Amnistía para los mapuches en huelga de hambre
Por Alejandro Navarro, senador por la región del Bío Bío
Senador Alejandro Navarro, región del Bío Bío
Como ha sido de conocimiento público, un grupo de comuneros mapuches, más bien procesados, desde hace más de un mes y medio están en huelga de hambre en Angol por el caso Puluco Pidenco y la verdad es que más allá de las consideraciones legales, jurídicas en torno a su proceso o a su condena, creo firmemente que la protesta se basa en una petición justa.
Claramente la aplicación de la Ley Antiterrorista, rechazada por diversas internacionales -desde ya claramente el relator de las Naciones Unidas que recomienda en su informe sobre Chile de noviembre de 2004 que el Estado debe amnistiar a los presos políticos, en este caso, mapuches, indígenas, lo que ha planteado el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que ha recomendado el Estado de Chile desistir de perseguir penalmente a los mapuches y la conminación que se ha hecho a no aplicar la Ley Antiterrorista en organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, en su informe "indebido proceso"-, exhortan claramente de que el criterio de aplicación de la Ley Antiterrorista es injusto y represivo.
Cabe recordar que, el denominado caso Puluco Pidenco es el proceso judicial por un hecho que se registró en diciembre del 2001, cuando se produjo un incendio en una plantación de pinos con ese nombre, de propiedad de Forestal Mininco. Es así que Juan Marileo Saravia y Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao Leilmil y Patricia Troncoso, fueron condenados por incendio terrorista a la pena de diez años de cárcel más una indemnización de 400 millones de pesos a Forestal Mininco.
En estos momentos, lo que más preocupa a familiares y miembros de las comunidades mapuches es el estado, sin duda, de salud. Estos han evidenciado un deterioro serio, profundo, promediando la pérdida de 11 kilos de peso. Patricia Troncoso es quien presenta hasta este momento el mayor desgaste y serios trastornos de salud.
Quiero señalar que la sentencia de los presos en huelga de hambre se manifiesta, en mi opinión, mucha más injusta aún cuando el tribunal del juicio oral en lo penal de Angol hace tres semanas determinó absolver a otros tres mapuches detenidos y acusados por incendio terrorista por el mismo caso, cuyas causas estaban pendientes. Estoy hablando de José Cariqueo Saravia, Juan Antonio Colihuinca Ancaluán quienes se encontraban prófugos desde un tiempo y habían argumentado la imparcialidad de los jueces.
Pero una vez encontrados y, luego de nueve días de juicio, se dio lectura al veredicto de calificado como incendio común, no como incendio terrorista, ya que además jueces no se formaron la convicción de incendio terrorista.
No se entiende cómo por esta misma causa se han desarrollado tres juicios y en las oportunidades anteriores se han condenado a los acusados a penas aflictivas de diez años y un día, pero en esta última no.
Sin duda, el Poder Judicial es un poder independiente que reconoce tácitamente, a través de estas condenas, que la aplicación de la Ley Antiterrorista es injusta y viola los tratados de derechos humanos.
Quiero señalar que junto a organizaciones indígenas, y particularmente a familiares, vamos a pedir a la Presidenta de la República la aplicación o más bien el envío de una ley de amnistía a favor de estos detenidos, porque -como lo he señalado en muchas ocasiones y oportunidades- aplicar la Ley antiterrorista, particularmente en muchos otros casos, como el caso de los Loncos Pascual Pichón y Aniceto Norín, condenados por amenaza terrorista en un juicio que en primera instancia fueron declarados inocentes y luego bajo la apelación de un resquicio legal que hemos denunciado, pone en duda y atenta contra la credibilidad del nuevo sistema al argumentar para revertir la declaración de inocencia de que al no dar una redacción adecuada de los hechos no probados concluyeron que se anulaba la sentencia.
Es decir, el juez se preocupó sin duda de redactar muy bien los hechos probados, porque eran probados, a instancias del propio juicio, estoy hablando de juicios con testigos a rostro cubierto. Y ese juicio se revirtió y Pascual Pichún y Aniceto Norín cumplen una sentencia de cinco años por esta amenaza terrorista en la cárcel de la Novena Región.
Nuestra principal preocupación es en estos momentos sin duda humana, respecto del estado de salud de quienes han optado por esta vía que yo no comparto.
Durante muchos años realizamos acciones para recuperar la democracia que dieron espacio no sólo a protestas, movilizaciones, sino que también en innumerables ocasiones muchos de los militantes de los partidos políticos que trabajaron para recuperar la democracia, muchas de las personas que querían libertad en Chile recurrieron a la huelga de hambre como un instrumento de libertad, un instrumento de denuncias para señalar que en Chile no había democracia, que en Chile se violaban los derechos humanos.
Siento que el hecho de que un grupo de ciudadanos y particularmente de comuneros, procesados o no procesados, tengan que recurrir a la huelga de hambre es un hecho que nos lleva a la reflexión.
Insisto no es solo mi opinión es una opinión de un conjunto importante de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Y si bien Chile no tiene que dar ningún tipo de explicación, ni pasar ninguna prueba de la blancura, porque en Chile en el Estado de Derecho que hemos construido los derechos humanos se respetan, elementos particulares y muy precisos del proceso judicial que yo he mencionado desmienten esta afirmación.
Y creo que lo que procede, sin duda, es una reflexión mucho más profunda del país, de la ciudadanía, de los órganos de los poderes del Estado y aun cuando -reitero- los poderes del Estado son independientes, el hecho de que hoy día ocurra esta huelga de hambre y particularmente estas recomendaciones permanentes y reiteradas del relator de las Naciones Unidas, de Human Rights Watch y particularmente de diversos organismos.
Quiero señalar que Rodolfo Stavenhagen hizo esta afirmación dentro de un informe que ha conocido las Naciones Unidas y que, en definitiva, nos han llevado y nos van a seguir llevando a la Corte Internacional de los derechos humanos por grave incumplimiento de estas recomendaciones.
Por último, espero que Gendarmería de Chile haya tomado las medidas preventivas necesarias para brindar la asistencia médica que este grupo de personas requiere en su huelga de hambre y que, en definitiva, nos puedan informar detalladamente si efectivamente las medidas que se están tomando garantizan la integridad física, psicológica de quienes hoy día realizan esta huelga de hambre.
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