Chile se requiere sanear el origen ilegítimo de la actual Constitución y discutir sus contenidos. Esa tarea debe realizarla una Asamblea Constituyente y su propuesta debe ser posteriormente sometida a un plebiscito. La ciudadanía necesita, por otra parte, ser claramente informada sobre estas materias, para generar una participación mayoritaria y real.

Así lo han entendido dirigentes sociales y políticos, académicos, sindicalistas y ciudadanos que en estos días construyen un amplio movimiento por una Asamblea Constituyente. Efectivamente, Chile necesita otra Constitución, originada y aprobada con la participación de todos, para garantizar los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente, para establecer un régimen político que pueda llamarse verdaderamente democrático. Lograr ese objetivo es tarea de todos los chilenos y sus organizaciones. Entre ellas, los partidos políticos deben pronunciarse claramente y también aquellos que aparecen como sus posibles abanderados en las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.