Suiza liberó fondos bloqueados a Pinochet

Por: Juan Gasparini

La fiscalía federal suiza restituyó alrededor de 3 millones de dólares a Oscar Aitken Lavanchy, uno de los presuntos testaferros de Pinochet en el extranjero, según una fuente oficial en este país que pidió el anonimato. Esos fondos estaban depositados en una cuenta abierta por la sociedad instrumental Cornwall Overseas Corporation, mencionada en la comisión rogatoria proveída a las autoridades helvéticas por juez Carlos Cerda y refrendada por la Corte Suprema de Chile el 20 de septiembre de 2005.

En enero de 2006 la Oficina Federal de Policía en Berna acuso recibo del exhorto chileno, y le encargó al Ministerio Público la investigación preliminar, quien decidió el bloqueo cautelar del dinero que acaba de ser devuelto a Aitken Lavanchy. La portavoz de la fiscalía, Jannette Palmer, no quiso responder a la requisitoria periodística y señaló que corresponde a las autoridades chilenas brindar información al respecto. Pero es sabido que dos funcionarios suizos, Karen Eisenring y Christophe Winckler manejan el expediente, los cuales habrían mantenido contactos con el Consejo de Defensa del Estado en Chile. Estas noticias suceden en plena crisis del Ministerio Público en Suiza, cuyo Procurador General, Valentin Roschacher, dimitió recientemente tachado de ineficaz.

Hace tres días el vocero de la Oficina Federal de Justicia en Berna, Folco Galli, manifestó que la cooperación judicial con Chile por el caso Pinochet estaba paralizada. Aludió en esa oportunidad que la petición procedente de Santiago evocaba supuestas contravenciones fiscales que habría cometido el clan Pinochet, cargas que Suiza desestima por no considerarlas delitos, sino faltas administrativas redimibles por multa. Galli dijo también que el 14 de julio pasado el gobierno chileno había sido notificado de todo esto por escrito.

Consultando el libro académico que guía a los estudiantes de derechos en Suiza, escrito por el profesor Robert Zimmermann, es posible desglosar que si Chile deseara relanzar la petición tendría que cambiar la carátula de la causa y hacerle conocer a Suiza que, al margen de la evasión fiscal, persigue a Pinochet por delitos asimilables en el derecho helvético a la corrupción, castigado aquí por el artículo 322 del Código Penal. De ese modo Chile respetaría la obligación de la doble incriminación, es decir que la conducta reprochada a Pinochet en Chile sea sancionada legalmente en Suiza.

Además de enseñar derecho en las universidades suizas, Robert Zimmermann es consejero científico del Tribunal Federal de la Confederación Helvética, máxima autoridad local. En sus cursos explica que la jurisprudencia de esa jurisdicción establece que no es necesario que las normas sean idénticas en los dos países, porque en tal eventualidad podría negarse la cooperación por un delito desconocido en el derecho nacional de este país. Zimmermann valora “sin importancia que el derecho extranjero reprima varias infracciones distintas por hechos que, según el derecho suizo, no forman nada más que una”, lo que equivaldría al fenómeno de la corrupción en estas circunstancias. Sobre el particular Zimmermann estima que en el examen de la doble incriminación la autoridad que ejecuta, vale decir la suiza en la presente cuestión, debe limitase a constatar los hechos como si estos hubieran acaecido en Suiza y a verificar que esos actos son reprimibles en Suiza, como lo es la corrupción. (1)

El requerimiento original de Chile a Suiza estuvo motivado por un informe de la Comisión Antilavado del Senado de los Estados Unidos, que reveló la existencia de varias cuentas que conducían a Pinochet, entre ellas varias administradas por Aitken Lavanchy. Los haberes totalizaban 12 millones de dólares, cuyo origen fue parcialmente atribuido al narcotráfico, según confesiones en julio pasado de Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta de la dictadura chilena actualmente preso. Las alegaciones de Contreras incriminaron también al sirio Monzer Al Kassar, el cual disponía de cuentas en Suiza, quien reside en Marbella, España, desde que la justicia de Madrid lo absolviera hace una década por presuntos crímenes de blanqueo de activos y terrorismo. En sus acusaciones Contreras involucró paralelamente al chileno Edgardo Bathich, primo de Al Kassar e inserto en el núcleo áulico de Pinochet. Cabe recordar que hacia el comienzo de los años 90 Al Kassar intentó naturalizarse argentino en la provincia fronteriza de Mendoza, gracias a la ayuda del entonces presidente Carlos Menem, con el objeto de hacer negocios en los dos países vecinos, pero el proyecto se desplomó arrastrado por escándalos que los tribunales porteños aún no ha terminado de elucidar. Un sobreseimiento de Al Kassar por falsificación de documentos fue revocado en septiembre 2005, desconociéndose si el juicio por escrito ordenado por la Cámara Federal de Buenos Aires mereció finalmente sentencia.

Nota:
1) Robert Zimmermann, La cooperation judiciaire internationale en matiére pénale, Staempfli Editions SA Berne, 1999.

* Juan Gasparini es periodista acreditado ante la ONU en Ginebra.