Estatuto Especial para Isla de Pascua y Juan Fernández pueden ser el inicio de una efectiva regionalización

Por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente del Senado

El Senado aprobó hace algunos días el proyecto de reforma constitucional que otorga la calidad de territorios especiales a la Isla de Pascua y Juan Fernández. La importancia de esta iniciativa es que puede constituirse, al menos yo así lo espero, en el inicio de un verdadero proceso de regionalización en Chile, lo que a esta altura es una necesidad impostergable si queremos llegar al bicentenario como un país desarrollado.

Desde hace mucho tiempo que estoy abogando por ello. Ya en mi gobierno dimos pasos sustantivos en esa dirección, pero aún queda mucho por avanzar. El caso de los territorios insulares antes mencionados es muy particular, especialmente el de Isla de Pascua. Anexada al resto del país en 1888, pasó durante casi ochenta años al margen de las preocupaciones de las autoridades nacionales. En efecto, en la primera mitad del siglo XX la presencia del Estado chileno en la isla sólo se limitó a la presencia de un agente y recién en la segunda década se instaló una escuela con profesores rapanui, cuyos esfuerzos estaban encaminados a la chilenización de los nativos. No obstante, estos insuficientes acercamientos, no hubo interés ni voluntad política en reconocer su condición de ciudadanos de sus habitantes.

Esto cambió el año 1966, durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, cuando se aprobó la denominada Ley Pascua, en virtud de la cual se reconoció finalmente la calidad de ciudadanos de sus habitantes, estableciendo deberes y derechos para ellos. También se creó el municipio local, se instalaron diversos servicios públicos del Estado y se iniciaron los vuelos de Lan Chile a la isla, lo que dio un fuerte auge a la actividad turística. Años más tarde, los gobiernos de la Concertación ejecutaron una serie de obras en servicios básicos y, particularmente durante mi mandato, impulsamos la pavimentación de caminos y calles, y entregamos títulos de dominio a cerca de trescientas familias, con lo cual prácticamente abastecimos a todas las familias que demandaban tierras.

Con la reforma recientemente despachada por el Senado ambos territorios van a tener estatutos propios, es decir, dejarán de estar sujetos a la Región de Valparaíso y tampoco dependerán de los presupuestos generales, sino que tendrán uno especial, materias que deberán ser abordadas en las leyes orgánicas constitucionales respectivas, que serán enviadas al Congreso Nacional tras la aprobación de la enmienda constitucional. Ese será un paso fundamental y en tal sentido aspiro a que, igual que en las iniciativas de creación de las nuevas regiones, respondan a las inquietudes propias de una descentralización en serio, rigurosa y efectiva.

Esto es propiciar una mayor desconcentración en los servicios públicos y la adaptación de las políticas del gobierno central a las necesidades y características de ambas islas. La futura gobernación de esos territorios debiera gozar de amplias atribuciones en materia de gestión y utilización de recursos, para hacer más eficiente la prestación de servicios de los organismos públicos a la comunidad, de manera que puedan avanzar en su desarrollo en perfecto equilibrio con su patrimonio cultural.

Especial relevancia deberá tener el papel que pueda desempeñar el sector privado, por ejemplo, en la generación de proyectos turísticos. Desde ya, como dijo la presidenta Bachelet, es necesario abordar una solución maritima y portuaria para la Isla de Pascua, ya que por su estratégica ubicación es la proyección natural de Chile al Asia Pacífico, principal polo de desarrollo en el presente siglo.

Por eso, será necesario estudiar a fondo los criterios especiales que se aplicarán a ambos territorios, de manera de construir un futuro promisorio para sus habitantes y de paso marcar un hito en la urgente regionalización que debe emprender nuestro país.