Huber: detienen a ex director del Dine y a cuatro altos oficiales (R) por crimen

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Ministro en visita Claudio Pavez procesó a uniformados por asociación ilícita y consigna que asesinato fue para ocultar tráfico de armas a Croacia

Juez ordenó el arresto en el Comando Militar de Peñalolén de los generales (R) Eugenio Covarrubias y Víctor Lizárraga, ambos (el primero jefe) del Dine; al general (R) Carlos Krumm, de Logística; al brigadier (R) Manuel Provis, del Batallón de Inteligencia, y al coronel (R) Julio Muñoz, amigo del coronel Gerardo Huber, asesinado en 1992. Realizarán careos para rastrear a quién ideó la asociación y a los autores materiales.

Fecha edición: 08-03-2006

Detenidos en el Comando Militar de Peñalolén permanecen desde ayer el general (R) Eugenio Covarrubias, ex director de Inteligencia del Ejército (Dine), y otros cuatro oficiales en retiro, quienes fueron procesados por el ministro en visita Claudio Pavez por su presunta responsabilidad en el homicidio del coronel Gerardo Huber, perpetrado en el verano de 1992.
 

Huber, el entonces jefe de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística del Ejército, desapareció el 29 de enero desde el Puente El Toyo, en el Cajón del Maipo, semanas después de declarar en la investigación por el fallido tráfico de armas a Croacia, durante la Guerra de Los Balcanes. Su desaparición se produjo mientras visitaba a un amigo en el sector de San Alfonso, tras lo cual fue encontrado el 20 de febrero, sin vida, en un arenal del río Maipo, con el cráneo destrozado por un impacto de bala.
 

Ayer por la mañana los ex militares fueron llegando uno a uno hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde fueron notificados de su encausamiento por asociación ilícita para cometer el homicidio.

Se trata del general (R) Eugenio Covarrubias; el general (R) Víctor Lizárraga, ex secretario coordinador del Dine; el general (R) Carlos Krumm, ex director de Logística y superior directo de Huber; el brigadier (R) Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el coronel (R) Julio Muñoz, entonces amigo del coronel muerto.
 

Joanna Heskie, querellante por la familia en el caso y quien presentó el viernes la solicitud de encausamiento por asociación ilícita, sostuvo que "la familia está contenta, pero súper nerviosa" tras 14 años de espera. La abogada del estudio Colombara y Olmedo recalcó que espera que este procesamiento permita avanzar hasta hallar a los autores materiales del asesinato.
 

Las presunciones
 

Fuentes ligadas al caso sostuvieron que los cinco encausados se reservaron ayer su derecho a apelar o presentar un recurso de amparo.
Las fuentes añadieron que el ministro cuenta con 30 presunciones que respaldarán los encausamientos en caso de que éstos intenten dejarla sin efecto y que justifican la resolución que adoptó.
 

Una de las principales presunciones de Pavez se basa en una declaración realizada en 2003 en el marco de la investigación del ministro Hugo Dolmestch por la desaparición de cinco frentistas tras el secuestro en 1987 del coronel Carlos Carreño. Fuentes afirman que en esta declaración un ex trabajador de la Unidad de Arsenales de Guerra -quien actualmente vive en Holanda- habría declarado que el coronel Huber le entregó documentos sobre el tráfico de armas a Croacia que éste, a su vez, pretendía entregar al periodista inglés Jonathan Moyle, muerto en Santiago en 1990. Este hecho, a juicio de Pavez, podría corroborar el móvil por el cual fue asesinado el coronel.
 

Rastrearán autores materiales
 

Tras notificar a las partes, Pavez dijo que hoy iniciará una segunda etapa de la investigación que contempla "buscar al autor material o mejor dicho reunir las pruebas en contra de las personas que podrían estar involucradas en el hecho directo".
 

Fuentes ligadas a la causa sostuvieron que entre estos últimos podría encontrarse el brigadier (R) Provis, encausado ayer por su rol en el BIE.
 

Fuentes consultadas afirmaron que el segundo propósito del ministro en esta etapa es precisar cuál es el rol que jugó cada uno de los cinco procesados en la asociación ilícita, determinando quiénes la idearon. Agregaron que para ello Pavez hará una ronda de careos entre los encausados, que se sumará a nuevos interrogatorios destinados a hallar al autor material.
 

Los argumentos del fallo
 

La resolución de Pavez sostiene que la interceptación en 1991 -en Budapest, Hungría- de un cargamento de armas con destino a Croacia dejó al descubierto una organización para exportar armas ilegalmente y, además, "para encubrir responsabilidades en dicho tráfico y en otros delitos relacionados, sin importar la perpetración de nuevos hechos punibles".
 

Para Pavez, el crimen de Huber constituye una acción "planificada para neutralizar a dicho oficial por el conocimiento que tenía de las operaciones irregulares en las que intervino personal de Ejército y Famae", en la que "un grupo de individuos se organizaron para atentar contra la propiedad del Estado, las personas y encubrir a los responsables", lo que configura el delito de asociación ilícita.
 

CDE alude a Provis y Lizárraga como autores
 

La abogada María Inés Horvitz, del Consejo de Defensa del Estado (CDE), sostuvo que "tenemos bastantes antecedentes de que tuvo que haber sido el Batallón de Inteligencia (BIE) el que ejecutó materialmente el hecho", a lo que añadió que "todo apunta a la intervención bastante directa de Víctor Lizárraga (Dine) y Manuel Provis (BIE)" como autores materiales.
 

En el proceso consta que tanto Provis como Lizárraga se constituyeron muy pronto en el lugar de la desaparición de Huber y que participaron en las labores de búsqueda, dando versiones contradictorias de su presencia en el lugar.
 

Respecto de responsabilidades superiores en el crimen, Horvitz sostuvo que "el BIE y el Dine dependían de la Comandancia en Jefe", por lo que existen elementos "para pensar que el entonces comandante en jefe (general (R) Augusto Pinochet, quien declaró en la causa) estaba involucrado en estos hechos".
 

Horvitz también planteó que otros de los oficiales que podrían tener responsabilidad en el caso son el entonces comandante de la II División de Ejército, general (R) Guido Riquelme, y el entonces jefe del Estado Mayor de la institución, general (R) Rodrigo Sánchez Casilla.
 

Acerca de la forma en que murió el oficial, precisó que éste lo hizo por un impacto de un proyectil, como lo consigna el auto de procesamiento. Sin embargo, añadió que existen antecedentes de que fue un proyectil de alto impacto, posiblemente supersónico, lo que explicaría el grado de destrucción que presentaba el cráneo del coronel Huber. Esto, ya que en su autopsia consta que tenía dos grandes orificios y el rostro destrozado.